Personas que aparecían como dueños de buses, reconocidos dirigentes transportistas y cuatro exdirectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), figuraron en una lista de 527 personas citadas en 2018 a rendir declaración indagatoria por supuestas irregularidades en las indemnizaciones que se dieron por la salida de los buses «diablos rojos».

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga inició la investigación en el año 2012, luego que se presentaron 8 denuncias por supuestos actos ilícitos en el proceso de pago de compensación a los dueños de los «diablos rojos», para que salieran del sistema de transporte y así darle paso al Metrobús.

Las denuncias fueron interpuestas por el exdirector de la ATTT Juan Pablo Mora; el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu; Gabriel Peñaloza; Edilma Alonso; Eduardo Samudio; Rubiela Ramos de Palacio; el abogado Víctor Martínez; y una denuncia anónima.

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El 3 de octubre de 2018, se dictó la resolución que cita a indagatoria a los implicados por supuesta comisión de delito de peculado, iniciando los trámites para notificar a los imputados y desde el 15 de octubre del mismo año, comenzaron a rendir declaración en la Fiscalía, según información de TVN Noticias.

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Las supuestas irregularidades se dieron porque hubo buses compensados que no contaban con el acta de entrega para descarte; otros que no prestaban el servicio pero fueron indemnizados; y casos de cambios de ruta troncal a corredores para recibir 75 mil dólares de indemnización.

En el año 2010, más de 2 mil 700 buses «diablos rojos» que prestaban el servicio de transporte, salieron de circulación para dar paso a los Metrobuses. Se estima que los dueños de los «diablos rojos» recibieron indemnizaciones por más de 96 millones de dólares.

Las indemnizaciones se dieron dependiendo del servicio que prestaba cada bus:

Bus «diablo rojo» de ruta troncal: $25 mil.
Bus «diablo rojo» de Corredor: $35 mil.
Bus tipo coaster de Corredor: $50 mil.
Bus tipo Nevera de Corredor: $75 mil.

Uno de los citados y acusados fue el representante de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán, hoy procesado por haber dado muerte a Rigoberto Ceberino Santiago Choli, de 35 años de edad, a quien Cárdenas atropelló con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

Cárdenas solicitó una medida cautelar que le permite firmar cada 15 días ante el tribunal que lleva su caso, cuya próxima audiencia está programada para el mes de abril de 2024, fecha que corresponde a un mes antes de las elecciones.

Cárdenas aparece de número 130 en la lista de persona citadas a rendir indagatoria en 2018, por el caso de los buses.

Más del caso

Luego de 10 años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga finalizó en 2020 las pesquisas por supuestas anomalías en el proceso de la millonaria indemnización de buses “diablos rojos”, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El Ministerio Público pidió que se llame a juicio por la presunta comisión de delitos contra la administración pública a 610 personas, entre exfuncionarios, transportistas y empresarios.

La denuncia interpuesta en 2010 por el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, dio paso al inicio de las pesquisas, al detectar que se pagaban indemnizaciones a buses que no correspondían a la ruta en la que estaban operando o que no prestaban el servicio.

A esta acción de Papadimitriu, otras siete denuncias fueron presentadas por algunos transportistas, informó La Prensa.

El pago de las indemnizaciones a los “diablos rojos” comenzó en 2010 y terminó en 2014, como una compensación económica del Estado tras aprobar un contrato con la empresa Mi Bus, para el servicio de transporte público de pasajeros.

No fue hasta octubre de 2018 que la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de cargos contra 592 personas. Hasta ese momento, según la fiscal Kyra Tascón, la Contraloría General de la República había calculado una posible lesión patrimonial superior a los 24 millones de dólares.

Pero luego el número de investigados subió a 610.

Entre ellos figuran los exdirectores de la ATTT Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno, y el exdiputado Franz Wever.

Tras casi un año de tomar los descargos a los vinculados, la fiscalía remitió en febrero de 2020 pasado la vista fiscal al Órgano Judicial. Sin embargo, debido a una corrección de folio en el expediente y a la suspensión de los términos judiciales por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el caso quedó paralizado, hasta que luego fue asignado al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales (que antes era el Juzgado Décimo). Este tribunal, a cargo de Zaida Cárdenas, tendría que evaluar la responsabilidad de cada uno de los imputados.

La hipótesis de la fiscalía se basa en que “los concesionarios, bajo alegaciones falsas o desvirtuadas, procuraron ser beneficiados con el pago de indemnizaciones dentro del proceso de compensación, puesto que -bajo ningún sustento razonable- se ubican en tiempo y en espacio operando dentro de las rutas que alegaron que prestaron el servicio”.

Además, indica que “la intención nunca fue brindar un servicio en ruta por corredor, sino más bien el que se actualizara el certificado de operación para ser sujeto al pago de la indemnización del sistema, con un posible contubernio entre las prestatarias y los funcionarios gestores del proceso de compensación”.

Destaca la fiscalía que los vehículos “diablos rojos” fueron introducidos al país sin aire acondicionado, pero una cantidad considerable de estos fue indemnizado por la suma de $75 mil, porque supuestamente eran “de lujo”. Incluso, a pesar de que las agencias distribuidoras certificaron que a esos vehículos no se les instaló sistema de aire.

Según información recabada por la fiscalía, se entregó la indemnización a cambio de 2 mil 649 certificados de operación entre 2010 y 2014, lo que representó un desembolso al Estado de $94.8 millones.

Del total de certificados compensados, la fiscalía investigó 573 por presuntas irregularidades.

Los montos de indemnización correspondían a $25 mil para buses de ruta troncal; $35 mil para los de corredor; $50 mil por cada bus tipo coaster, y $75 mil para los buses de lujo con aire acondicionado.

Entre los imputados en el expediente sobre las compensaciones a los “diablos rojos” durante la administración presidencial de Ricardo Martinelli, figuran los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, Ventura Vega y Roberto Moreno.

En esa lista también figura el exsubdirector de la entidad Arturo Araúz, y el exdirector de Registro Único Vehicular de la ATTT, Nicolás Brea. Igualmente, Juan Pablo Mora, exsecretario de Metas.

La trama, además, alcanza a Franz Wever, exdiputado y exsecretario general de la Asamblea Nacional (2014-2019), y asesor del Legislativo. Se le investiga por su condición de dirigente transportista.

Entre los dirigentes de transporte investigados están: Manuel Argüelles, Dionisio Ortega, Eduardo Álvarez, Inocencio Perea, Santos Vega, Alexis Rodríguez, Bolívar Echeverría Jaén y Luis Rodríguez.

Audiencia contra más de 500 implicados

El pasado 14 de marzo de 2022 inició la audiencia preliminar contra 543 implicados en el caso de compensación de buses diablos rojos.

A los imputados se les acusa de la presunta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

La audiencia será a puerta cerrada en la arena Roberto Durán, según FOCO.

La Fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, dijo que la lesión patrimonial asciende a 24 millones de dólares, suma que fue cobrada a pesar de que el autobús se encontraba dañado, tenía cupo, pero no se encontraba funcionando.

También dijo que se detectó una gran cantidad de beneficiarios que recibieron una indemnización de más de $75 mil y otros que fueron indemnizados a pesar de que el vehículo no estaba circulando.

#Entrevista| 📹Inicia audiencia preliminar para 543 imputados por peculado en perjuicio de la ATTT. La Fiscal Superior Anticorrupción, Anilú Batista dijo que el Ministerio Público sustentará la vista fiscal donde solicita llamamiento a juicio para estas personas. pic.twitter.com/b6becvbcP6

— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) March 14, 2022

Denunciado ante la contraloría

La Contraloría General de Panamá, en una carta firmada por la secretaria general Zenia Vásquez de Palacios, dio respuesta a una denuncia ciudadana interpuesta por un pedregaleño sobre mal uso e irregularidades en el manejo de los fondos de inversión, fondo del PIOPSM e IBI y posible lesión patrimonial de peculado en los fondos del Estado de la Junta Comunal de Pedregal. Por el caso fue señalado el representante de Pedregal, quien aún continúa en su cargo como representante del corregimiento, pese a ser acusado de falsificación de documentos en el caso de los buses, pero también por la muerte del indígena Rigoberto Santiago Choli. La contraloría señaló que tan pronto hubiera disponibilidad de recursos procedería a realizar una auditoría para investigar el caso de malversación denunciado, sin que hasta ahora se haya impuesto sanción o tomado medida alguna.

Aquí la denuncia presentada ante la Contraloría General de Panamá, en la que se señala a Elías Cárdenas Jordán.

Solo alguien impune e intocable puede ser inmune a dos medidas cautelares, una denuncia en el Tribunal de Cuentas y en la Contraloría, entre otras acusaciones, sin que reciba ninguna sanción o medida de prisión, como sucede en el caso del representante de Pedregal, Elías Cárdenas Jordán.

Cárdenas ha sido capaz de falsificar documentos en el caso de los buses y dar muerte a una persona, caso este último por el que fue programada su próxima audiencia judicial para un mes antes de las elecciones de 2024. El representante de Pedregal ha recibido un trato privilegiado por parte de las autoridades, que la gran mayoría de los panameños no recibe. Mientras, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo se hace de la vista gorda.

“Usó todo dentro de la Junta Comunal para evadir la responsabilidad del Indígena y se probó, todas las pruebas salieron favorables de que falsifica documentos y utilizo servidores públicos para mentir y todo eso y ahí esta enriqueciéndose ilícitamente con los Recurso del Estado, haciendo y deshaciendo, ¡increíble!, pero así es la corrupción en Panamá”, señaló una fuente conocedora del caso en torno a Cárdenas.

Un comentario publicado por un activista en Facebook señala:

Yo no se hasta Cuando nuestro Gobierno Permitirá a Corruptos como Elias Cardenas Jordan Representante de Pedregal, Actualmente enfrenta dos 2 Medidas Cautelares firmando, sin impedimento de salida del País ahora esta corriendo como Delegado y tiene la Junta Comunal llena de gente de Cabrá de Pacora, se ha dedicado a hacer con los PRD que se fajaron en campaña de eliminarlos, hasta cuando? con este Delincuente, que enfrenta un Proceso de Homicidio Culposo que casualidad que se lo dejaron para el Abril de 2024, tiene Medida Cautelar en su Contra por Homicidio Culposo agravado por la Muerte de Rigoberto Santiago Choli(Q.E.P.D.) y tiene la del tema de los Buses donde falsifico documento para cobrar 2 veces con el mismo Bus y nuestra Justicia Panameña haciendose de la Vista gorda, pero si hubiese sido un Hijo de la Cocinera ya Preso hubiera estado. Yo espero que todos los que Apoyan a estos tipos de delincuentes creen en su conciencia un Cargo de Conciencia por Apoyar Corruptos, Asesinos, manipuladores de la Justicia y de nuestro Gobierno, ahhh ahí esta Ferrufino condenado y condenado y Elias Cárdenas pa’ Cuando?

Y la Contraloría General de la República también Prestandose para la Corrupción, cuando le harán una Auditoria?

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