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Panamá

Fiscal Nahaniel Murgas permanece en el Ministerio Público panameño pese a ser señalado en denuncias de corrupción judicial

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Desde el año 2017 han aparecido en internet denuncias que ponen en entredicho la conducta del fiscal especializado en delitos de asociación ilícita, Nahaniel Murgas. Sin embargo el fiscal ha continuado cumpliendo funciones en el Ministerio Público panameño sin que se le haya abierto expediente administrativo disciplinario, ni penal, por todos los señalamientos en su contra.

Con el ascenso presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la figura de Laurentino Cortizo, el fiscal Murgas ha continuado formando parte de la fiscalía panameña, aunque poco se le nombra, después de haber sido de la mayor confianza de la exfiscal Kenia Porcell.

Algunos suponen que el fiscal a logrado tener la bendición del PRD, gracias a elevados padrinazgos dentro del partido y que también contaría con la bendición presidencial, por pasados favores concedidos al mandatario panameño y a miembros de su familia.

La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. Se piensa que algunos de esos premios deberían otorgarse en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En 2017 se conocía que unos años antes, finalizando la mañana del día siguiente de haber prestado declaraciones en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, un ciudadano extranjero, que había sido previamente detenido, fue trasladado nuevamente al despacho del fiscal Murgas, donde le conferirían una medida sustitutiva de libertad, no sin antes haber sido conminado por funcionarios de la fiscalía a desembolsar una “cuota inicial”, que garantizase su puesta en libertad bajo ciertas restricciones.

El detenido fue llevado de regreso a una celda en Ancón, hasta que fuese formalizada la boleta de libertad. La espera previa al traslado se llevó a cabo en otra nauseabunda celda, dentro del edificio Avesa. Horas después llegó la libertad y volvieron por enésima vez a verificar si el procesado tenía antecedentes penales en alguna parte o algún requerimiento por Interpol. En menos de un año se comunicaron seis veces con Interpol, hasta que copias de documentos que reposaban en ficheros de la sede central de Interpol, en Lyon, Francia, permitieron verificar que el encausado no estaba bajo ninguna solicitud. Solo así logró liberarse de más “mordidas”, ya que funcionarios judiciales estaban ideando al parecer la forma de quitarle más coimas o alguna propiedad.

Pero volviendo al tema, el detenido fue sacado del recinto, caminó hasta la calle y tomó un taxi hasta su residencia, donde un conserje le prestó dinero para pagar al chofer, préstamo que luego le reembolsó. Estaba en libertad condicional y apenas comenzaba su pesadilla. Sabía al menos quiénes eran sus “verdugos”. Pese a las circunstancias, volvió a la academia de fútbol de la cual estaba encargado y que decidió mantener abierta.

Esa misma tarde acudió a las prácticas en el glorioso estadio Maracaná, donde inicialmente habían planificado detenerlo, situación que no ocurrió, por la presencia de unos 50 alumnos, provenientes principalmente de las barriadas de Barraza, Chorrillo y Plaza Amador.

Allí había comenzado su desgracia, tras fundar y mantener por casi cinco años la mejor academia de fútbol de todos los tiempos en Panamá, con entrenamientos entre 3 y 5 veces por semana, 12 entrenadores, preparación específica para porteros, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportivo, paramédicos, quinesiólogo, entrenadores certificados por FIFA, porteros y jugadores de primera división y de la selección nacional para entrenar a los porteros y jugadores en formación.

Tenían en su staff entrenadores extranjeros (entre ellos quien fuera suplente de Bufón, el portero de la selección de Italia), un profesor de educación física y entrenadores de la selección nacional, incluso al preparador de porteros de Hernán «El Bolillo» Gómez.

Los instructores eran los mejores porteros de la liga. Ayudaron técnica y financieramente a jugadores profesionales, alumnos de escasos recursos, quienes gozaron de todo; brindaron ayuda para recuperaciones físicas en la única Clínica Deportiva de la ciudad, contribuyeron con vigilantes de Pandeportes que cuidaban el estadio y con entrenadores de la Federación, pagaron viajes al exterior para desarrollar talento nacional, medicinas, alimentación, útiles escolares, etc.

La academia también se integró e hizo una alianza con el Chorrillo FC, que esa temporada se tituló campeón. El procesado fue directivo del glorioso equipo, pero nada de eso valió para nada, ni para funcionarios de inmigración panameños, a pesar que la ley establece reconocer servicios sociales a la comunidad. La familia del encargado de la academia redobló la seguridad de su hijo y contrató a un chofer y un escolta. Después del incidente debieron ser sometidos a tratamiento profesional y medicación, para superar el triste incidente.

El encausado hizo una lista de amigos a los que acudió para solicitar ayuda y poder conversar con alguna autoridad proba de la procuraduría, vicepresidencia o presidencia de Panamá y esto fue lo que sucedió. El primero a quien intentó ubicar fue al famoso cantautor Omar Alfanno, con quien tuvo amistad hace más de 20 años. Nunca obtuvo respuesta a sus muchas comunicaciones. Otro fue el abogado Rolando Mirones, alto dirigente del partido PRD, ex funcionario del gobierno de Martín Torrijos. Quería contratarlo profesionalmente. Su hijo había sido alumno de la academia. A pesar que era vecino del procesado, nunca tuvo tiempo para atenderlo.

Álvaro Alvarado, uno de los más famosos periodistas de Panamá. Su hijo fue alumno de la academia y recibió muchísimas atenciones y apoyo para superar sus discapacidades. Le atendió la llamada una vez, quedó en avisarle para recibirlo en su oficina, sin brindarle luego respuesta. Manuel Barrera, piloto del avión presidencial y allegado del entonces presidente de la Asamblea Nacional «Popi» Varela. Su hijo fue alumno de la academia, donde recibió clases y equipamiento especial gratuito. Con su buena publicidad llegaron Los Gaitanes, pero Barrera nunca ofreció una respuesta de los Varela. Nicolás Liakopulos, heredero de la cadena Niko’s Café, directivo de la Federación Panameña de Fútbol, propietario millonario de dos hoteles 5 estrellas en Ciudad de Panamá. Nunca pudo poner en contacto al encausado con el diputado panameñista «‘Beby» Valderrama. Le negó conocerlo, a pesar que se lo había presentado en una celebración en uno de sus hoteles.

Eloy Alfaro de Alba, ex funcionario del servicio exterior, alto vocero del partido PRD y vecino del encargado de la academia. Nunca obtuvo respuesta de su clamor. En el trayecto, el enjuiciado aprendió sobre el desarrollo humano de los panameños, la xenofobia, complejos y poca colaboración de la cerrada sociedad y de algunos gobernantes, quienes poco ayudan a los demás y menos cuando se trata de víctimas de la corrupción judicial. Luego ampliaremos este relato y los resultados que tuvo el enjuiciado al contratar a Guillermina McDonald, una de las mejores abogadas de Panamá.

Caras de pesar y sorpresa se habrían manifestado, cuando jueces y secretarios de los tribunales penales de Ciudad de Panamá escucharan el testimonio del ciudadano del cual subalternos del Fiscal Nahaniel Murgas, en su despacho, se aprovecharon económicamente. La víctima, a quien hicieron ver cómo victimario, fue enjuiciado y condenado luego de pagar unos 30 mil dólares, tras lo cual fue sometido a atropellos y su causa pasó de un despacho penal a otro. La fiscalía se opuso a cualquier solicitud procesal para ponerle fin a su caso.

Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos.

Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, el procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ.

Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se conocen comúnmente los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas.

La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar.

Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias.

Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no era querido. Su hijo menor de edad y el procesado debieron estar durante meses bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá, género odios, venganzas y vilezas.

Durante seis o siete meses estuvo el procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar.

Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo.

Durante más de 30 meses, la familia debió pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les pagó el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del hoy presidente Laurentino Cortizo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta.

El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de la ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas.

La corrupción se ha enquistado en el sistema judicial panameño, más que en otros de Centroamérica, algo que se agrava con el hecho que subalternos de la fiscalía antipandillas se aprovechan de imputados e investigados para meter no una, sino las dos manos en sus bolsillos, y con esto no privarlos de su libertad, lo cual no deja la mejor impresión en torno a las funciones de la fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En el inicio de su calvario, el procesado estuvo casi tres horas rindiendo declaraciones en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas. El meollo del asunto fue que una academia de fútbol, legalmente constituida y registrada, celebró un contrato con el centro deportivo Gol de Oro, donde uno de los socios es el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino Cortizo, y también, entre otros socios, Pedro Boyd, representante de la marca Nike en Panamá.

El posteriormente encausado no tenía cualidad alguna en dicha empresa, por no ser socio, accionista, representante o empleado. El presidente de la empresa, residente en Miami, celebró un contrato con Gol de Oro y esta última, de manera unilateral, decidió aumentarlo al doble. Sin embargo, y a pesar del inconsulto aumento, la academia de fútbol, perteneciente al suegro del procesado, pagó casi todo el monto.

El problema se presentó con el saldo final. Henríquez Portuondo reclamaba más de 2 mil dólares, aunque en las cuentas de la academia que celebró el contrato con Gol de Oro, la deuda era de sólo 1 mil. Desde ese momento el procesado fue amenazado, asediado e insultado por vía telefónica, cuando se negó a pagar en esas condiciones. Le colocaron fecha y le juraron que si no cumplía con el pago establecido lo lamentaría. Fue entonces cuando allanaron el apartamento donde el procesado residía.

El contrato original fue consignado ante un tribunal, pero ni éste ni la fiscalía lo valoraron. El procesado era acusado por una supuesta extorsión, de la cual, por el contrario, era quizás víctima. El encausado, a quien juraron “acabar”, fue embestido por el avasallador poder de Laurentino “Nito” Cortizo.

Al procesado también trataron de imputarlo por unas supuestas “amenazas de muerte” que nunca realizó. Para los acusadores no importaba el daño psicológico y la ruptura familiar causada. La noche luego de su declaración fue regresado a dormir en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El fiscal consideraría si era viable concederle un beneficio cautelar procesal, para el cual funcionarios de la fiscalía le habían pedido una “cuota inicial” en coimas. No le permitieron ni cambiarse la ropa, pese a que personas acusadas de homicidio, corrupción o narcotráfico, llegaban vestidos de saco.

A muchos les colocan país por cárcel, pero en el caso de ese procesado fue ciudad por cárcel. Mientras que los delincuentes más peligrosos se presentaban mensualmente en el tribunal, el investigado fue obligado a hacerlo semanalmente. Todo producto de un caso en donde la corrupción judicial jugó un papel importante.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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