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Panamá

Expertos opinan en discusión de la Asamblea sobre quién debería emitir certificados de salud mental

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El cambio de rumbo en la discusión del artículo 17 del proyecto de Ley 134, que establece políticas públicas de salud mental ha generado malestar en la Sociedad Panameña de Psiquiatras, que preside el doctor Francisco Mata.

Según Mata, este artículo en su origen estaba dirigido a discutir sobre la solicitud indiscriminada del certificado de salud mental, ahora lo que se está discutiendo es quién emite los certificados, si un psiquiatra o un psicólogo, reseña TVN.

Lamentó que el espíritu del proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional esté siendo desvirtuado, en especial este artículo donde se buscaba establecer para qué profesiones y situaciones es necesario emitir un certificado de salud y no se solicite para todo porque lo único que hace es empeorar el estigma contra aquellos que tiene algún problema de salud mental.

 

“Lo que buscábamos con este artículo era tratar de frenar el perjuicio y uso indiscriminado. Si se va a usar este certificado que sea para profesiones delicadas como piloto de avión, policía, o para quienes portan un arma. Pero el debate pasó de eso a debatir quién tiene que emitir el certificado de salud mental”, manifestó Mata.

Resaltó que, históricamente los certificados los han realizado los psiquiatras, pero existe un tema entre profesionales que ambos tratan la salud mental y el deseo por parte de los psicólogos de poder también certificar la salud mental, pero este es un tema que debe regir el Ministerio de Salud y los médicos.

“Nosotros solos abogamos porque las cosas se hagan correctamente, se mantenga el espíritu de la ley, y el tema de los certificados se mantenga como está; ellos no están siendo perjudicados porque ellos actualmente no emiten certificado, eso es algo que ellos están tratando de abrir el compás para poderlo hacer”, indicó Mata.

Posición del Instituto de Salud Mental

Juana Herrera, directora del Instituto de Salud Mental (Insam), dijo que se trata de dos posiciones en relación a la certificación, que como dicen los psiquiatras se tienen que hacer una serie de evaluaciones por lo que mañana se revisará, pero como jefa de esta institución tiene que buscar una posición en la que se llegue a un punto de conciliación para que se apruebe la ley.

Mata destacó que el documento es sin ánimo de generar polémica entre ambos profesionales, sin embargo, sostiene que los certificados de salud mental deben ser emitidos por un psiquiatra.

La discusión de este proyecto de ley continuará este lunes en tercer debate, en la que se puede tomar la decisión de bajarlo a segundo debate, para revisar a detalle las condiciones y realizar una certificación o darse el caso de ser aprobado.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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