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Panamá

Empresa con la que el Gobierno de Laurentino Cortizo firmó un memorando de entendimiento para proyectos energéticos en Panamá ha estado envuelta en escándalos de coimas y daños ambientales

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Energy Transfer, la empresa con la que Laurentino Cortizo firmó un memorando de entendimiento para estudiar un posible gasoducto y terminales petrolíferas en el Atlántico y Pacífico panameño, tiene escándalos por coimas para obtener contrataciones públicas en Estados Unidos.

La Associated Press (AP) reportó en 2019 que el FBI estaba investigando cómo se emitieron los permisos de construcción para un oleoducto a través de Pensilvania, informó TVN Noticias.

» El foco de las preguntas de los agentes involucra la autorización de permisos del oleoducto, si (Tom) Wolf (gobernador de Pensilvania) y su administración obligaron a personal de protección ambiental a aprobar los permisos de construcción y si Wolf o su administración recibieron algo a cambio», reportó la AP.

El oleoducto, llamado Mariner East Pipelines, tiene un costo aproximado de 3 mil millones de dólares y fue construido por Energy Transfer.

La empresa posteriormente negó haber sido investigada por el FBI, pero los escándalos continuaron.

Durante la construcción se han aplicado millones de dólares en multas, órdenes de cierre temporal, demandas, protestas e investigaciones.

Incluso, se investigó a oficiales de Energy Transfer por coimear oficiales públicos para que actuaran como guardias de seguridad en el proyecto.

En 2018, una explosión en el oleoducto de Pensilvania, específicamente en Beaver County, les valió una multa por 30.6 millones de dólares.

Energy Transfer es responsable de varios proyectos masivos para transportar petróleo en Estados Unidos. En Ohio, tienen el Rover Pipeline. En 2017, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) le impuso 400 mil dólares en multas luego de 18 derrames petrolíferos.

En marzo de 2021, la Comisión Regulatoria Federal de Energía (FERC por sus siglas en inglés) propuso que pagaran una multa de 20.2 millones de dólares por presuntamente engañar a la Comisión sobre la compra y demolición de una propiedad histórica para entorpercer la evaluación regulatoria del oleoducto.

En total, la empresa ha sido penalizada por 560 millones de dólares, según el sitio web Violation Tracker. De ese total, 509 millones fueron por daños ambientales.

Además, la compañía es responsable del proyecto Dakota Access, un oleoducto en Dakota del Norte que ha generado protestas masivas por grupos ambientalistas y tribus originarias.

En 2020, un juez ordenó cerrar el oleoducto hasta que se concluyeran los estudios ambientales pertinentes, pero el CEO Kelcy Warren dio la instrucción de seguir operaciones. Finalmente, acataron la orden judicial. Pero la incertidumbre generó un conflicto con Exxon Mobil, quien terminó demandando a Energy Transfer por más de 1 millón de dólares.

Warren ha sido un férreo aliado de Donald Trump en Estados Unidos. El expresidente dio una orden ejecutiva en 2017 para que se terminara la construcción del Dakota Access a pesar de protestas masivas y recursos legales pendientes.

Forbes reportó que donó junto con su esposa unos 13 millones de dólares directamente a comités que apoyaban la reelección del exmandatario. También ha sido anfitrión de eventos para recaudar fondos en beneficio de Trump en 2020.

 

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Panamá

Clienta denunció aparente estafa tras colocación de dinero a plazo fijo en Banistmo

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Una usuaria del banco Banistmo, de nombre Martha, denunció cómo había colocado $500.000 a plazo fijo en la entidad bancaria desde el año 2015, que obtuvo gracias a una herencia que le dejó su madre, y luego de vencerse el plazo en 2020 y reclamar sus ahorros, se percató que su dinero había desaparecido.

En entrevista con Nancy Dunkley, la usuaria denunció que el banco no le comunicó en ningún momento inconveniente alguno y que al solicitar explicaciones el banco le informó que el dinero ya no existía porque ella había solicitado un crédito prendario, el cual la clienta negó haber firmado.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sólo le ha respondido que no puede hacer nada, en una situación que tiene visos de haber sido una estafa.

Martha también denunció que una subgerente de Banistmo la amenazó con llevarla a juicio. Sin embargo, señaló que una testigo aseguró que la entidad tenía «comprados» a funcionarios de la superintendencia bancaria.

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Panamá

Se agudiza crisis de migrantes entre Colombia y Panamá

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El pasado sábado el gobierno colombiano planteó un diálogo con Panamá para aliviar la crisis migratoria en la frontera entre ambos países, por el inusual flujo de migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos con destino a Estados Unidos.

Desde hace algunas semanas miles de migrantes, entre venezolanos, haitianos, africanos y cubanos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí las embarcaciones que lo lleven hasta la frontera con Panamá, una de las escalas antes de llegar al destino final que es EEUU o Canadá.

Las autoridades colombianas y panameñas temen un brote considerable de coronavirus por la aglomeración de personas en plena pandemia justo cuando Colombia vive la tercera ola de la COVID-19.

La presencia de los migrantes venezolanos, haitianos, africanos y cubanos genera ganancias a la economía de este pequeño puerto turístico azotado por la pandemia.

La cantidad de migrantes alquilan cuartos de hoteles y casas particulares a la espera de poder abordar alguno de los muchos botes que cruzan a diario el golfo de Urabá.

El golfo de Urabá es uno de los puntos principales del tránsito de migrantes que buscan cruzar caminando hacia Panamá a través del corredor selvático conocido como Tapón de Darién, con rumbo hacia Centroamérica, según la información de AFP.

Aunque la migración de venezolanos en los últimos 5 años es la que ha ocupado mayor centimetraje en los medios de comunicación, hay otros países que también están viendo salir a sus ciudadanos aunque con menos proporción.

Las autoridades colombianas han denunciado recientemente la intervención de redes internacionales que se encargan de trasladar a migrantes no solo desde Venezuela sino también de otros países de latinoamérica al departamento de Nariño.

Migrantes de Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela pagan a estas mafias cientos de dólares para ser trasladados desde la frontera de Colombia con Ecuador hasta los límites con Panamá, situación que ha creado una crisis migratoria en la frontera entre ambos países.

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Panamá

Ciudadanos ven con suspicacia propuesta del contralor Gerardo Solís de vender el 10% de participación del Estado panameño en Panamá Ports Company

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Tras concluir la votación de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) —el pasado 23 de junio—, que aprobó autorizar la renovación automática del contrato a Panamá Ports Company (PPC), el contralor de la República, Gerardo Solís, propuso venderle a la empresa la participación del Estado en la portuaria, que corresponde al 10% de las acciones.

El planteamiento de Solís lo recoge el acta de la reunión del 23 de junio de 2021, publicada en la página web de la AMP luego de la solicitud de información que hizo el activista político Ricardo Lombana, señaló La Prensa.

“Al venderle el Estado a la empresa el 10%, la empresa queda en igualdad de condiciones, en paridad con el resto de las empresas portuarias, y nosotros tenemos esa plata, ese valor de 25 años lo traemos a valor presente y se puede invertir ahora en beneficio del pueblo panameño, ese dinero…”, dijo Solís.

La propuesta fue planteada por Solís casi al final de la reunión y luego de reiterar que la decisión de prorrogara el contrato es la correcta, porque la empresa cumplió. Se desconoce cuál es el valor de las acciones, pero PPC ha señalado que invirtió más de $1,695 millones en los 23 años y 5 meses de vigencia del contrato.

El tema ha repercutido en las redes sociales, donde algunos ciudadanos han visto con suspicacia la propuesta del contralor Solís.

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