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El colombiano Alex Saab utilizó a Panamá en sus operaciones de lavado

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En más de dos décadas, Álex Naín Saab Morán, el joven barranquillero que vendía uniformes corporativos en los años 80, logró transformar sus negocios locales en un emporio empresarial en el sector textil, la construcción y la alimentación. Su actividad comercial llegó a más de 10 países, principalmente Colombia, Panamá y Venezuela —donde es señalado de ser contratista del chavismo— y hoy acumula una millonaria fortuna casi imposible de rastrear. Sin embargo, su éxito empresarial quedó en entredicho en 2018, tras la captura del revisor fiscal y el contador de sus empresas, pues la Fiscalía los señala de presuntamente participar en el entramado societario de Saab Morán para lavar dinero y enriquecerse ilícitamente. 

Las averiguaciones de los investigadores sostienen que Álex Saab y varios de sus familiares se aliaron para lavar más de $25.000 millones a través de ocho empresas colombianas. Según las pesquisas, el corazón de estas actividades ilegales sería la sociedad Shatex S.A.S., constituida en 1998 en Barranquilla, en la que hay evidencia de doble contabilidad, importaciones ficticias y contratos con compañías inexistentes. Algunos de los puntos que más llaman la atención en los informes de la Fiscalía son el inusual crecimiento económico de Shatex S.A.S. en 2007, cuando aumentó en 923 % sus ingresos, y el posterior declive en 2010 y 2011, cuando no reportó ningún ingreso alegando el cese de actividades.

Al menos en el papel, Shatex S.A.S. dejó de funcionar hace más de una década, pero la Fiscalía descubrió que en 2010 realizó ventas por más de $200 millones, compras por $77 millones e importaciones y exportaciones por más de $600 millones. Álex Saab, quien se encuentra prófugo de la justicia tras filtrarse el operativo de su captura, tendrá que explicar por qué esos movimientos no fueron declarados ante la DIAN mientras parecía que su empresa era un negocio perdido. Sin embargo, aunque en Colombia los documentos mercantiles daban esa impresión de inactividad, tres años después el empresario barranquillero constituyó al menos cuatro sociedades más en Panamá y otras jurisdicciones que se caracterizan por no revelar la identidad de sus clientes, informó en 2018 El Espectador.

Las gestiones de estos nuevos negocios estuvieron a cargo de la firma panameña Mossack Fonseca, cuyos documentos fueron filtrados en 2016 en una investigación periodística apodada Panama Papers y organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La publicación, liderada en Colombia por la alianza El Espectador-Connectas, reveló prácticas del bufete para facilitar la evasión de impuestos y desató investigaciones judiciales alrededor del mundo. Como consecuencia de esto, el representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, Juan Esteban Arellano, ha sido procesado penalmente por falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Arellano fue la persona que tramitó la creación de la estructura societaria de Saab en Panamá y otros paraísos fiscales. En octubre de 2013, el abogado barranquillero Juan Carlos Gloria de Vino, actuando como intermediario de Álex Saab, le solicitó crear cuatro sociedades en jurisdicciones con beneficios tributarios. “Se requiere un poder general a favor de Álex Saab Morán para que represente a la sociedad en todo tipo de operaciones, incluyendo apertura de cuentas, compra de inmuebles, negociación de valores y acciones”, aseguró Gloria de Vino en un correo electrónico enviado a la firma Mossack Fonseca.

De esta manera se crearon Neston Property Ltd., en las Islas Vírgenes Británicas; Proment Intl., en Costa Rica, y Lintel Overseas Inc. y Kingstone Team Inc., en Panamá. La accionista única de estas empresas es Seafire Foundation, propiedad de Álex Saab. Más adelante, en 2015, su hermano Amir Luis Saab Morán, quien también es investigado por lavado de activos y cuyo paradero es incierto, creó las empresas Roseacre Corporation, en Belice, y Clayville Inc., en Panamá, a través de su fundación Venedig. “Necesitamos un poder especial a nombre de Amir Luis Saab Morán para aperturar cuentas bancarias y hacer inversiones en sociedades”, se lee en otro correo electrónico enviado por el abogado Gloria de Vino a la controvertida firma Mossack Fonseca.

En conclusión, a partir de las fundaciones Seafire y Venedig se entrelazan las sociedades constituidas por Mossack Fonseca para los Saab Morán. En la primera, los hijos de Álex Saab (Isham Alí, Shadi Naím y Jad Alí Saab Certain) también administran los bienes, y en la segunda aparecen sus hermanos Amir, Luis Alberto y Katia Saab Morán. y su mamá, Rosa Morán Aguancha. Este consejo corporativo conformado por familiares se asemeja al denunciado por la Fiscalía en la empresa Shatex S.A.S., en la que figuran nuevamente Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán, Rosa María Morán Aguancha, Álex Saab Morán, y su exesposa, Cynthia Eugenia Certain Ospina.

Sobre la participación de los familiares de Saab en sus negocios, una fuente le dijo a la DEA en abril de 2018 que “unas personas de descendencia libanesa” estaban dedicadas a la creación de empresas fachada para invertir grandes sumas de dinero de dudosa procedencia. “Álex Saab sería el jefe de la organización y Amir Saab, su hermano y socio, tiene conocimiento y participa de forma directa de todas las actividades”. El portal Armando.info también ha denunciado que Saab y su socio colombiano Álvaro Pulido han logrado convertirse en los mayores contratistas del Estado venezolano, en vivienda y a través del sonado programa de alimentación CLAP, con empresas como Group Grand Limited, de la que han sido directivos los hijos de Saab y Pulido, Shadi Nain Saab y Enmanuel Rubio González.

Juan Carlos Gloria de Vino, el abogado que sirvió de intermediario entre Álex Saab y Mossack Fonseca, le dijo a El Espectador que las mencionadas sociedades de su cliente en jurisdicciones secretas están inactivas desde su creación. “El señor Álex Saab ha sido cliente de mi oficina de abogados y le hemos asesorado en varios asuntos civiles y comerciales en Colombia, tales como el divorcio con su exesposa, la elaboración de contratos y estudios de títulos para adquisición de inmuebles, la creación de sociedades locales, la contratación de bienes y servicios y la estructuración de asociaciones con terceros, impuestos, entre otros”.Sobre su relación con Amir Saab Morán, hermano de Álex Saab, Gloria de Vino agregó que no ha gestionado sus negocios en Panamá. “Fui intermediario en la creación de la Fundación Venedig (…), gestionada directamente por el señor Amir Luis Saab Morán, quien es su presidente. Se creó como una estructura fiduciaria con el único propósito de precautelar el patrimonio del señor Amir Luis Saab, su esposa y sus tres hijos. Álex Saab no tiene relación alguna con la Fundación Venedig”, añadió el abogado. Sin embargo, Gloria de Vino sí asesoró la creación en Colombia de la sociedad Venedig Capital S.A.S., de Amir Luis Saab Morán. “No tiene vínculo o relación alguna con el señor Álex Saab o sociedades controladas por éste, ni fue creada por solicitud de él”, reiteró el abogado.

No obstante, la Fiscalía tiene bajo la lupa a esta empresa por su supuesta participación en el esquema de lavado de activos. Gloria de Vino fue, además, uno de los intermediarios de Mossack Fonseca con el Caribe. La mayoría de sus clientes son empresarios de Barranquilla. Entre ellos David Maestre Castro, exasesor del alcalde Álex Char. Junto a su hermano Hernán Maestre, de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, creó la sociedad Mikron Equities S.A. en las Islas Vírgenes Británicas. Otro de los clientes es Manuel Guillermo Vives de Andreis, constructor que, según La Silla Vacía, ha ganado contratos en el programa de viviendas gratis que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y el centro de convenciones Puerta de Oro.

Otro nombre en la lista de Juan Carlos Gloria de Vino es Ramón Navarro Pereira, procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El exgerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla, Triple A, es señalado de apropiarse ilícitamente, junto con otros directivos, de más de $27.800 millones, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos. Navarro y su esposa, Jeannette Lux de Navarro, crearon en octubre de 2013 la empresa Quartsun Develop Inc. en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque Navarro aseguró que se trataba de una inversión personal, las autoridades investigan si dineros del desfalco fueron a parar a Panamá.

“Lo que se haya hecho con esa sociedad escapa a mi control y conocimiento, como sucede en tantos otros casos en que he actuado como mero intermediario. No he sido su abogado, ni le he asesorado en sus negocios. Respecto de las otras personas mencionadas, las cuales también acudieron a mí como intermediario para crear sociedades en el exterior, solo debo agregar que son reputados empresarios de la ciudad y no tienen ni han tenido cuestionamientos penales o tributarios”, concluyó el abogado Gloria de Vino.

Al margen de las sociedades que creó el grupo Saab en Panamá, la Fiscalía sigue rastreando a dónde fue a parar el dinero que entre 2004 y 2011 logró mover a través de operaciones ficticias de comercio exterior con su empresa Shatex. La sospecha de los investigadores es que parte de la plata que no fue declarada en Colombia terminó en cuentas en el exterior de compañías de papel, que al parecer pertenecían a Saab, como habría sucedido en Panamá, donde siete de los ocho clientes registrados por Shatex en ese país no existían en los registros oficiales. A su vez, autoridades de México, Estados Unidos e Israel les siguen la pista a los negocios de Álex Saab a nivel mundial.

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Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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