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Panamá

El «Principio de Territorialidad» en Panamá y su relación con la industria offshore

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La República de Panamá cuenta con un sistema tributario bastante eficaz y moderno desde el año 1916. A este sistema fiscal se le aplica el conocido “Principio de Territorialidad”.

El “Principio de Territorialidad” se basa en que una persona física o jurídica, contribuyente, está sujeta al pago de impuestos en la República de Panamá siempre y cuando esos ingresos monetarios netos se hayan obtenido de una actividad comercial realizada dentro del territorio panameño, según un articulo de Fernando Sucre Míguez en Central Fiduciaria.

La normativa fiscal aplicable hace referencia al artículo 694 del Código Fiscal y al artículo 9 del Decreto Ejecutivo 170 del año 1993.

Por contribuyente se entiende la persona natural o jurídica sujeta al pago del impuesto, independientemente de que sea panameño o extranjero. En este caso prima el lugar donde se ha producido el hecho imponible y no su nacionalidad.

En este caso, el país de residencia no le exime de ese pago, entendiendo por país de residencia a la estancia durante más de 180 días consecutivos o alternos en un año por una persona en la República de Panamá.

A día de hoy Panamá sigue siendo uno de los pocos países donde se permite el ejercicio de los dos tipos de actividad, es decir, operaciones internacionales libres impuestos y operaciones comerciales dentro de Panamá sujetas a impuestos.

El Principio de Territorialidad hace que la República de Panamá sea uno de los destinos offshore más atractivos y a la vez sólidos del mundo.

Aplicación del Principio de Territorialidad Panameño en materia Offshore

A partir de la aplicación de este principio fiscal desde los inicios de la década de los setenta abogados, contadores y fiduciarios europeos comenzaron a aprovechar las bondades de este epígrafe de la ley: “…Están exentas del pago del impuesto sobre la renta las transacciones que se perfeccionen fuera del territorio de la República de Panamá”.

Desde entonces comenzaron a promover transacciones comerciales internacionales, compra de bienes y estructuras testamentarias sin la obligación de pago alguno de impuestos sobre la renta por dichas actividades, siempre y cuando las mismas se llevaran a cabo fuera del territorio del país de registro de dicha compañía, Panamá.

Aquí estamos hablando de los albores de la industria offshore.

En los años ochenta este sistema fue tan exitoso que otros países rápidamente crearon entidades que podrían ser utilizadas de la misma manera que las compañías panameñas para actividades Offshore, naciendo de esta forma las famosas IBC´s, acrónimo en inglés de International Business Company.

Las IBC´s son compañías diseñadas solo para realizar negocios internacionalmente con el mandato de no a cabo llevar negocios a nivel local.

Paradójicamente, las compañías panameñas en base a la no existencia de ninguna prohibición por parte de la Ley 32 de 1927 y en aplicación del principio de territorialidad del Art. 694 del Código Fiscal, son las únicas entidades utilizadas en la industria Offshore que pueden realizar transacciones tanto a nivel internacional, libre de impuestos en Panamá, como también llevar negocios dentro de la República de Panamá de forma simultánea con el consiguiente pago de tributos.

Casos prácticos acerca de la tributación de empresas dentro del ámbito de aplicación o no del Principio de Territorialidad

CASO 1: Una Sociedad Anónima sin actividad local pero con presencia física en el territorio con renta de fuente extranjera.

En este caso la compañía no debe declarar ni pagar el impuesto sobre la renta en Panamá.

CASO 2. Idéntico al anterior pero realizando venta online a través de su página web.

La Dirección General de Ingresos (DGI) considera que una S.A. realizando “e-commerce” está exenta del pago del impuesto sobre la renta que perciba a través de su página de Internet siempre y cuando la página web de la compañía esté ubicada en un servidor “fuera del territorio de la República de Panamá” y, adicionalmente, que los clientes que paguen a través de la web no se encuentren dentro de Panamá, es decir, que la renta que se percibe online sea de fuente fuera del territorio nacional.

CASO 3: Una S.A. con actividad local y/o presencia física fuera del territorio con renta de fuente extranjera.

Este es el caso del uso de una compañía panameña con fines Offshore aplicando el principio de territorialidad fiscal. Estando la actividad de esta empresa totalmente enfocada al extranjero, la fuente de su renta estará fuera del territorio panameño y se exime por completo del pago de impuestos sobre la renta en Panamá.

CASO 4: Una S.A. con actividad local pero sin presencia física en el territorio con renta de fuente panameña.

En este caso tenemos una compañía inscrita en el Registro Público, que no se acoge al literal b) del Par. 2 de 694 y tampoco es sucursal de ninguna entidad extranjera Panamá, pero actúa desde el extranjero en territorio Panameño (por ejemplo, por medio de directores con residencia en el extranjero) acumulando ingresos en una cuenta en el exterior provenientes de inversiones o negocios en Panamá.

Es claro en este caso que la compañía debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta de fuente Panameña, ya que su renta es de fuente dentro del territorio nacional.

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Panamá

Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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