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Panamá

El colombiano Alex Saab utilizó a Panamá en sus operaciones de lavado

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En más de dos décadas, Álex Naín Saab Morán, el joven barranquillero que vendía uniformes corporativos en los años 80, logró transformar sus negocios locales en un emporio empresarial en el sector textil, la construcción y la alimentación. Su actividad comercial llegó a más de 10 países, principalmente Colombia, Panamá y Venezuela —donde es señalado de ser contratista del chavismo— y hoy acumula una millonaria fortuna casi imposible de rastrear. Sin embargo, su éxito empresarial quedó en entredicho en 2018, tras la captura del revisor fiscal y el contador de sus empresas, pues la Fiscalía los señala de presuntamente participar en el entramado societario de Saab Morán para lavar dinero y enriquecerse ilícitamente. 

Las averiguaciones de los investigadores sostienen que Álex Saab y varios de sus familiares se aliaron para lavar más de $25.000 millones a través de ocho empresas colombianas. Según las pesquisas, el corazón de estas actividades ilegales sería la sociedad Shatex S.A.S., constituida en 1998 en Barranquilla, en la que hay evidencia de doble contabilidad, importaciones ficticias y contratos con compañías inexistentes. Algunos de los puntos que más llaman la atención en los informes de la Fiscalía son el inusual crecimiento económico de Shatex S.A.S. en 2007, cuando aumentó en 923 % sus ingresos, y el posterior declive en 2010 y 2011, cuando no reportó ningún ingreso alegando el cese de actividades.

Al menos en el papel, Shatex S.A.S. dejó de funcionar hace más de una década, pero la Fiscalía descubrió que en 2010 realizó ventas por más de $200 millones, compras por $77 millones e importaciones y exportaciones por más de $600 millones. Álex Saab, quien se encuentra prófugo de la justicia tras filtrarse el operativo de su captura, tendrá que explicar por qué esos movimientos no fueron declarados ante la DIAN mientras parecía que su empresa era un negocio perdido. Sin embargo, aunque en Colombia los documentos mercantiles daban esa impresión de inactividad, tres años después el empresario barranquillero constituyó al menos cuatro sociedades más en Panamá y otras jurisdicciones que se caracterizan por no revelar la identidad de sus clientes, informó en 2018 El Espectador.

Las gestiones de estos nuevos negocios estuvieron a cargo de la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos documentos fueron filtrados en 2016 en una investigación periodística apodada Panama Papers y organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La publicación, liderada en Colombia por la alianza El Espectador-Connectas, reveló prácticas del bufete para facilitar la evasión de impuestos y desató investigaciones judiciales alrededor del mundo. Como consecuencia de esto, el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, Juan Esteban Arellano, ha sido procesado penalmente por falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Arellano fue la persona que tramitó la creación de la estructura societaria de Saab en Panamá y otros paraísos fiscales. En octubre de 2013, el abogado barranquillero Juan Carlos Gloria de Vino, actuando como intermediario de Álex Saab, le solicitó crear cuatro sociedades en jurisdicciones con beneficios tributarios. “Se requiere un poder general a favor de Álex Saab Morán para que represente a la sociedad en todo tipo de operaciones, incluyendo apertura de cuentas, compra de inmuebles, negociación de valores y acciones”, aseguró Gloria de Vino en un correo electrónico enviado a la firma Mossack Fonseca.

De esta manera se crearon Neston Property Ltd., en las Islas Vírgenes Británicas; Proment Intl., en Costa Rica, y Lintel Overseas Inc. y Kingstone Team Inc., en Panamá. La accionista única de estas empresas es Seafire Foundation, propiedad de Álex Saab. Más adelante, en 2015, su hermano Amir Luis Saab Morán, quien también es investigado por lavado de activos y cuyo paradero es incierto, creó las empresas Roseacre Corporation, en Belice, y Clayville Inc., en Panamá, a través de su fundación Venedig. “Necesitamos un poder especial a nombre de Amir Luis Saab Morán para aperturar cuentas bancarias y hacer inversiones en sociedades”, se lee en otro correo electrónico enviado por el abogado Gloria de Vino a la controvertida firma Mossack Fonseca.

En conclusión, a partir de las fundaciones Seafire y Venedig se entrelazan las sociedades constituidas por Mossack Fonseca para los Saab Morán. En la primera, los hijos de Álex Saab (Isham Alí, Shadi Naím y Jad Alí Saab Certain) también administran los bienes, y en la segunda aparecen sus hermanos Amir, Luis Alberto y Katia Saab Morán. y su mamá, Rosa Morán Aguancha. Este consejo corporativo conformado por familiares se asemeja al denunciado por la Fiscalía en la empresa Shatex S.A.S., en la que figuran nuevamente Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán, Rosa María Morán Aguancha, Álex Saab Morán, y su exesposa, Cynthia Eugenia Certain Ospina.

Sobre la participación de los familiares de Saab en sus negocios, una fuente le dijo a la DEA en abril de 2018 que “unas personas de descendencia libanesa” estaban dedicadas a la creación de empresas fachada para invertir grandes sumas de dinero de dudosa procedencia. “Álex Saab sería el jefe de la organización y Amir Saab, su hermano y socio, tiene conocimiento y participa de forma directa de todas las actividades”. El portal Armando.info también ha denunciado que Saab y su socio colombiano Álvaro Pulido han logrado convertirse en los mayores contratistas del Estado venezolano, en vivienda y a través del sonado programa de alimentación CLAP, con empresas como Group Grand Limited, de la que han sido directivos los hijos de Saab y Pulido, Shadi Nain Saab y Enmanuel Rubio González.

Juan Carlos Gloria de Vino, el abogado que sirvió de intermediario entre Álex Saab y Mossack Fonseca, le dijo a El Espectador que las mencionadas sociedades de su cliente en jurisdicciones secretas están inactivas desde su creación. “El señor Álex Saab ha sido cliente de mi oficina de abogados y le hemos asesorado en varios asuntos civiles y comerciales en Colombia, tales como el divorcio con su exesposa, la elaboración de contratos y estudios de títulos para adquisición de inmuebles, la creación de sociedades locales, la contratación de bienes y servicios y la estructuración de asociaciones con terceros, impuestos, entre otros”.Sobre su relación con Amir Saab Morán, hermano de Álex Saab, Gloria de Vino agregó que no ha gestionado sus negocios en Panamá. “Fui intermediario en la creación de la Fundación Venedig (…), gestionada directamente por el señor Amir Luis Saab Morán, quien es su presidente. Se creó como una estructura fiduciaria con el único propósito de precautelar el patrimonio del señor Amir Luis Saab, su esposa y sus tres hijos. Álex Saab no tiene relación alguna con la Fundación Venedig”, añadió el abogado. Sin embargo, Gloria de Vino sí asesoró la creación en Colombia de la sociedad Venedig Capital S.A.S., de Amir Luis Saab Morán. “No tiene vínculo o relación alguna con el señor Álex Saab o sociedades controladas por éste, ni fue creada por solicitud de él”, reiteró el abogado.

No obstante, la Fiscalía tiene bajo la lupa a esta empresa por su supuesta participación en el esquema de lavado de activos. Gloria de Vino fue, además, uno de los intermediarios de Mossack Fonseca con el Caribe. La mayoría de sus clientes son empresarios de Barranquilla. Entre ellos David Maestre Castro, exasesor del alcalde Álex Char. Junto a su hermano Hernán Maestre, de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, creó la sociedad Mikron Equities S.A. en las Islas Vírgenes Británicas. Otro de los clientes es Manuel Guillermo Vives de Andreis, constructor que, según La Silla Vacía, ha ganado contratos en el programa de viviendas gratis que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y el centro de convenciones Puerta de Oro.

Otro nombre en la lista de Juan Carlos Gloria de Vino es Ramón Navarro Pereira, procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El exgerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla, Triple A, es señalado de apropiarse ilícitamente, junto con otros directivos, de más de $27.800 millones, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos. Navarro y su esposa, Jeannette Lux de Navarro, crearon en octubre de 2013 la empresa Quartsun Develop Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque Navarro aseguró que se trataba de una inversión personal, las autoridades investigan si dineros del desfalco fueron a parar a Panamá.

“Lo que se haya hecho con esa sociedad escapa a mi control y conocimiento, como sucede en tantos otros casos en que he actuado como mero intermediario. No he sido su abogado, ni le he asesorado en sus negocios. Respecto de las otras personas mencionadas, las cuales también acudieron a mí como intermediario para crear sociedades en el exterior, solo debo agregar que son reputados empresarios de la ciudad y no tienen ni han tenido cuestionamientos penales o tributarios”, concluyó el abogado Gloria de Vino.

Al margen de las sociedades que creó el grupo Saab en Panamá, la Fiscalía sigue rastreando a dónde fue a parar el dinero que entre 2004 y 2011 logró mover a través de operaciones ficticias de comercio exterior con su empresa Shatex. La sospecha de los investigadores es que parte de la plata que no fue declarada en Colombia terminó en cuentas en el exterior de compañías de papel, que al parecer pertenecían a Saab, como habría sucedido en Panamá, donde siete de los ocho clientes registrados por Shatex en ese país no existían en los registros oficiales. A su vez, autoridades de México, Estados Unidos e Israel les siguen la pista a los negocios de Álex Saab a nivel mundial.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 

Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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