Juristas muestran su preocupación por el territorio conquistado por organizaciones delictivas dentro de la administración de justicia panameña

Cómo “preocupante, grave y peligroso”, así han calificado juristas el hecho de que una exfuncionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya sido detenida por supuestamente pasar información sensitiva a miembros de una banda del crimen organizado en Panamá.

Esta situación ha hecho saltar las alarmas sobre el personal que se contrata para laborar y apoyar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo que tanto puede influir esto a la hora de tomar decisiones en casos que tengan que ver con el crimen organizado, informó Luis Ávila en Panamá América.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, manifestó que básicamente la gravedad de está situación que se ha dado, está en que las decisiones judiciales deben estar sustentadas en la objetividad de la carpeta.

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“La carpeta penal es la que debe producir las decisiones, obviamente proximidad o cercanía con cualquiera de las partes, no solo del crimen organizado, genera o puede generar decisiones subjetivas y ese es el punto por el cual los cuestionamientos de la sociedad se agravan”, explicó.

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Por su parte, Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que hay que poner un mayor control con los funcionarios que sean nombrados en estos cargos.

“Yo creo que el hecho de la escogencia y hay que decirlo, en este país todo los funcionarios que sean nombrados o escogidos para una posición tiene que realizarse un examen exhaustivo, de las condiciones éticas, morales, personales, económicas y cada uno de estos elementos que nos lleven a nosotros a determinar que las personas que son escogidas sean personas que efectivamente tengan esa moralidad para ocupar estos cargos”, dijo.
Esto para garantizar que las personas que vayan ocupar un puesto de juez y magistrado dentro del Órgano Judicial sean los más aptos.

En tanto, el abogado Juan Antonio Kuan, señaló que es peligroso que este tipo de situaciones cómo la sucedida con esta ahora exfuncionaria se den.

“Es sumamente peligroso, porque como bien sabemos el Órgano Judicial es quien administra justicia y al hacerlo van a ser quienes van a tomar decisiones finales sobre las investigaciones de naturaleza criminal, entonces imagínese usted que tenemos infiltraciones, donde , reiteró puede haber manejo de información confidencial y puede haber posible influencia en la toma de decisiones, esto es grave”, sentenció.

Sin embargo, el Órgano Judicial no es la única institución que se ha visto envuelta en este tipo de situaciones. En enero del año 2020, un fiscal adjunto del Ministerio Público fue detenido por estar involucrado en un supuesto delito de tráfico de drogas.

En días pasados, el director de la Policía Nacional, John Dornheim, anunció que más de 100 miembros de está institución habían sido destituidos por supuestamente estar vinculados con el crimen organizado.

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