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Panamá

El negocio de importantes compañías energéticas de Estados Unidos con los cuestionados empresarios panameños Mayor Alfredo Alemán y José Dapelo

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En junio pasado el presidente de Panamá Laurentino Cortizo Cohen anunció con bombos y platillos un nuevo plan para el desarrollo del sector eléctrico del país centroamericano que incluye la construcción de una generadora de gas natural en consorcio con empresas líderes del sector energético de Estados Unidos y América Latina. El mandatario explicó que Panamá no tendrá que poner “ni un solo centavo’’ de los 1,000 millones de dólares de inversión en el proyecto en el que se asoció con InterEnergy Group y AES Panamá, filial de AES Corp, una gigantesca empresa de energía que cotiza en la Bolsa de Nueva York, informaron Gerardo Reyes y Julia Franke en un reportaje para Univisión Noticias.

Pero en medio del ambiente de celebración del anuncio presidencial quedaron varios interrogantes en el aire. Una revisión de Univision Investiga del proceso de asociación entre el gobierno y las empresas, muestra que InterEnergy y AES Panamá, suscribieron un millonario contrato con una compañía cuyos principales accionistas son dos empresarios con un turbio pasado.

En el centro de los cuestionamientos están el magnate panameño de la construcción Mayor Alfredo Alemán y el ecuatoriano residenciado en Panamá, José Dapelo Benites. Ambos son dueños de Panamá NG Power. La empresa vendió a las multinacionales energéticas la concesión de un proyecto de generación de energía que está paralizado desde hace ocho años y que fue aprobado por el gobierno panameño en medio de denuncias de fraude en el proceso de adjudicación.

InterEnergy y AES Corp. dieron el visto bueno al negocio pese a que era de público conocimiento que una sociedad de Dapelo afrontaba una investigación por pagos no justificados a los padres de un ministro de la presidencia de Panamá y que ambas empresas sabían que Alemán no tiene visado para ingresar a Estados Unidos.

Alemán, quien a mediados de la década de los noventa debió renunciar a la presidencia de la junta directiva del banco central de Panamá por presiones del Departamento de Estado, es uno de los empresarios más cercanos al presidente Cortizo. Univision Investiga confirmó con cuatro fuentes que la embajada retiró la visa de Alemán hace más de un año. El Departamento de Estado se negó a dar información de los motivos por política de confidencialidad. Alemán no confirmó ni negó la remoción de su visa.

InterEnergy y AES Corp. respondieron a Univisión que habían realizado un detallado estudio de debida diligencia sobre los antecedentes del proyecto conocido como Generadora Gatún y de las personas involucradas en las negociaciones. El procedimiento se conoce como due diligence. En un correo electrónico la casa matriz de AES en Estados Unidos aseguró que aplicó “estrictos estándares de cumplimiento y diligencia debida para evaluar completamente el proyecto de gas natural Gatún para asegurar que estamos cumpliendo con las leyes de Estados Unidos y locales y satisfacer todos los requisitos de información’’.

En los mismos términos se pronunció InterEnergy. Pero ninguna de las compañías respondió preguntas específicas de Univision sobre los antecedentes de los empresarios y los cuestionamientos a la forma como el gobierno de Panamá adjudicó la concesión a Panama NG Power.

Univisión se enteró de que un bloque de accionistas minoritarios de AES está inconforme con la forma poco transparente, según ellos, como se ha manejado el proyecto Gatún. Los accionistas expresaron a la filial de AES en Panamá los riesgos reputacionales que podría generar el contrato, según una persona relacionada con ellos.

En su más reciente reporte trimestral a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) AES informó en forma general sobre el proyecto sin mencionar a Panamá NG Power, el valor del contrato ni la fecha exacta de su firma. Dos fuentes familiarizadas con el negocio dijeron que la venta se acordó en unos 300 millones de dólares.

“Básicamente lo que NG Power vendió fueron unos papeles que la acreditan como concesionaria porque el proyecto nunca se materializó, no hay una infraestructura de nada ’’, explicó el abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, quien ha presentado quejas y denuncias contra el proyecto ante autoridades de Panamá y Estados Unidos en defensa de la ciudadanía panameña, según sus escritos.

Señalado en Andorra

En el cuestionario enviado en julio de 2021, Univisión preguntó a AES e InterEnergy Group si la diligencia de investigación reputacional de los empresarios había tenido en cuenta que la sociedad de Dapelo, Monteverde NG Power, fue mencionada en un escándalo de corrupción que estalló en 2018 a raíz de una investigación de autoridades del principado de Andorra, paraíso financiero de Europa.

De acuerdo con documentos obtenidos por Univision y publicados originalmente en febrero de 2018 por el diario El País de España, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra estableció que Monteverde NG Power, de la cual Dapelo es socio, hizo transferencias sospechosas a los padres de Demetrio Jimmy Papadimitriu cuando este se desempeñaba como ministro de la presidencia de Panamá (2009-2012).

La intervención de Banca Privada D’Andorra se realizó bajo sospechas de que este pequeño banco del principado había sido usado por la multinacional de la construcción Odebrecht para pagar sobornos a funcionarios públicos de América Latina. La juez andorrana Canolich Mingorance restreó transferencias sospechosas que sumaban más de 200 millones de dólares.

Univision investiga tuvo acceso al Tomo XIX de pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra a la justicia de ese principado. Allí aparecen cinco transferencias de Monteverde NG Power SA de Panamá a Malena Investments S.A. Los socios de Malena eran entonces Diamantis Papadimitriu y Maria Bagatelas, padres del ministro. Las transferencias de Monteverde NG Power a Malena Investments suman 630 mil dólares.

Al momento de la apertura de la cuenta, la pareja explicó al banco que depositaría allí dineros producto de “ahorros acumulados, herencia familiar de la señora y rentas de trabajo’’. El motivo para abrirla: “diversificar el riesgo país’’. Una casilla del formulario advertía que “el hijo de los Srs Papadimitriu ostenta un alto cargo político en Panamá’’. Diamantis Papadimitriu falleció. Su esposa fue imputada.

Los padres del ministro recibieron sumas millonarias de otras empresas y personas que habrían actuado como intermediarias de Odebrecht, según la investigación. La firma Odebrecht fue acusada en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, de pagar millonarios sobornos a altos funcionarios públicos entre quienes se encuentran presidentes y ministros. Papadimitriu fue detenido en septiembre de 2017 acusado de cargos de corrupción. Luego obtuvo libertad bajo medidas cautelares.

La vocera del Ministerio Público de Panamá Magda Maxwell informó a Univision que los pagos de la firma de Dapelo a los padres del exministro están bajo investigación aunque no se han formulado cargos al empresario ni a la sociedad. Papadimitriu fue imputado en abril de cargos de lavado de capitales y corrupción de servidor público junto con cincuenta personas más y Odebrecht.

Las revelaciones de El País causaron un terremoto político en América Latina. Los medios panameños hicieron eco de la publicación española. El diario La Prensa explicó que la “gran novedad’’ de los papeles de Andorra “es que las cuentas [de los padres de Papadimitriu] fueron receptoras de dineros de una sociedad que pertenece a José Dapelo, presidente de Panamá NG Power, que en 2013 fue favorecida en una licitación en la que el único oferente fue esa empresa’’.

En 2018 al conocer los señalamientos de las autoridades antilavado de Andorra, Dapelo explicó en un comunicado que las transferencias de su empresa a los padres de Papadimitriu, correspondían al pago por la construcción de un depósito de combustible en Vacamonte, al occidente de Panamá. Dapelo no anexó pruebas de esa transacción, según uno de los periodistas que recibió el comunicado.
El empresario no respondió mensajes ni llamadas de Univision.

El abogado de Papadimitriu, Nicolás Brea, pidió un plazo para obtener autorización de su cliente y responder preguntas en relación con los pagos de la sociedad de Dapelo, pero Brea no volvió a comunicarse con Univision. La investigación en Andorra continua.

Un mes antes de que se revelaran las cuentas de Andorra, los medios panameños informaron que el gobierno había prohibido el ingreso de Dapelo a Panamá. Según le dijo a Univision una fuente del alto gobierno de ese momento, la medida se tomó al establecerse que Dapelo, ciudadano extranjero, estaba financiando una campaña de desprestigio contra el entonces presidente Juan Carlos Varela.

Univision tampoco recibió respuesta de las empresas del consorcio a la pregunta de si sus directivos consideraron relevante el retiro de la visa estadounidense de Alemán. En un correo electrónico enviado a Univision, el empresario no negó que se le hubiera revocado la visa y declinó responder sobre las razones por las que cree que Estados Unido tomó esa medida. Solamente invitó a Univision a que confirmara la información con la embajada.

“Hay un exembajador panameño que según VarelaLeaks tiene mucho poder, que se jacta públicamente de revocar y restituir visas de USA’’, respondió Alemán. Los VarelaLeaks son filtraciones de conversaciones telefónicas del presidente Varela cuando estaba en el poder.
Un funcionario del Departamento de Estado respondió a Univision que los documentos relacionados con las visas son confidenciales bajo las leyes de Estados Unidos. “No discutimos detalles de casos individuales’’, agregó el funcionario.

Problemas en Estados Unidos

Alemán tenía otra mancha en su pasado que fue parte de los antecedentes que conocieron las empresas energéticas de Estados Unidos, según lo estableció Univision. En 1994 una compañía de carga de la que Alemán era accionista fue acusada de narcotráfico en una corte federal de Illinois. La fiscalía federal formuló cargos a Trans Latin Airways (TLA) de venta y distribución de narcóticos y violación de la ley de comercio interestatal.

En la operación también fueron encausadas aerolíneas colombianas ligadas al transporte de toneladas de cocaína del Cartel de Cali. En enero de 1997 la fiscalía retiró varios cargos contra Trans Latin Airways. Alemán no figura como acusado en la imputación.
La operación antinarcóticos no pasó inadvertida para los medios estadounidenses.

El periódico The New York Times se refirió a ella en un artículo publicado a mediados de 1996 y que aparece en los primeros resultados de una búsqueda sencilla de Google. El artículo presentaba un balance desolador de cómo el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez
Balladares (1994-1999) estaba rodeado de escándalos de narcotráfico y lavado de dinero de la droga. El diario citó a Alemán como accionista de la empresa acusada en Chicago.

Alemán explicó a Univision que la acusación en la corte federal no fue en su contra. Dijo que existe en el expediente un memorando de sus abogados “donde se presenta evidencia contundente de que mi persona en ningún momento fue sujeto de esta investigación ni de ninguna otra’’. En el mismo expediente, agregó, “también puede confirmar que las acusaciones contra la aerolínea que menciona fueron desestimadas por el mismo fiscal’’. Según el memorándum, agregó Alemán, el fiscal del caso halló que “la empresa se encontraba ‘remota’ del objeto de la investigación’’.

En el expediente por narcotráfico hay en efecto constancia de la presentación de un memorando del abogado de Alemán, pero su contenido no aparece en la base de datos de procesos federales PACER. Alemán no envió a Univision copia del documento. De acuerdo con PACER, la fiscalía desestimó cuatro cargos contra Trans Latin Air en enero de 1997, entre ellos el de venta y distribución de narcóticos.

Un banco “enmascarado’’

La red implicada en el caso de narcotráfico de la corte de Illinois estaba liderada por Luis Carlos Herrera Lizcano, un piloto colombiano que se declaró culpable de un cargo de importación de cocaína en la corte federal de Chicago. Fue condenado a ocho años de prisión. Herrera salió libre anticipadamente y en una conferencia de prensa en Panamá anunció una demanda civil contra Alemán por la presunta desaparición de 1.6 millones de dólares que una sociedad suya había depositado en el Banco Agroindustrial de Panamá, Banaico, del cual Alemán era vicepresidente.

La demanda en poder de Univision alega que Alemán “mantenía una relación comercial y personal de vieja data con Luis Carlos Herrera Liscano (sic) y Juan Manuel Posada, preso en Europa por blanqueo de capitales’’.
Alemán respondió que no ha tenido negocios con Herrera.

Herrera no respondió llamadas ni mensajes de Univision Investiga. El abogado Sidney Sitton, quien lo representó en un caso penal por lavado de dinero en Panamá informó que Herrera desistió de la acción civil por falta de recursos para pagar los costes legales. Herrera fue exonerado de los cargos de lavado por la justicia de este país.

Banaico fue intervenido por autoridades financieras de Panamá al descubrirse una quiebra fraudulenta en medio de señalamiento de que se había convertido en el banco de confianza del Cartel de Cali. Algunos de sus directivos fueron acusados de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documentos. Alemán no fue acusado. Un artículo de The Washington Post de agosto de 1996 citó a una fuente federal afirmando que “Banaico era una operación de lavado con máscara de banco’’. Otras fuentes oficiales le dijeron al diario que durante años el banco mantuvo lazos con el Cartel de Cali.

A raíz de los escándalos de Banaico y la acusación a la compañía de carga aérea en Chicago, el Departamento de Estado pidió al entonces presidente Pérez Balladares que removiera a Alemán como presidente de la junta directiva del Banco Nacional, la institución bancaria central de Panamá, según lo reportó The Miami Herald.

“Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron a sus contrapartes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que la presencia de Alemán en el gobierno era inaceptable para Washington’’, agregó la nota del corresponsal Glenn Garvin. De no cumplir con la petición el gobierno de Estados Unidos se negaría a certificar los esfuerzos de Panamá contra el narcotráfico, reveló el diario. Alemán salió del cargo en febrero de 1995. El empresario le dijo a The Miami Herald que lo hizo a raíz de la acusación en Chicago contra su compañía pero no por las presiones de Washington.

Lea el contenido completo en Univisión Noticias

 

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Panamá

Llega a su fin el juicio en Estados Unidos contra los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares por lavar sobornos de Odebrecht

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En la Corte de Brooklyn se escuchará de boca del juez de distrito, Raymond J. Dearie, cuál será la pena que deberán pagar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal, por lavar fondos irregulares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

La lectura de sentencia de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares se fijó para el viernes 20 de mayo. A las 4 de la tarde, el juez de la causa, Raymond J. Dearie, establecería cuál sería la pena que deberán purgar los hijos del expresidente panameño, Ricardo Martinelli Berrocal. Los hermanos se declararon culpables de haber lavado USD 28 millones provenientes de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio del otorgamiento de contratos en beneficio “de un familiar cercano y alto funcionario” del gobierno de Panamá, informó Maibort Petit maibortpetit.info.

Por documentos del caso, se conocieron los últimos movimientos judiciales de los Martinelli Linares, por ejemplo, para el 13 de mayo estaba programada la fecha de control para la sentencia de Ricardo Martinelli Linares luego de que el juez Dearie, le negara su pedido de fianza. Este, así como su hermano, Luis Martinelli Linares, se declararon culpables diciembre de 2021. En razón de que la defensa había solicitado una sentencia acelerada antes de una solicitud anticipada de una sentencia de tiempo cumplido, la Corte refirió que estaría dispuesta a adelantar la fecha de dicha sentencia.

Se convino en pedir al Departamento de Libertad Condicional avocarse al caso y, en tal sentido, el 28 d e marzo emitió un borrador de PSR para Luis Martinelli y el 30 de marzo recibió las objeciones y pedidos de corrección de parte de los abogados defensores.

Luego, el 4 de abril, la defensa pidió a la fiscalía que expusiera su posición respecto a la solicitud anticipada para que la Corte adelantara la sentencia del 13 de mayo a la semana del 25 de abril. El gobierno respondió el 8 de abril que se oponía a cualquier adelanto de sentencia de Martinelli porque la fiscalía continuaba “reuniendo información para las audiencias de sentencia, incluso a la espera de información adicional de Panamá sobre la posición del país como víctima para fines de restitución”.

Los abogados defensores expusieron que todas las partes habían tenido tiempo suficiente para prepararse para la sentencia, encontrándose, además, el PSR sustancialmente completo y no representa un obstáculo para un avance razonable de las audiencias de sentencia, por lo que requirieron del Tribunal un adelanto de las fechas de sentencia de Ricardo Martinelli y su hermano.

Presentaron una oferta de cronograma:

“Para una audiencia el lunes 25 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el jueves 14 de abril; presentación del gobierno para el jueves 21 de abril; la respuesta de la defensa vence el viernes 22 de abril.

“Para una audiencia el miércoles 27 de abril o el jueves 28 de abril: las presentaciones de la defensa deben presentarse el lunes 18 de abril; presentaciones del gobierno vencen el lunes 25 de abril; respuesta de la defensa para el martes 26 de abril”.

Entretanto, los fiscales han solicitado que la condena que se les dicte a los hermanos Martinelli Linares entre en el rango de los 108 y los 135 mes, es decir, entre 9 y 11 años.

El Departamento de Libertad Condicional sugirió al tribunal una sentencia de 180 meses de prisión y el pago de una multa de USD 250.000, puesto que a su juicio no existen causales que puedan hacer mitigar la pena.

Para el gobierno resulta inadmisible la pretensión de la defensa que ha pedido al juez Dearie que, incluso, deje en libertad a sus clientes, toda vez que a criterio de sus abogados defensores, ya habrían sido suficientes los 23 meses que llevan detenidos tanto en Guatemala como en Brooklyn.

Son escasos los datos biográficos de los Martinelli Linares y entre la poca información que puede encontrarse en la web, está el hecho de que ambos tienen doble nacionalidad, panameña e italiana, en razón de los orígenes de su padre, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

El exmandatario panameño es un empresario cuya mayor compañía es Súper 99, una de las principales cadenas de supermercados de Panamá. También es dueño de Importadora Ricamar S.A.,al tiempo que es socio, inversionista, directivo o accionista de otras firmas panameñas, como el Diario por la Democracia S.A., la Azucarera La Victoria, Empresa ERA, MegaDepot, ToyLand, Compañía Digital de Televisión y Plastigol S.A. Igualmente es director de Gold Mills de Panamá, Global Bank, Panasal S.A., Televisora Nacional de Panamá, DirectTV, Desarrollo Norte S.A. el Molino de Oro, Avipac Inc y Calox Panameña.

Entretanto, la madre es Marta Linares de Martinelli quien está titulada en Comercio en el Saint Mary of the Woods College en Indiana (Estados Unidos) y posteriormente adquiere la licencia como Corredora de Seguros en la Universidad de Panamá.

Ricardo Alberto, el mayor, tiene 42 años de edad, mientras Luis Enrique tiene 39. La tercera de los hermanos Martinelli Linares es Carolina Elizabeth.

En la red social LinkedIn, el perfil de Luis Enrique Martinelli Linares refiere que es el director general de la empresa Importadora Ricamar S.A. Allí se describe como un joven empresario panameño que dirige la firma Super-99, como también es denominada la cadena de supermercados más grande de Panamá.

Es egresado en administración de negocios de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University) ubicada en Texas, donde igualmente cursó estudios internacionales[1].

La Importadora Ricamar S.A. es una empresa registrada en Panamá el 10 de diciembre de 1961 bajo el número 115395, cuyo estatus actual es vigente, de acuerdo a lo que informa el portal Open Corporates. El nombre del agente es Magalis Guadalupe Reyes Reyes y el directorio está conformado por Adrián Domínguez Castro y María Concepción Rodríguez, como apoderados; Alejandro Garuz, como apoderado y gerente general; Alejandro Garuz Adames, como director y presidente; David Alejandro Jiménez Barrios, como director y secretario; Gabriel Arturo Jiménez Barrios, como director y tesorero; Roberto Antenos Reyes Reyes y Vicente González Jiménez, como suscriptores. La representación legal de la empresa la ejercen el presidente, el secretario y el tesorero. Marta Linares de Martinelli fue destituida de la presidencia entre el 25 de julio de 2019 y el 21 de mayo de 2020[2].

El 29 de enero de 2017, el gobierno de los Estados Unidos canceló la visa, tanto de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como de su madre, la ex primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli[3].

La figuración pública de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal comenzó con la acusación que su contra se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde están imputados por delitos de lavado de dinero de fondos provenientes de un esquema masivo de soborno en el que está involucrada el conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil, Odebrecht S.A.

De acuerdo a la documentación que se maneja en Corte de Brooklyn, el plan corrupto por el que se señala a los Martinelli Linares involucraba el pago de más de USD 700 millones en sobornos a funcionarios de gobierno, miembros de partidos políticos y otros funcionario y personeros en Panamá y otros países alrededor del mundo para obtener y retener negocios para Odebrecht.

La constructora brasileña a través de sus representantes admitió su culpabilidad el 21 de diciembre de 2016. Esto ocurrió igualmente en el Distrito Este de Nueva York donde enfrentó una acusación criminal de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA)[4].

Luego de un complicado proceso, Luis Enrique Martinelli Linares fue extraditado desde Guatemala hacia los Estados Unidos para enfrentar la acusación presentada ante el tribunal federal en Brooklyn el 15 de noviembre de 2021. Por su parte, Ricardo Alberto Martinelli Linares fue extraditado el 10 de diciembre de 2021. Habían sido detenidos en julio de 2020, en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Guatemala, cuanto procuraban abordar un avión privado que los sacara de suelo guatemalteco rápidamente y así evitar su captura en razón de la solicitud que cursaba de parte de la justicia estadounidense. Desde su aprehensión estuvieron recluidos en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

En el esquema corrupto de Odebrecht, los Martinelli Linares habrían lavado —de acuerdo a los documentos judiciales— aproximadamente USD 28 millones en pagos de sobornos hechos por la empresa brasileña a un alto funcionario del gobierno de Panamá que es pariente cercano de los acusados. Contra los hermanos fue presentada la denuncia penal el 27 de junio de 2020 y, posteriormente, el 4 de febrero de 2021, en contra de Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron presentados cinco cargos. En la Corte de Brooklyn. Uno de los cargos es por conspiración para cometer lavado de dinero, mientras dos son por encubrimiento de lavado de dinero. Luis Martinelli Linares enfrenta también dos cargos de participación en transacciones de propiedad obtenida ilícitamente[5].

Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su desempeño en el esquema corrupto de soborno de Odebrecht S.A., ante el juez federal de distrito Raymond J. Dearie, el 2 de diciembre de 2021. Ante el magistrado dijo que participó en la conspiración junto con su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares y otras personas mediante el establecimiento de cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de compañías de fachada en las que recibirían y disfrazarían los fondos irregulares que sumaban USD 28 millones. Explicó que él y sus socios transfirieron hacia y desde los Estados Unidos el dinero, lo cual llevaron a cabo a través de transferencias electrónicas que involucraban las ganancias del esquema y que les servirían para la compra de un yate y un condominio en EE. UU.[6]

Entretanto, la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares se produjo el 14 de diciembre de 2021, cuando ante el juez federal de distrito, Raymond J. Dearie, admitió que participó en la conspiración para lavar dinero en el esquema encabezado por Odebrecht S.A. Tal como lo hizo su hermano, asintió los términos de la acusación que los señala de usar el sistema financiero de Estados Unidos para promover su esquema de corrupción, lo cual lograron constituyendo “cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y usaron parte de las ganancias de los sobornos para su beneficio personal”[7].

El artículo completo puede ser leído maibortpetit.info

 

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Panamá

Participación de los hermanos Martinelli Linares en Digicel habría desencadenado reveses sufridos por la empresa en Panamá

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En opinión de algunos ciudadanos, ha quedado claro que reveses recientes que ha sufrido Digicel en Panamá se han desencadenado en parte debido a la vinculación de la familia Martinelli con la empresa.

El pasado mes de abril la compañía solicitó su liquidación voluntaria ante los Tribunales de Justicia Civiles, como consecuencia de la aprobación, por parte del Gobierno Nacional de Panamá, de la fusión de Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones en el país, según dijo la compañía en una declaración.

Revelaciones recientes han indicado que tras bastidores los verdaderos accionistas de la compañía son los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, quienes esperan sentencia tras haberse declarado culpables de lavar dinero de sobornos de Odebrecht.

Los fiscales del caso de los hermanos Martinelli en Nueva York confirmaron que 9.2 millones de dólares de las coimas de Odebrecht fueron utilizados para comprar una empresa de telefonía celular, informó FOCO.

Diversas fuentes consultadas confirmaron a FOCO que la empresa a la que se refieren es Digicel.

 

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Panamá

El video viral con imágenes del presidente Laurentino Cortizo en el que un hombre asegura arrepentirse de «haber votado por usted»

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En las redes sociales se viraliza un video con un audio de fondo en el que una persona dice arrepentirse de «haber votado por usted», mientras se muestran imágenes del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En el vIdeo el hombre señala: «…porque usted no ayuda al pueblo, usted ayuda al rico…».

No está claro si se trata de un vídeo auténtico, de un montaje o si el reclamo iba dirigido realmente a Cortizo.

 

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