Connect with us

Panamá

Diputada Zulay Rodríguez responde a periodista sobre trato a extranjeros en Panamá

Published

on

La diputada Zulay Rodríguez respondió a algunos señalamientos que ha realizado sobre la asambleísta la periodista venezolana Patricia Poleo en su canal de Youtube Factores de Poder.

Estas han sido las palabras de la diputada.

RESPUESTA A PATRICIA POLEO

Acabo de ver hace algunos minutos la supuesta investigación que realizó la señora Patricia Poleo en su Canal de Youtube, la misma está llena de una serie de imprecisiones y argumentos evidentemente fuera de contexto.

No es la primera vez que este canal utiliza argumentos jalados de los cabellos para sustentar sus teorias conspiranoicas y generar protagonismo en las redes sociales. De hecho, hace unas semanas, el Canal de Factores de Poder fue suspendido por la plataforma de Youtube por incumplir sus normas comunitarias.

La gran investigación se basó en un vídeo del 15 de julio del 2019, donde presentamos por segunda vez, el anteproyecto de ley que establece controles migratorios en Panamá. Los argumentos expuestos en esa intervención son ciertos y verificables. Tal es el caso de la publicación de el periódico La Estrella de Panamá, quién en su portada del 9 de junio del 2016, público lo siguiente: «Más de un millón de extranjeros viven en Panamá».

Adicional, en mi intervención hice referencia a un reportaje de la cadena Telemundo donde se deja en evidencia que unos 146 mil venezolanos estaban refugiados en Panamá por asilo político, información que luego fue confirmada con una publicación de ONU Migración denominada, Tendencias Migratorias en las Américas. En esta última se hablaba de una cifra superior a los 94 mil.

El 13 de agosto del 2019, la subdirectora de Migración, señora Maria Isabel Saravia, expuso ante los diputados que en el gobierno de Varela se habían beneficiado 375 mil extranjeros con los crisoles varelistas. Cabe destacar que esta es la cifra de aquellos que gestionaron documentación para tener permiso laboral o regularización de estatus y nada tiene que ver con los más de 100 mil refugiados venezolanos que albergó el expresidente Juan Carlos Varela según las publicaciones antes expuestas en este escrito.

Pero el asunto no termina aquí, la Ley 3 del 22 de febrero del 2008, en su artículo 43, establece que el extranjero que ingrese al país debe tener solvencia económica y el monto debe superar los 500 dólares. Esta ley ha sido usada por miles de extranjeros para evadir los controles migratorios, llegan como supuestos turistas, muchas veces consiguen la plata prestada, declaran los 500 dólares y se quedan en territorio nacional de forma ilegal. Ese es el problema más grave que tenemos en la actualidad, debido a la ola inmigratoria sin control de venezolanos huyendo de su país.

De hecho, quienes se quejan de los controles migratorios no son los extranjeros legales, ni los refugiados, sino los miles de extranjeros ilegales que se encuentran en territorio nacional y se niegan a poner su documentación en regla. Esto debido a que la Autoridad Nacional de Migración no tiene las facilidades para poder darle seguimiento a los extranjeros que ingresan al país. Por esta situación es que estamos solicitando la aprobación de una Ley Migratoria que establece lo siguiente: pagar los derechos migratorios, tener una dirección fija, número de contacto, declarar ingresos anualmente, tener un seguro básico de salud y no proferir insultos contra la nacionalidad panameña. Estos requisitos deben ser cumplidos en un período de 12 meses y quienes incumplan lo antes expuesto serán expulsados del país.

Los requisitos planteados en la nueva Ley Migratoria, no son excesivos, ni imposibles de cumplir, inclusive existen países con mayores controles que Panamá y procedimientos administrativos más largos y más costosos. Las declaraciones de la señora Patricia Poleo, son absurdas y mal intencionadas. Lo que ella no dice es que quienes no quieren cumplir con lo antes expuesto, son los que pretenden seguir en la ilegalidad, sin pagar impuestos y haciendo lo que les da la gana en territorio panameño.

Otro de los temas absurdos planteados en la supuesta investigación de Poleo, es un incidente que hubo entre una unidad de la Policía Nacional con un extranjero. En primer lugar, en Panamá existe algo llamado separación de poderes del estado y es de rango constitucional. Eso quiere decir, que los representantes del Organo Legislativo no somos responsables por las acciones que haga el Organo Ejecutivo y la Policía Nacional está en control del ejecutivo. Lo otro que curiosamente obvio la señora Poleo, es que ese extranjero, junto otros más arremetieron contra la unidad policial, la cual en defensa propia utilizó su arma de reglamento para neutralizar al hostil.

Por cierto, hablando de este tema, me gustaria que la señora Poleo, le explique a sus seguidores que pasa en Estados Unidos cuando un grupo de hostiles arremeten contra una unidad policial. Que pasaría si un grupo de 20 venezolanos por la razón que fuera tratasen de atacar a un policia norteamericano.

Otras de las incoherencias relatadas por la señora Poleo, es que publica en su supuesta investigación un flyer del medio digital Infórmate Perú, con fecha del 21 de septiembre de 2019, el cual replique en mi Instagram, donde ese medio informativo le hacia un llamado a las autoridades de su país para que tomaran acciones contra el descontrol migratorio.

Finalmente, quiero decir que sostengo todos los argumentos que he venido planteando durante años sobre competencia desleal, sobrepoblación, encarecimiento de vida, fuga de capitales e irrespeto al nacional. Mi posición es clara, tener normativas blandengues que permitan la anarquía dentro del territorio nacional es inaceptable. Estoy en contra de todo acto de violencia, soy de la opinión de que, ante un escenario de convulsión social, las autoridades deben hacer valer el poder del estado para defender la patria y evitar la pérdida de vidas humanas.

El 8 de febrero del 2021, el Canal 13 de Chile, publicó una nota periodística donde dan a conocer que el congreso de Chile, aprobó una nueva ley migratoria que sería promulgada por el gobierno de Piñera y que tiene como objetivo expulsar a los extranjeros ilegales de su país.

El 3 de agosto del 2019, la Ministra de Trabajo de Colombia, Alicia Arango, le admitió a un periodista de la cadena Caracol, que los venezolanos estaban desplazando a los trabajadores colombianos y eran una competencia desleal.

Por lo que el argumento de Poleo sobre el tema laboral queda también descartado, debido a que esta es una realidad que no solo afecta a Panamá, sino al resto de los países de la región. Solo en Panamá, en los últimos 4 años, más de 1,900 millones de dólares han salido del país en concepto de remesas al extranjero, según cifras oficiales del MICI.

Me he tomado unos minutos en argumentar mi respuesta y respaldarla con hechos ciertos, los cuales acompañare con documentación verificable y debidamente sustentada.

Es evidente el sesgo y la falta de argumentos de la señora Patricia Poleo, su supuesta investigación parece un paquin lleno de bochinches, basados en un solo video el cual fue publicado por pedazos.

Reto a la señora Patricia Poleo a que deje el show y demonetice los vídeos que tratan sobre mí en su Canal de Yotube, demuestrele a sus coterráneos que de verdad está luchando por ellos y no por facturar a costilla de ellos. Es irónico que el video con más vistas de su canal trata de mí y no de los tantos problemas por los que atraviesa su país y que usted menciona a diario en su programa.

No me van a callar, ni ustedes ni nadie. El pueblo panameño me eligió para representarlos dignamente en la Asamblea Nacional y no desmallaremos en nuestra lucha

Zulay

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Panamá

Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

Published

on

By

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

Continue Reading

Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

Published

on

By

La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

Continue Reading

Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

Published

on

By

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.