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Panamá

Fiscal Nahaniel Murgas permanece en el Ministerio Público panameño pese a ser señalado en denuncias de corrupción judicial

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Desde el año 2017 han aparecido en internet denuncias que ponen en entredicho la conducta del fiscal especializado en delitos de asociación ilícita, Nahaniel Murgas. Sin embargo el fiscal ha continuado cumpliendo funciones en el Ministerio Público panameño sin que se le haya abierto expediente administrativo disciplinario, ni penal, por todos los señalamientos en su contra.

Con el ascenso presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la figura de Laurentino Cortizo, el fiscal Murgas ha continuado formando parte de la fiscalía panameña, aunque poco se le nombra, después de haber sido de la mayor confianza de la exfiscal Kenia Porcell.

Algunos suponen que el fiscal a logrado tener la bendición del PRD, gracias a elevados padrinazgos dentro del partido y que también contaría con la bendición presidencial, por pasados favores concedidos al mandatario panameño y a miembros de su familia.

La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. Se piensa que algunos de esos premios deberían otorgarse en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En 2017 se conocía que unos años antes, finalizando la mañana del día siguiente de haber prestado declaraciones en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, un ciudadano extranjero, que había sido previamente detenido, fue trasladado nuevamente al despacho del fiscal Murgas, donde le conferirían una medida sustitutiva de libertad, no sin antes haber sido conminado por funcionarios de la fiscalía a desembolsar una “cuota inicial”, que garantizase su puesta en libertad bajo ciertas restricciones.

El detenido fue llevado de regreso a una celda en Ancón, hasta que fuese formalizada la boleta de libertad. La espera previa al traslado se llevó a cabo en otra nauseabunda celda, dentro del edificio Avesa. Horas después llegó la libertad y volvieron por enésima vez a verificar si el procesado tenía antecedentes penales en alguna parte o algún requerimiento por Interpol. En menos de un año se comunicaron seis veces con Interpol, hasta que copias de documentos que reposaban en ficheros de la sede central de Interpol, en Lyon, Francia, permitieron verificar que el encausado no estaba bajo ninguna solicitud. Solo así logró liberarse de más “mordidas”, ya que funcionarios judiciales estaban ideando al parecer la forma de quitarle más coimas o alguna propiedad.

Pero volviendo al tema, el detenido fue sacado del recinto, caminó hasta la calle y tomó un taxi hasta su residencia, donde un conserje le prestó dinero para pagar al chofer, préstamo que luego le reembolsó. Estaba en libertad condicional y apenas comenzaba su pesadilla. Sabía al menos quiénes eran sus “verdugos”. Pese a las circunstancias, volvió a la academia de fútbol de la cual estaba encargado y que decidió mantener abierta.

Esa misma tarde acudió a las prácticas en el glorioso estadio Maracaná, donde inicialmente habían planificado detenerlo, situación que no ocurrió, por la presencia de unos 50 alumnos, provenientes principalmente de las barriadas de Barraza, Chorrillo y Plaza Amador.

Allí había comenzado su desgracia, tras fundar y mantener por casi cinco años la mejor academia de fútbol de todos los tiempos en Panamá, con entrenamientos entre 3 y 5 veces por semana, 12 entrenadores, preparación específica para porteros, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportivo, paramédicos, quinesiólogo, entrenadores certificados por FIFA, porteros y jugadores de primera división y de la selección nacional para entrenar a los porteros y jugadores en formación.

Tenían en su staff entrenadores extranjeros (entre ellos quien fuera suplente de Bufón, el portero de la selección de Italia), un profesor de educación física y entrenadores de la selección nacional, incluso al preparador de porteros de Hernán «El Bolillo» Gómez.

Los instructores eran los mejores porteros de la liga. Ayudaron técnica y financieramente a jugadores profesionales, alumnos de escasos recursos, quienes gozaron de todo; brindaron ayuda para recuperaciones físicas en la única Clínica Deportiva de la ciudad, contribuyeron con vigilantes de Pandeportes que cuidaban el estadio y con entrenadores de la Federación, pagaron viajes al exterior para desarrollar talento nacional, medicinas, alimentación, útiles escolares, etc.

La academia también se integró e hizo una alianza con el Chorrillo FC, que esa temporada se tituló campeón. El procesado fue directivo del glorioso equipo, pero nada de eso valió para nada, ni para funcionarios de inmigración panameños, a pesar que la ley establece reconocer servicios sociales a la comunidad. La familia del encargado de la academia redobló la seguridad de su hijo y contrató a un chofer y un escolta. Después del incidente debieron ser sometidos a tratamiento profesional y medicación, para superar el triste incidente.

El encausado hizo una lista de amigos a los que acudió para solicitar ayuda y poder conversar con alguna autoridad proba de la procuraduría, vicepresidencia o presidencia de Panamá y esto fue lo que sucedió. El primero a quien intentó ubicar fue al famoso cantautor Omar Alfanno, con quien tuvo amistad hace más de 20 años. Nunca obtuvo respuesta a sus muchas comunicaciones. Otro fue el abogado Rolando Mirones, alto dirigente del partido PRD, ex funcionario del gobierno de Martín Torrijos. Quería contratarlo profesionalmente. Su hijo había sido alumno de la academia. A pesar que era vecino del procesado, nunca tuvo tiempo para atenderlo.

Álvaro Alvarado, uno de los más famosos periodistas de Panamá. Su hijo fue alumno de la academia y recibió muchísimas atenciones y apoyo para superar sus discapacidades. Le atendió la llamada una vez, quedó en avisarle para recibirlo en su oficina, sin brindarle luego respuesta. Manuel Barrera, piloto del avión presidencial y allegado del entonces presidente de la Asamblea Nacional «Popi» Varela. Su hijo fue alumno de la academia, donde recibió clases y equipamiento especial gratuito. Con su buena publicidad llegaron Los Gaitanes, pero Barrera nunca ofreció una respuesta de los Varela. Nicolás Liakopulos, heredero de la cadena Niko’s Café, directivo de la Federación Panameña de Fútbol, propietario millonario de dos hoteles 5 estrellas en Ciudad de Panamá. Nunca pudo poner en contacto al encausado con el diputado panameñista «‘Beby» Valderrama. Le negó conocerlo, a pesar que se lo había presentado en una celebración en uno de sus hoteles.

Eloy Alfaro de Alba, ex funcionario del servicio exterior, alto vocero del partido PRD y vecino del encargado de la academia. Nunca obtuvo respuesta de su clamor. En el trayecto, el enjuiciado aprendió sobre el desarrollo humano de los panameños, la xenofobia, complejos y poca colaboración de la cerrada sociedad y de algunos gobernantes, quienes poco ayudan a los demás y menos cuando se trata de víctimas de la corrupción judicial. Luego ampliaremos este relato y los resultados que tuvo el enjuiciado al contratar a Guillermina McDonald, una de las mejores abogadas de Panamá.

Caras de pesar y sorpresa se habrían manifestado, cuando jueces y secretarios de los tribunales penales de Ciudad de Panamá escucharan el testimonio del ciudadano del cual subalternos del Fiscal Nahaniel Murgas, en su despacho, se aprovecharon económicamente. La víctima, a quien hicieron ver cómo victimario, fue enjuiciado y condenado luego de pagar unos 30 mil dólares, tras lo cual fue sometido a atropellos y su causa pasó de un despacho penal a otro. La fiscalía se opuso a cualquier solicitud procesal para ponerle fin a su caso.

Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos.

Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, el procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ.

Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se conocen comúnmente los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas.

La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar.

Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias.

Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no era querido. Su hijo menor de edad y el procesado debieron estar durante meses bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá, género odios, venganzas y vilezas.

Durante seis o siete meses estuvo el procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar.

Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo.

Durante más de 30 meses, la familia debió pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les pagó el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del hoy presidente Laurentino Cortizo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta.

El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de la ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas.

La corrupción se ha enquistado en el sistema judicial panameño, más que en otros de Centroamérica, algo que se agrava con el hecho que subalternos de la fiscalía antipandillas se aprovechan de imputados e investigados para meter no una, sino las dos manos en sus bolsillos, y con esto no privarlos de su libertad, lo cual no deja la mejor impresión en torno a las funciones de la fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En el inicio de su calvario, el procesado estuvo casi tres horas rindiendo declaraciones en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas. El meollo del asunto fue que una academia de fútbol, legalmente constituida y registrada, celebró un contrato con el centro deportivo Gol de Oro, donde uno de los socios es el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino Cortizo, y también, entre otros socios, Pedro Boyd, representante de la marca Nike en Panamá.

El posteriormente encausado no tenía cualidad alguna en dicha empresa, por no ser socio, accionista, representante o empleado. El presidente de la empresa, residente en Miami, celebró un contrato con Gol de Oro y esta última, de manera unilateral, decidió aumentarlo al doble. Sin embargo, y a pesar del inconsulto aumento, la academia de fútbol, perteneciente al suegro del procesado, pagó casi todo el monto.

El problema se presentó con el saldo final. Henríquez Portuondo reclamaba más de 2 mil dólares, aunque en las cuentas de la academia que celebró el contrato con Gol de Oro, la deuda era de sólo 1 mil. Desde ese momento el procesado fue amenazado, asediado e insultado por vía telefónica, cuando se negó a pagar en esas condiciones. Le colocaron fecha y le juraron que si no cumplía con el pago establecido lo lamentaría. Fue entonces cuando allanaron el apartamento donde el procesado residía.

El contrato original fue consignado ante un tribunal, pero ni éste ni la fiscalía lo valoraron. El procesado era acusado por una supuesta extorsión, de la cual, por el contrario, era quizás víctima. El encausado, a quien juraron “acabar”, fue embestido por el avasallador poder de Laurentino “Nito” Cortizo.

Al procesado también trataron de imputarlo por unas supuestas “amenazas de muerte” que nunca realizó. Para los acusadores no importaba el daño psicológico y la ruptura familiar causada. La noche luego de su declaración fue regresado a dormir en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El fiscal consideraría si era viable concederle un beneficio cautelar procesal, para el cual funcionarios de la fiscalía le habían pedido una “cuota inicial” en coimas. No le permitieron ni cambiarse la ropa, pese a que personas acusadas de homicidio, corrupción o narcotráfico, llegaban vestidos de saco.

A muchos les colocan país por cárcel, pero en el caso de ese procesado fue ciudad por cárcel. Mientras que los delincuentes más peligrosos se presentaban mensualmente en el tribunal, el investigado fue obligado a hacerlo semanalmente. Todo producto de un caso en donde la corrupción judicial jugó un papel importante.

 

Lea el Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 19 al 25 de mayo de 2022

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Panamá

Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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