El polémico proyecto del nuevo mercado de mariscos avanza contra resoluciones judiciales y la marea de críticas que se amontonan, en medio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

José Luis Fábrega

Aunque un juzgado civil ordenó suspender “de forma inmediata” la licitación, el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación a la que asistieron dos empresas: Corporación Continental S.A. y Ulife América Central, esta última, sancionada por fraude y corrupción, informó Sol Lauria en La Prensa.

Las empresas interesadas no tienen antecedentes conocidos en el rubro construcciones de la ciudad de Panamá. Corporación Continental S.A. es una firma de seguros que, según dijo a La Prensa, no representó a ningún cliente en el acto y asistió para conocer a los posibles proponentes.

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De Ulife América Central S.A. no hay muchos legajos en el país. Según consta en los documentos de creación, se dedica a la actividad promotora de viviendas, además de a la compraventa inmobiliaria o a la exportación e importación de toda clase de bienes, entre otros fines.

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Sin embargo, la evidencia fuera la condena: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de sancionarla por fraude y corrupción, excluyéndola de hacer negocios con la institución tras comprobar prácticas que violan las políticas anticorrupción del grupo. O sea: Fábrega no consiguió una empresa seria que haga la obra que tanto quiere.

En la saga que el alcalde se empeña en sostener, este acto es un capítulo más marcado por irregularidades, sospechas y faltas institucionales.

“Estamos enfrentando una dictadura municipal”, dijo Luis Pineda, del Movimiento Consulta Ciudadana. Pineda formó parte del grupo que presentó el amparo por el cual el juzgado Decimoctavo Civil ordenó frenar el proceso, debido a que se realizó “sin que se cumpliera el principio democrático representativo y participativo” en la consulta ciudadana que lo aprobó.

“Fábrega está en rebeldía y sigue violando la ley . Primero con la consulta ciudadana y ahora con el fallo, que también viola”, agregó Pineda.

Los detalles del encuentro están en el acta de homologación publicada en el sitio de compras oficiales PanamaCompra: comenzó a las 9:16 a.m., terminó media hora después y, aunque fue realizado para que los interesados puedan aclarar dudas, nadie hizo preguntas.

La convocatoria de la reunión fue publicada en el acto “Construcción del nuevo Mercado de Marisco” (2022-5-76-0-08-LV- 014686) el 5 de mayo pasado, pocos días después de que la la jueza Rosalba Sánchez Cisneros ordenara su suspensión provisional. Y a pesar de que el 13 de mayo falló para dejar en firme esa decisión, la reunión de homologación ocurrió el martes 17.

El acta indica que por la Alcaldía participaron el director de Mercados, Fernando Duque; la jefa de Compras Descentralizadas, Martha Alemán; la cotizadora, Iraida Herrera; y la abogada Cristina Bonilla. Por el lado de las empresas, Juan Jaén, de Corporación Continental; y alguien de la empresa Ulife América Central, de quien no mencionan el nombre. ¿Quiénes son estas empresas y por qué concurrieron a pesar de la orden judicial?

Por Corporación Continental, una firma de seguros familiar fundada en 1970 por Jorge Manuel Arias Thompson, asistió el especialista en seguros Juan Jaén. Jaén indicó a La Prensa que la firma suele asistir a este tipo de reuniones para conocer quiénes son los posibles proponentes de las obras que se ejecutan en Panamá, como una herramienta de captación de clientes. “No fuimos en representación de ningún cliente, porque no tenemos ningún cliente interesado”, dijo.

De Ulife America Central hay poca información en Panamá. Fue registrada el 25 de julio de 2006 por el empresario español Javier Olcina Feliu, cuyo hermano Jaime fue asesor del alcalde de Marbella, según informó el periódico El Mundo de España. Olcina Feliu comparte la directiva con Manuel de Jesús Solís Arcia y Enilda Damarys Govea Ramos de Solís, pero él aparece en dos fundaciones y cuatro sociedades más.

Ulife America Central y Olcina Feliu fueron incluidos en la lista de sancionados por el BID por fraude y corrupción. El pasado 25 de marzo, el Comité de Sanciones de la institución sentenció a ambos con la categoría más rotunda de todas (debarment, excluida), tras un proceso en el que pudo comprobar que ofrecieron, dieron, recibieron o solicitaron “cosas de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte” y actos de engaño “para obtener un beneficio”, según se describe en su sitio web.

De las dos que estuvieron, una está vinculada a hechos de corrupción y la otra no estaría interesada, ni capacitada, en hacer la obra. ¿Conseguirá Fábrega quien levante su mercado?

“El señor alcalde se burla una vez más de todos”, dijo la presidente de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega. “Desacato, ¿dónde queda nuestro Estado de Derecho?”, tuiteó Pineda.

En la red social del pajarito, el clima ha sido ese: “nunca les ha interesado cumplir con la ley” o “es posible que también se encuentre el delito de abuso de autoridad”, escribieron usuarios.

A contramano, el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Abdiel Sandoya, dijo a La Prensa que no hay nada de malo con la reunión (“lo que se está haciendo es solo una homologación”) y que están analizando presentar un recurso de apelación contra el amparo que dejó sin efecto el acuerdo emitido por ese organismo y que dio vida a la licitación del mercado de Fábrega. “Nuestro equipo legal está analizando la situación”, dijo Sandoya.

En la Alcaldía, no respondieron a La Prensa esa pregunta simple: ¿Por qué siguen con un proceso que la Justicia ordenó frenar?

Del lado de las organizaciones ciudadanas, tanto Pineda como Vega hacen foco en la burla, tras la burla anterior a la consulta ciudadana. “La supuesta consulta ciudadana fue una burla, se burla de las necesidades de la ciudad y su gente al impulsar un mega proyecto que no es prioridad. Francamente impresionante su desapego al estado de Derecho”, dijo Vega.

El acto que aprobó la iniciativa se hizo en plena pandemia, el miércoles 11 de noviembre de 2021, sin convocatoria abierta y con 22 personas, de las cuales al menos 4 tienen o tuvieron empleos en el municipio que Fábrega dirige. Ahí estuvo el principio de la saga que siguió con una avalancha de denuncias: una contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por ceder terrenos a la Alcaldía sin consulta, cuando hay un cambio de uso de suelo; otra del movimiento Consulta Ciudadana, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque, además de violar varias leyes, no cuenta con refrendo de la Contraloría; una más de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para que se examine la legalidad de la consulta ciudadana, que la Procuraduría de la Administración admitió.

La historia continúa ahora con el proceso de revocatoria en marcha y el incumplimiento del fallo que ordenó frenar la licitación por $43 millones, una que Fábrega se niega a detener.

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