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Franklin Amaya Jované, un todopoderoso «abogado de la corrupción» y «La Taquilla» en Panamá

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Franklin Amaya Jované era en 2014 Fiscal Tercero de Circuito de Panamá. En esa época tuvo a su cargo diferentes casos como el de las clonaciones de tarjetas de crédito.

Tan solo un año después, en 2015, Amaya Jované había dejado de ser fiscal y se dedicaba a ejercer el derecho de manera privada.

Amaya fue también Fiscal Tercero Superior del Tercer Distrito Judicial.

Mochilas

Amaya fue quien interpuso ese mismo año (2015) ante el Juzgado Décimoquinto, una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Poulett Morales Montero, sindicada por delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, relacionados a la compra irregular de mochilas por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Para lograr la excarcelación Amaya alego que Morales había sido sometida a intervención quirúrgica y que en el post operatorio habían surgido complicaciones infecciosas y de peligro, acreditando constancias de los médicos tratantes e incluso un dictamen forense de la condición clínica de Poulett Morales.

Poulett Morales

Sin embargo, en 2017 la condición de salud de Morales pareció dar un giro para mejor, pues ya para ese año estaba dedicada a la apertura restaurantes y otros locales comerciales.

Sistema de riego

Amaya también representó al exministro Emilio Kieswetter, liberado en octubre de 2015, tres meses después de haber sido detenido por el escándalo de malos manejos en el fallido sistema de riego de Tonosí. Amaya sostuvo que ese caso lo compartió con el abogado Roderick Arjona desde su nacimiento.

‘Mi hoja de vida es intachable. Trabajé por 18 años en el Ministerio Público, ocho de ellos como fiscal. Jamás he pedido o planteado algo indebido a algún juez o cliente’, aseguró Amaya, antes de cuestionar la credibilidad de su colega abogado Sidney Sittón, el denunciante: ‘Él debe respeto a sus colegas, pero no lo conoce. Siempre se pasa’, indicó.

El exfiscal se refería a las palabras de Sidney Sittón, quien había asegurado poco antes: «Los abogados piden medidas cautelares y se las niegan, pero, inmediatamente, llega «La Taquilla», presenta las mismas solicitudes y se las conceden, o las fiscalías simplemente no apelan». A eso Sittón agregó que por esa gestión «se pagan cientos de miles de dólares».

Caso Odebrecht

En 2017 el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal de Panamá negó una solicitud de fianza de excarcelación presentada por el licenciado Franklin Amaya Jované, abogado del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima Gercich, sindicado por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y contra la administración pública, específicamente corrupción de servidores públicos, hecho denunciado por Alvin Weeden Gamboa, en perjuicio del Estado panameño.

El juez Oscar Carrasquilla fundamentó su decisión en los aspectos vinculantes utilizados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, para ordenar la detención preventiva del imputado, en el que se enfatiza que “el mismo ejerció dentro del período investigado, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, quien es el encargado de salvaguardar la correcta gestión financiera y presupuestaría del Estado, mismo período en el que canceló de forma anticipada compromisos bancarios por un monto aproximado de trecientos treinta y cinco mil balboas (B/. 335,000.00)”.

Valoró un informe elaborado por la Policía de Andorra, y la Banca Privada de Andorra, que indicaron que las sociedades vinculadas a panameños mantenía como cliente a la sociedad registrada en Panamá “Aeon Group”, con la cual señalaron tener un contrato de asociación estratégica y consultoría, cuya sociedad de acuerdo a la información suministrada pertenece al grupo Odebrecht y que sería utilizada para el traspaso de fondos con fines ilícitos.

Agregó el juzgador, que “teniendo en cuenta el cargo que mantenía y a los señalamientos en su contra, se puede suponer que utilizó el mismo para beneficiar licitaciones públicas, así como la expedición de pagos a favor de Odebrecht.

A razón de lo anterior, este Tribunal consideró que existían aspectos de suma relevancia, que pueden suponer que al ser dado el beneficio de fianza de excarcelación al imputado, se puede perjudicar la investigación, ya que él mismo se podría dar a la fuga o destruir información relevante.

Esta investigación inicia con la denuncia presentada por Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015, quien puso en conocimiento a las autoridades que las sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A., Oseal Angola DS, y Odebrecht Servicios No exterior LTD., supuestamente transfirieron millones de dólares a diversas sociedades, las cuales eran utilizadas para pagar coimas y sobornos, a través de bancos suizos y de otros países.

Caso Martinelli (hijos)

El abogado Franklin Amaya Jované tuvo otro revés en 2018, cuando el juez Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá, Oscar Carrasquilla, no aceptó un incidente de nulidad presentado por el jurista, a favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El 12 de octubre de 2018, el Órgano Judicial informó las siguientes decisiones relacionadas al caso Odebrecht en Panamá:

Se le negó un Incidente de Nulidad, en esta oportunidad promovido por el abogado Franklin Amaya Jované, en favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien a su criterio la Fiscalía violó el derecho de defensa al ordenar la reserva del sumario.

Al respecto, el juez estimó que no se observa que la Fiscalía Especial Anticorrupción haya violentado el debido proceso o derecho a la legitima defensa, al aplicar reserva del sumario, ello en base a que la misma busca preservar la integridad de los elementos probatorios, al igual que los bienes vinculados con el proceso, cuya decisión fue debidamente fundamentada y puesto en conocimiento a los imputados y a sus respectivas defensas.

Recordemos que desde febrero del año pasado, los hermanos Martinelli mantienen una alerta internacional de la Interpol.

Vacunación clandestina

El abogado Franklin Amaya Jované también se ha dedicado a la escritura de artículos de opinión, como el publicado el 18 de junio de 2021 en el diario La Estrella de Panamá, en el que defiende la tesis de la estafa como delito válido en el caso de la vacunación clandestina.

Abogado de la corrupción

Vistos la mayoría de los casos en los que Amaya ha participado como defensor, pudiera concluirse que desde su salida de la fiscalía su función ha sido el de una suerte de «abogado de la corrupción».

Pese a insistir muchas veces en tener una trayectoria intachable, testimonios en los corrillos judiciales panameños ubican al abogado como parte supuestamente de una «tribu», «banda» o «taquilla» judicial dedicada a lograr medidas benevolentes para sus defendidos en casos penales escandalosos, del que formarían parte también otros abogados allegados al Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo Salazar, Quiénes hace una década estuvieron en la fiscalía de drogas.

Se trataría, según testimonios, de una «tribu» judicial con mucho poder en Panamá.

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Panamá

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo confirmó que cuatro fiscales superiores fueron enviados de vacaciones, tras una denuncia que interpuso la exministra de Educación, Lucy Molinar por presunta simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales y otros delitos.

Se trata de los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, informó Catherine Perea en Telemetro.

La denuncia guarda relación con supuestas declaraciones del testigo protegido “Euro 14” sobre la investigación realizada del caso Granos del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), que data de 2014.

El Ministerio Público abrió una investigación a raíz de esta denuncia.

Caraballo aclaró que la decisión de enviar a estos fiscales de vacaciones busca facilitar la investigación y no significa un adelanto de criterio respecto a la misma.

“Nosotros frente a la denuncia presentada tenemos que actuar como lo mandata la ley de manera objetiva y transparente, esa transparencia nos llevó a tomar la decisión administrativa de mandar de vacaciones a estos fiscales sin que esto signifique un adelanto de criterio respecto a la investigación penal. Nosotros lo que si consideramos prudente es que mientras se dan los primeras actos de investigación, los fiscales estén gozando de vacaciones”, sostuvo el procurador Javier Caraballo.

Caraballo detalló que los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica y Zuleyka Moore serán reemplazados por los fiscales Anilú Batista, Edwin Juárez y William Granados, respectivamente.

Aseguró que las investigaciones que adelantan estos fiscales no serán afectadas por esta decisión, ya que actúan en conjunto con un grupo de fiscales subalternos.

 

Murgas permanece en el Ministerio Público panameño pese a ser señalado en denuncias de corrupción judicial

Desde el año 2017 han aparecido en internet denuncias que ponen en entredicho la conducta del fiscal especializado en delitos de asociación ilícita, Nahaniel Murgas. Sin embargo el fiscal ha continuado cumpliendo funciones en el Ministerio Público panameño sin que se le haya abierto expediente administrativo disciplinario, ni penal, por todos los señalamientos en su contra.

Con el ascenso presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la figura de Laurentino Cortizo, el fiscal Murgas ha continuado formando parte de la fiscalía panameña, aunque poco se le nombra, después de haber sido de la mayor confianza de la exfiscal Kenia Porcell.

Algunos suponen que el fiscal a logrado tener la bendición del PRD, gracias a elevados padrinazgos dentro del partido y que también contaría con la bendición presidencial, por pasados favores concedidos al mandatario panameño y a miembros de su familia.

La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. Se piensa que algunos de esos premios deberían otorgarse en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

Nahaniel Murgas

En 2017 se conocía que unos años antes, finalizando la mañana del día siguiente de haber prestado declaraciones en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, un ciudadano extranjero, que había sido previamente detenido, fue trasladado nuevamente al despacho del fiscal Murgas, donde le conferirían una medida sustitutiva de libertad, no sin antes haber sido conminado por funcionarios de la fiscalía a desembolsar una “cuota inicial”, que garantizase su puesta en libertad bajo ciertas restricciones.

El detenido fue llevado de regreso a una celda en Ancón, hasta que fuese formalizada la boleta de libertad. La espera previa al traslado se llevó a cabo en otra nauseabunda celda, dentro del edificio Avesa. Horas después llegó la libertad y volvieron por enésima vez a verificar si el procesado tenía antecedentes penales en alguna parte o algún requerimiento por Interpol. En menos de un año se comunicaron seis veces con Interpol, hasta que copias de documentos que reposaban en ficheros de la sede central de Interpol, en Lyon, Francia, permitieron verificar que el encausado no estaba bajo ninguna solicitud. Solo así logró liberarse de más “mordidas”, ya que funcionarios judiciales estaban ideando al parecer la forma de quitarle más coimas o alguna propiedad.

Pero volviendo al tema, el detenido fue sacado del recinto, caminó hasta la calle y tomó un taxi hasta su residencia, donde un conserje le prestó dinero para pagar al chofer, préstamo que luego le reembolsó. Estaba en libertad condicional y apenas comenzaba su pesadilla. Sabía al menos quiénes eran sus “verdugos”. Pese a las circunstancias, volvió a la academia de fútbol de la cual estaba encargado y que decidió mantener abierta.

Esa misma tarde acudió a las prácticas en el glorioso estadio Maracaná, donde inicialmente habían planificado detenerlo, situación que no ocurrió, por la presencia de unos 50 alumnos, provenientes principalmente de las barriadas de Barraza, Chorrillo y Plaza Amador.

Allí había comenzado su desgracia, tras fundar y mantener por casi cinco años la mejor academia de fútbol de todos los tiempos en Panamá, con entrenamientos entre 3 y 5 veces por semana, 12 entrenadores, preparación específica para porteros, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportivo, paramédicos, quinesiólogo, entrenadores certificados por FIFA, porteros y jugadores de primera división y de la selección nacional para entrenar a los porteros y jugadores en formación.

Tenían en su staff entrenadores extranjeros (entre ellos quien fuera suplente de Bufón, el portero de la selección de Italia), un profesor de educación física y entrenadores de la selección nacional, incluso al preparador de porteros de Hernán «El Bolillo» Gómez.

Los instructores eran los mejores porteros de la liga. Ayudaron técnica y financieramente a jugadores profesionales, alumnos de escasos recursos, quienes gozaron de todo; brindaron ayuda para recuperaciones físicas en la única Clínica Deportiva de la ciudad, contribuyeron con vigilantes de Pandeportes que cuidaban el estadio y con entrenadores de la Federación, pagaron viajes al exterior para desarrollar talento nacional, medicinas, alimentación, útiles escolares, etc.

La academia también se integró e hizo una alianza con el Chorrillo FC, que esa temporada se tituló campeón. El procesado fue directivo del glorioso equipo, pero nada de eso valió para nada, ni para funcionarios de inmigración panameños, a pesar que la ley establece reconocer servicios sociales a la comunidad. La familia del encargado de la academia redobló la seguridad de su hijo y contrató a un chofer y un escolta. Después del incidente debieron ser sometidos a tratamiento profesional y medicación, para superar el triste incidente.

El encausado hizo una lista de amigos a los que acudió para solicitar ayuda y poder conversar con alguna autoridad proba de la procuraduría, vicepresidencia o presidencia de Panamá y esto fue lo que sucedió. El primero a quien intentó ubicar fue al famoso cantautor Omar Alfanno, con quien tuvo amistad hace más de 20 años. Nunca obtuvo respuesta a sus muchas comunicaciones. Otro fue el abogado Rolando Mirones, alto dirigente del partido PRD, ex funcionario del gobierno de Martín Torrijos. Quería contratarlo profesionalmente. Su hijo había sido alumno de la academia. A pesar que era vecino del procesado, nunca tuvo tiempo para atenderlo.

Álvaro Alvarado, uno de los más famosos periodistas de Panamá. Su hijo fue alumno de la academia y recibió muchísimas atenciones y apoyo para superar sus discapacidades. Le atendió la llamada una vez, quedó en avisarle para recibirlo en su oficina, sin brindarle luego respuesta. Manuel Barrera, piloto del avión presidencial y allegado del entonces presidente de la Asamblea Nacional «Popi» Varela. Su hijo fue alumno de la academia, donde recibió clases y equipamiento especial gratuito. Con su buena publicidad llegaron Los Gaitanes, pero Barrera nunca ofreció una respuesta de los Varela. Nicolás Liakopulos, heredero de la cadena Niko’s Café, directivo de la Federación Panameña de Fútbol, propietario millonario de dos hoteles 5 estrellas en Ciudad de Panamá. Nunca pudo poner en contacto al encausado con el diputado panameñista «‘Beby» Valderrama. Le negó conocerlo, a pesar que se lo había presentado en una celebración en uno de sus hoteles.

Eloy Alfaro de Alba, ex funcionario del servicio exterior, alto vocero del partido PRD y vecino del encargado de la academia. Nunca obtuvo respuesta de su clamor. En el trayecto, el enjuiciado aprendió sobre el desarrollo humano de los panameños, la xenofobia, complejos y poca colaboración de la cerrada sociedad y de algunos gobernantes, quienes poco ayudan a los demás y menos cuando se trata de víctimas de la corrupción judicial. Luego ampliaremos este relato y los resultados que tuvo el enjuiciado al contratar a Guillermina McDonald, una de las mejores abogadas de Panamá.

Caras de pesar y sorpresa se habrían manifestado, cuando jueces y secretarios de los tribunales penales de Ciudad de Panamá escucharan el testimonio del ciudadano del cual subalternos del Fiscal Nahaniel Murgas, en su despacho, se aprovecharon económicamente. La víctima, a quien hicieron ver cómo victimario, fue enjuiciado y condenado luego de pagar unos 30 mil dólares, tras lo cual fue sometido a atropellos y su causa pasó de un despacho penal a otro. La fiscalía se opuso a cualquier solicitud procesal para ponerle fin a su caso.

Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos.

Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, el procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ.

Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se conocen comúnmente los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas.

La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar.

Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias.

Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no era querido. Su hijo menor de edad y el procesado debieron estar durante meses bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá, género odios, venganzas y vilezas.

Durante seis o siete meses estuvo el procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar.

Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo.

Durante más de 30 meses, la familia debió pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les pagó el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del hoy presidente Laurentino Cortizo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta.

El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de la ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas.

La corrupción se ha enquistado en el sistema judicial panameño, más que en otros de Centroamérica, algo que se agrava con el hecho que subalternos de la fiscalía antipandillas se aprovechan de imputados e investigados para meter no una, sino las dos manos en sus bolsillos, y con esto no privarlos de su libertad, lo cual no deja la mejor impresión en torno a las funciones de la fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En el inicio de su calvario, el procesado estuvo casi tres horas rindiendo declaraciones en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas. El meollo del asunto fue que una academia de fútbol, legalmente constituida y registrada, celebró un contrato con el centro deportivo Gol de Oro, donde uno de los socios es el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino Cortizo, y también, entre otros socios, Pedro Boyd, representante de la marca Nike en Panamá.

El posteriormente encausado no tenía cualidad alguna en dicha empresa, por no ser socio, accionista, representante o empleado. El presidente de la empresa, residente en Miami, celebró un contrato con Gol de Oro y esta última, de manera unilateral, decidió aumentarlo al doble. Sin embargo, y a pesar del inconsulto aumento, la academia de fútbol, perteneciente al suegro del procesado, pagó casi todo el monto.

El problema se presentó con el saldo final. Henríquez Portuondo reclamaba más de 2 mil dólares, aunque en las cuentas de la academia que celebró el contrato con Gol de Oro, la deuda era de sólo 1 mil. Desde ese momento el procesado fue amenazado, asediado e insultado por vía telefónica, cuando se negó a pagar en esas condiciones. Le colocaron fecha y le juraron que si no cumplía con el pago establecido lo lamentaría. Fue entonces cuando allanaron el apartamento donde el procesado residía.

El contrato original fue consignado ante un tribunal, pero ni éste ni la fiscalía lo valoraron. El procesado era acusado por una supuesta extorsión, de la cual, por el contrario, era quizás víctima. El encausado, a quien juraron “acabar”, fue embestido por el avasallador poder de Laurentino “Nito” Cortizo.

Al procesado también trataron de imputarlo por unas supuestas “amenazas de muerte” que nunca realizó. Para los acusadores no importaba el daño psicológico y la ruptura familiar causada. La noche luego de su declaración fue regresado a dormir en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El fiscal consideraría si era viable concederle un beneficio cautelar procesal, para el cual funcionarios de la fiscalía le habían pedido una “cuota inicial” en coimas. No le permitieron ni cambiarse la ropa, pese a que personas acusadas de homicidio, corrupción o narcotráfico, llegaban vestidos de saco.

A muchos les colocan país por cárcel, pero en el caso de ese procesado fue ciudad por cárcel. Mientras que los delincuentes más peligrosos se presentaban mensualmente en el tribunal, el investigado fue obligado a hacerlo semanalmente. Todo producto de un caso en donde la corrupción judicial jugó un papel importante.

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Oficial de la Policía Nacional de Panamá protagonizó altercado con vecinos al intentar ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial

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Un funcionario de la Policía Nacional de Panamá protagonizó un altercado con varios ciudadanos, que fue registrado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

El funcionario, quien fue identificado como el oficial Betancourt, intentó ingresar con arma en mano a una propiedad privada en Calle Central, mientras discutía con residentes de la zona, generándose una tensa discusión.

 

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Futbolista Adonis Villanueva falleció tras ser intervenido por isquemia cerebral luego de entrenamientos con el Club Deportivo del Este

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El jugador del Club Deportivo del Este del fútbol panameño Adonis Villanueva falleció el lunes 22 de noviembre tras sufrir una isquemia cerebral en días pasados, informó el club en sus redes sociales.

«Gracias por tantas alegrías, Te extrañaremos, mago», posteó el club panameño en sus redes sociales, luego de informar del fallecimiento del jugador, de 27 años, informó EFE.

En la esquela mostrada, el Club destacó sus «más sinceras condolencias a sus familiares y amigos ante esta inesperada partida».

Juan Pablo Serrano, directivo del club panameño, en unas declaraciones a los medios panameño señaló que Villanueva comenzó a sentir síntomas de isquemia, cuando descansaba en su casa.

En medios locales, se informó también que Villanueva fue intervenido quirúrgicamente producto de la isquemia, el pasado jueves.

«Él estuvo entrenando con el equipo normalmente, ya cuando estaba en casa, comenzó a sentirse mal», precisó Serrano a Tv-Max canal 9.

Otros clubes de la liga panameña así como la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) lamentaron el fallecimiento del jugador.

Villanueva actualmente jugaba para el Club Deportivo del Este, pero en su carrera militó en clubes como Río Abajo, Chepo F.C., Sporting San Miguelito y Alianza F.C.

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