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Panamá

El divorcio del empresario Rajesh Mohinani, propietario de las joyerías Pandora en Panamá, saca a flote pagos irregulares a exgerente del aeropuerto de Tocumen

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Un caso de divorcio en Panamá ha trascendido las fronteras panameñas, siendo para algunos una muestra más de los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, político y administrativo del país centroamericano.

La separación de la pareja conformada por los empresarios Rajesh Mohinani Parvani y Rina Aswani, propietarios de la franquicia de las joyerías Pandora en Panamá, condujo a que se conocieran pagos que el hombre habría realizado al entonces gerente del aeropuerto de Tocumen, localizado a 24 kilómetros del centro de la Ciudad de Panamá.

Rina Aswani ha alegado haber sido maltratada por su esposo Rajesh Mohinani Parvani, a quien ha acusado de haber realizado pagos dudosos al gerente de la terminal aérea,para la obtención de beneficios comerciales.

Un dictamen forense concluyó que, a través de la empresa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, el empresario Rajesh Mohinani Parvani, se hicieron cheques por un total de 50,000 dólares a nombre de distintas personas, pero que tenían como beneficiario final a Franklin Carrillo, quien era gerente comercial del aeropuerto Internacional de Tocumen al momento de los pagos.

Según un reporte de Univisión, Carrillo, quien fue contratado en esa posición en el 2014, participaba en decisiones relacionadas con los locales que Pandora opera en el terminal aéreo en concesión. El dictamen afirma que esos pagos que ocurrieron en 2014 “no tenían relación comercial’’ con Mohinani Group S.A, la empresa que representa a la franquicia de Pandora.

“Se le estaban haciendo cheques por 50,000 a nombre de otra persona pero que este [Carrillo] era el beneficiario final, quien era funcionario de la Administración de Tocumen, S.A como gerente comercial’’, señala el dictamen del pasado 24 de marzo elaborado por la sección de auditoría forense del Ministerio Público de Panamá.

Carrillo no afronta cargos criminales en Panamá.

En la casilla de «memo» de uno de los cheques analizados por la auditoría se lee: «Señor Rajesh Tocumen/Carrillo». El total del pago en este caso fue de 10.000 dólares y está a nombre de un tercero. En un documento aparte, la asistente de gerencia de la empresa Katherine Desiree Ortiz Lugo escribió en la descripción de varios desembolsos: «Franklin Carrillo-Tocumen».

Un dictamen forense concluyó que el beneficiario final del pago fue Frank Carrillo.

Al ser interrogada por el Ministerio Público, Ortiz dijo que no recordaba el motivo por el cual había escrito el nombre del funcionario, pero aclaró que generalmente lo hacía cuando los cheques eran autorizados por Mohinani. Ortiz no está bajo investigación.

Carrillo, quien dejó su cargo en el aeropuerto de Tocumen, negó que haya sido beneficiario de los pagos.

«Lo único que tengo que decir es que no he recibido ningún pago de nadie. Las autoridades deben hacer su trabajo», dijo Carrillo en un mensaje a Univision.

Según el reporte de Carolina Rosario y Gerardo Reyes para Univisión, Rina Aswani, exesposa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, aseguró en una denuncia penal que Mohinani enviaba dinero por debajo de la mesa a Carrillo con el fin de obtener beneficios comerciales.

“Mi esposo me confesó de grandes sumas de dinero que le daba al señor Franklin Carrillo, 5,000 dólares mensuales por cada tienda durante el contrato de 10 años que ofrecía Tocumen», declaró Aswani en una denuncia penal contra su esposo en marzo de 2015.

Aswani, quien también es accionista de la franquicia de Pandora en Panamá, ratificó sus declaraciones a periodistas de Univision agregando que su esposo le había advertido que el litigio entre ambos lo iba a ganar «pagando con la corrupción» ya que «todo en Panamá se maneja mediante corrupción y contactos».

Antes de conocerse el dictamen, Ohad Kiperstock, abogado de Mohinani, negó que hubieran sido realizados pagos del empresario a Carrillo.

“No se ha hecho ningún pago a Franklin Carrillo, ni se va a hacer”, afirmó Kiperstock.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudica por concesión los locales que funcionan en sus instalaciones a través de licitaciones públicas y excepcionalmente por contratación directa, de acuerdo con el estatuto interno de la entidad. El hallazgo de los cuestionados pagos a Carrillo se produjo luego de un allanamiento a las oficinas de Mohinani Group como parte de la demanda de su exesposa.

Mohinani afronta cargos por los delitos de falsificación de documentos y contra el patrimonio económico «en la modalidad de violencia patrimonial contra la mujer» radicados por la Procuraduría General de la Nación de Panamá el pasado 25 de marzo. La fiscal adjunta del caso, Maryam Marcucci Sánchez, pidió una pena de nueve años de prisión para el empresario.

De acuerdo con la acusación, Mohinani excluyó arbitrariamente de la franquicia a su esposa en una escritura pública registrada en septiembre de 2018, lo cual configura la falsedad en documento público por cuanto Aswani posee el 50 por ciento de las acciones y no fue notificada de las modificaciones.

El litigio se originó tras un altercado físico y verbal entre Aswani y su entonces esposo Mohinani, que quedó grabado por las cámaras del elevador de su residencia el 2 de septiembre de 2017. El incidente dejó a Aswani incapacitada por 10 días, de acuerdo con un dictamen médico.

Tras la disputa, la mujer entabló una demanda por violencia doméstica. Ella alega que era víctima de abusos constantes por parte de su pareja y el video servía como prueba para demostrarlo.

«Me sentía humillada. En ese momento como yo estaba grabando toda la agresión que estaba sucediendo dentro de la casa, él quería arrebatarme mi celular», dijo Rina Aswani a Univisión.

El video de la disputa desapareció de forma misteriosa de los archivos de la corte. Ambas partes alegan no saber qué ocurrió.

Aswani también acusó a su expareja de infidelidad.

“Yo no entendía por qué sufría el rechazo constante de mi esposo, por qué me pegaba, por qué me escupía,” dijo Aswani.

El abogado de Mohinani aseguró que su cliente jamás maltrató a Aswani.

“Han pasado dos años y se ha extraído todo lo que la señora Rina solicitó. No ha habido ningún indicio de agresión física, psicológica o patrimonial”, dijo Kiperstock.

El 31 de octubre de 2019, la fiscal presentó cargos de violencia doméstica contra Mohinani y el 20 de agosto de 2020 pidió una condena de 6 años de cárcel. Mohinani fue conminado a pagar un estipendio de 10,000 dólares mensuales a su exesposa, pero para ella lo primordial es recuperar su parte de los negocios de Pandora.

Aswani también enfrenta varias demandas por parte de su exesposo. La acusa de extorsión, calumnia y desacato. También presentó un proceso por hostigamiento, alegando que no se ha encontrado evidencia en los 11 procesos legales que ha iniciado en contra de Mohinani.

Aswani y Mohinani abrieron la primera franquicia de Pandora en el año 2007 en Panamá. Según varios documentos remitidos por la empresa Pandora y revisados por Univisión, ambos eran dueños y cada uno poseía un 50 por ciento de las acciones.

Varios mensajes de texto revelan que en medio del proceso de divorcio, Mohinani quería que Aswani le vendiera su parte; sin embargo, ella alega que se negó porque él se resistía a realizar una auditoría de la empresa, lo que para ella era un requisito importante.

Finalmente Mohinani la despidió de la empresa, según ella sin su aprobación. En el 2018, la empresa pasó a nombre de una fundación en la que Rajesh Mohinani aparece como el único beneficiario.

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Panamá

Los orígenes del caso que llevó a la liquidación del AllBank en Panamá

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El nuevo fraude bancario que golpea a Panamá tiene sus orígenes en octubre de 2011 cuando el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín estableció su propio banco en la nación centroamericana con el que completó una estructura financiera que hoy es señalada de fraudulenta.

Entidades del grupo rotaban el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos, burlando los sistemas de supervisión de cinco países, entre ellos el panameño.

En el 2019 estalló el escándalo por el nuevo fraude bancario, dando inicio a un proceso de liquidación forzada por insolvencia donde hay más de 182 millones en activos en riesgos, de los cuales 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market. Incluso el banco compró los derechos de un edificio para llamarlo Torre AllBank para dar prestigio a sus operaciones como los grandes jugadores de este mercado.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquin se coordinaban para jugar con las reservas, tal como se desprende de un reporte de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El diario Panamá América explicó que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

En Panamá, de los 175 millones de dólares, 100.7 millones de dólares son de particulares que tenían 38.1 millones de dólares en depósitos a la vista y 51.7 millones de dólares en plazos fijos.

El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., afirmando que la operación ponía en riesgo la seguridad de las acreencias confinadas por los clientes en el banco.

El principal riesgo que identificó la Superintendencia de Bancos era que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual estaba intervenido desde septiembre de 2019. Ya estaba claro el nuevo fraude bancario de Vargas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá también encontró que el AllBank refleja una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión de Gobierno Corporativo, establecen un modelo de gestión que se torna inviable.

El 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa de AllBank debido a que la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del banco no procedía reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

El liquidador designado para AllBank fue Rafael Moscarella Valladares quien en su informe de intervención había determinado la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha.

Moscarella Valladares alegaba la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos, abriendo una duda razonable sobre la solvencia y liquidez del banco.

Durante el proceso de corrección, «AllBank no logró proponer soluciones a corto plazo, sino reiteradas evasivas y plazos, y condiciones inviables que le permitirían seguir con su riesgoso actuar, incluyendo las evasivas de los bancos del Grupo».

Otro elemento que obligó a la Superintendencia a forzar esta liquidación, es que desde octubre de 2018 se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes de AllBank.

Las denuncias eran por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, por no concesión de financiamientos con garantías de depósitos del mismo banco, pero sobre todo por instrucciones no atendidas de clientes, sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

«Este hecho sugiere una inadecuada gestión de liquidez por parte de AllBank», advirtió el liquidador.

También se identificaron órdenes de pago desatendidas por importes significativos lo cual constituye un grave indicio de iliquidez.

La liquidación del AllBank ahora conduce a importantes bienes de lujos que Vargas Irausquin posee, entre ellas una mansión en la reconocida zona de playa La Romana en República Dominicana, entre otras excentricidades que conducen a la realeza española, según Primer Informe.

Según Carlos Tablante, quien fuera ministro del expresidente Rafael Caldera, Vargas Irausquín es “el banquero rojo” que operó en la compra de la Cadena Capriles para ponerla al servicio del chavismo.

También lo responsabiliza de haber escondido la fortuna de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, hoy preso en Estados Unidos.

Asimismo, estuvo involucrado en los llamados Bonos del Sur con los que Hugo Chávez financió el Gobierno de los Kirchner en Argentina.

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Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

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La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

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Panamá

Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

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David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

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