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Panamá

El tuitero Eduardo Narváez vuelve a tribunales y nuevamente se ve amenazada la libertad de expresión en Panamá

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El tuitero y caricaturista panameño Eduardo Narváez ha sido citado nuevamente a juicio ante el juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Panamá el martes 16 de marzo, acusado de haber divulgado en las redes dos caricaturas que su acusadora asegura le causaron afectación psicológica.

Narváez, quien se hace llamar en Twitter «edunar54» o @ElPuebloPty, fue arrestado la noche del 22 de enero de 2019 cerca de su residencia en la ciudad de Panamá, siendo posteriormente allanada su casa en un procedimiento ordenado por la entonces procuradora general del país, Kenia Isolda Porcell, en el que le fueron confiscados todos sus dispositivos electrónicos, reseña expresa.me.

El arresto estuvo relacionado con la difusión de unas sugestivas fotografías en traje de baño de Natasha Ruskova, una mujer de Ucrania que publicaba fotos suyas en poca ropa en Twitter y cuyo parecido con la procuradora Porcell provocó que en las redes se tejieran algunas especulaciones. Porcell ha argumentado que las fotografías le causaron lesiones psicológicas.

Las publicaciones desataron la ira de Porcell y los arrestos tanto de Narváez, crítico de la gestión de la exprocuradora, como de otros tuiteros que se hicieron eco de las imágenes, situación que algunos panameños catalogaron como venganza personal y abuso de poder.

La investigación de Narváez inició luego de que el Primer Tribunal Superior de Panamá concediera un recurso de apelación a la fiscalía, aprobando los cargos que fueron rechazados luego por un juez de garantías el 24 de enero de 2019, conduciendo a su liberación.

Una sentencia del Juzgado Primero, el 11 de junio del mismo año anuló la decisión del juez de garantías, quien decidió no aceptar la investigación en contra de Narváez.

En el mes de julio de 2019 Narváez dirigió un mensaje a la Defensoría del Pueblo de Panamá y al director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, con el fin de denunciar la persecución de la que ha sido objeto. Allí el caricaturista expresó

«Como la persecución terrorista judicial de parte de Kenia Porcell y su subalterna fiscal continúa en contra de nuestra persona, nos avocamos a apelar la revocatoria del Primer Tribunal Judicial sobre la decisión de la Juez de Garantías que nos había absuelto de los cargos en contra nuestra. Dicho Tribunal aceptó la apelación, sin embargo la persecución, el rencor y el odio de la Procuradora es tan grande que su fiscal presentó un incidente para tratar de evitar que el caso trascendiera a la Corte Suprema de Justicia!»

En un nuevo giro del caso, el juicio de 2019 fue anulado para ser iniciado un nuevo proceso. Acerca de esto el caricaturista ha comentado: «Como el juicio que me hicieron en el caso Kenia Porcell vs edunar54 no fue favorable para la parte demandante resulta ser que ahora anulan ese juicio para enjuiciarme nuevamente. O sea que de todos modos debo quedar 7 años mínimo tras las rejas! Vaya #justicia la de mi país!».

Asimismo ha invitado a una concentración pacífica en la Plaza Ágora de la ciudad de Panamá el martes 16 de marzo a la 1:00 p.m. para exigir justicia sin fueros ni privilegios y el procesamiento judicial de la exprocuradora por los casos Panama Papers, Blue Apple, Odebrecht, albergues y por extralimitación de funciones.

La misma fecha está prevista la nueva vista del caso contra Nárvaez, quién corre el riesgo de quedar detenido.

En las redes distintos internautas le han hecho un llamado a los organismos internacionales garantes de la libertad de expresión y los derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras organizaciones, para que le den seguimiento al caso, qué algunos catalogan como una persecución judicial y política.

El tuitero es un hombre de condición humilde, padre de familia, quien ha alzado su voz contra los atropellos y la corrupción desde que Panamá estaba bajo la dictadura de Manuel Noriega, condenando siempre los excesos cometidos por los distintos gobiernos, algo que para algunos ha causado incomodidad en ciertas figuras públicas que ahora intentan pasarle factura y llevarlo a prisión.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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