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Panamá

Flor Mizrachi: Cortizo dijo que en este gobierno no hay un yo, sino que somos todos nosotros. Yo me había quedado con que el único que mandaba y tomaba las decisiones era él

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Por Flor Mizrachi | Eco Tv

Panamá, 19 de enero de 2021.

POLITIQUERÍA. Bien al estilo más en 4 que en 40, el gobierno estrenó un área de la ciudad hospitalaria, excelente, necesario, digno…, peeeeero diciendo que lo hicieron ellos en menos de un mes, cuando los dos gobiernos anteriores no lo quisieron hacer. A ver, eso empezó chueco. Aquí no sabemos nada, pero en España aun investigan la confesión de que coimearon por esa obra aquí. Pero en todo caso, si ellos lo hicieron en un mes, ¿por qué no lo hicieron apenas llegaron y no tras 10 meses de pandemia? Tenían año y medio sin tocar eso y ahora son Flash Gordon, pues. Mucho no le debe haber faltado entonces. Ya que son tan rápidos, que hagan el cuarto puente, que ya recibieron licitado. Ah no, verdad que para eso no hay plata.

ESTRATÉGICO. Ah no, y el hospital se llama Covid. No un área… el hospital completo tiene el nombre de una enfermedad. Eso es como ponerle a un hospital Hospital Lepra. O el hospital VIH. ¿O es que después de la pandemia van a cambiarle el nombre, y lo que cueste el letrerito y el nuevo diseño del logo lo vamos a pagar nosotros?

DIÁLOGO. Ayer lanzaron el famoso diálogo del Seguro. Estuvo suntuoso como todos los lanzamientos. Dato curioso: del Ejecutivo la que estuvo fue Eyra Ruiz, ninguno de los Ministros que son parte de la Junta Directiva. Ni Mef ni Minsa. Ni el contralor. Por otro lado, el tema es qué pasará ahora. Por ahora, cerraron la inauguración de ayer sin anunciar cuándo se van a reunir por primera vez. Ojalá se concrete esto, los temas, los participantes, la metodología, todo. A ver si algo compensa la intranquilidad que se siente viendo a ciertos representantes en la mesa.

VACUNACIÓN. Al parecer ya tenemos los congeladores que se necesitan para las vacunas. ¿Entonces no entiendo, para qué licitar más? Lo que deberían licitar es el mantenimiento de las existentes, no más infraestructura que llegará tarde y quizá ya no necesitemos, pero que igual tocará mantener. Como si la plata nos sobrara. Aunque sí, evidentemente sobra. Para otras cosas. En esa línea de las vacunas, dos cosas. ¿Ya el Minsa se sentó con los hospitales privados para colaborar y descongestionar la logística? Al final entre más vacunas se pongan, mejor. El número clave ya no será el número de vacunas disponibles, sino puestas. Entiendo que lo están evaluando. Ojalá lo concreten de una manera justa. Y lo otro es que la canciller dijo que las vacunas llegarían entre del 18 y el 24 y dijo que cinco días antes iban a avisarnos. Estamos pendientes, sobre todo porque el resto del mundo ya está teniendo problemas con los tiempos de entrega.

CACHETADA. Los jubilados anunciaron una huelga de hambre, pidiendo un aumento de 10 dólares correspondientes por ley cada cinco años. En el país del Canal, en el país con una deuda de 10 mil millones de dólares, donde hay plata para alquilar camionetas de lujo, remodelar oficinas, diseñar nuevos logos, comprar sodas, juguetes, en el país donde los funcionarios no se han bajado un dólar desde el inicio de la pandemia y 600 dólares al día no les alcanza para viajar… los jubilados tienen que protestar para que se cumpla la ley. De verdad que damos vergüenza.

ABUSOS. La Policía sigue abusando. El fin no dejaron pasar por el cerco a la gente que tenía reservas de hoteles. Es por eso que la vez pasada pregunté para qué mantenían los cercos, si quitaron los salvoconducto. La pregunta es por qué no los dejaron pasar, si el decreto, que es lo que pesa, dice que las playas se permiten y más allá, que las áreas sociales de los hoteles están permitidas. Ahí está, la falta de coherencia que se presta para tantos abusos. En esa línea, ¿vieron el carro del Minsa en la playa en Chiriquí, el día que el resto de los mundanos teníamos que estar encerrados? Lo de siempre. La selectividad. Ese es nuestro problema. Nosotros mismos.

NEGOCIACIÓN. El reglamento interno de la Asamblea no permite que el presidente se reelija más de una vez. Como Castillero quiere reelegirse otra vez, entonces ahora sí quieren reglamento interno, pues. Pero con condiciones, claro está. Le piden a los independientes dejarse meter ese gol, a cambio de apoyarlos en sus proyectos. Si eso no se llama chantaje, no sé qué es. Y ojo, independientes, recuerden quién los eligió y por qué. Cuidado.

ALINEADO. Ayer Cortizo dijo una frasesita de esas interesantes. Dijo que en este gobierno no hay un yo, sino que somos todos nosotros. Yo me había quedado con que el único que mandaba y tomaba las decisiones era él. ¿No?

ACTIVADOS. Lo otro destacable es la cantidad de call centers que aplauden los tuits del presidente y el vicepresidente. Eso es impresentable. Todos los comentarios son usted es lo máximo presidente, qué buen gobierno, y vas a ver, y todas las cuentas fueron creadas en septiembre u octubre del 2020 y no tienen seguidores. Para eso siempre hay plata, claro.

VERGÜENZA. Y no sé si oyeron a Joselyne Edwards, la Pantera qué ganó la UFC el sábado. Dijo que aquí no hay academias privadas y que no hay nada público para que enseñen artes marciales. Que ella tuvo que salir de Panamá para poder avanzar porque Panamá no invierte en sus atletas. Con toda la plata que le destinamos al deporte, eso es impresentable.

SALUDITOS. Y los saluditos van para Maruja Villalobos, ministra de Educación. Dirigentes magisteriales denunciaron despidos masivos en el Meduca, incluyendo personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Usted debería aclarar eso, más habiendo dirigiendo el Iphe por cinco años.

Y unos saluditos positivos para el epidemiólogo Arturo Rebollón, que informa 10 veces mejor que el Minsa.

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Panamá

El comercio informal alcanza cifras record en Panamá durante la pandemia

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La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

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Panamá

Denuncian falta de independencia judicial en tribunales de Panamá tras cambio repentino de jueces en proceso contra Martinelli

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«No es normal, es inconstitucional y va en contra de las normas y convenios internacionales firmados por Panamá en materia de Derechos Humanos», calificó el abogado penalista, Sidney Sittón, el cambio de jueces repentino para el segundo juicio al expresidente Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos.

Sittón añadió que es la primera vez que conoce de un cambio como este en Panamá.

«Hay un principio, usted tiene un juez natural, que es la persona que lo va a usted a juzgar y no puede ser que existiendo un Tribunal de Juicio, a pocas horas decida cambiarse el mismo, ¿en razón de qué? ¿por qué?, no han dado una explicación, ni la podrán dar, porque es un tema inconstitucional y que atenta contra las garantías constitucionales y es un tema que atenta también contra las reglas y principio del sistema adversarial y en consecuencia debe darse una explicación», dijo, según Panamá América.

El jurista defensor indicó que a su juicio solo un ente como la Corte Suprema de Justicia pudo haber hecho un acto como este o haberlo permitido. «Esto que se dio no es casual, en la vida las casualidades no existen», subrayó.

Añadió que el daño que se causa es incalculable porque nunca había existido un cambio «abrupto» y «atípico» como el que se ha dado con los jueces que tienen que conocer este caso, y eso es lo «censurable».

«La Corte Suprema de Justicia debe dar un paso al frente y explicar qué es lo que ha sucedido y que no nos venga con ese cuento de que cada juez tiene independencia en el desempeño de sus funciones, vamos a partir del hecho que ningún juez de la República llegó al cargo en atención a un concurso de oposición a méritos, todos llegaron por la puerta de la cocina de a dedo, esa es la verdad y por eso no existe independencia judicial», expresó.

Frente a esto, Sittón señaló que ningún ente internacional puede tomar en serio a la República de Panamá, «sabiendo que sus jueces y fiscales fueron nombrados de a dedo».’

«Nadie lo respeta, en el contexto internacional, cuando usted va a una argumentación o a un debate y dice Panamá, todo el mundo sabe, es un Estado salvaje, un Estado donde jueces y fiscales llegan de a dedo llegaron simplemente porque pegaron papeletas en la campaña política o porque simplemente son amigos, familiares o personas que le hacen favores a quienes los ponen en esos cargos, y es la triste realidad de nuestro sistema de justicia «, explicó.

Ante lo que ha sucedido, el jurista Sittón enfatizó que es evidente que se está ante una afectación de derechos en cuanto a este cambio repentino de jueces.

«Esta situación que se ha dado viola el derecho a defensa, el debido proceso legal y la estricta legalidad, y lo ha hecho la Segunda Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la cual también responde a los magistrados, recuerden que allí todo el mundo llega de a dedo y ese es el problema que hay», puntualizó Sittón.

De forma clara, el penalista dijo que frente a los concursos que se dice que se van a ser, «los jueces están en pánico, están temblando y no es extraño que algunos de ellos piense que si se cuadran, como se dice en buen panameño, piensan que van a tener el beneplácito para quedarse en el puesto, pero yo creo que es lo contrario».

En tanto, Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, señaló que «en Panamá se pasan por las vestiduras un tribunal previamente establecido», aludiendo al caso de Martinelli.

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Panamá

Ministerio Público de Costa Rica solicitó prisión preventiva para empresarios y funcionarios públicos por el «Caso Cochinilla»

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El Ministerio Público de Costa Rica informó el viernes 18 de junio que solicitó un año de prisión preventiva contra 14 personas, entre empresarios y funcionarios públicos, sospechosos de conformar una red de corrupción para la adjudicación de contratos de obra pública vial.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió al Juzgado Penal de Hacienda, en San José, un año de prisión preventiva contra 14 sospechosos, así como otras medidas no privativas de libertad contra los restantes 16 detenidos por este asunto que ha sido nombrado por las autoridades judiciales como Caso Cochinilla, informaron agencias.

La solicitud de prisión preventiva incluye a empresarios como Carlos Cerdas Araya, dueño de la constructora MECO, una de las firmas más fuertes en la región; y Mélida Solís, propietaria de la empresa H.Solís. Estas dos empresas han sido las principales contratistas del Estado costarricense en los últimos años. También requirieron prisión preventiva para el gerente general de la empresa Constructora Herrera, William Herrera; el presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos de la empresa ITP, Óscar Martínez Martínez, y otras 5 personas ligadas a empresas.

Asimismo, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), órgano encargado de adjudicar obras y que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entre estas personas están la directora de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola, y otros funcionarios de apellidos Mora Obando, Carmona Rivas, y Fallas Zúñiga, así como para el exgerente financiero de la entidad Carlos Solís Murillo.

«La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva», explicó la Fiscalía en un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares comenzó el 15 de junio y continua, pues la cantidad de delitos y de personas involucradas ha hecho que el asunto se extienda por varios días, mientras que quienes están bajo sospecha permanecen en detención.

El 14 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

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