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Panamá

El “juega vivo” desde 2020 de Mercantil Banco Panamá y su competencia con Banesco Panamá

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Mercantil Banco Panamá es una entidad financiera de capital venezolano que desembarcó en el istmo centroamericano como ofertante de servicios financieros a residentes en Panamá y extranjeros, en la primera década del siglo XXI, en 2007, para ser más exactos. No obstante, la entidad surgió de Banco del Centro, S.A., que había iniciado actividades en la Ciudad de Panamá en el año 1977.

Por sus orígenes, Mercantil Banco Panamá se propuso convertirse en una alternativa financiera para los venezolanos, quienes en su país están sometidos a un control cambiario desde 2003, que aunque flexibilizado por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2019, les dificulta a los ciudadanos en Venezuela realizar transacciones en divisas mediante sus cuentas bancarias, en un país con una economía dolarizada.

Fue así que Mercantil Banco Panamá anunció a mediados de 2020 la salida, al mercado financiero, de la “Mony”, una suerte de cuenta bancaria electrónica, similar a una cuenta corriente, que puede ser abierta por los residentes en Venezuela a través de un dispositivo móvil, sin la necesidad de acudir a una sucursal bancaria, permitiéndoles movilizar fondos en divisas mediante una aplicación instalada en sus smartphones o desde la banca en línea. La cuenta “Mony” también les daría la posibilidad a los ahorristas de realizar retiros en cajeros automáticos y consumos en puntos de venta, mediante una tarjeta de débito MasterCard, que estos deberán solicitar luego de la apertura de la cuenta. La cuenta solo permitiría un saldo máximo de $ 3.000 y movimientos acumulados mensuales (débitos + créditos) de $4.500. Mony es una versión de Mercantil Banco Panamá semejante a la denominada “cuenta de ahorro simplificada” de su banco competidor, Banesco Panamá, informó el 27 de agosto de 2020 Mel Lee en expresa.me..

Según el banco, la cuenta “Mony” puede recibir fondos mediante transferencias locales de otros bancos panameños, transferencias desde cuentas regulares de Mercantil Banco Panamá o desde otras cuentas “Mony”, o transferencias en euros, desde bancos europeos. También, según el banco, la cuenta puede ser abierta de una manera muy sencilla mediante la aplicación de “Mony”, disponible para Android y móviles Iphone, luego que los aspirantes a clientes completen algunos formularios, escaneen su documento de identificación y se realicen una selfie que un software biométrico someterá a una verificación comparativa, que será la que definitivamente arroje el veredicto sobre si la fotografía en el documento y la selfie coinciden y si por ende corresponden a la misma persona.

Sin reglas claras y aspirantes discriminados

Pero la oferta financiera de Mercantil Banco Panamá parece estar trayendo más perjuicios que beneficios a los venezolanos que optan por las cuentas “Mony”, pues en principio el banco anunció que las cuentas permitirían transferencias internacionales, aunque luego se estableció que se trataría solo de transferencias en euros. Sin embargo algunos clientes reportan dificultades para recibir transferencias desde bancos europeos.

El primer gran inconveniente que presentan los aspirantes a clientes con la cuenta “Mony” es la imposibilidad de completar la afiliación, por distintas razones. Luego de seguir los pasos, el sistema les invita a realizar la apertura utilizando otra opción que estaría disponible en la dirección web del banco, sin embargo, allí las únicas opciones disponibles son las de apertura de cuentas regulares, que ameritan la presentación de pasaporte o licencia de conducir, carta de trabajo, certificación de ingresos y requieren un monto mínimo de apertura de $3.000, para los extranjeros no residentes en Panamá y $1.000 para los panameños y extranjeros residentes.

Esto parece deberse a que el banco discrimina entre unos clientes y otros, pues al comunicarse con el equipo de “Mony” mediante canales electrónicos, algunos aspirantes a clientes han recibido como respuesta que su perfil no se ajusta al perfil de cliente establecido por Mony, aunque el banco no explica en sus instructivos cuál es el perfil que deben tener quienes deseen la cuenta Mony.

Otro de los problemas estriba en que las selfies y documentos presentados por los aspirantes a clientes durante el proceso de apertura de las cuentas “Mony”, en algunos casos, no son reconocidas por el sistema de verificación.

Sin tarjeta

Quienes finalmente logran realizar la apertura de la cuenta “Mony” continúan teniendo diferentes problemas. Para obtener una tarjeta de débito deben realizar una solicitud mediante correo electrónico. Sin embargo, varios clientes, luego de aplicar para la obtención de la tarjeta, no reciben respuesta del banco.

Sin “money” por cuentas cerradas

Pero algo que parecía ser una nueva opción para los venezolanos, está por el contrario convirtiéndose en una pesadilla, pues han empezado a reportarse casos de cuentas cerradas inexplicablemente, en las que el dinero es retenido por el banco sin conocerse acerca de su devolución.

La incertidumbre y las quejas de los clientes y aspirantes a clientes continúan haciendo inviable una alternativa como “Mony”, a la que algunos no pueden acceder y que para otros representa una opción en la que se arriesgan a perder su dinero, por el cierre de sus cuentas o por otros motivos atinentes al mal funcionamiento de la plataforma y/o de sus servicios y sistemas conexos.

https://twitter.com/OrlandJose/status/1298198870002933760


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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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