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Panamá

El negocio de importantes compañías energéticas de Estados Unidos con los cuestionados empresarios panameños Mayor Alfredo Alemán y José Dapelo

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En junio pasado el presidente de Panamá Laurentino Cortizo Cohen anunció con bombos y platillos un nuevo plan para el desarrollo del sector eléctrico del país centroamericano que incluye la construcción de una generadora de gas natural en consorcio con empresas líderes del sector energético de Estados Unidos y América Latina. El mandatario explicó que Panamá no tendrá que poner “ni un solo centavo’’ de los 1,000 millones de dólares de inversión en el proyecto en el que se asoció con InterEnergy Group y AES Panamá, filial de AES Corp, una gigantesca empresa de energía que cotiza en la Bolsa de Nueva York, informaron Gerardo Reyes y Julia Franke en un reportaje para Univisión Noticias.

Pero en medio del ambiente de celebración del anuncio presidencial quedaron varios interrogantes en el aire. Una revisión de Univision Investiga del proceso de asociación entre el gobierno y las empresas, muestra que InterEnergy y AES Panamá, suscribieron un millonario contrato con una compañía cuyos principales accionistas son dos empresarios con un turbio pasado.

En el centro de los cuestionamientos están el magnate panameño de la construcción Mayor Alfredo Alemán y el ecuatoriano residenciado en Panamá, José Dapelo Benites. Ambos son dueños de Panamá NG Power. La empresa vendió a las multinacionales energéticas la concesión de un proyecto de generación de energía que está paralizado desde hace ocho años y que fue aprobado por el gobierno panameño en medio de denuncias de fraude en el proceso de adjudicación.

InterEnergy y AES Corp. dieron el visto bueno al negocio pese a que era de público conocimiento que una sociedad de Dapelo afrontaba una investigación por pagos no justificados a los padres de un ministro de la presidencia de Panamá y que ambas empresas sabían que Alemán no tiene visado para ingresar a Estados Unidos.

Alemán, quien a mediados de la década de los noventa debió renunciar a la presidencia de la junta directiva del banco central de Panamá por presiones del Departamento de Estado, es uno de los empresarios más cercanos al presidente Cortizo. Univision Investiga confirmó con cuatro fuentes que la embajada retiró la visa de Alemán hace más de un año. El Departamento de Estado se negó a dar información de los motivos por política de confidencialidad. Alemán no confirmó ni negó la remoción de su visa.

InterEnergy y AES Corp. respondieron a Univisión que habían realizado un detallado estudio de debida diligencia sobre los antecedentes del proyecto conocido como Generadora Gatún y de las personas involucradas en las negociaciones. El procedimiento se conoce como due diligence. En un correo electrónico la casa matriz de AES en Estados Unidos aseguró que aplicó “estrictos estándares de cumplimiento y diligencia debida para evaluar completamente el proyecto de gas natural Gatún para asegurar que estamos cumpliendo con las leyes de Estados Unidos y locales y satisfacer todos los requisitos de información’’.

En los mismos términos se pronunció InterEnergy. Pero ninguna de las compañías respondió preguntas específicas de Univision sobre los antecedentes de los empresarios y los cuestionamientos a la forma como el gobierno de Panamá adjudicó la concesión a Panama NG Power.

Univisión se enteró de que un bloque de accionistas minoritarios de AES está inconforme con la forma poco transparente, según ellos, como se ha manejado el proyecto Gatún. Los accionistas expresaron a la filial de AES en Panamá los riesgos reputacionales que podría generar el contrato, según una persona relacionada con ellos.

En su más reciente reporte trimestral a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) AES informó en forma general sobre el proyecto sin mencionar a Panamá NG Power, el valor del contrato ni la fecha exacta de su firma. Dos fuentes familiarizadas con el negocio dijeron que la venta se acordó en unos 300 millones de dólares.

“Básicamente lo que NG Power vendió fueron unos papeles que la acreditan como concesionaria porque el proyecto nunca se materializó, no hay una infraestructura de nada ’’, explicó el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, quien ha presentado quejas y denuncias contra el proyecto ante autoridades de Panamá y Estados Unidos en defensa de la ciudadanía panameña, según sus escritos.

Señalado en Andorra

En el cuestionario enviado en julio de 2021, Univisión preguntó a AES e InterEnergy Group si la diligencia de investigación reputacional de los empresarios había tenido en cuenta que la sociedad de Dapelo, Monteverde NG Power, fue mencionada en un escándalo de corrupción que estalló en 2018 a raíz de una investigación de autoridades del principado de Andorra, paraíso financiero de Europa.

De acuerdo con documentos obtenidos por Univision y publicados originalmente en febrero de 2018 por el diario El País de España, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra estableció que Monteverde NG Power, de la cual Dapelo es socio, hizo transferencias sospechosas a los padres de Demetrio Jimmy Papadimitriu cuando este se desempeñaba como ministro de la presidencia de Panamá (2009-2012).

La intervención de Banca Privada D’Andorra se realizó bajo sospechas de que este pequeño banco del principado había sido usado por la multinacional de la construcción Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios públicos de América Latina. La juez andorrana Canolich Mingorance restreó transferencias sospechosas que sumaban más de 200 millones de dólares.

Univision investiga tuvo acceso al Tomo XIX de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra a la justicia de ese principado. Allí aparecen cinco transferencias de Monteverde NG Power SA de Panamá a Malena Investments S.A. Los socios de Malena eran entonces Diamantis Papadimitriu y Maria Bagatelas, padres del ministro. Las transferencias de Monteverde NG Power a Malena Investments suman 630 mil dólares.

Al momento de la apertura de la cuenta, la pareja explicó al banco que depositaría allí dineros producto de “ahorros acumulados, herencia familiar de la señora y rentas de trabajo’’. El motivo para abrirla: “diversificar el riesgo país’’. Una casilla del formulario advertía que “el hijo de los Srs Papadimitriu ostenta un alto cargo político en Panamá’’. Diamantis Papadimitriu falleció. Su esposa fue imputada.

Los padres del ministro recibieron sumas millonarias de otras empresas y personas que habrían actuado como intermediarias de Odebrecht, según la investigación. La firma Odebrecht fue acusada en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de pagar millonarios sobornos a altos funcionarios públicos entre quienes se encuentran presidentes y ministros. Papadimitriu fue detenido en septiembre de 2017 acusado de cargos de corrupción. Luego obtuvo libertad bajo medidas cautelares.

La vocera del Ministerio Público de Panamá Magda Maxwell informó a Univision que los pagos de la firma de Dapelo a los padres del exministro están bajo investigación aunque no se han formulado cargos al empresario ni a la sociedad. Papadimitriu fue imputado en abril de cargos de lavado de capitales y corrupción de servidor público junto con cincuenta personas más y Odebrecht.

Las revelaciones de El País causaron un terremoto político en América Latina. Los medios panameños hicieron eco de la publicación española. El diario La Prensa explicó que la “gran novedad’’ de los papeles de Andorra “es que las cuentas [de los padres de Papadimitriu] fueron receptoras de dineros de una sociedad que pertenece a José Dapelo, presidente de Panamá NG Power, que en 2013 fue favorecida en una licitación en la que el único oferente fue esa empresa’’.

En 2018 al conocer los señalamientos de las autoridades antilavado de Andorra, Dapelo explicó en un comunicado que las transferencias de su empresa a los padres de Papadimitriu, correspondían al pago por la construcción de un depósito de combustible en Vacamonte, al occidente de Panamá. Dapelo no anexó pruebas de esa transacción, según uno de los periodistas que recibió el comunicado.
El empresario no respondió mensajes ni llamadas de Univision.

El abogado de Papadimitriu, Nicolás Brea, pidió un plazo para obtener autorización de su cliente y responder preguntas en relación con los pagos de la sociedad de Dapelo, pero Brea no volvió a comunicarse con Univision. La investigación en Andorra continua.

Un mes antes de que se revelaran las cuentas de Andorra, los medios panameños informaron que el gobierno había prohibido el ingreso de Dapelo a Panamá. Según le dijo a Univision una fuente del alto gobierno de ese momento, la medida se tomó al establecerse que Dapelo, ciudadano extranjero, estaba financiando una campaña de desprestigio contra el entonces presidente Juan Carlos Varela.

Univision tampoco recibió respuesta de las empresas del consorcio a la pregunta de si sus directivos consideraron relevante el retiro de la visa estadounidense de Alemán. En un correo electrónico enviado a Univision, el empresario no negó que se le hubiera revocado la visa y declinó responder sobre las razones por las que cree que Estados Unido tomó esa medida. Solamente invitó a Univision a que confirmara la información con la embajada.

“Hay un exembajador panameño que según VarelaLeaks tiene mucho poder, que se jacta públicamente de revocar y restituir visas de USA’’, respondió Alemán. Los VarelaLeaks son filtraciones de conversaciones telefónicas del presidente Varela cuando estaba en el poder.
Un funcionario del Departamento de Estado respondió a Univision que los documentos relacionados con las visas son confidenciales bajo las leyes de Estados Unidos. “No discutimos detalles de casos individuales’’, agregó el funcionario.

Problemas en Estados Unidos

Alemán tenía otra mancha en su pasado que fue parte de los antecedentes que conocieron las empresas energéticas de Estados Unidos, según lo estableció Univision. En 1994 una compañía de carga de la que Alemán era accionista fue acusada de narcotráfico en una corte federal de Illinois. La fiscalía federal formuló cargos a Trans Latin Airways (TLA) de venta y distribución de narcóticos y violación de la ley de comercio interestatal.

En la operación también fueron encausadas aerolíneas colombianas ligadas al transporte de toneladas de cocaína del Cartel de Cali. En enero de 1997 la fiscalía retiró varios cargos contra Trans Latin Airways. Alemán no figura como acusado en la imputación.
La operación antinarcóticos no pasó inadvertida para los medios estadounidenses.

El periódico The New York Times se refirió a ella en un artículo publicado a mediados de 1996 y que aparece en los primeros resultados de una búsqueda sencilla de Google. El artículo presentaba un balance desolador de cómo el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez
Balladares (1994-1999) estaba rodeado de escándalos de narcotráfico y lavado de dinero de la droga. El diario citó a Alemán como accionista de la empresa acusada en Chicago.

Alemán explicó a Univision que la acusación en la corte federal no fue en su contra. Dijo que existe en el expediente un memorando de sus abogados “donde se presenta evidencia contundente de que mi persona en ningún momento fue sujeto de esta investigación ni de ninguna otra’’. En el mismo expediente, agregó, “también puede confirmar que las acusaciones contra la aerolínea que menciona fueron desestimadas por el mismo fiscal’’. Según el memorándum, agregó Alemán, el fiscal del caso halló que “la empresa se encontraba ‘remota’ del objeto de la investigación’’.

En el expediente por narcotráfico hay en efecto constancia de la presentación de un memorando del abogado de Alemán, pero su contenido no aparece en la base de datos de procesos federales PACER. Alemán no envió a Univision copia del documento. De acuerdo con PACER, la fiscalía desestimó cuatro cargos contra Trans Latin Air en enero de 1997, entre ellos el de venta y distribución de narcóticos.

Un banco “enmascarado’’

La red implicada en el caso de narcotráfico de la corte de Illinois estaba liderada por Luis Carlos Herrera Lizcano, un piloto colombiano que se declaró culpable de un cargo de importación de cocaína en la corte federal de Chicago. Fue condenado a ocho años de prisión. Herrera salió libre anticipadamente y en una conferencia de prensa en Panamá anunció una demanda civil contra Alemán por la presunta desaparición de 1.6 millones de dólares que una sociedad suya había depositado en el Banco Agroindustrial de Panamá, Banaico, del cual Alemán era vicepresidente.

La demanda en poder de Univision alega que Alemán “mantenía una relación comercial y personal de vieja data con Luis Carlos Herrera Liscano (sic) y Juan Manuel Posada, preso en Europa por blanqueo de capitales’’.
Alemán respondió que no ha tenido negocios con Herrera.

Herrera no respondió llamadas ni mensajes de Univision Investiga. El abogado Sidney Sitton, quien lo representó en un caso penal por lavado de dinero en Panamá informó que Herrera desistió de la acción civil por falta de recursos para pagar los costes legales. Herrera fue exonerado de los cargos de lavado por la justicia de este país.

Banaico fue intervenido por autoridades financieras de Panamá al descubrirse una quiebra fraudulenta en medio de señalamiento de que se había convertido en el banco de confianza del Cartel de Cali. Algunos de sus directivos fueron acusados de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos. Alemán no fue acusado. Un artículo de The Washington Post de agosto de 1996 citó a una fuente federal afirmando que “Banaico era una operación de lavado con máscara de banco’’. Otras fuentes oficiales le dijeron al diario que durante años el banco mantuvo lazos con el Cartel de Cali.

A raíz de los escándalos de Banaico y la acusación a la compañía de carga aérea en Chicago, el Departamento de Estado pidió al entonces presidente Pérez Balladares que removiera a Alemán como presidente de la junta directiva del Banco Nacional, la institución bancaria central de Panamá, según lo reportó The Miami Herald.

“Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron a sus contrapartes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que la presencia de Alemán en el gobierno era inaceptable para Washington’’, agregó la nota del corresponsal Glenn Garvin. De no cumplir con la petición el gobierno de Estados Unidos se negaría a certificar los esfuerzos de Panamá contra el narcotráfico, reveló el diario. Alemán salió del cargo en febrero de 1995. El empresario le dijo a The Miami Herald que lo hizo a raíz de la acusación en Chicago contra su compañía pero no por las presiones de Washington.

Lea el contenido completo en Univisión Noticias

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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