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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

¿Se dedican verdaderamente en la Policía Nacional de Panamá a «proteger y servir» al pueblo panameño?

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Por Edmundo Dante Dolphy

Proteger y Servir es un eslogan atractivo, desde el punto de vista de mercadeo vende y sugiere que nuestros uniformados del Jardín de Los Olivos cumplen a cabalidad con el mandato constitucional al que están llamados como servidores públicos.

Lo que dudamos es de que la tropa esté motivada a servir y proteger, cuando observan que el eslogan lo aplican para protegerse entre subcomisionados y comisionados preñados de privilegios, entre ellos, las jubilaciones especiales de casi 7 mil dólares y ni hablar de los jefes de zonas.

¿Será que el pie de fuerza que representa a la tropa está desmotivada por la injusticia en el tema de la ley de los ascensos? Cuando le corresponde a la tropa -entiéndase de agente a teniente- ascender a capitán tienen que hacer 5 años con el despropósito de que la gran mayoría no llegue a ese rango ya que no les da el tiempo y se jubilan inexorablemente con las dos barras. Solo a los oficiales de carrera les dan los tiempos para llegar a comisionados.

En contravía que ustedes creen, los intocables subcomisionados y comisionados, estos últimos con salarios de 6 mil 550 dólares, se jubilan pero no firman la resolución después de 6,7 y 8 meses para continuar disfrutando de los gastos de representación. Esto casi raya en una figura de peculado.

¿Puede una tropa estar motivada para salir a combatir al hampa, sin la provisión de uniformes, zapatos y equipos que por años no reciben? Hay unidades que se ven obligadas a comprar sus calzados de sus salarios. ¿Puede una tropa salir a reprimir la delincuencia sin una comida saludable, que reúna los nutrientes necesarios? Bueno, el director de la Policía Nacional nos aseguró que los alimentos que reciben los que están de turno, es de calidad, incluso, tenemos hasta el menú; sin embargo, unidades insisten en calificar de mentiras lo planteado por su Director General.

Veamos lo que sucede en el reino de los Jefes de Zona, que, según varias unidades comprometidas con la institución y la transparencia que debiera prevalecer en este estamento de seguridad, reciben incentivos de hasta mil 500 dólares mensualmente, cuando la estadística de delitos en su área de competencia no registre incrementos en comparación con el mes anterior. Pero, ¿porqué ese incentivo no se extiende a los agentes, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes que salen diariamente a poner el pecho contra una delincuencia feroz y muy bien armada y que dicho sea de paso, le ha dado de baja a una cantidad importante de policías?

Es frustrante para la sociedad conocer estas verdades amargas de una institución noble, en la que la mayoría de sus componentes está comprometida con la patria, con la defensa de los derechos humanos y de la seguridad de todos los ciudadanos.

Desafortunadamente, los índices de delincuencia en el país nos mantienen en un permanente estado de indefensión del cual no saldremos hasta que se corrijan las inequidades descritas y denunciadas por policías que podemos interpretar como el “Gold roll” y el Silver roll”.

Artículo original publicado en La Verdad Panamá

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

El impasse entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la elección del nuevo director de la Organización Panamericana de la Salud que agrió las relaciones diplomáticas entre ambos países

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Las relaciones diplomáticas entre Panamá y Colombia no atraviesan su mejor momento y últimamente han estado signadas por las tensiones y el malestar, luego que Panamá le ofreciera a Colombia apoyar a su candidato para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Colombia confiaba en que su candidato podía alzarse en la elección, al lograr la mayoría de los votos, pero finalmente el apoyo no fue tal.

El candidato colombiano quedó sin la posibilidad de dirigir la OPS, a pesar del esfuerzo de la diplomacia del Gobierno de Gustavo Petro, qué no terminó siendo respaldado por el Gobierno de su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, toda vez que Panamá decidió apoyar al candidato de México.

La propuesta de un posible acuerdo consistía en que, a su vez, Colombia respaldaría al candidato de Panamá para el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, algunos entendidos afirman que, cuando a lo interno del Gobierno de Cortizo se percataron que contaban con los votos necesarios, sin el apoyo colombiano, decidieron desconocer cualquier acuerdo previo con Colombia, votando así por el candidato mexicano.

La elección del nuevo director tuvo lugar por votación secreta durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebró entre el pasado 26 y 30 de septiembre. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es el organismo especializado de salud del sistema interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud. El candidato elegido, el pasado 28 de septiembre, fue el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., representante de Brasil.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Documentos e imágenes dejan en evidencia las mentiras del representante de Pedregal Elías Cárdenas Jordán para ocultar su culpabilidad en el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choli

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El representante de la Junta Comunal de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, ha intentado deslindarse de su responsabilidad, por la muerte de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien perdió la vida tras ser arrollado por Cárdenas el 29 de septiembre de 2019.

En un video, el representante señaló que las autoridades estaban realizando sus investigaciones, culpando del arrollamiento a uno de sus choferes y asegurando que no podía comentar más sobre lo sucedido.

 

Empero, documentos judiciales indican que el responsable del arrollamiento no es otro que el propio Cárdenas Jordán. Uno de los documentos señala:

«…cerca de la Parrillada Adelina, ELÍAS CÁRDENAS JORDÁN, conducía su vehículo marca Toyota, modelo Fortuner, color oscuro, sin matrícula visible, vehículo asignado a la Junta Comunal de Pedregal, cuando atropelló a RIGOBERTO CEBERIANO SANTIAGO CHOLI (Q.E.P.D.), se detiene a pocos metros de lo ocurrido y se retira del lugar, dejando a la víctima tirada en la vía, donde fallece.»

CUARTO: Que la participación que se le atribuye al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
QUINTO: La pena cuya aplicación se solicita es de 90 meses de prisión, para al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 52, 79, 80, 133, 134 numeral 3 del Código Penal.
SEXTO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes, no llegaron a un método alterno de resolución de conflictos,
SÉPTIMO: Que el Abogado Querellante Adimael Franco Cortéz, presentó Acción Resarcitoria a favor de su representada Berta Smith con cédula 1-720-346.
OCTAVO: Que durante la audiencia de fase intermedia las partes no realizaron convenciones probatorias.
NOVENO: Que el Ministerio Público solicita con fundamento en el artículo 108 y 109 del Código Procesal Penal citar al tercero civilmente responsable en esta causa a Juicio Oral, La Regional De Seguros, con oficinas en Boulevard Costa del Este y Avenida La Rotonda, Torre Panamá, piso 13, oficina 1300, responsable de la póliza AUTO-10-29-2101282″.

DÉCIMO PRIMERO: Este Tribunal De Garantía acoge la formulación de acusación en contra del acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859, como Autor del Delito Contra La Vida Y La Integridad Personal, en la modalidad de Homicidio Culposo Agravado, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 43, 133, 134 numeral 3 del Código Penal, y los elementos de prueba de cada uno de ellos tanto del Ministerio Público, Querellante, como la defensa particular han argumentado en audiencia. Además, se remite a disposición del Tribunal de Juicio Oral de la Ciudad de Panamá del Primer Distrito Judicial, Primer Circuito Judicial de Panamá al acusado Elías Cárdenas Jordán con cédula 8-383-859.
Remítase la presente resolución al TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, PRIMER CIRCUITO JUDICIAL competente, fijando como fecha de audiencia para el día Miércoles 17 de Abril del 2024, a las 2:00 P.M. Sala número 1.

 

Otros documentos del caso dejan en evidencia cómo Elías Cárdenas Jordán contrató a una persona para que fingiera que la camioneta en la que arrolló a Rigoberto Santiago Choli le había sido robada a la junta comunal de Pedregal.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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