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Panamá

Fiscalía investiga casos de corrupción en la Autoridad Marítima de Panamá

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) colabora con las diligencias que efectúa la Sección de Atención Primaria de las Fiscalías Anticorrupción, por la demanda que presentó la apoderada del capitán Rafael Botello, por supuesta corrupción y presunta vinculación de allegados al administrador general de la institución de «forzarle» a vender su empresa.

Botello afirma que tuvo al menos dos acercamientos de parte de Mario Bretton, propietario de la empresa Subworks, durante las cuales Bretton amenazó a Botello con sacarlo del mercado, ya que, según Bretton, había sacado a otra llamada PIPSA y que la posibilidad de que eso le sucediera a Botello era muy grande; a partir de la oferta se hicieron innumerables inspecciones de la AMP a Gilgal, embarcación del capitán Botello, informó La Estrella de Panamá.

Además, Pablo Torres de la empresa Stewart, que opera parte del astillero Balboa por autorización de ocupación de AMP, también se acercó con otra oferta. Ante la negativa, más adelante Torres le espetó que de no aceptar, esperaría la liquidación de la nave Gilgal para adquirirla a un precio más barato”. Ambos, Bretton y Torres, mantienen relaciones comerciales, según Botello.

Botello solicitó a la fiscalía la comparecencia de todos los inspectores involucrados en las pesquisas a su embarcación, con el fin de explicar la multiplicidad de inspecciones y sus motivos, además de citar a José Luis Ortega, Rafael Cigarruista, y a Flor Pitty, para que aclaren, por ejemplo, cómo es que la empresa de Bretton, Subworks, no ha sido sancionada en atención a los antecedentes de presuntas muertes durante incidentes ocurridos en sus embarcaciones aunado a los derrames, situación que deja entrever un posible «favoritismo», según se desprende de la denuncia de Botello.

Tras la denuncian al AMP aseguró que han cumplido con todas las disposiciones legales dispuestas en los casos señalados.

«Hemos puesto a disposición todo la información requerida a la fecha, esperamos que el proceso de investigación concluya y se reitere que esta entidad marítima ha cumplido con todos los proceso administrativos legales relacionados con este caso», contestó la Oficina de Relaciones Públicas de la AMP a la consulta de La Estrella de Panamá.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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