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Panamá

Flor Mizrachi: ¿Qué les corre por las venas?

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Por Flor Mizrachi | Eco Tv

Panamá, 26 de febrero de 2021.

CRIMEN. Mientras el país está indignado y protestando en la calle por los crímenes contra los niños bajo el amparo del Senniaf, la Asamblea modificó por iniciativa de Corina Cano y Zulay Rodríguez la ley de adopciones, para que las niñas violadas estén obligadas a parir. O sea, para que se conviertan en vientres de alquiler. Pese a los riesgos, pese a cuerpos no listos, pese a todo. Y luego abandonarlas a su suerte. Y la entidad encargada de darle el seguimiento es… nada menos que el Senniaf. De verdad, ¿qué les pasa por las venas? ¿Hasta dónde la crueldad? Lo que deberían es dar educa sexual y endurecer las penas de los violadores pero no, seguimos castigando a la niña. ¿Este era el objetivo de sacar el informe del Senniaf, impulsar la agenda fundamentalista? ¿Cuánto daño más le vamos a hacer a nuestras niñas?

EGOS. Rómulo Roux volvió a repetir ayer que los políticos tienen que deponer sus intereses y buscar las firmas para llamar a una constituyente, algo que por cierto él no apoyaba en la campaña. Todos los opositores se la pasan repitiendo eso de unirse y de la constituyente. ¿Por qué no actúan entonces? ¿Por qué no deponen sus egos y se sientan de frente a este país que no tiene líderes? ¿Porque todos quieren ser la cabeza? ¿Cómo a estas alturas no se han sentado a decir que a pesar de que tienen posiciones distintas, se unen porque este país ya no tiene de otra? ¿Qué más tiene que pasar para que despierten y ayuden a la población a despertar? No sean tan egoístas, hombre.

SILENCIO. Lo otro es el silencio del presidente de la República. ¿Cómo es posible que renuncie el procurador de la Nación y él no diga una palabra? ¿Cómo es posible que sigan las teorías, una más grave que la otra, y él no diga absolutamente nada? Sea cual sea el motivo, el silencio no es justificable. No es presentable. ¿Cómo es posible que no ha vuelto a decir nada, nada, de los albergues, el escándalo más grande de este país en los últimos años? Estos silencios, cada vez más frecuentes y largos, son al menos irresponsables. Tenga carácter presidente, usted es el presidente, no puede seguir mirando para otro lado. ¿O usted también está maniatado? Es realmente preocupante. Lo otro es, ¿a quién nombrará ahora? ¿A alguien que de verdad sea valiente y se atreva a acabar con la impunidad en la que terminan la gran mayoría de los casos? ¿Alguien para que no pase nada? ¿O dejará a Caraballo, que tiene el visto bueno de la embajada? Otra prueba de fuego. Quizá la más importante de su gobierno.

FUMÍGUENLOS. Ayer, otra vez, cerraron el Parque Omar por fumigación. Ayer. No son capaces ni de reprogramar eso para el sábado o el domingo, días en los que la gente no puede salir… Hay que ser muy muy… para tener tan pero tan poco sentido común.

XENOFOBIA. Zulay Rodríguez volvió a activarse contra los extranjeros. Ahora dice que modificarán la ley que le permite a los extranjeros entrar al país con 500 dólares, porque ese moneo debe ser 3 mil dólares y además firmar un documento jurado de salida para no ser expulsado. ¿Para qué sirve la tarjeta de crédito entonces? ¿Hasta cuándo la xenofobia constante y flagrante, y el incumplimiento de los convenios internacionales? Este capricho terminará de hundir al turismo. Más allá, ¿estamos los panameños dispuestos a que nos apliquen la ley de la reciprocidad en los demás países?

JUEGA VIVO. Cada vez son más los personajes vacunandose o por vacunarse sin ser de la primera línea. Ahora son Patacón Ortega, sí, el que cobraba doble salario, y Benicio Robinson, ambos en la lista de los bomberos como tenientes coroneles. Ya salió Benicio a decir que él sí es bombero, pero no ha sido vacunado. Que no ha sido vacunado, no que no lo iban a vacunar por estar en esa lista. En todo caso, los bomberos honorarios no deberían ser vacunados en esta fase. En todo caso, solo deberían vacunarse los que son miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Igual que en los otros estamentos de seguridad. ¿Hasta cuándo la viveza? Bueno, hasta que haya consecuencias.

BOMBEROS HONORARIOS. Lo otro es que cada vez nombran más bomberos honorarios. A cualquiera con plata y ganas de figurar y uniformarse lo nombran bombero honorario. Qué poco respeto por la entidad y por los que sí trabajan.

LISTAS. Gafi mantuvo a Panamá en su lista sancionatoria, porque seguimos teniendo deficiencias en el régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo. ¿De verdad alguien esperaba que nos sacaran? ¿Ya sacamos la Uaf de la Presidencia? ¿Ya tenemos condenas significativas para los casos de alto perfil? Quitémonos la banda del nacionalismo. Concretamente, ¿qué hicimos? Entonces, ¿qué esperamos?

SALUDITOS. Y los saluditos van para el señor Carlos Aguilar, para que sepa que todavía me acuerdo de usted. ¿Dónde está la lista de los comunicadores contratados? Que no se nos olvide.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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