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El contenido de la acusación contra los hermanos Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares en la corte del Distrito Este de Nueva York por lavado de dinero

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En el mes de julio de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de dos personas, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares , hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli por su papel en canalizar $ 28 millones en sobornos a un exfuncionario del gobierno panameño como parte de esquema de sobornos de Odebrecht.

Luis y Ricardo fueron arrestados mientras intentaban abordar un avión privado en un aeropuerto de Guatemala, bajo cargos de lavado de dinero revelados en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York.

Ambos hermanos también son buscados por el gobierno panameño por supuestamente recibir más de $ 20 millones en sobornos de Odebrecht. Panamá originalmente buscó su arresto en 2017. Los hermanos han negado todas las acusaciones.

Los hermanos fueron enviados a una prisión VIP en Guatemala que ha albergado a ex funcionarios del gobierno, empresarios y narcotraficantes. Los hermanos habían sido detenidos en Florida en 2018 por razones de inmigración, pero fueron liberados con una fianza de $ 1 millón por cada uno.

Ricardo Martinelli, el expadre panameño que gobernó de 2009 a 2014, estuvo detenido en Estados Unidos y Panamá durante más de dos años por denuncias de espionaje político y malversación de fondos públicos. Un tribunal lo declaró inocente en 2019 y fue liberado.

El 21 de diciembre de 2016 Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York. Odebrecht realizó pagos de sobornos por más de $ 700 millones a funcionarios gubernamentales, partidos políticos en Panamá y otros países del mundo.

Luis y Ricardo participaron en el esquema sirviendo como intermediarios por aproximadamente $ 28 millones en pagos de sobornos hechos por Odebrecht a un alto funcionario del Gobierno en Panamá, quien era un pariente cercano de los acusados.

Para realizar estos pagos, entre agosto de 2009 y enero de 2014 los acusados ​​abrieron y administraron cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras. Estas cuentas bancarias secretas se utilizaron para recibir, transferir y entregar los pagos de soborno.

Luis y Ricardo sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa pantalla y enviaron transferencias electrónicas personalmente a través de las cuentas bancarias de la empresa pantalla. Muchas de las transacciones financieras se realizaron en dólares estadounidenses y se realizaron a través de bancos estadounidenses.

Entre 2009 y 2012, Luis y Ricardo abrieron cuentas bancarias en Suiza con el propósito de recibir, transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht al Funcionario del Gobierno de Panamá. Luis y Ricardo abrieron y mantuvieron las cuentas bancarias a nombre de ocho compañías extraterritoriales separadas en cinco bancos distintos.

El propósito de la apertura y operación de las cuentas offshore fue servir como intermediarios para el pago de sobornos de Odebrecht, para que la constructora brasileña pudiera obtener negocios y ventajas adicionales para asegurar oportunidades de negocios en Panamá. Al menos aproximadamente $ 19 millones de los ingresos de esos sobornos se transfirieron a través de cuentas bancarias corresponsales estadounidenses en dos bancos estadounidenses separados.

Por ejemplo, el 27 de julio de 2010, se transfirió una transferencia bancaria de $ 350.000 desde una cuenta bancaria de una empresa fantasma offshore de Odebrecht ubicada en Portugal a una cuenta bancaria de una empresa offshore abierta por Luis y Ricardo, que fue procesada a través de un banco corresponsal en Nueva York.

Posteriormente, Luis y Ricardo realizaron numerosas transacciones financieras adicionales a través de bancos estadounidenses en Nueva York que involucraron pagos de sobornos de Odebrecht. Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2013, Luis y Ricardo transfirieron $ 899,978 de una cuenta de una empresa offshore.

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El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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Panamá

Abogada vinculada a Mossack Fonseca (Panama Papers) es designada por el presidente Laurentino Cortizo como secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales

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A través de un decreto ejecutivo firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

Esta es la posición que quedó vacante tras la renuncia de Dani Kuzniecky, que se conoció el pasado 5 de octubre.

Vecchio se ha desempeñado en los últimos 10 años en la administración pública, en distintas instituciones y cargos, algunos de ellos vinculados a la estrategia del país para salir de las listas discriminatorias, informó La Prensa.

Antes, entre 2005 y 2010, fue abogada en Mossack Fonseca, la firma que fue objeto de una investigación periodística internacional que tuvo repercusión mundial en 2016 por el uso de estructuras jurídicas opacas.

Vecchio dijo que desempeñó en la firma distintos roles de la práctica profesional de un abogado, en las áreas de mercantil, marítimo, administrativo, litigios, así como en materia laboral.

Consultada sobre un eventual mensaje contradictorio que se pueda enviar a las organizaciones internacionales por su nombramiento como la persona que debe liderar la estrategia del país para salir de las listas, dijo que no debería haber conflicto porque lleva más de 10 años trabajando para la administración pública, que es lo que quiere seguir haciendo, y que tiene experiencia y conocimiento en temas de prevención de blanqueo de capitales.

En 2016, ingresó en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad creada para mejorar el sistema de prevención contra el lavado de activos en un gran grupo de actividades económicas no financieras, entre ellas, los abogados.

Empezó como abogada de la Intendencia -entidad que hoy en día es una Superintendencia- y llegó a ser su subdirectora.

Ha sido subdirectora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales del Ministerio de la Presidencia y asesora de la CNBC, de la que ahora es secretaria técnica.

Adscrita al despacho del ministro de Economía y Finanzas, la CNBC fue creada a través de la Ley 23 de 2015 y está compuesta por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Presidencia, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea.

Consultada acerca de la presencia de Panamá en las listas, Vecchio dijo que el país ha presentado avances, que estos tienen que continuar y que existe un compromiso al más alto nivel. Destacó en su estrategia la importancia del trabajo interinstitucional para avanzar y obtener resultados.

Vecchio es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Cuenta con un diplomado en Comercio Internacional y Servicios Bancarios de la Universidad Latina de Panamá; una maestría en Derecho Marítimo de Tulane University, New Orleans, Estados Unidos; y una maestría en Administración Pública de Cornell University, Ithaca, Nueva York, Estados Unidos.

Asume el cargo en un momento complejo para Panamá, cuya presencia en la lista negra de la Unión Europea fue ratificada a inicios de octubre y que espera conocer esta semana la nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre los avances en la ejecución del plan de acción para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

En la Asamblea, además, reposa el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que aspira a cambiar varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y que ha generado rechazo entre algunos gremios, entre ellos los abogados.

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Magistrado Cecilio Cedalise pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomar acciones legales por filtración de proyecto de fallo que dejaría sin efecto caso contra Martinelli

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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, envió una carta a su homólogo y presidente de esa corporación de justicia Luis Ramón Fábrega en la que le solicita la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en diversos medios de comunicación de un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli, por el caso de los pinchazos.

La nota, publicada en la tarde del martes, 19 de octubre, en la página web del Órgano Judicial, precisa que en diversos medios de comunicación y redes sociales se ha puesto en conocimiento del público la existencia de un proyecto de fallo sometido a lectura simultánea entre los miembros de la Corte, en el que se decide una demanda de inconstitucionalidad, informó La Prensa.

Según Cedalise, la filtración del fallo ha producido un desasosiego nacional y bien puede considerarse una violación al ordenamiento jurídico nacional, por lo que exigió a Fábrega el inicio de acciones legales al respecto.

En su nota Cedalise precisa que el proyecto tenía una encriptación para cada uno de los despachos de los magistrados, a fin de detectar el posible origen de una filtración, a pesar de lo cual la misma se produjo.

La nota de Cedalise argumenta que las acciones legales deben ser ejecutadas sin excusa, para que impere el respeto “a la majestad de la justicia”.

El proyecto de fallo de Cedalise anularía el caso de los pinchazos con el argumento de que en un juicio especial contra un diputado, en este caso, un diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que ostentaba Martinelli, no se podía realizar una audiencia de acusación sin antes haber realizado la audiencia de imputación.

Esta posición ha sido rechazada por los querellantes en el proceso que se le sigue al expresidente por espionaje político.

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