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Panamá

Hermano del yerno de Laurentino Cortizo suscribió convenio con el Ministerio de Cultura de Panamá en posible violación de la ley

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El Ministerio de Cultura de Panamá firmó en el mes de enero de 2020 un convenio de cooperación cultural con la empresa Desarrollos Dobó, S.A. para la realización del Barro Fest 2020, evento que buscaba rescatar la “Junta de Embarra”, una de las tradiciones más arraigadas en el interior del país.

Según el acuerdo, este tipo de iniciativas se realizan con el propósito de lograr la inscripción de la tradicional actividad en la lista de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informa elpublique.me.

El Barro Fest 2020 se realizó el 7 y 8 de febrero en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

El convenio fue firmado por el Ministro de Cultura Carlos Aguilar y Luis Felipe Henríquez Portuondo, por parte de la empresa Desarrollos Dobó, S.A., y tuvo vigencia durante el año 2020.

Ministro de Cultura Carlos Aguilar y Luis Felipe Henríquez Portuondo en firma de acuerdo

Llamó la atención que Henríquez Portuondo, representando a Desarrollos Dobó, S.A., firmase un convenio con un órgano de Gobierno de Panamá, especialmente cuando se trata del hermano de Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente panameño Laurentino Cortizo.

Juan Manuel Henríquez Portuondo, junto al presidente Laurentino Cortizo

Ambos hermanos figuran como directores de Brainpower Group, S.A., una compañía que se autodefine como de “consultoría y gestión de proyectos”, que posee un perfil en instagram con muy pocos seguidores y es presidida por Luis Felipe Henríquez Portuondo.

Según la web de la consultora, Juan Manuel Henríquez Portuondo posee una licenciatura en ciencias en ingeniería industrial (Universidad de Purdue), maestría en ciencias en gestión de ingeniería (Universidad de Louisville). Trabajó como Gerente General de la Hacienda Santa Mónica, en Grupo VerdeAzul, desde 2013 hasta 2020, donde fue responsable del desarrollo del Plan Maestro de uso mixto y el desarrollo residencial de la primera fase, así como de los negocios agropecuarios del Grupo.


Entre 2004 y 2013 ocupó varias posiciones en Copa Airlines, iniciando como Analista de Planificación Corporativa y Alianzas Estratégicas, luego como Gerente Sr de Revenue Analysis y finalmente como Gerente Sr de Financial Planning & Analysis

En 2007 fue Agregado Comercial para la Embajada de Panamá en Washington D.C., Estados Unidos, año en el que se firmó el Tratado de Promoción Comercial Panamá – E.E.U.U.

Luis Felipe Henríquez Portuondo, por su parte, según la misma web, cuenta con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Industrial (Universidad de Purdue), Master in Business Administration (EAE Business School – Universidad Politécnica de Catalunya en Barcelona, España). Actualmente es Gerente de Operaciones en la fiduciaria Capital & Assets Fiduciary Services. Trabajó como Gerente General de Grupo Manolo desde 2013 hasta 2020, donde fue responsable de la operación de la cadena de restaurantes Churrería Manolo y su centro de producción y distribución.

Entre 2006 y 2010 ocupó varias posiciones en Banco Continental y Banco General, donde fue parte del equipo de Tesorería que manejaba un portafolio de más de $1.6 billones

Cuenta con licencia de corredor de valores y analista del Mercado de Valores de Panamá.

Los hechos muestran que Luis Felipe Henríquez Portuondo pudo haber incurrido en un ilícito, según las leyes de Panamá, o al menos haberse valido de las influencias de su hermano, yerno del presidente de Panamá, para suscribir un convenio con el Ministerio de Cultura panameño. Queda en el aire la interrogante de si los hermanos han suscrito otros acuerdos con el Gobierno de Laurentino Cortizo, por cuáles cifras y cuál ha sido el alcance de esos convenios.

Otras controversias

Pero no se trata de la única controversia en la que ha figurado Juan Manuel Henríquez Portuondo. El FBI le ha puesto cuidado a un posible soborno de magistrados en Panamá y en el radar de su investigación han aparecido el ex-ministro Alberto Vallarino y Henríquez Portuondo.

La agencia policial escarba en las supuestas coimas a la Corte Suprema a cambio del fallo que redefinió el testamento del difunto multimillonario estadounidense Wilson Charles Lucom.

Un reporte de Wren Greaney, investigadora asociada a la organización Consejo de Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, da cuenta que hace varios meses el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), supo de las ‘actividades fraudulentas’ relacionadas con el testamento del millonario estadounidense Wilson Charles Lucom, y abrió una investigación que podría derivar en la imputación de delitos como conspiración y blanqueo de capitales. En medio han aparecido los nombres de Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo.

De resolverse el caso en esa dirección, se abre la posibilidad de que vuelva a plantearse el destino de la herencia que dejó Lucom, entre otros, la Hacienda Santa Mónica, que él quiso dejar, por testamento, ‘a los niños pobres del país’. Hace algunos años Alberto Vallarino se adueñó de la hacienda y designó a Henríquez Portuondo, un panameño hijo de cubanos, como administrador.

El FBI empezó por investigar la corrupción que hubo en Panamá sobre el caso, luego individualizar la pesquisa para deslindar la responsabilidad que cabe a cada uno de los involucrados.

La agencia policial conoció del expediente debido a que los dueños de la empresa GPI (Grand Panama International), que habían adelantado un acuerdo de pago a Lucom por la tierra en litigio, tienen nacionalidad estadounidense.

Entre las cosas que ha pretendido descubrir el FBI, esta la forma ‘ilícita’ en que se traspasaron las acciones de Hacienda Santa Mónica, y el trato aparentemente abusivo al que fue sometido Richard Leheman, abogado y albacea de Lucom, según se lee en el reporte del consejo.

El documento destaca que en un principio la Corte Suprema de Justicia suspendió a Lehman el acceso a las cuentas de Lucom para defender el testamento de su cliente, obligándolo a utilizar sus propios recursos para sufragar los gastos del proceso.

Hace referencia, además, a la forma en que los terrenos de Santa Mónica llegaron a manos de una fundación de la que no se conocen los tenedores de las acciones. Y sobre el fallo recuerda que fueron los magistrados Oydén Ortega, Alberto Cigarruista y Harley Mitchell quienes de forma unánime tomaron la decisión de entregarle la herencia de Lucom a su viuda, Hilda Piza.

La validación del fallo por los nueve magistrados de la Corte, añade el informe, nunca se registró. También señala que, en 2010, Mitchell se almorzó en privado, al menos una vez, con el abogado de Hilda Piza (esposa de Lucom, entonces dueña de la fortuna y propiedades del fallecido), encuentro que, según algunos testimonios, ‘pudo contribuir a un posible caso de soborno’.

Se estima que, a su muerte, Wilson Lucom tenía una fortuna de aproximadamente $100 millones.

El Testamento

Wilson Lucom heredó parte de su fortuna a los niños pobres de Panamá.

La Sala Civil de la CSJ falló en forma unánime que la heredera de sus bienes sería HIlda Piza, su tercera esposa.

Informes de peritos indican que la firma de Piza pudo haber sido falsificada para que un tercero se apropiara de los bienes.

El extraño culto del yerno del candidato a la presidencia de Panamá Laurentino Cortizo

Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente Laurentino Cortizo, además de pertenecer al círculo de amistades de Alberto Vallarino y estar en la directiva de la Hacienda Santa Mónica, sería reconocido por tener encuentros licenciosos con otros caballeros, donde en sus reuniones desprovistas de pudores, sin la presencia de damas, darían rienda suelta a su imaginación.

Sería un ritual obligatorio para poder formar parte de su especie de logia espartana, con dotes de misoginia, rendir siempre culto a la naturaleza masculina y todo el simbolismo que cuanto a esta haya.

Para saber más de la Hacienda Santa Mónica repasamos este artículo escrito por Wesley W. Hoyt en el diario La Estrella de Panamá el 13 de septiembre de 2015.

Se robaron la Hacienda Santa Mónica
Domingo 13 de septiembre de 2015
Wesley W. Hoyt

Me llamo Wesley W. Hoyt, fui fiscal adjunto de EE.UU. Me reuní personalmente con el Sr. Lucom en más de una ocasión para negociar a nombre de Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’), en septiembre de 2005.

La saga de la herencia de Wilson Lucom lleva 10 años. Hay una controversia en cuanto a quién pertenece la Hacienda Santa Mónica, S.A., hacienda patrimonial de Panamá en la provincia de Coclé. Hay un acuerdo de larga data entre el Sr. Lucom y Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’, una empresa urbanizadora de bienes raíces) para comprar la hacienda; en 2005 se firmó un contrato que incluyó un depósito.

Es interesante que dos miembros del más alto tribunal acudieran a los medios para argumentar sus posiciones. ¿Será que al fin los alcanza el escándalo para engañar a los niños pobres de Panamá?

Qué arrogancia de estos dos magistrados al decir que a Wilson Charles Lucom no le importaban los niños pobres de Panamá, únicamente por la manera en que malinterpretaron su testamento. ¿Podrían haber obtenido información privilegiada de la Herencia de Hilda Piza Lucom que les permitió malinterpretar el testamento del Sr. Lucom? ¿Podrían haber hablado con uno de los representantes respecto de su decisión de colocar la HSM en la Herencia de Hilda Lucom? ¿No entendieron que el 40 % del impuesto sucesorio de EE.UU. se aplicaba a la herencia de Hilda? ¿Crearon una carga tributaria de $60 millones porque ella era ciudadana estadounidense? Ahora, esta misma semana, nos enteramos que todos los bienes de Hilda fueron trasladados fraudulentamente a una fundación anónima panameña en un intento por eludir los impuestos, posiblemente con documentos antedatados que falsificaron con las firmas de Hilda después de su muerte. ¿Dónde termina la corrupción en el caso Lucom?

Gilberto Arias, hijo de Hilda y abogado panameño, me ayudó a elaborar este contrato. Hizo su aportación, porque quería estar seguro de que ‘se pudiera hacer valer legalmente’. Luego peleó contra el mismo contrato que me ayudó a elaborar. GPI hizo un pago inicial muy grande como depósito en garantía al Sr. Lucom, a tenor de las condiciones del contrato. GPI haría el cierre de la transacción.

Al ayudarme a redactar el contrato y luego impugnarlo, Gilberto Arias básicamente decía: ‘Ustedes, americanos estúpidos, pueden dar un depósito, pero el secreto es que no les permitiremos obtener una ganancia sobre su inversión en Panamá’.

Wilson Charles Lucom no tuvo hijos; adoptó a la hija de su primera esposa, Isabelle Lucom Clark, y ella es su única hija. Ella estaba muy al tanto y habló de la compra de HSM de GPI. Ha firmado una declaración jurada en la cual confirma su conocimiento de la validez de la compra de GPI.

El plan original de GPI incluía $4,5 mil millones en casas, parques, alojamiento con pensiones residenciales, hoteles, condominios, puertos deportivos y otros negocios. De no haber sido interrumpido por la avaricia de la familia-herederos Arias, y su abogado y otros ‘tras bambalinas’, el proyecto de la ‘Ciudad de Marca’ ya estaría terminado, con un impacto enorme para la economía de Panamá.

A cada magistrado de la Corte Suprema le pagaron para que reinterpretara el testamento del Sr. Lucom, y causara que todos sus bienes pasaran a Hilda Arias versus los niños pobres designados. Se verificó mediante un informe de la UAF, la policía financiera de Panamá. Uno de los abogados de la Asamblea de Panamá firmó una declaración jurada autenticando su observación de este informe del ‘rastro de dinero’, con otros testigos.

Hubo un momento en que el apellido Arias se conocía como campeón de la gente del común, pero ya no. Es realmente astuto como la familia Arias se ha beneficiado dos veces, puesto que obtuvieron todo el dinero del Sr. Lucom, cuando le compró la HSM a Hilda hace muchos años, y luego nuevamente obtuvieron mucho más dinero, cuando Hilda y su pandilla se robaron la hacienda de la herencia del Sr. Lucom para poder venderla barato.

¿Realmente quiere Panamá desincentivar la inversión de extranjeros que llegan con una gran esperanza y capital fresco para construir lo que podría ser ganancia para todos?

La hija de “Nito” está casada con Juan Manuel Henríquez Portuondo, quien es socio del empresario Alberto Vallarino, además de tener negocios y ser íntimo amigo de su hijo Diego Vallarino Lewis. Incluso un negocio de piedras preciosas sería manejado por Diego y Henríquez, conocido en el Club Unión y vicepresidente de Hacienda Santa Mónica, un discutido negociado de Vallarino, que ha estado envuelto en disputas legales. Por esto se piensa que con “Nito” de presidente, los negocios de Vallarino serían “intocables”.

Henríquez Portuondo estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC.

La sustracción de arena natural en el tinglado de los codiciados terrenos de Juan Hombrón y varias operaciones inmobiliarias sospechosas en Costa del Este confluyen en el nombre del cubano-panameño Juan Manuel Henríquez. Henríquez practica una suerte de soberanía encima de costosas áreas de terreno de Panamá, bajo la ley del más fuerte.

Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordaría muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, “yeyesón”, donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos.

Cuenta que allí, caso o no del yerno, había estudiantes con rencores, complejos y resentimientos, primero por ser pobres en un colegio de ricos y segundo, por ser objeto de burlas sobre su virilidad. El yerno, eslabón entre el “Clan Vallarino” y el precandidato “Nito” Cortizo, debería mucho de su crecimiento social y económico a su suegro. Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial meses atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas, nunca permitió le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el “Clan Vallarino” y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol.

La Ley 52/2007, conocida en España como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura. En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permitía la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Acogiéndose a esta ley, Juan Manuel Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe, de origen cubano, solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español. Juan Manuel Henríquez, como ya se sabe, es yerno del precandidato presidencial Laurentino «Nito» Cortizo. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por «Nito» Cortizo, quien formó parte de su gabinete de ministros.

Abuso de poder

Luego de ser detenido años atrás en un reclusorio policial de manera temporal, un ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración.

La fiscalía decidiría si le otorgaba una medida cautelar, que legalmente le correspondía al procesado, pero a la que no accedería de manera gratuita. El denunciante del caso era el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, apadrinado por su suegro Laurentino «Nito» Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD.

El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado. Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho. Para ahondar en el tema puede leerse este concepto, naturaleza jurídica y factores objetivos y subjetivos de la extorsión.

Las pruebas presentadas eran supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero, bajo supuestas amenazas contra su integridad familiar. La cantidad que le exigían era al parecer tres veces menor que los ingresos mensuales del acusado.

Los mensajes estaban tal parece alterados y editados y nunca los accionantes pudieron demostrar técnicamente la implicación del acusado. Fueron presentados ante un notario, quien los “auténticó” y aceptados por la fiscalía como prueba, gestión realizada por miembros del bufete Morgan & Morgan. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a “negociar” la libertad con la Fiscalía y la DIJ, lo cual como ya se dijo, no fue concedida de forma gratuita.

El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría detenido.

Después de tres horas de declaraciones y de intentos por imputarle delitos de extorsión y supuestas amenazas de muerte, bajo un clima sojuzgado por el poder de «Nito» Cortizo, la fiscalía ni siquiera admitió las supuestas amenazas de muerte, pues carecían de pruebas suficientes. La ausencia luego de Henríquez Portuondo de las experticias forenses, pusieron en evidencia que algo más albergaba el móvil del acusante, quizás, como algunos creen, ciertas preferencias de alcoba.

Por el mismo caso fue presentada una denuncia en la CIDH que vinculó a Juan Manuel Henríquez Portuondo con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas.

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Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

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La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

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Panamá

Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

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David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

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Panamá

Guillermo Cochez: ¿Por qué en Panamá no se investiga a los poderosos?

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Por Guillermo A. Cochez

En una de las dos reuniones que sostuve con Eduardo Ulloa como Procurador, así como en los mensajes de WhatsApp que intercambié con él, planteé mi preocupación sobre el por qué los fiscales rehuían a investigar los VarelaLeaks que, por su explosivo contenido, hasta ocasionaron la renuncia de su antecesora en el puesto.

El argumento de los fiscales era que tales mensajes, que Juan Carlos Varela nunca negó eran suyos, hecho públicos quizá por alguien muy cercano a él, no podían constituir pruebas al ser publicados sin su autorización. Ni siquiera los consideraron como graves indicios, válidos para dar inicio a una investigación por los graves delitos que algunos de ellos mostraban. Archivaron las denuncias que presenté que comprobaban el modus operandi de Varela para ayudar a sus amigos, facilitándole lo necesario para sus negocios. No puedo imaginarme que esos constantes empujoncitos fueran a título gratuito.

Mis denuncias contra Varela sobre el establecimiento de relaciones con China Popular, fueron varias. La primera cuando supe que Panamá otorgaría a los chinos una valiosa área de cuatro hectáreas en Amador, en las riberas del Canal para que allí construyeran su sede diplomática. El 10 de septiembre de 2018 hice público en las redes video filmado en el Causeway en el lugar que graciosamente les darían, denunciando el injustificable hecho. Lo primero que verían los barcos al llegar al Canal sería ondeando la roja bandera de China.

Al preguntarle los medios a Varela sobre mi concreta denuncia, se enredó de tal manera que sus declaraciones fueron calificadas como un perfecto “mafá”. Desistieron de la idea, por la presión ciudadana que generó la denuncia, y tuvieron que echar para atrás los documentos del traspaso que ya tenían listos.

Igual ocurrió cuando tuitee el 26 de noviembre de 2019 que, de acuerdo a otro mensaje en VarelaLeaks, el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, le recordaba a Varela sobre los 1,000 millones de yuanes ($143 millones) que China había “donado” a Panamá para supuestos proyectos educativos. En el actual gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, reiteró que ningún monto así había sido registrado entrando a Tesoro Nacional. Esa grave denuncia tampoco encontró resonancia alguna en las Procuradurías de Kenia Porcell y Ulloa. Por supuesto que los chinos dijeron que esa noticia era falsa, pero: ¿Qué más iban a decir, los “expertos” en transparencia y en secretos de Estado? Ni siquiera llamaron a declarar a Barakat.

De repente por esos estrechos acercamientos con China que incluían detalles como la posibilidad de vender allá los productos de la familia Varela (Varelaleaks), es que despojaron de su visa a Estados Unidos al expresidente, tal como tuitee el 28 de marzo pasado, hecho no negado ni confirmado después por el representante norteamericano en Panamá Stuart Tuttle.

Pareciera que la tónica de los investigadores locales ha sido ignorar los hechos de corrupción cuando vinculan a un poderoso. A pesar de que durante el reinado de Porcell, en una de sus presentaciones públicas se mencionó como recipiente de coimas de más de $4 millones al gobierno de Martín Torrijos por la Cinta Costera 1 (Coimera, como le decían) y la ampliación de la Autopista a Colón, nunca lo llamaron a declarar. La denuncia que al respecto presenté fue archivada.

En los 12 meses que Ulloa estuvo al frente del Ministerio Público no se supo de interrogatorio alguno a la exprocuradora Porcell por lo que hizo durante su gestión, como tener como asistentes en fiscalías sensitivas a altos mandos de la Policía Nacional, algo vergonzoso nunca visto ni siquiera en los tiempos de los militares. Tampoco se supo de investigación alguna a la llamada Procuraduría paralela que dirigía el abogado Rogelio Saltarín (qepd). Se mantuvo el permanente comentario de que los cargos importantes en el despacho de Ulloa seguían respondiendo a las directrices de Porcell y, por ello, de su “amigo” Varela.

La justicia en Panamá debe ser igual para todos llámese Torrijos, Martinelli, Varela, Motta, Cortizo o Carrizo. Mientras ello no ocurra, será ilusorio pensar que los problemas del país se resolverán en diálogos sin garras y sin agallas. También es ilusorio pensar que al país vendrán muchas inversiones cuando carecemos de seguridad jurídica y de certeza del castigo. Lo que puede no ser ilusorio es que la sociedad, por el cansancio de tantas promesas incumplidas y la indolencia de los gobernantes, explote el día menos pensado.

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