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Jorge Elías Castro Fernández explica la visión de un experto sobre la situación en Ucrania frente a la actual amenaza de invasión

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El analista político Jorge Elías Castro Fernández recuerda que, nacido en Toronto hace 60 años, hijo de emigrantes ucranianos de Ivano-Frankivsk, el diplomático Roman Waschuk es posiblemente una de las personas que mejor conoce el país sobre el que ahora mismo se estrecha un abrazo del oso. Waschuk es un académico especialista en la historia de Europa Central y Oriental, ha ostentado puestos en la embajada canadiense en la Unión Soviética y fue el embajador de su país en Ucrania entre 2014 y 2019. Ahora desempeña el cargo de ‘Business Ombudsman’: es el «mediador» que escucha a los negocios que se sienten injustamente tratados por las autoridades ucranianas. Un puesto que le permite explorar detalladamente la textura económica del país, desde la corrupción a los sectores que más despuntan.

«A los ucranianos siempre les gusta decir que su país está en crisis», dice Waschuk antes de empezar formalmente la entrevista, en su oficina del barrio bohemio de Podil. «Creo que, desde 1991, probablemente no ha habido un solo día en el que no estuviesen convencidos de que su país estaba en crisis. Pero, a pesar de ello, el país sigue creciendo y cambiando».

El cargo del mediador se creó entre 2014 y 2015, al calor de los acontecimientos del Maidán. Una parte esencial de la rebelión fue la llamada ‘liustratsiya’: una campaña nacional de lucha contra la corrupción que pretendía refundar la política sobre parámetros de transparencia. La oficina de Waschuk es independiente, está financiada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y cuenta con un equipo de 32 personas, 20 de ellas abogados, según el mediador, de «algunos de los mejores bufetes» de Ucrania. El año pasado recibieron 2.200 quejas de empresas, de las que aceptaron un 70%. La ratio de éxito, me aseguran, es de dos tercios de los casos. La idea es resolver desencuentros entre los negocios y las autoridades, por ejemplo Hacienda o la Policía, antes de que estos lleguen a los tribunales, señala Jorge Castro Fernández.

«A los ucranianos no les gusta la imposición vertical de la autoridad. No les gusta eso de Rusia. Y creo que la gente del mundo de los negocios está dispuesta a dedicar más recursos y a pagar más impuestos para asegurarse de que eso no ocurra», dice Waschuk. «Existen, obviamente, preocupaciones continuas acerca del rol que juegan los llamados oligarcas, y los nexos entre los negocios y la política, y eso tiene muchas desventajas. Pero la parte positiva es que estos equilibrios internos entre grupos no han permitido, en 30 años, que una sola persona o grupo acabe dominando a todos los demás».

PREGUNTA. Desde que se creó la oficina, hace unos seis años, se han procesado más de 10.000 quejas. ¿Hay algún tipo de queja que sea la más común?

RESPUESTA. La hay. En torno a dos tercios de las quejas tienen que ver con la Oficina Fiscal y las operaciones que hay en los márgenes del sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). La mayoría de la gente en la cadena de producción cuenta con que le devuelvan parte de lo que han ido pagando. Y la Oficina dice: creemos que usted es un contribuyente de riesgo y no nos fiamos de su declaración de impuestos. Creemos que usará la devolución para lavar dinero o que es una operación falsa. A veces, la Oficina simplemente pulsó el botón equivocado, y vamos y hablamos con ellos y les enseñamos la documentación, y dicen, ¡ups! O quizás alguien estaba tratando de cumplir una cuota poniendo multas o elevando los ingresos. Esto es probablemente lo más común.

P. En las encuestas y estudios sobre corrupción, Ucrania siempre sale siempre al final de la lista. Un estudio de Transparencia Internacional decía que la policía era la entidad que más sobornos recibía, por encima de la sanidad y la justicia.

R. Alrededor del 10% al 12% de nuestros casos tienen que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay una nueva agencia, tan nueva que aún no hemos recibido quejas al respecto, la Oficina de Seguridad Económica. Veremos qué tal [funciona]. Uno de los problemas más comunes con las fuerzas del orden es cuando llegan en busca de pruebas de algo que la empresa ha hecho presuntamente mal, requisan los documentos, el software o los ordenadores, y luego se quedan con ellos durante mucho tiempo. Así que la empresa se queda paralizada. Ahora hay leyes nuevas que dicen que se debería copiar el material, no llevarse los equipos que la empresa usa para sus negocios. No todo el mundo está al tanto de las nuevas leyes y reglas.

R. En el tipo y volumen de quejas, ¿hay diferencias entre las regiones?

P. Sí, tenemos las regiones principales: la región de Kiev, quizás no sorprendentemente, dado que es el centro de la actividad económica. Luego están Járkiv, Dnipro y ahora mismo por ahí está Odesa.

P. ¿Qué hay de las zonas en guerra, o de sus aledaños? Probablemente el ambiente de negocio allí es un tanto particular.

R. Lo es. Pero no estamos recibiendo un número desproporcionado de quejas de allí. Irónicamente, creo que las autoridades civiles y militares en algunas de esas zonas de hecho tienen más cuidado de no exprimir a los negocios, que están desempeñando un importante rol de estabilización social en las zonas del frente. Es solo una intuición por mi parte. Pero creo que, si eres un cargo del gobierno con ganas de depredar, tendría más sentido hacerlo en ambientes más seguros que el frente.

P. ¿Ve un esfuerzo, por parte del Gobierno, de asegurarse de que la vida en torno a Donétsk y Luhánsk es mejor? Por ejemplo, llevo días oyendo hablar de las nuevas carreteras que se han construido.

R. Sí, y lo aprecian. En 2014, grandes porciones de esa zona eran difíciles de alcanzar porque las carreteras eran terribles. Me acuerdo de ir por una de esas carreteras y pensar, guau, no me extraña que la gente se sienta un poco alienada. Pues esas han sido reconstruidas. Ha habido un esfuerzo por instalar trenes de larga distancia a esas regiones. También se ha trabajado en mejorar la calidad de vida. La descentralización ha sido un éxito desde 2014. Y es algo que resulta contraintuitivo en la mayoría de los países. Cuando hay un estado de conflicto, se centralizan recursos. Pero Ucrania se ha descentralizado inteligentemente. Eso significa que más recursos se quedan en las zonas locales. También hay ayuda internacional. La gente ha montado servicios electrónicos móviles para los municipios. A estos pueblos de las zonas grises llegan camiones enormes llenos de gente y de ordenadores que pueden satisfacer básicamente cualquier necesidad burocrática de los habitantes allí mismo y les evita tener que viajar. Creo que el estado ha hecho un esfuerzo para llegar a ellos.

P. El estado les sigue pagando las pensiones a los habitantes de las regiones en guerra.

R. Sí, y ahora, con el covid, estas entidades separatistas controladas por Rusia impiden a mucha gente de cruzar la línea. La gente solía cruzar todo el rato. Han usado el pretexto del covid para cerrarla. Ahora es más difícil para la gente acceder a sus pensiones. No hay una manera electrónica de entregarlas. Hay un dato interesante que salió hace un par de días: la parte de la región de Donétsk controlada por el Ejército ucraniano, en los primeros nueve meses de 2021, exportó 5.100 millones de dólares en cosas, sobre todo acero, pero también otras cosas. La República Popular de Donétsk dice haber exportado cerca de 500 millones de dólares a Rusia durante 11 meses. Así que la región que solía ser el núcleo económico ahora básicamente está produciendo y exportando 10 veces menos que la región que solía ser su periferia.

P. ¿Hay contactos con las regiones separadas? ¿Se sabe cómo es la vida allí?

R. No he estado allí desde 2014, pero, por lo que veo, ha habido una fuga de gente joven y talentosa. De hecho Ucrania, en cierto modo, se ha beneficiado. Normalmente se piensa en la gente internamente desplazada como un gran lastre. Pero, entre los desplazados, hay gente muy joven, económicamente activa y en movilidad ascendente, y los encuentras por toda Ucrania: negocios fundados por gente desplazada de Donétsk. Aquí, en nuestro consejo, uno de nuestros abogados es una persona desplazada de Donétsk. Después de ser desplazado, se fue a estudiar a Europa occidental, obtuvo una licenciatura en derecho internacional y ahora trabaja con nosotros. En la zona controlada por Rusia has tenido un éxodo de los jóvenes y talentosos también hacia Moscú y San Petersburgo. Así que se ha quedado atrás una población mayoritariamente mayor y menos cualificada. Muchos de ellos han empezado a recibir pasaportes rusos, con la esperanza de recibir una pensión. Incluso si se pudiese reconectar esa región, ya no es la región de hace siete u ocho años. Va a ser un desafío.

P. Cuando se habla de la corrupción, es habitual pensar en el legado de la vieja mentalidad soviética de controlarlo todo. Pero la Unión Soviética cayó hace 31 años. ¿Se ve algún tipo de cambio generacional?

R. Sí, ha habido algo de cambio generacional. Pero ese tipo de sistema que la gente describe educadamente como patrimonialista ha encontrado vías, desafortunadamente, de perpetuarse en ciertos sectores y regiones, especialmente en ‘industrias de chimenea’, y en varias entidades reguladoras en torno a esas industrias. Donde sí que creo que ha habido un cambio completo de espíritu es en el sector de las tecnologías informáticas. La ucraniana es una sociedad muy digitalizada; en ciertos aspectos, más avanzada que en muchos países occidentales.

El presidente Zelensky ha sido muy entusiasta con la idea de tener al estado en el teléfono inteligente. La aplicación DIA, que tienen la mayoría de los ucranianos, incluye el pasaporte covid y una panoplia de otros servicios. Es un sector que ha tenido éxito porque nadie ha intentado controlarlo. Así que tienes áreas de legado, que incluyen partes de la política, donde persisten los patrones post-soviéticos, y áreas nuevas y en crecimiento. Si miras la lista ucraniana de Forbes, verás a los oligarcas tradicionales, con sus plantas acereras y ferrosas, y, en medio, está la gente que creó Grammarly [un software para escribir profesionalmente]. Ahora estos son más ricos que muchos oligarcas, enseñando a la gente a escribir en inglés.

[Waschuk añade que también ha nacido un sector de ciberseguridad y ciberdefensa, en parte gracias a la experiencia donde colindan la informática y la guerra del Donbás. Una mentalidad, como se suele decir en inglés, de «hacer limonada cuando se tienen limones»].

P. ¿Ha afectado mucho la alarma de una posible invasión a la salud económica de Ucrania?

R. Claramente. Quiero decir, el Banco Nacional ha tenido que intervenir y parece que ha estabilizado la divisa. No verás a muchos inversores venir aquí, porque sus embajadas les han dicho que o se queden fuera o se marchen inmediatamente. Uno de los desafíos que tienen los negocios que operan en Ucrania es explicarle las cosas a la sede principal pero la sede principal lee ‘The New York Times’ y entran en pánico. Y dicen: ¿cómo puedes seguir operando en ese país si están a punto de rodar los tanques? Y la respuesta es porque, en esa zona, no ha pasado nada. Todo está bien. Siguen haciendo patatas o microchips o lo que sea. Ahora, también hay que reconocer que hay que hacer planes en caso de que se desarrolle el peor escenario. Esto ha tenido el impacto de reducir las inversiones. En este sentido, los rusos se han marcado algunos puntos, metiendo miedo a potenciales inversores.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

Únete y forma parte del comité que tendrá la tarea de construir un nuevo templo en Ciudad del Lago

Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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