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Investigación periodística había desvelado desde 2018 el entramado de la Presidencia de Panamá, el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la Nación para el montaje de casos

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El procurador de la Administración de Panamá, Rigoberto González Montenegro, estaba próximo en mayo de 2019 a revelar los resultados sobre las sumarias de investigación que efectuó acerca de la participación del bufete del hoy fallecido abogado Rogelio Saltarín —abogado personal del presidente Juan Carlos Varela— con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Esta pesquisa se originó a raíz de una demanda penal producto de la publicación seriada que hizo la periodista Adelita Coriat en La Estrella de Panamá , del 1 al 4 de octubre de 2018, titulada: ‘La mano paralela de la justicia’.

La pesquisa revelaba una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad, convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales.

Un plan estructurado como si fuera un rompecabezas. En el escrito se describía a los actores centrales que interactuaron entre sí desconociendo las fronteras entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría, señaló en 2019 Adelita Coriat en La Estrella de Panamá.

El CSN terminó manejando los expedientes de supuestos casos de corrupción.

‘Las piezas principales de este plan son Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, y Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo en materia penal de la Presidencia de la República durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, que utilizaron el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación’, se lee en el escrito de la periodista.

Uno de los puntos más delicados fue la denuncia de esta estructura que contaba ‘con un grupo de juristas aliados que conformaban un club de amigos a quienes se les denominó La Taquilla. Ese clan, que nunca tuvo rostro ni identidad definida, se especializó en obtener la libertad de encausados, según denunciaron fuentes judiciales. Eran capaces de ablandar medidas cautelares de los procesados, donde primaba el interés del que pagaba y del que recibía esos favores, menoscabando el interés de la justicia.

Por meses Coriat consultó al procurador González sobre la conclusión de su investigación. El contacto inició a principios de diciembre de 2018, y las respuestas se hicieron acompañar de su estilo caballeroso y amable: ‘estamos realizando práctica de pruebas para verificar la denuncia; realizamos transcripciones a las diligencias’.

En enero de 2019 indicó que efectuaba una solicitud adicional a la PGN para el posterior análisis de la información y determinar si se está o no ante un hecho punible, tarea a la que se encomendó en febrero del mismo año.

En mayo de 2019, manifestó que elaboraba una resolución que esperaba tener lista en una semana. Ese mes, por segunda vez, dijo que revisaba el borrador para hacer las últimas correcciones.

Para el trabajo de investigación la periodista entrevistó a docenas de abogados penalistas, exdirectores del CSN, exmagistrados de la Corte Suprema, exprocuradores de la PGN; recogió la voz de los procesados en las investigaciones iniciadas por Saltarín, ministros y viceministros, fuentes judiciales. Muchos de los consultados, temerosos ante la consecuencia de sus palabras, solicitaron omitir sus nombres, y así lo respetó.

Coriat Obtuvo documentación, luego de gestionar varias peticiones al Ministerio de la Presidencia, para conseguir el informe de gestión de Saltarín en base a la Ley de Transparencia en la gestión pública que finalmente le entregaron a finales de julio de 2018, y examinó docenas de expedientes para hacer un análisis comparativo, entre las sumarias de las fiscalías encargadas de los procesos que se originaron bajo la asesoría de Saltarín, y los fallos emitidos por los juzgados.

Todo empezó a finales de abril de 2018, cuando publicó un informe que revelaba a beneficiarios de pagos directos e indirectos que efectuó la constructora brasileña Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, y que vinculó a varias sociedades panameñas. Un documento que provenía del CSN y cuya autenticidad corroboraron distintas fuentes.

Un día después de la publicación, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado calificando la noticia de errada y negó su autoría. Sostenía que este tipo de pesquisas corresponden al Ministerio Público y no al CSN.

Curiosamente, el debate sobre la autoría del documento superó el contenido de la información sensitiva que establecía vínculos entre la constructora y sociedades anónimas que antes no habían sido publicadas.

La periodista reprodujo íntegra la versión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, al parecer el derecho a réplica no había sido suficiente.

Al día siguiente, en horas de la noche, Coriat recibió una llamada del enlace del Consejo de Seguridad para citarla a una reunión con dos altos funcionarios del Consejo. No había motivo para tal cita, pues ya había sido publicado el manifiesto del CSN. Sin embargo, ante la insistencia del enlace, accedió.

La intención de los altos funcionarios se centraba en conocer quién le entregó el informe antes mencionado —respuesta que nunca obtuvieron—, insistían en que la fuente buscaba hacer daño a la entidad.

La reunión duró casi dos horas, pero antes de que concluyera la conversación que se pactó ‘off the record’, la periodista recordó que en su bolso cargaba un poder del entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, a un abogado del Consejo de Seguridad de nombre David Hidalgo Padilla, en el proceso conocido como ‘compras de arroz’. En dicho documento aparecía la dirección y el teléfono del CSN para ubicar al apoderado del PAN.

Coriat le mostró el papel al interlocutor de más alto rango y éste lo leyó detenidamente. Ante su insistencia sobre una explicación al respecto, el funcionario admitió que el abogado trabajaba para la institución, pero fue incapaz de justificar la razón por la que se habilitó al jurista para interponer la denuncia. En cambio, le refirió a su ‘jefe’, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, para que explicara el asunto.

Alemán aceptó la entrevista de forma inmediata, pero negó todo vínculo con el CSN. Se mostró molesto por las preguntas incisivas que buscaban conocer el alcance de la relación entre Saltarín, el CSN y la Procuraduría General de la Nación.

Alemán describió la labor de Saltarín en la Presidencia como una figura coordinadora del cúmulo de denuncias que surgieron en las entidades durante la pasada administración gubernamental que ameritarían presentar querellas.

Sostuvo que el licenciado Hidalgo pertenece al Ministerio de la Presidencia, que antes laboraba en el Consejo de Seguridad y que ‘de repente lo llamaron para hacer ese trabajo como asesor penal en la Presidencia’. Posteriormente, Hidalgo fue trasladado como director de la Dirección General de Ingresos.

La periodista acudió personalmente al despacho de Hidalgo para conocer su versión sobre su función como querellante del PAN. Su secretaria dijo que se encontraba de vacaciones. Sugirió que enviara un cuestionario por correo electrónico y así lo hizo. Pero a pesar de las múltiples llamadas, jamás respondió las inquietudes sobre su actuación.

Una de las primeras personas que contactó Coriat fue a Rogelio Saltarín. A finales de mayo de 2018 le escribió a su celular para una entrevista, a lo que respondió que sufría de quebrantos de salud. En un momento mostró interés de hablar, pero después fue internado en un hospital en el extranjero. El abogado falleció en diciembre de 2018, poco después de regresar a Panamá.

La publicación tomó por sorpresa al Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno de Varela mantuvo silencio hasta pasados diez días de la fecha de la publicación. Se emitió un comunicado con el sello del Gobierno Nacional, sin firma, en el que se justificaba la contratación de bufetes de abogados para asesorías diversas.

Paralelamente a la publicación de los reportajes, se produjo un extraño silencio de los medios de comunicación nacionales. Escasos hicieron eco de la información.

A juzgar por las palabras de Juan Carlos Tapia, conductor del programa ‘Lo Mejor del Boxeo’, quien comentó las publicaciones bajo advertencia de que cerrarían el espacio televisivo, la reserva colectiva respondía a claras amenazas de censura que evidenciaron una violación al derecho de expresión e información que la administración Varela se jactó en defender.

La procuradora Kenia Porcell nunca quiso hablar para la investigación de Coriat, a pesar de las múltiples insistencias de la periodista, correos electrónicos y repetidas peticiones al enlace de prensa de la entidad. Lo que sí hizo fue calificar la investigación como un ‘sofrito’ o ‘refrito’ ante algunos periodistas que se atrevieron a preguntarle del tema a su salida de la Fiscalía Auxiliar.

Una serie de hechos posteriores a la publicación le motivaron a la periodista a sospechar que su teléfono estaba siendo intervenido y que le seguían sin justificación judicial. Curiosamente, la noche del 17 de octubre, luego de que corrió como pólvora una noticia falsa en las redes y celulares, que contaba que había salido ‘librada de un supuesto intento de secuestro en el que resultó herida con un objeto contundente’, recibió la llamada de los dos altos funcionarios del Consejo de Seguridad con los que se había reunido anteriormente, para decirme que ellos no habían sido los autores de la ‘fake news’ y que velaban por su seguridad. ‘Tenga por seguro que usted estará muy bien cuidada’, escuchó Coriat al otro lado del auricular.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Policía investiga diversas hipótesis en torno al móvil del asesinato en La Chorrera del taxista José Javier Martínez “Pirulo”

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La noche del miércoles asesinaron a José Javier Martínez, apodado a ‘Pirulo’ de un tiro en la cabeza.

De acuerdo a las primeras pesquisas de las autoridades judiciales, ‘Pirulo’ recibió la llamada de un hombre que le dijo que le iba a comprar el auto que estaba vendiendo y lo citó al parque de la iglesia San Francisco de Paula de La Chorrera para negociar la venta, informó Miguel Ángel Victoria, El Siglo.

José Javier Martínez “Pirulo”

Una vez que ‘Pirulo’ llegó al lugar fue sorprendido por un desconocido que se le acercó por la espalda y le disparó en la cabeza. Todo ocurrió frente a la mirada de feligreses de la iglesia. La víctima residía en el sector La Milagrosa de La Chorrera y era dueño de un taxi.

Horas antes del crimen había estado jugando fútbol con unos sobrinos y fue allí cuando recibió la llamada.

El crimen se perpetró cerca de las 8:00 de la noche y a la escena llegaron familiares quienes desconsolados se lamentaban por lo sucedido.

«Pirulo por qué, por qué saliste de la casa’. Otros decían: ‘No tenías necesidad de vender el carro».

Tras ser baleado, ‘Pirulo’ quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre entre su taxi y un auto sedan gris.

 

Los investigadores creen que él salió del taxi y lo dejó andando. Luego se sentó en la acera a conversar con el supuesto comprador y otra persona se le acercó sigilosamente por la espalda y le disparó en la nuca y luego lo remató con cuatro balazos más.

Una vez que cumplió con su encargo, el homicida tomó una foto del cadáver de ‘Pirulo’ y rápidamente abandonó la escena.

Las autoridades judiciales investigan el vehículo sedan gris ya que allí pudieron haber llegado los agresores. En el sitio donde ocurrió el crimen hay cámaras de videovigilancia municipal así como de comercios las cuales servirán para esclarecer este hecho de sangre en La Chorrera.

De acuerdo a datos policiales en febrero del año pasado «Pirulo» sobrevivió a un atentado en La Chorrera. En días pasados el taxi de ‘Pirulo’ fue llevado en grúa por la Policía ya que siempre le andaba cambiando el stiker de la numeración de la puerta del taxi. Unas veces lo identificaba como taxi de Arraiján y otras veces como de La Chorrera.

Otro dato que suministró la policía es que el pasado fin de semana, supuestamente, ‘Pirulo’ había amenazado a una menor de edad quien tiene un familiar preso en La Joya.

También ayer circuló un video donde se observa a ‘Pirulo’ en plena calle pateando a un hombre que está tendido en la carretera.

 

Las investigaciones de este hecho han iniciado por parte del Ministerio Público, puesto que las estadísticas con este caso aumentan a 28 fallecimientos por homicidios en la provincia de Panamá Oeste.

Las autoridades judiciales informaron que aún no hay detenidos, a pesar de que la policía ha iniciado operativos en La Chorrera para dar con los responsables de cometer el crimen.

Una fuente policial informó que la víctima pertenecía a la banda ‘Afganistán’ y mantenía rencillas con grupos delincuenciales que operan en puerto Caimito. En el 2020 sufrió un atentado y era familia de uno de los que iniciaron la masacre en la Joya en diciembre de 2019.

Este es el cuarto miembro de esta familia que matan.

De acuerdo a estadísticas de las autoridades van 28 homicidios en Panamá Oeste en 2022

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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El privilegio habitacional logrado por el líder del Suntracs Saúl Méndez del que no pueden disfrutar la mayoría de los obreros en Panamá

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La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá realizó una subasta el 15 de octubre de 2018 para la venta de una vivienda ubicada en Pedro Miguel, cerca del canal de Panamá, en el corregimiento de Ancón.

Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Similares (Suntracs), resultó ganador en la subasta, en la que el líder sindical ofreció pagar por la vivienda $57.200.

La escritura fue realizada de manera expedita bajo la administración del entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el 10 de mayo de 2019, luego de la celebración de elecciones generales en el país y a menos de dos meses de dejar el Gobierno. La propiedad fue adjudicada en el año 2020, según explicó Félix Tijerino en InformaT Panamá.

Sin embargo, el precio de otras casas con condiciones similares en la comunidad de Pedro Miguel, sobrepasa los $185.000.

Mientras el común de los obreros deben aplicar para intentar ser beneficiados con casas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial (MIVIOT) o recurrir al precarismo, el secretario general del Suntracs, sí tiene la posibilidad de adquirir una vivienda a través de una subasta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Familiares de la migrante venezolana Freimarys Angélica Gómez Figueroa intentan dar con su paradero tras su desaparición en la selva del Darién

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La familia de Freimarys Angélica Gómez Figueroa, quien ingresó a la selva del Darién hace dos semanas, busca desesperadamente información sobre su ubicación y su estado de salud, luego de que este miércoles se enteraran a través de las redes sociales que ella no podía continuar la ruta porque sus piernas prácticamente no le respondían.

El video de la migrante, de 30 años, fue difundido el pasado lunes, pero hasta ahora su familia no ha podido contactar a las personas que difundieron el testimonial, informó Carola Briceño en enfrontera.com.

Anderson Figueroa, hermano de Freimarys, explicó a enfrontera.com que desde hace una semana no tenían información de ella y que tampoco los nombres ni teléfonos de quiénes iban en el grupo que le habría dejado abandonada en medio de la selva.

La joven, oriunda de Maturín, se habría lesionado las rodillas y habría presentado un intenso dolor en la espalda, por lo que no podía seguir avanzando por sus propios medios a través de la inhóspita ruta. Los «guías del grupo», como llaman en esa zona a los traficantes de personas, decidieron seguir adelante sin ella.

Estuvo varios días perdida en la selva hasta que otros tres migrantes le ayudaron. La llevaron cargada para sacarla de la zona de riesgo y acercarla a alguno de los campamentos. No obstante, no hay más detalles sobre lo que terminó pasando.

Freimarys desde hace unos tres años estaba viviendo en Ecuador. A pesar de que realizó grandes esfuerzos, le fue muy difícil integrase económicamente. Estuvo trabajando como vendedora informal, porque no conseguía oportunidad laboral estable. Estaba convencida de que en Estados Unidos podría conseguir protección y oportunidad para trabajar y ganar lo suficiente para salir adelante y luego regresar a Venezuela para comprar una vivienda y emprender.

Aunque un vehículo le atropelló unos días antes de la fecha prevista para iniciar su viaje, siguió adelante con sus planes.

Los familiares piden que si tienen información sobre Freimarys, les llamen o les escriban al número +58 424-2835498.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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