Por primera vez en la historia de la administración de justicia panameña, un Tribunal de Juicio Oral dictó una sentencia de culpabilidad por la venta de fallos en el despacho de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La sentencia del tribunal –conformado por los jueces Ilka Castillo (presidenta), Jennifer Saavedra (relatora) y Roberto Tejeira– se conoció en horas de la noche del pasado viernes. Fue unánime y halló culpables de delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, a Oydén Ortega Collado y Claudia Purcait, que son el hijo y la exsecretaria, respectivamente, de Oydén Ortega Durán, magistrado de la Sala Civil desde enero de 2008 hasta marzo de 2019, informó Olmedo Rodríguez Campos en La Prensa.

Durante el juicio, los fiscales anticorrupción Leyda Sáenz y Elvis Coronado expusieron que los imputados realizaron acciones para lograr que magistrados de la Corte emitieran un fallo favorable al empresario César Alvarado en un litigio por ocho fincas en Chiriquí.

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En la fase de alegatos finales, el fiscal Coronado destacó que la actuación de Ortega Collado y Purcait fue dolosa: se valieron de sus influencias en el Órgano Judicial para obtener un beneficio que, como se dijo, fue pagado por Alvarado.

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“Oydén Ortega Collado, valiéndose de su condición de hijo de magistrado, solicitó y recibió dinero [transferencias de $5 mil y $15 mil], además de provecho de César Alvarado”, dijo el fiscal.

Respecto a Purcait, Coronado especificó que aprovechó su cargo como asistente del magistrado Ortega Durán para gestionar la admisión del recurso de casación interpuesto por Alvarado, a cambio de dinero.

Para llegar a la decisión de culpabilidad, el Tribunal tomó en consideración comunicaciones sostenidas por Ortega Collado y Alvarado entre 2013 y 2017, relacionadas con la admisión del citado recurso de casación y en las que el hijo del entonces magistrado le pedía al empresario ciertas sumas de dinero para impulsar el proceso con la ayuda de Purcait.

Y es que, según los fiscales, Purcait tenía el manejo administrativo y de los expedientes del despacho de Ortega Durán, por ser “persona de su confianza… su mano derecha”.

La propia Purcait admitió durante el juicio oral que manejó el expediente del caso de Alvarado.

Alvarado, denunciante del caso, admitió a la fiscalía haber participado en la comisión del ilícito y para sortear la cárcel llegó a un acuerdo de colaboración eficaz.

En el desarrollo del juicio, que comenzó el martes 8 y terminó el viernes 11 de marzo pasado, el empresario dio detalles de la transacción.

Precisó, por ejemplo, que efectuó varios pagos de $5 mil y $15 mil para que fuese admitido el recurso de casación.

Además, narró que después le pidieron $250 mil para obtener un “fallo favorable” y, como no tenía el dinero, desistió de aquel procedimiento y se decidió a presentar la denuncia.

Por estos mismos hechos, Alvarado presentó una denuncia contra Ortega Durán, pero como entonces este era magistrado, la competencia para investigarlo la tenía la Asamblea Nacional (AN). En junio de 2017, la denuncia fue archivada por la Comisión de Credenciales de la AN.

Al abogado Ernesto Cedeño le llama poderosamente la atención que no haya ningún exmagistrado investigado por este caso, más ahora que existe un fallo en primera instancia que condena a dos personas por el ilícito.

Annette Planells, del Movimiento Independiente, opinó que no hay manera de que haya tráfico de influencias en la admisión de un fallo, sin participación de algún magistrado.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al Tribunal de Juicio Oral una condena de 60 meses de prisión para ambos acusados, porque más de una vez les propuso llegar a un acuerdo de pena y se negaron a ello. Orison Cogley, abogado de Ortega Collado, solicitó individualizar la pena y pidió para su cliente la mínima, de 48 meses de prisión. Alega que su cliente no es funcionario y que éste es su primer delito. El Tribunal dictará sentencia el 25 de marzo.

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