La intervención de Rodríguez se realizó ante la Comisión que preside y de la cual se creó una subcomisión que encargó a la diputada suplente Walkiria Chandler,  de realizar la investigación sobre el tema.

El informe ejecutivo, que fue entregado en la mañana de este lunes al procurador general de la Nación Eduardo Ulloa, confirma que «existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual», además de las malas condiciones en las que viven.

Los hechos surgen a raíz de una denuncia de un medio de comunicación el pasado agosto en el que menores de edad relataban diversas irregularidades, tras la que varios diputados del Parlamento recibieron correos electrónicos con más acusaciones, explicó la diputada Chandler.

Los niños habitan en estos albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada del Estado y que en su junta directiva están los titulares de las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.

«Los abusos son psicológicos, mentales y sexuales. Tuvimos acceso a los expendientes y evaluaciones de los menores que quedaron con secuelas de estos abusos», añadió la diputada.

Según las conclusiones del informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes «en funcionamiento sin que Senniaf supiese de su existencia».

También, la mayor parte de los albergues «están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso», en estos últimos «los de denominación evangélica superan a los católicos».

«A algunos menores se les negaba la comida a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba los medicamentos», explicó Chandle.

En concreto, en los albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos «se les decían que no hacia falta la medicación, y que era mejor orar», incluso a menores de edad que tenían trastornos tan severos como la epilepsia.