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Panamá

El epílogo de una prórroga anunciada de Panama Ports

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Por Tomás Paredes Royo

Al describir la relación entre el Estado y Panama Ports algunos se han referido a la empresa en términos duros y peyorativos para indicar que la empresa incumplió su parte del contrato y que a Panamá, durante estos 25 años, se le han esquilmado oportunidades y beneficios económicos establecidos en el contrato de 1997.

Un vocero del gobierno del presidente Cortizo dijo en una entrevista que PPC “ha sido un socio difícil, un socio incómodo”, sin explicar cómo esos adjetivos influyeron o afectaron la relación contractual entre el Estado y la empresa. Por el desenlace final, alguien concluiría que estos atributos resultaron ser beneficiosos para la empresa, y que además, son condiciones favorables para cualquier inversionista en nuestro país.

Tal vez lo que no se ha dicho con suficiente claridad es que PPC ha sido un socio desleal y abusador, un accionista sin escrúpulos para ejercer su poder y ajustar a su conveniencia el contrato de concesión para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Y así, durante casi 25 años, PPC ha hecho uso y gala de todos los recursos para tejer una vasta y oscura red de influencias, compuesta por la variopinta fauna y flora de nuestra sociedad, incluyendo políticos, funcionarios, medios de comunicación, periodistas, abogados, opinadores, empresarios y cualquier persona dispuesta defender una situación insostenible e injustificable, contraria a los mejores intereses del país.

Tal vez quienes teníamos la quimera de renegociar un nuevo contrato más balanceado y justo para Panamá, debimos primero preguntarnos si el marco de referencia antes descrito, al igual que las ejecutorias de la empresa en esos primeros 25 años hacían previsible la prórroga automática de la concesión. Basta con repasar algunos de los logros de PPC en esta primera etapa del contrato.

El contrato original, con la aquiescencia de los gobiernos, fue modificado y ajustado en sus términos y condiciones, en varias ocasiones, a requerimiento y a favor de la empresa. A los cuatro años de la concesión, en el 2002, PPC logró cambiar las condiciones del contrato original con una simple resolución ministerial. En el 2005, perdida en la Corte Suprema de Justicia por una demanda de nulidad contra el marco jurídico que la amparaba, PPC solicitó al gobierno eliminar la resolución referida y propuso un nuevo documento. Sin embargo, por razones no explicadas ni entendidas, PPC mantuvo la estructura tarifaria de la resolución y no la del contrato inicial.

Más aún, durante todos estos años PPC incumplió con el pago anual de dividendos a la República de Panamá en virtud del 10% de las acciones propiedad del Estado panameño en la empresa. Con el silencio, la negligencia o la complicidad de los representantes de los diferentes gobiernos en la Junta Directiva de PPC, las ganancias correspondientes a Panamá se reinvirtieron en la empresa, a pesar de que el contrato existente establece que esa participación accionaria no conlleva responsabilidad u obligación alguna para el Estado, ni en el capital ni en las operaciones de la empresa. Esto pasó desapercibido para el Contralor y sus auditores.

Pero quizás los eventos más lamentables y bochornosos relacionados con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal los hemos vivido en los últimos meses con la decisión de prorrogar de manera automática el contrato de concesión, en los mismos términos y condiciones del contrato existente y las diferentes adendas que lo modificaron durante estos primeros 25 años.

En primer lugar, con sorpresa vimos un gobierno tímido de ejercer su derecho contractual para modificar y mejorar los términos y condiciones de la concesión, tal como se hizo en el 2005, 2010 y 2012. Por el contrario, se percibió un gobierno complaciente con la empresa, al punto que algunos lo tildaron de genuflexo, inclinado a descartar la opinión calificada de expertos portuarios, exadministradores del canal, economistas, abogados, pero más preocupante aún, dispuesto a ignorar la opinión de la ciudadanía en general que clamaba por una relación más justa y equitativa.
Segundo, en estos meses, el proceso que requería la evaluación del contrato de concesión se vio plagado y carcomido por la falta de transparencia. Los informes de la Autoridad Marítima de Panamá, la Contraloría General de la República y la firma internacional Arnold & Porter, elaborados con el fin de validar el cumplimiento de PPC de sus compromisos contractuales para asegurar la prórroga automática, terminaron por generar más preguntas que respuestas y solo consiguieron levantar suspicacias y desconfianza en el proceso y en las intenciones del gobierno.

Tercero, la información pertinente y relevante del proceso de evaluación fue selectiva, al igual que la comunicación de la negociación entre el gobierno y PPC, la cual se limitó a una millonaria campaña publicitaria, de parte del gobierno y la empresa, a favor de la prórroga automática, llena de inexactitudes, verdades a medias y falsedades construidas para ello. Nuevamente, el gobierno evitó en todo momento el debate y el intercambio de ideas, prefiriendo así un proceso oscuro y excluyente, donde prevaleció la lluvia de opiniones y las descalificaciones sin que se vieran reflejadas en una verdadera negociación.

Cuarto, como resultado de esta “negociación”, PPC mantuvo el privilegio de alquilar tierras a terceros, en actividades que no corresponden a las autorizadas en la concesión original. En el contrato, PPC está autorizada al “desarrollo, construcción, operación y administración de dos puertos” para el manejo de carga general, contenedores, pasajeros, automóviles (ro-ro) y carga a granel. El contrato definió dos áreas, “Puertos Existentes” (Balboa y Cristóbal) y “Extensión Futura”, esta última para suplir necesidades a medida que el negocio creciera y prosperara. La realidad ha probado que Isla Telfers resultó en exceso a las necesidades de PPC, donde la empresa tiene como “clientes” una planta de gas, una tanquería de combustible y otras actividades diferentes a las autorizadas. Se estima que los ingresos que recibe PPC del alquiler de tierras en Isla Telfers son superiores a los dineros que pagará anualmente la empresa al Estado panameño por la prórroga de la concesión.

Quinto, en su actuar poco transparente en este proceso de otorgarle a PPC una prórroga automática en los mismos términos y condiciones de hace 25 años, el gobierno ha aceptado un “Acuerdo de Accionistas”, mecanismo poco convencional y de dudosa solidez para formalizar una transacción de esta magnitud y naturaleza, más si tomamos en cuenta que la contraparte ha actuado a su libre antojo y única conveniencia. En este compromiso de socios curiosamente faltan indicadores de medición, control y resultados para dar seguimiento a las obligaciones de la empresa, como el número de contenedores a movilizar por año, o el monto y el calendario de las inversiones a realizar en este nuevo periodo. Ante esta falla, los voceros del Ejecutivo han preferido decir de manera engañosa que “todos los equipos propiedad de la empresa pasarán al final a manos del Estado”, cuando el contrato estipula un tratamiento específico y diferente en esta materia. Quienes vivimos la amarga experiencia de la transferencia de los puertos y el ferrocarril a Panamá en 1979 sabemos el alto riesgo de recibir solo chatarra.

Sexto, la posición de la empresa se ha fundamentado en el respeto a la seguridad jurídica para hacer prevalecer sus intereses. Si bien la “prórroga automática” estaba supeditada en el contrato original a que PPC hubiese cumplido con todas sus obligaciones, nada, repito, nada impedía que los términos y condiciones del contrato fueran renegociados, tal como lo establece de manera clara y taxativa una de las cláusulas del contrato. El argumento de la seguridad jurídica parece haber impactado de tal forma al gobierno que varios de sus representantes incluso advirtieron de supuestas y futuras demandas millonarias, de la afectación de la imagen del país y otras especulaciones para justificar que no se podía renegociar el contrato original y sus adendas, que como señalé anteriormente, fue acomodado varias veces en favor de la empresa.

Frente al concepto de la seguridad jurídica, los panameños sabemos que no hay ninguna situación o contrato que no pueda ser revisado. Solo basta recordar la condición de perpetuidad que existía en el tratado de 1903 con los Estados Unidos de América y donde Panamá, gracias al liderazgo y voluntad política de Omar Torrijos Herrera y el pueblo panameño, se logró en una mesa de negociación la eliminación de la Zona del Canal, la salida de las tropas norteamericanas de este país y la transferencia del canal a manos panameñas. Es obvio, además de triste, que no todos aprendimos la lección.

Por último, en este tema de Panama Ports y la imposición de una prórroga automática sin haber modificado los términos y condiciones del contrato para los próximos 25 años, debo resaltar la responsabilidad histórica del gobierno y aquellos funcionarios que prefirieron una opción fácil y cómoda, creativa y mágica, que satisface más los ganancias de la empresa y resulta lesiva a los mejores intereses de Panamá. Tal vez nuestro poeta Demetrio Herrera Sevillano tenía razón: “panameño, tu siempre dices sí”.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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Excandidato presidencial Juan Carlos Navarro es víctima de campaña de desprestigio y persecución judicial por parte de fuerzas oscuras con intereses políticos

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