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Panamá

Gobierno panameño renueva contrato de médicos cubanos por casi $400.000

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El Gobierno de Panamá anunció la extensión del contrato de 95 médicos cubanos de los 122 que laboraban en el país, por dos meses más. Los galenos se encuentran apoyando en la lucha contra la pandemia de covid-19, por lo cual el Ministerio de Salud panameño detalló que pagarán a la isla 394.408 dólares por la renovación del acuerdo.

Ante la llegada de nuevas variantes del coronavirus, «con mayor capacidad de infectividad que la cepa original», los directores médicos de la salud de salud pública de Panamá solicitaron «la extensión de la contratación de los médicos extranjeros, para continuar la cobertura de la atención a la población».

Cuba envió a Panamá en diciembre de 2020 unos 230 sanitarios, cuando Panamá sufría la segunda ola del coronavirus Sars-Cov-2. En abril, 108 volvieron a Cuba y se quedaron 122. La estadía adicional de los cubanos también «se concretó» en esa ocasión con una solicitud previa de «directores médicos de varias instituciones de Salud» y se consultó a «sociedades médicas especializadas del país», dijeron las autoridades panameñas.

La presencia de sanitarios cubanos en Panamá ha sido una de las más polémicas de los últimos meses. Además de provocar un fuerte rechazo, como es habitual, entre los profesionales del país, que llegaron a calificar la contratación de ilegal, la misión se topó con la fuerte oposición de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch.

A inicios de abril pasado, llegó a Cuba un grupo de 19 panameños para cursar medicina con becas otorgadas por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La institución, dependiente del Gobierno panameño, gestiona este tipo de ayudas nacionales e internacionales con el fin de formar profesionales que deberán prestar servicio en el país.

En el caso de la beca de Medicina en Cuba, está incluido el costo de la universidad, alimentación, alojamiento y transporte durante los seis años de estudios. A cambio, los beneficiarios se comprometen a desarrollar su carrera profesional en Panamá.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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