La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado que miles de panameños ingresen al mercado laboral informal debido a que perdieron sus empleos o se mantienen con contratos suspendidos.

Actualmente 777 mil 162 personas tienen un empleo informal. En el último año la informalidad pasó de 44.9% al 52.8% provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, informó Panamá América.

El Centro Nacional de Competitividad (CNC), señaló que el aumento del empleo informal genera efectos negativos como reducción de la recaudación fiscal, no contar con jubilación ni acceso a servicios y beneficios, no ser sujeto a crédito, aumento de los subsidios y baja productividad.

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Agregó que para contrarrestar los efectos negativos se debe facilitar los trámites (pago de impuestos, registros y cuotas), adecuar costos y requisitos al tamaño de la empresa y concienciar a la población sobre los beneficios de ser un trabajador formal.

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El empleo formal son todos los trabajo no agrícolas ya sea en el sector formal , informal o en hogares, durante un periodo determinado con los trabajadores no cuentan con contrato ni seguridad social, excluyendo los profesionales, administradores.

En los últimos 10 años (2010-2020), década en la cual se amplió el Canal de Panamá y hubo importantes inversiones en infraestructura, el 92% de los empleos creados fueron informales.

En esa época hubo millonarias inversiones en infraestructura y el salario promedio aumentó 90%, 92 de cada 100 empleos generados fueron informales, y los otros 8 fueron resultado de aumentos en la planilla estatal. De no haberse dado esos incrementos, el desempleo hoy sería 25%, no 18.5%. Más aún, entre el 2018 y 2019 (antes de la pandemia), 100% de los empleos generados fueron informales.’

Una de las principales características del entorno laboral panameño es que el país genera principalmente empleo informal, típicamente es estigmatizado como «buhoneros y extranjeros».

René Quevedo, empresario y experto en inserción laboral, explicó que 2 de cada 3 trabajadores es informal o funcionario. «Estamos ante un acelerado e insostenible proceso de precarización y estatización del empleo», agregó.

Aseguró que la covid-19 no «generó» empleo informal, sino que destruyó el empleo formal, lo cual tiene mucho más graves consecuencias económicas, fiscales y sociales, en momentos cuando debemos enfrentar la caída del 40% en los ingresos Caja del Seguro Social (CSS) y 27.9% en los ingresos fiscales, en medio de una precaria situación financiera de un Estado sobreendeudado, grave descapitalización del sector privado y complicadas perspectivas de reactivación de los 5 sectores que aportan 60% del empleo en el país.

Cada $1 de salario privado contribuye $0.23 a las finanzas del Estado (ISLR, Seguro Educativo, CSS), proveniente de actividades que aportan a la expansión de la economía. El salario del funcionario también, pero al ser el Estado el empleador, es «sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro». Los informales por su parte aportan poco al financiamiento del funcionamiento estatal.

Para el economista Augusto García la informalidad ha ganado terreno por la políticas neoliberales que se implementan en el país desde hace 30 años, afectando actividades como la agricultura y la industria.

«La pandemia ha tenido un impacto sobre la informalidad y el mundo, por lo que considero que la informalidad está por encima del 55%», señaló.

Agregó que este tema nos afecta a todos y sobre todo al país porque no aporta a la economía nacional que tanto lo necesita en este momento de crisis.

El año pasado (2020) se perdieron 288 mil 951 empleos, los cuales, en una economía que genera unos 45 mil empleos anuales, llevará más de 6 años recuperar.

Sin embargo, la planilla estatal aumentó y el impacto laboral de la covid-19 lo está sufriendo el sector privado, que ha perdido 327 mil 340 empleos asalariados, agravando la contracción que inició en el 2013, cuando éstos representaban 53% de los empleos del país, para caer a 33% en el 2020, una reducción de 20 puntos en 7 años.

A la fecha se han reactivado más 140 mil contratos suspendidos de un total de 289 mil ,209 y 10 mil 664 empresas han reabierto de 20 mil 309, según datos de la Contraloría General.

No obstante, más de 18 mil personas han quedado cesantes durante esta pandemia, según registros del Ministerio de Trabajo.

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