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Guillermo Cochez: En actividades ilícitas en Panamá hay dinero venezolano

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La política exterior panameña es ahora, por razones que pueden atribuirse a compromisos políticos previos, un experimento liderado por el ala marxista de la alianza que sostiene al actual mandatario Laurentino “Nito” Cortizo. Esto es lo que piensa el ex embajador ante la OEA Guillermo Cochez. Y advierte sobre las consecuencias de esta dualidad en la administración Cortizo que está provocando conductas de doble filo, revela el periodista Casto Ocando en Primer Informe.

El presidente Cortizo ha permitido a los “marxistas de caviar”, como los llama Cochez, no sólo conducir la política hacia Venezuela, sino promover convenios con la dictadura de La Habana, incluyendo la importación de médicos cubanos.

La preocupación de “Willy” Cochez con respecto a los convenios con Cuba es que no se sabe si son verdaderamente médicos de profesión los miembros del contigente enviado recientemente a Panamá, presuntamente para ayudar en la crisis del Covid-19. “Pero nunca más se ha sabido dónde están y qué hacen”.

En este entrevista con Primer Informe desde Ciudad de Panamá, el polémico ex embajador y periodista comparte sus preocupaciones sobre lo que ocurre en el país del Istmo.

– Fundamentalmente me gustaría tu opinión sobre el aparente cambio de la orientación en la política exterior de Panamá con respecto al deconocimieneto de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Cómo se ha producido ese cambio?

– Definitivamente que ha habido un cambio, cambio que si se hubiera conocido antes de las elecciones del 2019, Florentino Cortizo nunca habría ganado las elecciones porque el pueblo panameño es muy claro frente a regímenes tiránicos como el de Venezuela, por eso detestaban a Chávez y detestan a Nicolás Maduro. Ha habido un cambio porque desde que se inició el gobierno de Cortizo en julio de 2019, él ha permitido con su, valga la redundancia, permisividad con los sectores marxistas del PRD (el partido en el gobierno) para que ellos controlen ciertas áreas. Una de esas es la política exterior de Panamá, donde tienen afincado a un par de asesores que parecieran que son los que hablan y dirigen la política exterior del gobierno, y están muy vinculados con Cuba, muy vinculados con la izquierda marxista, que yo le digo marxistas de caviar porque son personas que lo único que les interesa es estar en el poder y quizás de marxistas no tienen nada. Entonces sí ha habido un cambio, definitivamente ha habido un cambio.

– Sorprende que esta orientación se mantuvo oculta durante la campaña política de Cortizo y ahora se está destapando e influyendo una parte importante de la política oficial de Panamá.

– Claro, y yo quiero que recordemos algo que viene desde los tiempos de Torrijos. Torrijos para poder consolidarse dentro del país, tuvo que buscar ayuda del sector de la juventud del Partido Comunista, que es el partido del pueblo, que le llamaron ‘la tendencia’. Ese grupo fue el que le dio a Torrijos la visibilidad en el tercer mundo, alineados con Fidel Castro, con Nasser, con Tito de Yugoslavia, para proyectar su proyecto de devolución del Canal a manos panameñas. Entonces ese grupo ha estado allí, tiene su cuota de poder, por ejemplo están muy enquistados en la universidad, están enquistados en la Cancillería, sin embargo con gobiernos como Martín Torrijos, que tenía de canciller a Samuel Luis (¿) y gobiernos como el de Ernesto Pérez Valladares, no le permitieron tener la hegemonía que tienen ahora con Cortizo y eso es lo preocupante porque Cortizo les ha permitido que en cierta forma dirijan la política exterior panameña frente a Venezuela, frente a Cuba. Esa dirigencia presidida por su secretario general Pedro Miguel González es la que realiza el trato con los cubanos para que manden 220 médicos cubanos en Panamá que llegaron aquí el 24 de diciembre, pero nunca más se ha sabido donde están y qué hacen, y muchos dicen que son activistas políticos y que la mayoría no son médicos, o que una gran cantidad no son médicos. Es la política exterior que se expresa con el gobierno a través de su participación en el Grupo de Lima que censura las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela pero al mismo tiempo y en forma simultánea, el secretario general del partido Pedro Miguel González va a Venezuela, avala las elecciones del 6 de diciembre y se reúne al día siguiente con Nicolás Maduro, entonces hay como 2 políticas exteriores y eso está dejando muy mal a Panamá, sobretodo cuando Panamá en un acto que a mi juicio no tenía sentido, apoyó al candidato de Donald Trump para el BID, cuando ese es un puesto que históricamente le corresponde a un latinoamericano, entonces hay una política exterior ambigua. Vamos a ponerlo así, no hay política exterior tradicional de Panamá sino una política con tendencia a la izquierda para complacer al régimen de Nicolás Maduro que es el que más ha disfrutado y ha celebrado el rompimiento de Panamá con la presidencia de Juan Guaidó.

– Usted ha denunciado como uno de los ideólogos fundamentales en esta política exterior de ahora, a una persona que se llama Nils Castro. ¿Qué nos puede decir sobre este personaje?

– Nils Castro es una persona que ha sido marxista leninista toda su vida…

– Obviamente, desde la comodidad del sistema panameño…

– Por supuesto, porque vivió mucho tiempo en Cuba y ha estado en esos círculos. Yo la verdad es que cuando leí la entrevista que le hicieron en el diario La Estrella de Panamá, pensé que lo descarado que había sido al prácticamente aceptar que él es el que traza la política exterior de Panamá. Se le conoce por eso y no es que sea uno un anticomunista, sino que simplemente así como yo soy demócrata cristiano o social cristiano, él es marxista, pero él estará al frente de esa política exterior y no es una cosa que diga yo, sino que es una cosa que todo el mundo lo comenta, inclusive personas vinculadas con el mismo gobierno y que trabajan con el gobierno.

– ¿Por qué el presidente Cortizo permite esta dualidad en la política exterior? ¿Está presionado, está respondiendo a presiones que él no puede controlar? ¿Se trata de poderes que van más allá incluso del propio presidente en Panamá?

– Para entender lo que le pasa a Laurentino Cortizo hay que conocer su procedencia política. Él no era miembro del PRD, él fue diputado dos veces por un partido de centro derecha llamado Solidaridad, fundado por un empresario, participa en el gobierno de Martin Torrijos como ministro de Agricultura, renuncia cuando ve que el gobierno le cede demasiado a los EEUU y se pone a favor del sector agropecuario, sin embargo él llega a la presidencia totalmente amarrado, con el apoyo de los diputados del PRD, y dentro de los diputados del PRD está esa tendencia, entonces él es un producto de muchos arreglos, con su partido, con el vicepresidente que prácticamente controla muchas posiciones en el gobierno y con el partido, que además de tener instituciones que prácticamente no responden al Presidente, tienen una cuota de poder muy grande sobre todo en esto del manejo de la pandemia, el ministerio de Salud y en Relaciones Exteriores, así que él es una persona que no ha ejercido el liderazgo que esperábamos y que no se ha sabido zafar de los compromisos que lo llevaron al poder; vuelvo y repito él no ‘un PRD de Tuerca y Torillos’, como se dice, sino que es una persona que dentro del partido es considerado advenedizo y que no tiene la trayectoria de 30, 40 años de estar militando en el partido.

– La otra denuncia que ha surgido es que la lista de los funcionarios y personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, que fueron sancionados en Panamá, desapareció sorpresivamente. ¿Cómo se explica esta situación ahora?

– Sinceramente te digo que no he estado al tanto de esa noticia, no creo que tenga mayor importancia te explico por qué, porque aquí a mi juicio no hay ningún venezolano sancionado, la única persona que ha estado denunciando a Diosdado Cabello, a Tareck El Aissami, por las sociedades que tienen aquí, a los sobrinos de Maduro, a los hijos de Cilia Flores, he sido yo, y sin ningún resultado. A mi juicio en Panamá ha habido alguna convivencia con los sectores corruptos de Venezuela que han depositado dinero, tienen propiedades aquí, porque simplemente son parte de lo que reciben los gobernantes, no solamente en este gobierno sino en el anterior y eso a mi juicio es peligroso porque tu estás permitiendo que en un país como el nuestro que cada día está más expuesto al narcotráfico, a la corrupción, que esos capitales venezolanos continúen aquí corrompiendo, porque si tu para poder actuar tu tienes que tener un testaferro panameño, allí hay una especie de corrupción, así que eso es verdaderamente preocupante. Para mí esas sanciones que nunca se han convertido en algo real, que las quiten o que las pongan no tiene mayor sentido.

– ¿Usted cree que los chavistas, maduristas, la gente de Diosdado, de Tareck El Aissami, etc., siguen utilizando Panamá como una plataforma para lavar dinero y operaciones ilícitas?

– Estoy totalmente convencido de que es así. No ha habido manera de que a través de mis denuncias, porque desafortunadamente como que soy el único que le preocupan esas cosas, que yo pueda lograr que se profundicen las investigaciones sobre este tema. Es una pena que yo lo diga porque es mi país, pero yo estoy seguro de que eso es así, a través de bancos, a través de inmobiliarias, a través de negocios que podrían tener apariencia lícita, definitivamente que sí.

– Y el gobierno está al tanto de que eso está ocurriendo…

– Estoy seguro que sí, cuando Varela era presidente él llegó a decir que había 7 diputados involucrados en actividades ilícitas como drogas, que en eso también han estado los venezolanos. Ayer precisamente mataron a un exdiputado de ese período, lo ajusticiaron y andan en la búsqueda de otro, también de ese período, los dos del partido de gobierno de Cortizo, el PRD, porque andan metidos en esas actividades ilícitas, y en esas actividades también hay dinero venezolano. Aquí, por ejemplo, hay venezolanos que tienen, me imagino que por las conexiones que han forjado, flotas de taxis de 500, 1000 taxis, son negocios que solamente se le permiten a los panameños, pero éstos venezolanos por ese poder y esas relaciones y conexiones que tienen, se les permiten este tipo de actividades no permitidas por la ley, porque quien maneja un taxi debe ser nacional panameño. Mas en Primer Informe

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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