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Panamá

Flor Mizrachi: La vara es baja. La expectativa, alta

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Por Flor Mizrachi | Eco Tv

Panamá, 26 de enero de 2021.

Aquí las glosas de hoy.

POLICÍA. Cortizo designó en la Policía a Gabriel Medina, policía abogado. Como Miranda. Ojalá, a diferencia de él, en los dos años que le quedan (porque tiene 28 años de servicio y a los 30 se jubilan) ponga en práctica el término derechos humanos, haga que las investigaciones terminen en algo y pueda bajar la criminalidad dirigiendo los esfuerzos a eso y no a atocigar ciudadanos. La vara es baja pero las expectativas altas. Ojalá lo haga bien. Y rinda cuentas, no como Miranda.

ABUSOS. Ayer mismo hubo otro abuso policial. Otra vez con un perro. ¿Cuántos casos más tienen que darse, cuántas investigaciones tienen que abrir, para que veamos un cambio y certeza del castigo?

CONSERVADORA. Panamá postuló a Ana Matilde Gómez para jueza de la CIDH. No entendí. Ella es mega conservadora. Más allá, fue condenada. La Constitución artículo 205, le prohíbe ser magistrada. Y el artículo 52 de la Convención dice que la persona debe cumplir los requisitos exigidos para la más alta función judicial en su país. ¿En teoría no podría ser jueza allá entonces? Ojalá la canciller, la nominada o alguno de los miles de asesores que pagamos, lo explique.

CONTRADICCIONES. Las autoridades siguen metiéndonos cuento con la aplicación del primer lote de vacunas. Es como si cada uno hablara de un país distinto. Por un lado, Lau dijo que hizo una auditoría y no encontraron ni una irregularidad. Eyra Ruiz, igual. Luego sale la vice de Salud confirmando que gente que en efecto no estaba en la primera línea se la puso, cosa que Cortizo dijo que lo disgustó fuertemente (o sea que sí pasó). Y luego, Pachi Cárdenas detalló que fueron 13, pero que no los sancionarán porque igual iban a tener que vacunarlos después. ¿Ah? Lo dicho: no iban ni a botar ni a sancionar a ninguno de los juega vivos, como inicialmente anunciaron. Eso quedó en palabras para calmar la natural indignación colectiva, como todo. Esa impunidad solo empoderará a otros juega vivos en el próximo lote. Esto se arreglaría publicando la lista de los vacunados. Sería la única vacuna contra la molestia general. Pero no. No presionamos lo suficiente, así que ellos aprovechan eso y siguen haciendo de las suyas.

A LA LIBRE. Me quedé pensando en Alfredo Oranges, embajador en México, que tramita la donación de 50 mil vacunas rusas para aplicarlas aquí. ¿Cómo entra eso en el plan de vacunación aquí, donde ni se ha mencionado esa vacuna porque por norma Panamá no aprueba medicamentos que no hayan pasado el filtro de FDA o EMA? ¿Y gratis? Eso no existe. ¿A cambio de qué serán esas vacunas? ¿Son las mismas que anunció Crispiano, que no tiene por qué anunciar eso? Por otro lado, ¿ahora los embajadores hacen eso? ¿Aquí cada embajador va por la libre? ¿Entonces mañana el embajador en China consigue la vacuna china, y así?

VACUNAS. Otra cosa sobre las vacunas. Cada vial de Pfizer trae seis dosis. Las cinco primeras salen con jeringas normales. Estándares. La sexta solo sale con una jeringa que se llama “de bajo espacio muerto”. ¿Ya las compramos, para poder vacunar a más personas? A ver si nos cuentan eso y a quién le compraron las jeringas y a cuánto.

AUSENTES. A mí me parece sorprendente la ausencia del contralor y de Alexander. Dos personajes clave que no se oyen hace meses. Solís, por cuyo despacho pasan todos los escándalos. Y Alexander, que debe explicaciones de las planillas, de los préstamos, la deuda, el plan. Como si no fuera con ellos… ¿Cómo es posible que nadie dé explicaciones de nada? Peor aún, ¿cómo nos dejamos? Alexander, la canciller y el ministro de Salud fueron citados por la Asamblea para rendir cuentas, pero al parecer la citación fue todo un show, porque la Asamblea no entregó las citaciones a los ministros. Eso lo maneja el secretario general, Quibian Panay. ¿Por qué no ha enviado eso? Otra pregunta que no responderán.

MEDIOCRES. Ustedes pueden creer que ahora el gobierno decidió cerrar las playas en Colón los fines de semana? Por los turros que fueron este fin a aglomerarse. Multenlos a ellos y ya. ¿Pero por qué seguir afectando a todos y al poco turismo que hay? Todo lo que no pueden controlar lo cierran. Increíble cómo solo saben abrir o cerrar. Somos el hazme reír del mundo.

NEBULIZACIÓN. El Tránsito organizó una nebulización gratis para taxis y carros particulares en la cinta costera, para ayudar a evitar la propagación del virus. Buena iniciativa. Mi pregunta es qué tan efectiva es esa nebulización, y el costo. Porque estamos claros que eso será gratis para los usuarios, pero eso ya nos costó a nosotros, ¿no?

FOUL. El Municipio sigue dando de qué hablar, pero igual que el Parlacen, siempre para mal. Ahora se trata de las cámaras de videovigilancia. Resulta que hay más de 50 dañadas (las que están en las zonas rojas, claro) y suspendieron el contrato de mantenimiento, así que nada, están dejando morir eso que ayudaba a desarticular carteristas. Ese alcalde… ¿Para eso es que quería ser alcalde?

DENUNCIA. Ah y hablando de la alcaldía, un funcionario de la Alcaldía, el director de Legal encargado, denunció al suplente a Diputado Albis Camarena por el supuesto delito de corrupción de funcionarios públicos. Por intentar, supuestamente, favorecer a una empresa que él representa, a punta de cash. Les digo, no hay noticia positiva que salga de estas entidades.

JUGARRETA. Veo poca indignación por el fallo de la Corte que impidió la indagatoria de Juan Carlos Espinosa en el caso Odebrecht. La Corte se demoró dos años enteros en resolver el amparo, y eso favorece a Espinosa, cuya declaración hubiera podido involucrar en la investigación a un CD que ha pasado agachado. Espinosa tuvo fuero porque fue secretario de la comisión de elecciones internas de CD. Y ahora, por cortesía de la Corte su declaración no podrá incluirse en la vista fiscal. El fuero, de nuevo el fuero. En la Comisión de Reformas Electorales hay una propuesta para eliminar eso. Que la aprueben ahí, en gabinete y en la Asamblea… eso es lo que tenemos que presionar para que pase.

SALUDITOS. Y los saluditos van para el Ifarhu. Siguen las quejas por las becas. ¿Qué indicadores están evaluando? Lo mismo: publiquen los seleccionados y sus promedios…

Otros saluditos bien especiales para el Seguro, a ver si después de explicar el no pago de la licencia de gravidez a mujeres que llevan años cotizando pero que fueron suspendidas de sus trabajos por la pandemia, nos dicen por qué no han presentado la denuncia de los guantes robados, por qué se suspendió la entrega de medicinas a domicilio a los adultos mayores y cómo justifican el hacinamiento en el call center de El Dorado. Demasiados escándalos para una sola institución.

Y unos saluditos positivos para Bolota, que dice que en el 2024 se dedicará a ser rapero profesional. Diputado, los sueños no se dejan para tan después. Acelere ese. Deje la curul y cante reggaeton si quiere.

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Panamá

El comercio informal alcanza cifras record en Panamá durante la pandemia

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La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

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Panamá

Denuncian falta de independencia judicial en tribunales de Panamá tras cambio repentino de jueces en proceso contra Martinelli

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«No es normal, es inconstitucional y va en contra de las normas y convenios internacionales firmados por Panamá en materia de Derechos Humanos», calificó el abogado penalista, Sidney Sittón, el cambio de jueces repentino para el segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos.

Sittón añadió que es la primera vez que conoce de un cambio como este en Panamá.

«Hay un principio, usted tiene un juez natural, que es la persona que lo va a usted a juzgar y no puede ser que existiendo un Tribunal de Juicio, a pocas horas decida cambiarse el mismo, ¿en razón de qué? ¿por qué?, no han dado una explicación, ni la podrán dar, porque es un tema inconstitucional y que atenta contra las garantías constitucionales y es un tema que atenta también contra las reglas y principio del sistema adversarial y en consecuencia debe darse una explicación», dijo, según Panamá América.

El jurista defensor indicó que a su juicio solo un ente como la Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho un acto como este o haberlo permitido. «Esto que se dio no es casual, en la vida las casualidades no existen», subrayó.

Añadió que el daño que se causa es incalculable porque nunca había existido un cambio «abrupto» y «atípico» como el que se ha dado con los jueces que tienen que conocer este caso, y eso es lo «censurable».

«La Corte Suprema de Justicia debe dar un paso al frente y explicar qué es lo que ha sucedido y que no nos venga con ese cuento de que cada juez tiene independencia en el desempeño de sus funciones, vamos a partir del hecho que ningún juez de la República llegó al cargo en atención a un concurso de oposición a méritos, todos llegaron por la puerta de la cocina de a dedo, esa es la verdad y por eso no existe independencia judicial», expresó.

Frente a esto, Sittón señaló que ningún ente internacional puede tomar en serio a la República de Panamá, «sabiendo que sus jueces y fiscales fueron nombrados de a dedo».’

«Nadie lo respeta, en el contexto internacional, cuando usted va a una argumentación o a un debate y dice Panamá, todo el mundo sabe, es un Estado salvaje, un Estado donde jueces y fiscales llegan de a dedo llegaron simplemente porque pegaron papeletas en la campaña política o porque simplemente son amigos, familiares o personas que le hacen favores a quienes los ponen en esos cargos, y es la triste realidad de nuestro sistema de justicia «, explicó.

Ante lo que ha sucedido, el jurista Sittón enfatizó que es evidente que se está ante una afectación de derechos en cuanto a este cambio repentino de jueces.

«Esta situación que se ha dado viola el derecho a defensa, el debido proceso legal y la estricta legalidad, y lo ha hecho la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la cual también responde a los magistrados, recuerden que allí todo el mundo llega de a dedo y ese es el problema que hay», puntualizó Sittón.

De forma clara, el penalista dijo que frente a los concursos que se dice que se van a ser, «los jueces están en pánico, están temblando y no es extraño que algunos de ellos piense que si se cuadran, como se dice en buen panameño, piensan que van a tener el beneplácito para quedarse en el puesto, pero yo creo que es lo contrario».

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, señaló que «en Panamá se pasan por las vestiduras un tribunal previamente establecido», aludiendo al caso de Martinelli.

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Panamá

Ministerio Público de Costa Rica solicitó prisión preventiva para empresarios y funcionarios públicos por el «Caso Cochinilla»

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El Ministerio Público de Costa Rica informó el viernes 18 de junio que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como Caso Cochinilla, informaron agencias.

La solicitud de prisión preventiva incluye a empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más fuertes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís. Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años. También requirieron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.

Asimismo, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.

«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 15 de junio y continua, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días, mientras que quienes están bajo sospecha permanecen en detención.

El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

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