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Tras alerta del FBI, Dirección General de Ingresos de Panamá investiga a los Súper 99 del expresidente Ricardo Martinelli por presunta evasión fiscal

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Mientras empresas del grupo Martinelli están siendo investigadas por la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá, La Prensa ha tenido acceso a una supuesta declaración jurada y voluntaria del gerente de contabilidad de las empresas del Grupo Martinelli, así como a documentos de inteligencia del FBI –en posesión del Gobierno– que apuntan en dirección de supuestas operaciones de evasión fiscal, en especial, de Importadora Ricamar, S.A., dueña de los Súper 99.

Desde hace semanas, la DGI investiga a compañías del conglomerado, algo que el expresidente Ricardo Martinelli califica de “persecución política”. Pero el propio gerente de contabilidad del conglomerado, Marcelino Velásquez, habría descrito voluntariamente –y bajo juramento– lo que él calificó de actividades que buscaron la “evasión fiscal”.

Además, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sugiere esquemas financieros en la misma dirección. El expresidente Martinelli y el contador de las empresas, alegan que la declaración es “falsa”.

El gerente de contabilidad del conglomerado, que durante días se negó a reconocer su firma en el documento que este medio le envió, pasó de no recordar la declaración a afirmar que no había dado “ninguna declaración jurada voluntaria … ni reconozco en forma alguna ni el contenido ni la firma en la imagen que usted me refiere”. No obstante, hay testigos que dan fe de la declaración, informaron Rolando Rodríguez y Leonardo Grinspan en La Prensa.

Velásquez habría sido preciso en describir actividades, por ejemplo, en Importadora Ricamar, para evadir impuestos, cosa que Martinelli rechaza categóricamente.

Velásquez –que actualmente labora para las empresas Martinelli– habría dicho en esa declaración que “entre el año 1999 aproximadamente y el año 2014 se dieron una serie de hechos irregulares, encaminados a la evasión de impuestos…”.

Informes de inteligencia de Estados Unidos, así como la declaración jurada del contador de Importadora Ricamar, S.A. (Irisa) –con el cargo de gerente del Departamento de Contabilidad– dan cuenta de supuestas operaciones para la evasión de impuestos de empresas de la familia Martinelli, incluidos los Súper 99, compañía esta que igualmente está acusada de blanqueo de capitales en la versión panameña del caso Odebrecht.

La Prensa logró acceso a un documento en posesión del gobierno panameño –con fecha de mayo de 2022– en el que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informa a las autoridades locales de un posible delito de “evasión fiscal”. La carta describe operaciones a través de las cuales la familia del expresidente Ricardo Martinelli, incluyendo su esposa e hijos, se beneficiarían de arreglos financieros “irregulares”, a través de Irisa.

Igualmente, Marcelino Velásquez Gómez –gerente de contabilidad de Irisa, compañía parte de la sociedad Empresas Martinelli, S.A., en la que Velásquez Gómez también es responsable de su contabilidad– describió en una declaración jurada y voluntaria una serie de operaciones, cuyo fin era la “evasión de impuestos”, a través de la creación de empresas extranjeras (propiedad de Empresas Martinelli, S.A.); la creación de bonos corporativos de papel y el ejercicio de doble contabilidad, entre otras actividades.

Según el FBI, las operaciones irregulares consisten en “préstamos” que haría la familia Martinelli a favor de Irisa, con el fin de cobrar intereses por encima de los que paga el mercado local. Los préstamos estarían reflejados en los libros de contabilidad de la empresa, pese a que cuenta con capacidad para contratar en el mercado local préstamos con mejores condiciones, es decir, con intereses menos onerosos.

La carta indica, además, que la familia Martinelli, cuyos miembros son los principales accionistas de la empresa, niega tales préstamos. Según el FBI, Irisa pagaría los intereses de los supuestos préstamos, gravados bajo el renglón de ingresos por intereses, en lugar de identificarlos como pago de dividendos.

La supuesta deuda de la familia Martinelli con Irisa sería de unos $30 millones, según el FBI, lo cual resultaría en la distribución de millones de dólares al año a los integrantes de esta familia, subraya.

De acuerdo con el documento del FBI, Irisa y empresas vinculadas a esta, contratan a personas que trabajan para la familia Martinelli, pero cuya labor no parece estar relacionada con las actividades comerciales de Importadora Ricamar, S.A. El FBI cita, por ejemplo, el salario del capitán del yate del expresidente Martinelli, cuyo salario es solventado por Irisa, o salarios de jardineros y conductores, indica la carta. Estos pagos –agrega– podrían resultar en el ocultamiento para los accionistas de Irisa.

Un mes después de la fecha de la carta del FBI –el 28 de junio pasado– la Dirección General de Ingresos (DGI) comenzó una investigación, de acuerdo con una nota de esa institución que divulgó Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. El documento, publicado parcialmente en redes sociales, indicaba que debía entregar a la DGI información sobre sus ingresos, compras, activos, pasivos y gastos del período comprendido entre 2018 y 2022.

No obstante, el documento no estaba dirigido a Martinelli, sino al gerente general de Irisa, Alejandro Garúz Adames, a quien la DGI le informó de una auditoría integral a esta empresa, específicamente en lo relativo a la renta jurídica (de 2019 a 2021); remesas (2008-2022); dividendos (2008-2022) y otros renglones de la actividad comercial de esta empresa, el impuesto de Itbms, etc.

La DGI pidió la colaboración de Garúz Adames para que “durante una diligencia exhibitoria y/o inspección ocular” facilitara copias cotejadas de la información electrónica almacenada en dispositivos electrónicos y toda la información inherente al desarrollo de la auditoría”.

La investigación de la DGI también abarca registros legales de contabilidad; detalle de ingresos (con sus respectivos comprobantes); contratos por servicios prestados con sus facturas; detalle de ingresos por comisiones (con sus documentos) y honorarios profesionales; detalle de compras (locales e importadas), con su respectiva liquidación de Aduana; detalle de activos, pasivos y cuadro de depreciación; detalle de los gastos (con sus comprobantes), según requerimiento del fiscalizador, y cualquier otro documento en formato electrónico, cartas, faxes, memorandos o medio que evidencie hechos generadores de tributo.

Camacho acusó al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de montar una persecución política en contra de su jefe, como también lo hizo el expresidente Juan Carlos Varela, “quien no pudo derrotarlo ni tampoco lo hará Carrizo”, dijo Camacho. “Ahora, funcionarios de esta Administración (DGI) buscan intimidarlo haciéndole auditoría, pese a que él es uno de los mayores contribuyentes”, añadió.

En términos similares se pronunció Martinelli: “Hoy denunciaré la persecución política que soy objeto por el gobierno. Estoy listo, han tratado de todo y no pudieron. Yo tengo todo en orden y hace más de 40 años que genero miles de plazas de trabajo. Responsabilizo al Gobierno por las amenazas. Sean valientes, vengan de frente”. Según Martinelli, la auditoría de la DGI alcanzaría a sus empresas, familiares, abogados, allegados y otros más.

Menos de tres semanas después –el 15 de julio pasado– funcionarios de la DGI ingresaron a las sedes de, al menos, cuatro supermercados de la cadena Súper 99, donde el personal de la DGI se mostró interesado en los equipos que reportan las transacciones a la DGI desde las cajas registradoras de estos supermercados, así como equipos conectados a la DGI desde las cajas de una empresa del grupo Martinelli: Rapid Money, una casa de remesas de dinero.

Rapid Money carece de cuentas bancarias, ya que fueron cerradas años atrás, y desde entonces utiliza las cuentas del Súper 99 para hacer sus depósitos, a pesar de que este establecimiento de víveres no es una casa de remesas.

El 22 de octubre de 2018, el contador de Importadora Ricamar y de Empresas Martinelli, Marcelino Velásquez, habría rendido de forma voluntaria una declaración jurada –de diez páginas– en la oficina y en presencia de Luis Francisco Hurtado y Magalis Reyes Reyes, hoy excontralor general de Empresas Martinelli, S.A. y subsidiarias, y la jefa del Departamento Legal de la misma empresa, respectivamente.

Según el documento que contiene la supuesta declaración de Velásquez, con más de 45 años trabajando para la cadena de supermercados, hay coincidencia con el FBI en el tema de la supuesta evasión de impuestos. La declaración describe detalladamente varias situaciones “irregulares” que él mismo habría visto y que, en algunos casos –incluso– avaló como encargado de contabilidad de la empresa.

“Elaboré y autoricé muchos de los registros siendo consiente [sic] que los mismos eran irregulares, sin obtener ninguna ventaja personal, tan solo el poder conservar mi cargo en la compañía”, indica la declaración jurada.

En el documento, Velásquez se remonta a octubre de 1998, cuando, según habría dicho, Empresas Martinelli, S.A. adquirió dos sociedades extranjeras (de Islas Vírgenes Británicas), cuyo fin era acrecentar, de forma ficticia, los costos de operación y así disminuir el pago de impuestos sobre ganancias.

“Las compras extranjeras que realizaba Importadora Ricamar, subsidiaria de Empresas Martinelli, S.A., eran ajustadas con generación de cargos de costos y gastos sobre dichas compras, bajo los conceptos de pago [a] intermediarios, pero que en realidad lo único que se pretendía era poder generar un vínculo comercial entre las empresas creadas para tal fin y de propiedad de Empresas Martinelli, S.A., y tener la justificación de facturar por parte de las dos empresas extranjeras, que en realidad no prestaban ningún servicio, era ficticio, en tal sentido todos estos sobrecostos por gastos irreales incrementaban el valor de la mercancía […] reduciendo el margen de utilidad bruta y con ello cancelar menos impuestos locales”, describe la declaración.

Entre 1999 y 2002, habría añadido, a ambas sociedades extranjeras (Stanley Estates Corp. y Belfast Financial, Inc.) se les realizaron pagos que suman, en el primer caso, $2.4 millones y en el segundo, $3.1 millones, para un total de $5.5 millones. Según Velázquez, este dinero, “en efecto, fue desembolsado por Importadora Ricamar, S.A, registrado en cuentas monetarias por cada una de las empresas y luego se reintegraban [a través de] cheques a Importadora Ricamar, S.A., registrados como cuentas por pagar a favor de Empresas Martinelli…”.

Según el documento, estas sociedades, al no tener gastos, generaban utilidades “excentas [sic] de impuestos” en las jurisdicciones donde estaban radicadas. Estas utilidades –añadió– se acumularon y “aparecían en los estados financieros como utilidades retenidas […] en Empresas Martinelli, S.A.”.

Otra estrategia –habría explicado Velásquez– consistía en la emisión privada de bonos corporativos, “esquema que se utilizó para disminuir impuestos (evasión)…”, que, según la declaración, diseñó la firma de auditores externos KPMG. Esta firma, indicó en su declaración, “fabrica los documentos a través de sus empleados para ayudar a legalizar las estrategias tributarias que ellos mismos diseñaban, sugerían y asesoraban, a pesar de que las mismas son propias de evasión de impuestos”.

La Prensa envió una carta por correo electrónico a la firma KPMG Panamá para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no había respondido el cuestionario.

Un tercer esquema de supuesta evasión –según habría explicado Velásquez–, se llevó a cabo entre 2005 y 2014. Consistió en un cambio de estrategia: llevar “doble contabilidad”, aseguró, “a efecto de manejar dineros producto de las ventas diarias en cuentas monetarias a nombre de Irisa, pero que no eran registradas contablemente…”.

El documento indica que para hacer esto se abrieron dos cuentas bancarias a nombre de Importadora Ricamar, S.A. “cuentas que no se registraron en la contabilidad de Importadora Ricamar, a pesar de ser esta compañía la titular y propietaria de las mismas (doble contabilidad)…”, explicó.

Velásquez dio detalles precisos, como números de cuentas bancarias, el proceso para dividir el producto de las ventas diarias que se depositarían en las cuentas registradas en los libros de contabilidad formales como en las cuentas no registradas.

“Yo, de manera personal –explicó Velásquez– cuadraba los documentos, dejando sin registrar el valor que previamente había sido depositado a las cuentas referidas, al final lo que contablemente reflejaba era un menor valor y margen en la utilidad por venta de mercancías, reflejando una menor base para el pago de impuestos”.

Velásquez declaró que era “consciente de lo delicado de la información [que proporcionó], pero igual soy consiente [sic] que en calidad de Gerente de Contabilidad por muchos años [… ], era el responsable de la contabilidad…”.

El contador explicó que también era consciente de que “la forma inapropiada de manejar la compañía y de tomar las decisiones por la persona que tenía el dominio, control y autoridad en la compañía (Ricardo Martinelli Berrocal), llevaron a que en muchos de estos casos tuviera la presión de permitir esto, siendo consciente del riesgo que tenía como responsable de la contabilidad…”.

Pero, para hacer lo que describió en la declaración “se tenía el apoyo de la auditoría externa (KPMG), no solamente en el trabajo propio de ellos, sino en la asesoría y diseño de estrategias para pagar menos impuestos, que igualmente hoy en día no se ven como estrategias y planificación tributaria (elusión) sino que se ve como irregularidades y estrategias para evadir impuestos…”.

Ese “apoyo” de KPMG –indica la declaración– le daba la “confianza en mi departamento para permitir lo anterior; otros hechos son las mismas presiones por permitir cosas inapropiadas, malas prácticas o irregularidades a fin de mantener mi puesto y salario …”.

La Prensa, desde el pasado lunes, estuvo tratando de comunicarse con Velásquez, quien sigue trabajando para la cadena de supermercados 99, pero hasta ayer había rehusado hablar con La Prensa. El pasado lunes, 1 de agosto, La Prensa lo localizó a través de su celular. En una brevísima entrevista, Velásquez aseguró en dos ocasiones que no recordaba haber dado esa declaración. Luego colgó, sin permitir más preguntas.

Minutos después, La Prensa le envió la página 10 y última de la declaración jurada, preguntándole si reconocía su firma. Pero, después de pedirle que respondiera, al menos, cuatro veces por chat y otras dos veces por teléfono, respondió ayer, de la siguiente manera: “Le dejo consignado nuevamente por escrito y esta vez consignaré esta respuesta ante notario, que no reconozco como auténtico el documento que usted parcialmente me ha remitido en copia digital simple. Le dejo claramente consignado que yo no he rendido ninguna declaración jurada voluntaria ante ninguna autoridad, ni reconozco en forma alguna ni el contenido ni la firma en la imagen que usted me refiere”.

Unos 20 minutos después, el vocero de Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, se comunicó con este diario para indicar que se enviaría una respuesta (ver nota relacionada).

La Prensa contactó al excontralor de Empresas Martinelli, S.A., Luis Hurtado, quien dijo no poder responder las preguntas de La Prensa, ya que cuando fue liquidado del holding firmó un acuerdo de confidencialidad que lo obliga a guardar silencio sobre las operaciones de estas empresas. No obstante, dijo que la firma que aparece en el documento que contiene la declaración jurada de Velásquez es la suya.

Una segunda testigo en la declaración de Velásquez falleció recientemente, por lo que La Prensa no pudo corroborar de primera mano si la firma que aparece en el documento es la suya. La Prensa también contactó a Iván Gaitán, quien durante unos meses fue apoderado general de Irisa cuando Velásquez dio su declaración jurada. Gaitán fue despedido, al igual que varios otros altos ejecutivos de las empresas Martinelli, luego de ocupar cargos dignatarios en Irisa, a fin de lograr un gobierno corporativo en esa empresa, hasta que el expresidente Martinelli se hizo cargo de esta tras salir de la cárcel.

Gaitán dijo a La Prensa que conoció y vio la declaración de Velásquez, y que la recordaba muy bien, porque sirvieron para elaborar un informe sobre las actividades irregulares de la empresa, informe que también fue de su conocimiento y que algunos accionistas conocen de su existencia.

El expresidente Ricardo Martinelli envió una carta ayer a La Prensa en la que dice que “desconozco la supuesta declaración a la que me hace referencia [de Marcelino Velásquez], si me proporciona una copia íntegra y original podré tener un mejor criterio, la información que manejo es que no existe tal aseveración ni declaración. Por tanto la misma es falsa”.

“Rechazo —añadió—hechos falsos y temerarios expresados en su pregunta, siempre hemos cumplido nuestras obligaciones tributarias como uno de los mayores contribuyentes de Panamá. Además, las empresas a las que Usted hace referencia cumplen con las regulaciones y fueron auditadas en los años 2012, 2013, 2014 y en el año 2015 por el gobierno de Juan Carlos Varela, por la Dirección General Ingresos, así mismo las empresas son auditadas anualmente por la reconocida firma de auditores externos KPMG”.

Martinelli insistió en que “ustedes hablan de algo completamente inexistente” y agregó que deja “constancia que mantengo enemistad personal con la fuente principal de sus reportajes Sergio Davis Riera… que aparte de aportar documentos falsos, se hace pasar por supuesto agente del FBI y la CIA, con supuestas conexiones con la embajada americana, con el propósito de obtener beneficios personales”.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Las pruebas de cómo Jaime Alberto Caballero Quiroz, líder del SUNTRACS en Chiriquí, se hizo rico con un “empujoncito” del Gobierno de Varela

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Jaime Alberto Caballero Quiroz es el máximo dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en la provincia de Chiriquí. Caballero Quiroz es además mano derecha de Saúl Méndez, secretario general de la organización gremial.

Jaime Caballero Quiroz pasó de la noche a la mañana de pegar bloques como trabajador de la construcción a convertirse en un terrateniente y empresario poderoso en la provincia de Chiriquí.

Su emblemático salto inició el 30 de julio de 2015, durante el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela, cuando Caballero recibió un préstamo del Banco de Desarrollo Agropecuario por un monto de $850.000, para iniciar su emporio de 12 hectáreas de café.

Seguidamente, el 20 de agosto de 2015, Caballero Quiroz obtuvo un préstamo de más de $19.000 por parte del mismo banco.

Posteriormente, también en el periodo gubernamental de Varela, según escrituras del Registro Público panameño, Jaime Caballero adquirió tres fincas, dos de las mismas valoradas en $100.000, y la tercera por un precio de $150.000. En total, el dirigente sindical invirtió $350.000 en bienes inmuebles.

Caballero, fuerte crítico del sistema capitalista, compró también más de 3 hectáreas en Boquete, por más de $147.000.

El líder del SUNTRACS en Chiriquí igualmente adquirió cuatro fincas por más de $472.000, al mejor estilo de los millonarios europeos y estadounidenses.

La información fue dada a conocer por el comunicador Félix Tijerino, de InformaT Panamá, quien se preguntó si realmente el SUNTRACS tiene intenciones de querer cambiar el sistema imperante en el país.

 

Las aseveraciones del comunicador están sustentadas en documentos del Registro Público y en facturas en las que además del nombre de Jaime Alberto Caballero Quiroz, figura también el de Antonio Enrique Sánchez Grajales.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Familiares buscan a siete venezolanos de apellidos Oliveros, Rodríguez y Medina desaparecidos en la selva del Darien

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Una familia de migrantes venezolanos desapareció, desde el pasado 8 de agosto, luego de salir en una embarcación dela isla de San Andrés, Colombia, a la isla de Corn, en Nicaragua, y desde ese país seguir la ruta que los llevaría a los Estados Unidos. Todo, con el objetivo de evitar el peligroso paso por la selva del Darién.

De acuerdo a la información reseñada por el diario venezolano El Carabobeño, se trata de siete integrantes de las familias Oliveros y Rodríguez, quienes salieron de Venezuela desde Lomas de Funval, sur de la ciudad de Valencia, informó Luis Ledezma en el medio venezolano Caraota Digital.

Así que se aventuraron: Yraida Álvarez, su esposo Miguel Oliveros, la hija y yerno de ambos Michell Oliveros y Kristian Rodríguez, respectivamente, quienes también viajaban con sus hijos Kristian Miguel, de nueve años de edad, Kristofer Rodríguez, de 6, y un primo de la familia llamado Manuel Medina.

Los parientes de estas personas se encuentran desesperados, por lo que piden a quienes tengan alguna información contactar a Jennifer Oliveros a través de la red social Facebook, debido a que el número telefónico que pusieron a disposición fue blanco fácil de delincuentes dedicados a extorsionar a los migrantes venezolanos.

El tapón del Darién, como también se le conoce, es una inhóspita selva por donde cada año miles de migrantes procedentes de todo el mundo transitan hacia los Estados Unidos. Entre ellos, los venezolanos que huyen de la administración de Nicolás Maduro.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que las restricciones de visa impuestas por países norte y centroamericanos a los venezolanos han generado un aumento significativo de las personas que cruzan la peligrosa selva.

“La cantidad de venezolanos que cruzan el Tapón de Darién hacia el continente norteamericano se disparó durante el último año, ya que los países impusieron restricciones de visado, lo que dificulta que los venezolanos viajen en avión a México y Centroamérica”, denunció HRW.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Cámara de Turismo de Panamá califica como “carente de veracidad” un Informe de Inteligencia de Negocios sobre resultados positivos del Fondo de Promoción Turística (Promtur)

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“Desde su creación hace cinco años y el inicio de operación a finales del año 2020, el Fondo de Promoción Turística (Promtur) Panamá ha trabajado de manera ininterrumpida en la promoción y mercadeo del destino, lo que ha permitido que por primera vez se genere un reporte con datos científicos y comprobables que permiten conocer el estado real de la industria en nuestro país”, dijo en una nota Promtur, en respuesta a las declaraciones que diera la Cámara Nacional de Turismo (Camtur) de Panamá sobre el informe: “Inteligencia de negocios de nuestro país” que comprende el periodo de enero a junio de 2022 presentado por el Fondo de Promoción Turística.

“Después de verificar con las asociaciones representativas del turismo nacional, podemos aseverar que el mismo (el informe) carece de veracidad tanto en las cifras como en la metodología, y no refleja la realidad del sector turismo en estos momentos”, declaró en un comunicado la junta directiva de Camtur en días recientes, informó Yelina Pérez Sánchez en La Estrella de Panamá.

“Por muchos años el sector empresarial turístico luchó por la creación de una oficina de promoción turística internacional, con el fin de mantener la promoción de nuestro destino ante los vaivenes políticos, emulando el éxito de muchos países de la región. Este esfuerzo contrasta hoy con la desconexión entre la administración de Promtur y la realidad nacional e internacional”, describió la nota de Camtur.

Igualmente, la Cámara solicitó la reestructuración integral de Promtur de manera inmediata con el fin de cumplir con los objetivos trazados para los cuales se creó esta organización.

Ante ello, Promtur explicó que este informe de actualización que “hemos generado recientemente demuestra la efectividad de que el país cuente con una organización de mercadeo de destino con visión de largo plazo”. Además, declaró que “a la fecha los resultados son positivos, aun considerando las crisis que se han presentado en los últimos años y que el posicionamiento de un destino se construye de forma sostenida y a largo plazo, manteniendo una estrategia continua en los mercados internacionales”.

A su vez, el Fondo de Promoción mencionó que en el informe “Inteligencia de negocios de nuestro país” se proporcionó el análisis de datos de cinco proveedores del más alto renombre con datos relevantes, precisos y veraces bajo los más altos estándares de la industria de turismo mundial y que son fuentes del más alto nivel de confiabilidad para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (Wttc), y la Organización Mundial de Turismo (OMT/Unwto).

“Es el caso de Smith Travel Report (STR) proveedor que cuenta con 37 años en el mercado reportando datos de la industria hotelera y Forwardkeys que brinda información sobre las reservaciones de las llegadas internacionales que pernoctan en el país”, explicó la institución público privada.

La nota añadió también que durante estos años “hemos mantenido un proceso de comunicación constante y abierto con todos los actores de la industria, así como múltiples canales de información para compartir con ellos los resultados de nuestra gestión de forma transparente”.

“Lamentamos que la junta directiva de Camtur desconozca los avances de lo que hemos logrado, y desconocemos su metodología para medir el impacto de la promoción turística internacional, sin embargo, siempre estaremos a disposición para atender las consultas e inquietudes que se tengan sobre la gestión de la organización de mercadeo del país.

Ante lo planteado por la Cámara, los representantes de la industria hotelera de Panamá también se pronunciaron y señalaron que las empresas turísticas firmantes “lamentamos lo expresado por la Cámara Nacional de Turismo de Panamá, a través de su comunicado el pasado 8 de agosto de 2022, con relación al reciente ‘Informe de inteligencia de negocios’ presentado por Promtur”.

También expresaron que “debemos responsablemente señalar que los resultados presentados en este documento coinciden con los datos de nuestras empresas, en cuanto a la tendencia de recuperación de la industria de turismo”.

De acuerdo con el comunicado de la industria de hoteles, los miembros del sector reconocen que valoran mucho poder contar con un reporte de inteligencia de negocios, que contiene información de proveedores que son referentes de la industria y que son las fuentes que utilizan organizaciones como Wttc y la OMT, tales como STR y ForwardKeys.

“Contar con una organización de mercadeo del país (DMO) garantiza la consistencia y continuidad de la estrategia de promoción internacional del destino y el desarrollo de negocios en el corto y largo plazo”, mencionaron.

Añadieron que Promtur cuenta con una junta directiva que participa en la toma de decisiones en cuanto a sus estrategias y nuestro sector ha estado representado en ella desde sus inicios. “Sabemos que hay desafíos por delante y estas cifras reflejan que vamos en la dirección correcta. Hay mucho camino por recorrer y estamos dispuestos a compartir y a recibir toda la información relevante que provenga de fuentes confiables y responsables, para la toma de decisiones apropiadas para nuestra industria”, puntualizaron los 29 hoteles firmantes de la nota.

 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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