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Panamá

Exigen al Tribunal Electoral suspender el financiamiento oficial al partido MOLIRENA

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La Abogada Arelys González Ramos solicitó por escrito al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Arauz Sánchez, la suspensión del financiamiento público de manera provisional al partido MOLIRENA, por presuntamente incumplir el artículo 19 en su numeral 1 del Decreto 6 del 16 de agosto de 2005, referente al concepto de gastos justificables, y salarios y servicios profesionales.

La solicitud presentada por la abogada González el pasado 8 de marzo sustenta el presunto incumplimiento por supuesta adeuda a trabajadores, “al no pagarle a la Caja del Seguro Social las cuotas obrero patronal en su totalidad de los trabajadores y personas que reciben salario dentro del partido del subsidio electoral, aunque sea por servicios profesionales y tengan dependencia económica directa del partido”, detalló a través de su carta, informa La Verdad Panamá.

La abogada señaló que las relaciones laborales permanentes no pueden ser tomadas como servicios profesionales y concluye que los partidos políticos en calidad de empleadores, al contratar colaboradores para realizar diversas funciones, deben cumplir con las leyes laborales y de seguridad social.

González detalló, además, que la ley electoral y sus decretos no exceptúan a los partidos políticos del ámbito de aplicación del régimen de seguridad social, máxime si en su calidad de empleadores, contratan a colaboradores para realizar diversas funciones dentro del colectivo.

“En el último año nuestro país está bajo la afectación de la pandemia del COVID-19 y miles de personas han fallecido y otros han quedado hospitalizados y las instituciones de salud requieren que las empresas, trabajadores y empleadores coticen sus cuotas obrero patronal establecida, y aparentemente como se aprecia que este partido no cumple y hace caso omiso…”, expresó la abogada solicitante.

En la solicitud que González remitió al Magistrado Presidente del TE, adjuntó pruebas a través de las planillas y los pagos que habría registrado dicho partido en años anteriores.

Molirena dice estar al día con la Caja de Seguro Social

Por otra parte, La Verdad Panamá recibió información por parte de una fuente del partido Molirena en la que se señala que el colectivo político sí está a paz y salvo con la Caja de Seguro Social.

Reconoce la fuente que antes sí debían a la institución en ese concepto pero que hoy están al día.

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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