Franklin Amaya Jované era en 2014 Fiscal Tercero de Circuito de Panamá. En esa época tuvo a su cargo diferentes casos como el de las clonaciones de tarjetas de crédito.

Tan solo un año después, en 2015, Amaya Jované había dejado de ser fiscal y se dedicaba a ejercer el derecho de manera privada.

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Amaya fue también Fiscal Tercero Superior del Tercer Distrito Judicial.

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Mochilas

Amaya fue quien interpuso ese mismo año (2015) ante el Juzgado Décimoquinto, una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Poulett Morales Montero, sindicada por delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, relacionados a la compra irregular de mochilas por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Para lograr la excarcelación Amaya alego que Morales había sido sometida a intervención quirúrgica y que en el post operatorio habían surgido complicaciones infecciosas y de peligro, acreditando constancias de los médicos tratantes e incluso un dictamen forense de la condición clínica de Poulett Morales.

Poulett Morales

Sin embargo, en 2017 la condición de salud de Morales pareció dar un giro para mejor, pues ya para ese año estaba dedicada a la apertura restaurantes y otros locales comerciales.

Oye, ¿Poulett Morales no se estaba dizque muriendo? Salió libre y se pasa modelando y abriendo locales. Y ahora OTRO restaurante. ¿Justicia?

— Flor Mizrachi (@flormizrachi) August 3, 2017

Sistema de riego

Amaya también representó al exministro Emilio Kieswetter, liberado en octubre de 2015, tres meses después de haber sido detenido por el escándalo de malos manejos en el fallido sistema de riego de Tonosí. Amaya sostuvo que ese caso lo compartió con el abogado Roderick Arjona desde su nacimiento.

‘Mi hoja de vida es intachable. Trabajé por 18 años en el Ministerio Público, ocho de ellos como fiscal. Jamás he pedido o planteado algo indebido a algún juez o cliente’, aseguró Amaya, antes de cuestionar la credibilidad de su colega abogado Sidney Sittón, el denunciante: ‘Él debe respeto a sus colegas, pero no lo conoce. Siempre se pasa’, indicó.

El exfiscal se refería a las palabras de Sidney Sittón, quien había asegurado poco antes: «Los abogados piden medidas cautelares y se las niegan, pero, inmediatamente, llega «La Taquilla», presenta las mismas solicitudes y se las conceden, o las fiscalías simplemente no apelan». A eso Sittón agregó que por esa gestión «se pagan cientos de miles de dólares».

Caso Odebrecht

En 2017 el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal de Panamá negó una solicitud de fianza de excarcelación presentada por el licenciado Franklin Amaya Jované, abogado del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima Gercich, sindicado por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y contra la administración pública, específicamente corrupción de servidores públicos, hecho denunciado por Alvin Weeden Gamboa, en perjuicio del Estado panameño.

El juez Oscar Carrasquilla fundamentó su decisión en los aspectos vinculantes utilizados por la Fiscalía Especial Anticorrupción, para ordenar la detención preventiva del imputado, en el que se enfatiza que “el mismo ejerció dentro del período investigado, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, quien es el encargado de salvaguardar la correcta gestión financiera y presupuestaría del Estado, mismo período en el que canceló de forma anticipada compromisos bancarios por un monto aproximado de trecientos treinta y cinco mil balboas (B/. 335,000.00)”.

Valoró un informe elaborado por la Policía de Andorra, y la Banca Privada de Andorra, que indicaron que las sociedades vinculadas a panameños mantenía como cliente a la sociedad registrada en Panamá “Aeon Group”, con la cual señalaron tener un contrato de asociación estratégica y consultoría, cuya sociedad de acuerdo a la información suministrada pertenece al grupo Odebrecht y que sería utilizada para el traspaso de fondos con fines ilícitos.

Agregó el juzgador, que “teniendo en cuenta el cargo que mantenía y a los señalamientos en su contra, se puede suponer que utilizó el mismo para beneficiar licitaciones públicas, así como la expedición de pagos a favor de Odebrecht.

A razón de lo anterior, este Tribunal consideró que existían aspectos de suma relevancia, que pueden suponer que al ser dado el beneficio de fianza de excarcelación al imputado, se puede perjudicar la investigación, ya que él mismo se podría dar a la fuga o destruir información relevante.

Esta investigación inicia con la denuncia presentada por Alvin Weeden el 18 de septiembre de 2015, quien puso en conocimiento a las autoridades que las sociedades Constructora Norberto Odebrecht S.A., Oseal Angola DS, y Odebrecht Servicios No exterior LTD., supuestamente transfirieron millones de dólares a diversas sociedades, las cuales eran utilizadas para pagar coimas y sobornos, a través de bancos suizos y de otros países.

Caso Martinelli (hijos)

El abogado Franklin Amaya Jované tuvo otro revés en 2018, cuando el juez Décimo Segundo de Circuito Penal de Panamá, Oscar Carrasquilla, no aceptó un incidente de nulidad presentado por el jurista, a favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares.

El 12 de octubre de 2018, el Órgano Judicial informó las siguientes decisiones relacionadas al caso Odebrecht en Panamá:

Se le negó un Incidente de Nulidad, en esta oportunidad promovido por el abogado Franklin Amaya Jované, en favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien a su criterio la Fiscalía violó el derecho de defensa al ordenar la reserva del sumario.

Al respecto, el juez estimó que no se observa que la Fiscalía Especial Anticorrupción haya violentado el debido proceso o derecho a la legitima defensa, al aplicar reserva del sumario, ello en base a que la misma busca preservar la integridad de los elementos probatorios, al igual que los bienes vinculados con el proceso, cuya decisión fue debidamente fundamentada y puesto en conocimiento a los imputados y a sus respectivas defensas.

Recordemos que desde febrero del año pasado, los hermanos Martinelli mantienen una alerta internacional de la Interpol.

Vacunación clandestina

El abogado Franklin Amaya Jované también se ha dedicado a la escritura de artículos de opinión, como el publicado el 18 de junio de 2021 en el diario La Estrella de Panamá, en el que defiende la tesis de la estafa como delito válido en el caso de la vacunación clandestina.

Abogado de la corrupción

Vistos la mayoría de los casos en los que Amaya ha participado como defensor, pudiera concluirse que desde su salida de la fiscalía su función ha sido el de una suerte de «abogado de la corrupción».

Pese a insistir muchas veces en tener una trayectoria intachable, testimonios en los corrillos judiciales panameños ubican al abogado como parte supuestamente de una «tribu», «banda» o «taquilla» judicial dedicada a lograr medidas benevolentes para sus defendidos en casos penales escandalosos, del que formarían parte también otros abogados allegados al Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo Salazar, Quiénes hace una década estuvieron en la fiscalía de drogas.

Se trataría, según testimonios, de una «tribu» judicial con mucho poder en Panamá.

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