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Panamá

El divorcio del empresario Rajesh Mohinani, propietario de las joyerías Pandora en Panamá, saca a flote pagos irregulares a exgerente del aeropuerto de Tocumen

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Un caso de divorcio en Panamá ha trascendido las fronteras panameñas, siendo para algunos una muestra más de los altos niveles de corrupción en el sistema judicial, político y administrativo del país centroamericano.

La separación de la pareja conformada por los empresarios Rajesh Mohinani Parvani y Rina Aswani, propietarios de la franquicia de las joyerías Pandora en Panamá, condujo a que se conocieran pagos que el hombre habría realizado al entonces gerente del aeropuerto de Tocumen, localizado a 24 kilómetros del centro de la Ciudad de Panamá.

Rina Aswani ha alegado haber sido maltratada por su esposo Rajesh Mohinani Parvani, a quien ha acusado de haber realizado pagos dudosos al gerente de la terminal aérea,para la obtención de beneficios comerciales.

Un dictamen forense concluyó que, a través de la empresa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, el empresario Rajesh Mohinani Parvani, se hicieron cheques por un total de 50,000 dólares a nombre de distintas personas, pero que tenían como beneficiario final a Franklin Carrillo, quien era gerente comercial del aeropuerto Internacional de Tocumen al momento de los pagos.

Según un reporte de Univisión, Carrillo, quien fue contratado en esa posición en el 2014, participaba en decisiones relacionadas con los locales que Pandora opera en el terminal aéreo en concesión. El dictamen afirma que esos pagos que ocurrieron en 2014 “no tenían relación comercial’’ con Mohinani Group S.A, la empresa que representa a la franquicia de Pandora.

“Se le estaban haciendo cheques por 50,000 a nombre de otra persona pero que este [Carrillo] era el beneficiario final, quien era funcionario de la Administración de Tocumen, S.A como gerente comercial’’, señala el dictamen del pasado 24 de marzo elaborado por la sección de auditoría forense del Ministerio Público de Panamá.

Carrillo no afronta cargos criminales en Panamá.

En la casilla de «memo» de uno de los cheques analizados por la auditoría se lee: «Señor Rajesh Tocumen/Carrillo». El total del pago en este caso fue de 10.000 dólares y está a nombre de un tercero. En un documento aparte, la asistente de gerencia de la empresa Katherine Desiree Ortiz Lugo escribió en la descripción de varios desembolsos: «Franklin Carrillo-Tocumen».

Un dictamen forense concluyó que el beneficiario final del pago fue Frank Carrillo.

Al ser interrogada por el Ministerio Público, Ortiz dijo que no recordaba el motivo por el cual había escrito el nombre del funcionario, pero aclaró que generalmente lo hacía cuando los cheques eran autorizados por Mohinani. Ortiz no está bajo investigación.

Carrillo, quien dejó su cargo en el aeropuerto de Tocumen, negó que haya sido beneficiario de los pagos.

«Lo único que tengo que decir es que no he recibido ningún pago de nadie. Las autoridades deben hacer su trabajo», dijo Carrillo en un mensaje a Univision.

Según el reporte de Carolina Rosario y Gerardo Reyes para Univisión, Rina Aswani, exesposa del copropietario de la franquicia de Pandora en Panamá, aseguró en una denuncia penal que Mohinani enviaba dinero por debajo de la mesa a Carrillo con el fin de obtener beneficios comerciales.

“Mi esposo me confesó de grandes sumas de dinero que le daba al señor Franklin Carrillo, 5,000 dólares mensuales por cada tienda durante el contrato de 10 años que ofrecía Tocumen», declaró Aswani en una denuncia penal contra su esposo en marzo de 2015.

Aswani, quien también es accionista de la franquicia de Pandora en Panamá, ratificó sus declaraciones a periodistas de Univision agregando que su esposo le había advertido que el litigio entre ambos lo iba a ganar «pagando con la corrupción» ya que «todo en Panamá se maneja mediante corrupción y contactos».

Antes de conocerse el dictamen, Ohad Kiperstock, abogado de Mohinani, negó que hubieran sido realizados pagos del empresario a Carrillo.

“No se ha hecho ningún pago a Franklin Carrillo, ni se va a hacer”, afirmó Kiperstock.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen adjudica por concesión los locales que funcionan en sus instalaciones a través de licitaciones públicas y excepcionalmente por contratación directa, de acuerdo con el estatuto interno de la entidad. El hallazgo de los cuestionados pagos a Carrillo se produjo luego de un allanamiento a las oficinas de Mohinani Group como parte de la demanda de su exesposa.

Mohinani afronta cargos por los delitos de falsificación de documentos y contra el patrimonio económico «en la modalidad de violencia patrimonial contra la mujer» radicados por la Procuraduría General de la Nación de Panamá el pasado 25 de marzo. La fiscal adjunta del caso, Maryam Marcucci Sánchez, pidió una pena de nueve años de prisión para el empresario.

De acuerdo con la acusación, Mohinani excluyó arbitrariamente de la franquicia a su esposa en una escritura pública registrada en septiembre de 2018, lo cual configura la falsedad en documento público por cuanto Aswani posee el 50 por ciento de las acciones y no fue notificada de las modificaciones.

El litigio se originó tras un altercado físico y verbal entre Aswani y su entonces esposo Mohinani, que quedó grabado por las cámaras del elevador de su residencia el 2 de septiembre de 2017. El incidente dejó a Aswani incapacitada por 10 días, de acuerdo con un dictamen médico.

Tras la disputa, la mujer entabló una demanda por violencia doméstica. Ella alega que era víctima de abusos constantes por parte de su pareja y el video servía como prueba para demostrarlo.

«Me sentía humillada. En ese momento como yo estaba grabando toda la agresión que estaba sucediendo dentro de la casa, él quería arrebatarme mi celular», dijo Rina Aswani a Univisión.

El video de la disputa desapareció de forma misteriosa de los archivos de la corte. Ambas partes alegan no saber qué ocurrió.

Aswani también acusó a su expareja de infidelidad.

“Yo no entendía por qué sufría el rechazo constante de mi esposo, por qué me pegaba, por qué me escupía,” dijo Aswani.

El abogado de Mohinani aseguró que su cliente jamás maltrató a Aswani.

“Han pasado dos años y se ha extraído todo lo que la señora Rina solicitó. No ha habido ningún indicio de agresión física, psicológica o patrimonial”, dijo Kiperstock.

El 31 de octubre de 2019, la fiscal presentó cargos de violencia doméstica contra Mohinani y el 20 de agosto de 2020 pidió una condena de 6 años de cárcel. Mohinani fue conminado a pagar un estipendio de 10,000 dólares mensuales a su exesposa, pero para ella lo primordial es recuperar su parte de los negocios de Pandora.

Aswani también enfrenta varias demandas por parte de su exesposo. La acusa de extorsión, calumnia y desacato. También presentó un proceso por hostigamiento, alegando que no se ha encontrado evidencia en los 11 procesos legales que ha iniciado en contra de Mohinani.

Aswani y Mohinani abrieron la primera franquicia de Pandora en el año 2007 en Panamá. Según varios documentos remitidos por la empresa Pandora y revisados por Univisión, ambos eran dueños y cada uno poseía un 50 por ciento de las acciones.

Varios mensajes de texto revelan que en medio del proceso de divorcio, Mohinani quería que Aswani le vendiera su parte; sin embargo, ella alega que se negó porque él se resistía a realizar una auditoría de la empresa, lo que para ella era un requisito importante.

Finalmente Mohinani la despidió de la empresa, según ella sin su aprobación. En el 2018, la empresa pasó a nombre de una fundación en la que Rajesh Mohinani aparece como el único beneficiario.

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Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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