La diputada Zulay Rodríguez informó que se dirigió a la Corte Suprema de Justicia de Panamá, acompañando al Colegio Nacional de Abogados y a otros gremios para demandar la “nefasta” Ley 256.

Según la diputada, la citada ley atenta contra las profesiones liberales, artísticas y artesanales. La asambleísta mencionó una lista de profesionales a quienes, según dijo, la Dirección General De Ingresos (DGI) los quiere meter presos, además de a los artesanos o otras personas dedicadas a actividades artísticas, al no extender la moratoria fiscal.

La Ley 256 reitera la obligatoriedad en la expedición de factura o de documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes y prestación de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño.

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Rodríguez denunció además que fueron regalados $2.000 millones del fondo de ahorros de Panamá a los bancos.

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