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El fiscal Nahaniel Murgas continúa a cargo de la lucha contra el pandillerismo en Panamá pese a las muchas denuncias en su contra

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) de Panamá informó sobre el desmantelamiento de una organización criminal ligada al pandillerismo que operaba en Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, y que están relacionados con delitos de homicidio, secuestro, robo y hurto.

Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad dijo en conferencia de prensa que los operativos contra las pandillas, que operan en la provincia de Colón, han dado resultados efectivos, con la captura de 39 personas, de las cuales, 9 son menores de edad, informó En Segundos.

Mediante la operación “Éxodo”, parte del operativo “Caribe Dos”, que se realiza desde hace varias semanas en este sector del país, estos pandilleros fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, a fin de devolverle la paz y la tranquilidad a la ciudadanía colonense.

El titular de Seguridad Pública habló de la efectividad del trabajo en equipo y la coordinación entre los estamentos y el Ministerio Público, lo que se refleja decomiso de más de 25 toneladas de drogas, la incautación de armas y la captura de personas que tienen casos pendientes con la justicia.

Sobre el hecho de violencia ocurrido el martes 20 de julio en el sector de Pacora, el ministro Pino aseguró que está relacionado con rencillas y diferencias entre bandas rivales, que se pelean el control de la droga.

“Fue una operación de los criminales en un tumbe de drogas. Los asesinos fueron detenidos en un potrero luego que las unidades policiales los persiguieran, hay droga de por medio. Es doloroso lo que pasó. El Ministerio Público está investigando. La droga es el combustible de estas organizaciones criminales”, indicó.

En tanto, el director de la Policía Nacional, John Dornheim presente en la conferencia de prensa en Colón, explicó que se realizaron más de 64 operativos contra el microtráfico, capturando a más de 80 vendedores de drogas, a través de venta controlada.

“Se llevó ante la justicia a personas que se dedicaban a la venta y a la distribución de sustancias ilícitas en la provincia de Colón”, explicó.

Por su parte, el fiscal superior de Delitos de Asociación Ilícita del Ministerio Público, Nahaniel Murgas, señaló que se inició una investigación por el delito de pandillerismo de una organización criminal que operaba en Altos de Los Lagos, liderada por dos personas que daban órdenes a sus subalternos para que cometieran actos delictivos en el sector y en Colón.

Estas actividades estaban relacionadas con delitos de homicidio, secuestro, robo, hurto entre otros actos delictivos.

A su vez, el jefe de la zona de Policía de Colón, comisionado Víctor Méndez, informó que en lo que va del año 2021 han sido decomisadas más de 25 toneladas de drogas en distintas acciones relacionadas con la Operación Caribe Dos, y se han recuperado más de 170 armas de fuego.

Murgas permanece en el Ministerio Público panameño pese a ser señalado en denuncias de corrupción judicial

Desde el año 2017 han aparecido en internet denuncias que ponen en entredicho la conducta del fiscal especializado en delitos de asociación ilícita, Nahaniel Murgas. Sin embargo el fiscal ha continuado cumpliendo funciones en el Ministerio Público panameño sin que se le haya abierto expediente administrativo disciplinario, ni penal, por todos los señalamientos en su contra.

Con el ascenso presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la figura de Laurentino Cortizo, el fiscal Murgas ha continuado formando parte de la fiscalía panameña, aunque poco se le nombra, después de haber sido de la mayor confianza de la exfiscal Kenia Porcell.

Algunos suponen que el fiscal a logrado tener la bendición del PRD, gracias a elevados padrinazgos dentro del partido y que también contaría con la bendición presidencial, por pasados favores concedidos al mandatario panameño y a miembros de su familia.

La podredumbre en el sistema judicial panameño es tan fétida que algunos en Panamá plantean irónicamente que deberían, como en el mundo de la música y el celuloide, otorgarse “premios” a los jueces, fiscales y funcionarios más corruptos y que se encuentran inmiscuidos en las mafias más atroces. Se piensa que algunos de esos premios deberían otorgarse en la Fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

Nahaniel Murgas

En 2017 se conocía que unos años antes, finalizando la mañana del día siguiente de haber prestado declaraciones en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, un ciudadano extranjero, que había sido previamente detenido, fue trasladado nuevamente al despacho del fiscal Murgas, donde le conferirían una medida sustitutiva de libertad, no sin antes haber sido conminado por funcionarios de la fiscalía a desembolsar una “cuota inicial”, que garantizase su puesta en libertad bajo ciertas restricciones.

El detenido fue llevado de regreso a una celda en Ancón, hasta que fuese formalizada la boleta de libertad. La espera previa al traslado se llevó a cabo en otra nauseabunda celda, dentro del edificio Avesa. Horas después llegó la libertad y volvieron por enésima vez a verificar si el procesado tenía antecedentes penales en alguna parte o algún requerimiento por Interpol. En menos de un año se comunicaron seis veces con Interpol, hasta que copias de documentos que reposaban en ficheros de la sede central de Interpol, en Lyon, Francia, permitieron verificar que el encausado no estaba bajo ninguna solicitud. Solo así logró liberarse de más “mordidas”, ya que funcionarios judiciales estaban ideando al parecer la forma de quitarle más coimas o alguna propiedad.

Pero volviendo al tema, el detenido fue sacado del recinto, caminó hasta la calle y tomó un taxi hasta su residencia, donde un conserje le prestó dinero para pagar al chofer, préstamo que luego le reembolsó. Estaba en libertad condicional y apenas comenzaba su pesadilla. Sabía al menos quiénes eran sus “verdugos”. Pese a las circunstancias, volvió a la academia de fútbol de la cual estaba encargado y que decidió mantener abierta.

Esa misma tarde acudió a las prácticas en el glorioso estadio Maracaná, donde inicialmente habían planificado detenerlo, situación que no ocurrió, por la presencia de unos 50 alumnos, provenientes principalmente de las barriadas de Barraza, Chorrillo y Plaza Amador.

Allí había comenzado su desgracia, tras fundar y mantener por casi cinco años la mejor academia de fútbol de todos los tiempos en Panamá, con entrenamientos entre 3 y 5 veces por semana, 12 entrenadores, preparación específica para porteros, psicólogo deportivo, fisioterapeuta, médico deportivo, paramédicos, quinesiólogo, entrenadores certificados por FIFA, porteros y jugadores de primera división y de la selección nacional para entrenar a los porteros y jugadores en formación.

Tenían en su staff entrenadores extranjeros (entre ellos quien fuera suplente de Bufón, el portero de la selección de Italia), un profesor de educación física y entrenadores de la selección nacional, incluso al preparador de porteros de Hernán «El Bolillo» Gómez.

Los instructores eran los mejores porteros de la liga. Ayudaron técnica y financieramente a jugadores profesionales, alumnos de escasos recursos, quienes gozaron de todo; brindaron ayuda para recuperaciones físicas en la única Clínica Deportiva de la ciudad, contribuyeron con vigilantes de Pandeportes que cuidaban el estadio y con entrenadores de la Federación, pagaron viajes al exterior para desarrollar talento nacional, medicinas, alimentación, útiles escolares, etc.

La academia también se integró e hizo una alianza con el Chorrillo FC, que esa temporada se tituló campeón. El procesado fue directivo del glorioso equipo, pero nada de eso valió para nada, ni para funcionarios de inmigración panameños, a pesar que la ley establece reconocer servicios sociales a la comunidad. La familia del encargado de la academia redobló la seguridad de su hijo y contrató a un chofer y un escolta. Después del incidente debieron ser sometidos a tratamiento profesional y medicación, para superar el triste incidente.

El encausado hizo una lista de amigos a los que acudió para solicitar ayuda y poder conversar con alguna autoridad proba de la procuraduría, vicepresidencia o presidencia de Panamá y esto fue lo que sucedió. El primero a quien intentó ubicar fue al famoso cantautor Omar Alfanno, con quien tuvo amistad hace más de 20 años. Nunca obtuvo respuesta a sus muchas comunicaciones. Otro fue el abogado Rolando Mirones, alto dirigente del partido PRD, ex funcionario del gobierno de Martín Torrijos. Quería contratarlo profesionalmente. Su hijo había sido alumno de la academia. A pesar que era vecino del procesado, nunca tuvo tiempo para atenderlo.

Álvaro Alvarado, uno de los más famosos periodistas de Panamá. Su hijo fue alumno de la academia y recibió muchísimas atenciones y apoyo para superar sus discapacidades. Le atendió la llamada una vez, quedó en avisarle para recibirlo en su oficina, sin brindarle luego respuesta. Manuel Barrera, piloto del avión presidencial y allegado del entonces presidente de la Asamblea Nacional «Popi» Varela. Su hijo fue alumno de la academia, donde recibió clases y equipamiento especial gratuito. Con su buena publicidad llegaron Los Gaitanes, pero Barrera nunca ofreció una respuesta de los Varela. Nicolás Liakopulos, heredero de la cadena Niko’s Café, directivo de la Federación Panameña de Fútbol, propietario millonario de dos hoteles 5 estrellas en Ciudad de Panamá. Nunca pudo poner en contacto al encausado con el diputado panameñista «‘Beby» Valderrama. Le negó conocerlo, a pesar que se lo había presentado en una celebración en uno de sus hoteles.

Eloy Alfaro de Alba, ex funcionario del servicio exterior, alto vocero del partido PRD y vecino del encargado de la academia. Nunca obtuvo respuesta de su clamor. En el trayecto, el enjuiciado aprendió sobre el desarrollo humano de los panameños, la xenofobia, complejos y poca colaboración de la cerrada sociedad y de algunos gobernantes, quienes poco ayudan a los demás y menos cuando se trata de víctimas de la corrupción judicial. Luego ampliaremos este relato y los resultados que tuvo el enjuiciado al contratar a Guillermina McDonald, una de las mejores abogadas de Panamá.

Caras de pesar y sorpresa se habrían manifestado, cuando jueces y secretarios de los tribunales penales de Ciudad de Panamá escucharan el testimonio del ciudadano del cual subalternos del Fiscal Nahaniel Murgas, en su despacho, se aprovecharon económicamente. La víctima, a quien hicieron ver cómo victimario, fue enjuiciado y condenado luego de pagar unos 30 mil dólares, tras lo cual fue sometido a atropellos y su causa pasó de un despacho penal a otro. La fiscalía se opuso a cualquier solicitud procesal para ponerle fin a su caso.

Un funcionario con el currículo del fiscal Nahaniel Murgas nadie creería que podría verse tentado por las fuerzas oscuras que hacen de la honestidad solo retórica, como las de sus subalternos, que tal cual se atestigua, dejan con los bolsillos vacíos a los imputados que apremian su justa libertad, justa porque en ocasiones las imputaciones son, como se dice, por delitos no cometidos.

Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, el procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ.

Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se conocen comúnmente los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas.

La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar.

Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias.

Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no era querido. Su hijo menor de edad y el procesado debieron estar durante meses bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá, género odios, venganzas y vilezas.

Durante seis o siete meses estuvo el procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar.

Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo.

Durante más de 30 meses, la familia debió pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les pagó el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del hoy presidente Laurentino Cortizo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta.

El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de la ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas.

La corrupción se ha enquistado en el sistema judicial panameño, más que en otros de Centroamérica, algo que se agrava con el hecho que subalternos de la fiscalía antipandillas se aprovechan de imputados e investigados para meter no una, sino las dos manos en sus bolsillos, y con esto no privarlos de su libertad, lo cual no deja la mejor impresión en torno a las funciones de la fiscalía encabezada por Nahaniel Murgas.

En el inicio de su calvario, el procesado estuvo casi tres horas rindiendo declaraciones en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas. El meollo del asunto fue que una academia de fútbol, legalmente constituida y registrada, celebró un contrato con el centro deportivo Gol de Oro, donde uno de los socios es el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino Cortizo, y también, entre otros socios, Pedro Boyd, representante de la marca Nike en Panamá.

El posteriormente encausado no tenía cualidad alguna en dicha empresa, por no ser socio, accionista, representante o empleado. El presidente de la empresa, residente en Miami, celebró un contrato con Gol de Oro y esta última, de manera unilateral, decidió aumentarlo al doble. Sin embargo, y a pesar del inconsulto aumento, la academia de fútbol, perteneciente al suegro del procesado, pagó casi todo el monto.

El problema se presentó con el saldo final. Henríquez Portuondo reclamaba más de 2 mil dólares, aunque en las cuentas de la academia que celebró el contrato con Gol de Oro, la deuda era de sólo 1 mil. Desde ese momento el procesado fue amenazado, asediado e insultado por vía telefónica, cuando se negó a pagar en esas condiciones. Le colocaron fecha y le juraron que si no cumplía con el pago establecido lo lamentaría. Fue entonces cuando allanaron el apartamento donde el procesado residía.

El contrato original fue consignado ante un tribunal, pero ni éste ni la fiscalía lo valoraron. El procesado era acusado por una supuesta extorsión, de la cual, por el contrario, era quizás víctima. El encausado, a quien juraron “acabar”, fue embestido por el avasallador poder de Laurentino “Nito” Cortizo.

Al procesado también trataron de imputarlo por unas supuestas “amenazas de muerte” que nunca realizó. Para los acusadores no importaba el daño psicológico y la ruptura familiar causada. La noche luego de su declaración fue regresado a dormir en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón.

El fiscal consideraría si era viable concederle un beneficio cautelar procesal, para el cual funcionarios de la fiscalía le habían pedido una “cuota inicial” en coimas. No le permitieron ni cambiarse la ropa, pese a que personas acusadas de homicidio, corrupción o narcotráfico, llegaban vestidos de saco.

A muchos les colocan país por cárcel, pero en el caso de ese procesado fue ciudad por cárcel. Mientras que los delincuentes más peligrosos se presentaban mensualmente en el tribunal, el investigado fue obligado a hacerlo semanalmente. Todo producto de un caso en donde la corrupción judicial jugó un papel importante.

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Omar Torrijos falleció cuando Panamá todavía era una colonia española, según un video viral de Cortizo

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Nuevamente se ha viralizado en las redes sociales un video en el que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dice estar conmemorando los 300 años de la desaparición de Omar Torrijos, quien falleció el 31 de julio de 1981, es decir, hace solo 40 años.

Si el dato de Cortizo fuera cierto, esto significaría que Torrijos falleció en los años 1700’s cuando aún Panamá era una colonia española, pues el país declaró su independencia el 28 de noviembre de 1821.

El video ya se había difundido en 2018 cuando todavía Cortizo no era presidente y ya algunos ciudadanos criticaban que alguien con semejante memoria pudiera ocupar el más alto cargo de Gobierno en Panamá.

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Señalan a la constructora Bagatrac, que ha recibido contratos millonarios del Gobierno panameño, de construir una casa para el diputado Benicio Robinson

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Un video que circula en las redes sociales denuncia que en la zona de Boquete, la constructora Bagatrac, S.A., que ha conseguido contratos con el Gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo por el orden de los 170 millones de dólares, le construye supuestamente una mansión a legislador perredista Benicio Robinson.

En el video se señala que Bagatrac es, presuntamente, propiedad de Alberto Jurado Rosales, actual representante del corregimiento de Tijeras y su gerente general es Jessenka Espinoza Ríos, alcaldesa del distrito de Boquerón, ambos electos por el gobernante partido PRD.

Asimismo se critica que en otros tiempos un caso así hubiese provocado que muchos se rasgaran las vestiduras y que el Ministerio Público iniciara una investigación de oficio por el evidente tráfico de influencias.

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Escándalo de cuenta secreta vinculada al fiscal mexicano Alejandro Gertz Manero salpica a Panamá y al banco suizo Julius Baer

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Durante seis años Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de México, ha realizado una persecución contra Laura Morán de 94 años de edad, quien fuera durante 50 años la compañera de vida de su hermano mayor Federico. Hasta ahora la motivación de la disputa era la supuesta negligencia de Laura y su familia en la atención de Federico, lo cual según el Fiscal habría provocado su muerte. En base a esa acusación Alejandra Cuevas de 67 años, hija de Laura, fue detenida acusada de «homicidio doloso por omisión de auxilio” y se encuentra en prisión desde hace casi un año aunque un juez anuló este jueves 16 de septiembre la orden de encarcelar a esta última.

En el litigio de un asunto personal, usando su poder como Fiscal, Gertz Manero ha incurrido en actos de prepotencia, abuso, conflicto de interés, chantajes y negociaciones «poco ortodoxas”. Lo que parecía una historia de terror en el ámbito de lo personal, se ha convertido en una historia de interés público, señaló la periodista mexicana Anabel Hernández en una columna para la agencia alemana Deutsche Welle que aquí reproducimos.

Hay información que podría significar que la verdadera motivación de la persecución es otra. La familia Morán encontró en el domicilio que Laura y Federico compartieron durante años, estados de cuenta fechados en 2014 de un portafolio de inversión de 7.954 millones de dólares, manejada por Operadora Invictus, establecida en Panamá- considerado mundialmente un paraíso fiscal-, abierta en el banco suizo Julius Bär y que de los cuales tengo copia. No tienen rotulado el nombre del titular, solo un número de cliente: el 0016.9863

La cuenta creada en 2010 comenzó con un depósito de 1.298 millones de dólares, en 2012 hubo un nuevo depósito de 6.158 millones de dólares, y en 2013 uno más de 293 mil dólares. En los documentos se detalla que el 26 por ciento de los recursos están en inversiones de renta fija y corto plazo, el 44 por ciento en renta fija y plazo mayor, y el 22 por ciento en acciones.

Operadora Invictus creada en 2010 se publicita como «un grupo de profesionales calificados, comprometidos y con amplia experiencia en el sector financiero”. De acuerdo a los registros oficiales de Panamá su director y tesorero es Fernando Méndez Montes. Katia Jannette Smith Chavez, es otro de sus directivos. Ambos están vinculados como directivos de al menos otras 7 compañías de manera simultánea en Panamá. Un esquema típico en la creación de empresas para que los verdaderos propietarios queden bajo la sombra.

Como «representante” de Operadora Invictus está registrado Antonio Sacido Blasco de nacionalidad española, quien fue denunciado en 2019 en Panamá por el delito de «patrimonio económico” junto con otras ocho personas de acuerdo a registros judiciales de ese país. Mientras que el banco suizo Julios Bar fue acusado de conspiración de lavado de dinero en el escandalo FiFA Gate, y en julio pasado anunció que pagaría al Departamento de Justicia de Estados Unidos cerca de 80 millones de dólares para llegar a un acuerdo judicial.

Gertz Manero es un funcionario público del viejo establishment. Fue responsable de la campaña nacional contra el narcotráfico en 1976, fue jefe de la policía de la Ciudad de México de 1998 al 2000, fue Secretario de Seguridad Pública del 1 de diciembre del 2000 al 2004 y diputado federal de 2009 a 2012 por el Partido Convergencia. Nadie comprende cómo fue nominado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como fiscal, cargo en el que fue ratificado por el gobierno.

Existen testigos presenciales a quienes he entrevistado desde hace meses bajo la condición de no revelar sus nombres , quienes me han revelado que el Fiscal Gertz Manero a lo largo de su función pública, al menos de la época del sexenio de Felipe Calderón, cuando fue diputado federal; y cuando inició su función como Fiscal habría recibido dádivas, habría realizado llamadas de presión y negociaciones poco ortodoxas en algunos de los casos de delitos de cuello blanco abiertos en el actual sexenio.

De lo público a lo privado

El periódico El País publicó en marzo pasado un capítulo más de la tortuosa historia entre Gertz Manero y la familia Morán. Reveló que en noviembre de 2020, días después del arresto de la hija de Laura, el Fiscal a través de intermediarios habría prácticamente extorsionado a Laura y su familia para liberar a Laura a cambio de que le entregaran los bienes que le correspondían a Laura según el testamento de Federico, y desocupara la lujosa residencia en la que también, según el testamento, ella tenía derecho a vivir hasta que muriera.

Gertz Manero habló directamente con un familiar de Laura, quien esperaba por desesperación de ver a Alejandra Cuevas en la cárcel, llevar a buen término una negociación con el Fiscal. El familiar grabó la llamada. En ella el Fiscal los acusó no solo de la muerte de su hermano, sino de haberse apropiado de bienes y de haber tomado indebidamente 3.5 millones de pesos de las cuentas de Federico, cuentas que eran mancomunadas con Laura.

En la grabación, a veces en tono claramente amenazante, el Fiscal les exige que firmen escritos asumiendo la responsabilidad en la muerte de su hermano Federico. En un claro conflicto de interés y abuso de poder dio instrucciones que para terminar de llegar al acuerdo debían reunirse con Juan Ramos, subprocurador de la Fiscalía, revelando un claro conflicto de interés y abuso de poder del Fiscal quien usa como abogado privado a un subprocurador subordinado a él.

Otro de los operadores de Gertz Manero en el caso contra Laura Morán ha sido Javier Coello Trejo, quien fue quien a su nombre presentó la denuncia penal contra Laura y su familia por homicidio. Coello Trejo fue subprocurador de Investigación en la Lucha contra el narcotráfico en la PGR en el sexenio de Carlos Salinas. En expedientes judiciales de la PGR hay declaraciones ministeriales que revelan los nexos de Coello Trejo con el crimen organizado. Lo he documentado en el libro «Los Señores del Narco” desde 2010. En específico las denuncias narran las visitas personales que hacía en sus tiempos de subprocurador al capo Amado Carrillo Fuentes líder del Cartel de Juárez.

En su círculo cercano Coello Trejo solía bromear para justificarse: «esos son cuentos, no hay gordo malo”.

Casualmente Coello Trejo es el abogado de Emilio Lozoya ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado en el mayor escándalo de corrupción destapado en el en el sexenio de AMLO. Se le señala por un desfalco a la petrolera mexicana de más de 200 millones de dólares y de haber sido parte de una red de sobornos para dar contratos a Odebrecht. Pero extrañamente nunca ha pisado la cárcel y ha llegado a una benéfica negociación con la FGR cuyo titular es amigo de Coello Trejo. Es claro en éste caso un conflicto de interés entre la parte acusadora y la parte defensora.

¿De quién es y de dónde viene el dinero?

Ni la compañera de Federico ni su familia sabían de la existencia de la cuenta en Suiza de casi 8 millones de dólares , y dudan que el dinero pudiera ser realmente de Federico. Sospechan que éste en realidad era el prestanombres de Alejandro Gertz Manero según me confiaron integrantes de la familia en mayo pasado, en un encuentro que sostuvimos.

Narraron que durante los últimos meses de vida y ya con un estado de salud deteriorado por la edad- Federico tenía más de 80 años- se cayó de la cama y se golpeó la cabeza. Aun así, mal herido y pese a que los doctores que mandó llamar Laura recomendaron reposo, Alejandro, quien entonces era rector de la Universidad de las Americas en la Ciudad de México, lo sacó de su domicilio. Laura le pidió que no se lo llevara por su delicado estado de salud pero el ahora Fiscal insistió en que era algo importante y no dejo que nadie lo acompañara. Se lo llevó por 7 horas presuntamente a firmar una serie de documentos. Federico llegó muy alterado y cansado a su domicilio y ahí se aceleró el declive fatal de su salud.

La familia de Laura dice desconocer a dónde llevó el Fiscal a su hermano aquel día, pero piensan que podría estar relacionado con la cuenta en Suiza. Operadora Invictus tiene una oficina en la Ciudad de México.

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