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Panamá

Flor Mizrachi: Ya dejen abrir a la gente

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Por Flor Mizrachi | Eco Tv

Panamá, 28 de enero de 2021.

Aquí las glosas de hoy.

ODIO. Ayer se conmemoró el día de la memoria del Holocausto, fecha que hasta el Papa pidió recordar porque, en sus palabras, eso puede volver a ocurrir. Un día no solo para recordar, sino para alzar la voz contra el odio, la discriminación, la violencia y la intolerancia. Porque así empezó eso, contra minorías y personas distintas. Y miren cómo acabó.

SIN LUZ. Asep levantó la medida que impedía los cortes de energía. Ahora sí viene la cosa. Los que no se han dado cuenta de lo mal que estamos, lo sabrán cuando le corten la luz por no haberla podido pagar en 10 meses. Ya verán.

TRAGEDIA. La Cámara de Comercio confirmó que la cuarentena de la primera quincena del año, o sea solo esta última cuarentena, causó una afectación de mil millones en pérdida de actividad comercial. La cifra es escandalosa. ¿Cuántos millones de pérdida más necesitamos para entender que este no es el camino? Por otro lado, ¿cuántos millones de pérdida hubieran sido si a los empresarios les hubieran dado los préstamos blandos y los incentivos fiscales que prometieron? No quisiera ni imaginar qué sería de este país sin el Canal.

CORONA. Sobre La Fragata, yo quiero destacar varias cosas. Primero la competencia desleal y la injusticia con los otros restaurantes que sí están cumpliendo y que o ya quebraron o no van a poder volver a abrir. La medida y las fechas de apertura son descabelladas, sin sustento y yo abogo porque las cambien, pero mientras existan las normas, tienen que ser para todos. No solo para los que no tienen contactos. Dos, la reincidencia de este lugar y de Buko Market es consecuencia de la impunidad. Una multa como Dios manda no les hubiera dejado ganas de volver a abrir y menos tan vulgarmente. Tres, la frase esa de “llama a los SPI” que profirió el encargado del lugar. O había alguien de peso adentro o el dueño tiene pull a ese nivel. Eso es otro nivel de impunidad. Y por último, ojalá el gobierno escuche el clamor de los restauranteros. O más simple, ojalá el gobierno escuche. A alguien. A algún afectado. No pueden seguir tomando decisiones ellos, solos, sin escuchar a los que pagan las consecuencias. Su incapacidad nos está llevando a la ruina, mientras ellos siguen cobrando hasta el último centavo de su salario. No puede ser. Hoy hay conferencia de prensa. Aunque sea con el objetivo de no cerrar a los comercios amigos, ojalá anuncien que todos pueden abrir. Con medidas, pero que ya los dejen abrir. ¿O prefieren que se concrete lo que tantos vienen diciendo que harán, que es abrir todos a la vez y listo? Dense cuenta, dense cuenta que la impunidad empodera no solo a los que incumplen, sino a todos. ¿O no ven cada vez más ciudadanos rompiendo las reglas o pensando en romperlas?

INVESTIGACIONES. Sobre ese tema, quiero recalcar que hay otros restaurantes en la mira por incumplir las medidas. Y otra vez recuerdo que no nos han mostrado el resultado de ninguna de las investigaciones que han abierto, si es que las abrieron. Ni las de los policías arbitrarios ni la de ninguna de las violaciones a las medidas sanitarias. Y bueno, como tampoco nos han compartido el plan económico y el de seguridad, ni muchos de los gastos que hacen. Un poco de respeto a los ciudadanos que les pagan el salario no les vendría mal.

CAPRICHOS. Volviendo a los restaurantes, ojalá hoy en la conferencia expliquen las medidas que deberán cumplir y reconsideren eso de las mamparas. Primero porque son carísimas, y segundo porque no tiene ningún fundamento científico. Definan lo que funciona y listo. Pero los caprichos, los caprichos son los que desesperan.

INCOMPETENCIA. Lo mismo aplica con el cierre los fines de semana de las playas en Colón, la estocada final al turismo, y las playas en el país, que no podemos olvidar que por decreto están abiertas pero que están legislando con un comunicado que dice lo contrario y obligaron a Sinaproc a poner banderas rojas cuando estas solo se ponen para incidentes climatológicos. A casi 11 meses de pandemia, en verdad tanta incapacidad es intolerable. De tumbo en tumbo es un piropo. No podemos seguir así. Miren al director regional de Salud de Colón diciendo que se puede ir a los hoteles de Colón pero no entrar a la playa. ¿Así cómo podemos competir con Costa Rica? Eso es como poder ir al teatro pero no poder entrar a la obra. O ir al súper sin poder ir al pasillo de la carne. O ir a una pizzería pero no poder pedir pizza. Hay que tener talento para enredar tanto todo.

PECHUGONERÍA. Entonces sale el ministro de Salud a invitar a los jóvenes influencers a sumarse a la campaña de concienciación sobre las medidas de seguridad, pues. La mejor concienciación la pueden lograr ellos mismos, asegurándole a todos los panameños los mecanismos para poder cumplir las medidas. Agua para que todos se puedan lavar las manos, opciones en el transporte para que no tengan que aglomerarse, y comida para que no tengan que salir de sus casas. Cómodos, tirándoles su responsabilidad a otros. Y sin pagarles además. Ah y dice el ministro que la miss Panamá para Miss Mundo se ha unido desinteresadamente a la campaña de conscienciacion. ¿Desinteresadamente con la mamá nombrada? Por favor.

DESOCUPE. ¿Sí vieron el proyecto que presentó Hernán Delgado (y ya fue prohijado) para que todos los productos de manufactura nacional tengan obligatoriamente que tener impresa la frase Orgullosamente panameño? Otro gasto adicional para los empresarios. Más costos para un proceso adicional que va a encarecer el producto, haciéndolo menos competitivo contra el importado. Distingámonos por ser buenos, no por un sticker. Además eso tiene que nacer, no tiene que ser obligatorio. ¿No tienen nada mejor que hacer? Pasen el reglamento interno sin goles, pasen los proyectos anticorrupción, el que le iba a rebajar el salario a los funcionarios. Pero no. No les da.

SALUDITOS. Y los saluditos van para Pachi Cárdenas, que es declaración inoportuna tras declaración inoportuna. Ahora dice que si es cierto el desgreño administrativo del Seguro y del programa de invalidez vejez y muerte, todos los involucrados de los dos últimos gobiernos deben ser sancionados. Claro, el desgreño ni pasó con el gobierno de Torrijos y en este gobierno ya lo arreglaron. Patética y burda la selectividad.

Y otro saludito para el Inadeh, que firmó con el MEF un préstamo que quedó aprobado en mayo del 2019, y firmado con el Mef y por el Consejo de Gabinete además. Aunque si reinauguran obras, esto no es raro.

Ah, y lectura recomendada para hoy. Las memorias anuales del Mides y del Mop. Información de la ayuda solidaria y del hospital modular. Para deleitarse… o indignarse.

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Panamá

El comercio informal alcanza cifras record en Panamá durante la pandemia

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La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

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Panamá

Denuncian falta de independencia judicial en tribunales de Panamá tras cambio repentino de jueces en proceso contra Martinelli

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«No es normal, es inconstitucional y va en contra de las normas y convenios internacionales firmados por Panamá en materia de Derechos Humanos», calificó el abogado penalista, Sidney Sittón, el cambio de jueces repentino para el segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos.

Sittón añadió que es la primera vez que conoce de un cambio como este en Panamá.

«Hay un principio, usted tiene un juez natural, que es la persona que lo va a usted a juzgar y no puede ser que existiendo un Tribunal de Juicio, a pocas horas decida cambiarse el mismo, ¿en razón de qué? ¿por qué?, no han dado una explicación, ni la podrán dar, porque es un tema inconstitucional y que atenta contra las garantías constitucionales y es un tema que atenta también contra las reglas y principio del sistema adversarial y en consecuencia debe darse una explicación», dijo, según Panamá América.

El jurista defensor indicó que a su juicio solo un ente como la Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho un acto como este o haberlo permitido. «Esto que se dio no es casual, en la vida las casualidades no existen», subrayó.

Añadió que el daño que se causa es incalculable porque nunca había existido un cambio «abrupto» y «atípico» como el que se ha dado con los jueces que tienen que conocer este caso, y eso es lo «censurable».

«La Corte Suprema de Justicia debe dar un paso al frente y explicar qué es lo que ha sucedido y que no nos venga con ese cuento de que cada juez tiene independencia en el desempeño de sus funciones, vamos a partir del hecho que ningún juez de la República llegó al cargo en atención a un concurso de oposición a méritos, todos llegaron por la puerta de la cocina de a dedo, esa es la verdad y por eso no existe independencia judicial», expresó.

Frente a esto, Sittón señaló que ningún ente internacional puede tomar en serio a la República de Panamá, «sabiendo que sus jueces y fiscales fueron nombrados de a dedo».’

«Nadie lo respeta, en el contexto internacional, cuando usted va a una argumentación o a un debate y dice Panamá, todo el mundo sabe, es un Estado salvaje, un Estado donde jueces y fiscales llegan de a dedo llegaron simplemente porque pegaron papeletas en la campaña política o porque simplemente son amigos, familiares o personas que le hacen favores a quienes los ponen en esos cargos, y es la triste realidad de nuestro sistema de justicia «, explicó.

Ante lo que ha sucedido, el jurista Sittón enfatizó que es evidente que se está ante una afectación de derechos en cuanto a este cambio repentino de jueces.

«Esta situación que se ha dado viola el derecho a defensa, el debido proceso legal y la estricta legalidad, y lo ha hecho la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la cual también responde a los magistrados, recuerden que allí todo el mundo llega de a dedo y ese es el problema que hay», puntualizó Sittón.

De forma clara, el penalista dijo que frente a los concursos que se dice que se van a ser, «los jueces están en pánico, están temblando y no es extraño que algunos de ellos piense que si se cuadran, como se dice en buen panameño, piensan que van a tener el beneplácito para quedarse en el puesto, pero yo creo que es lo contrario».

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, señaló que «en Panamá se pasan por las vestiduras un tribunal previamente establecido», aludiendo al caso de Martinelli.

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Panamá

Ministerio Público de Costa Rica solicitó prisión preventiva para empresarios y funcionarios públicos por el «Caso Cochinilla»

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El Ministerio Público de Costa Rica informó el viernes 18 de junio que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como Caso Cochinilla, informaron agencias.

La solicitud de prisión preventiva incluye a empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más fuertes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís. Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años. También requirieron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.

Asimismo, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.

«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 15 de junio y continua, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días, mientras que quienes están bajo sospecha permanecen en detención.

El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

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