El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos humanos en diferentes países del mundo. Sobre Panamá levantaron varias alertas, sobre todo en lo relacionado a la corrupción y a la discriminación contra personas LGBTQ+.

Entre los problemas más significativos, destacaron: problemas serios en cuanto a la independencia del órgano judicial; serias restricciones a la libertad de expresión y los medios, incluyendo amenazas de aplicar leyes penales de calumnia para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave; y discriminación contra personas LGBTQ incluyendo el no reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, informaron Carlos H. González y Adolfo Berríos en TVN Noticias.

La corrupción fue un tema recurrente, apuntando cómo a pesar de numerosos informes, hubo pocas investigaciones. Y que las pocas investigaciones hechas se extendieron por largo períodos y raramente terminaron en enjuiciamientos exitosos.

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“La ley contempla penas criminales para la corrupción por funcionarios, y existen mecanismos para castigar a funcionarios que cometen abusos de derechos humanos, pero el gobierno no tomó pasos efectivos para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos o que participaron en actos de corrupción”, resalta el informe.

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Calificaron al sistema judicial como «de fácil manipulación» y de permitir a los acusados demorar los enjuiciamientos cerca de su término de prescripción.

Otro tema que señala el informe de los Estados Unidos es que la corrupción está presente en todos los órganos del aparato estatal panameño.

«La corrupción siguió siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad».

“Dos expresidentes fueron enjuiciados por blanqueo de capitales y corrupción. El expresidente Ricardo Martinelli y otras 16 personas fueron enjuiciadas como parte de un caso de blanqueo de capitales relacionado a la compra de Editora Panamá América, S.A. con fondos públicos. A pesar de que las investigaciones iniciaron en 2017, la primera audiencia no sucedió hasta julio, luego de múltiples retrasos”, aseguran en el documento distribuido.

«Los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, junto a varios exfuncionarios públicos, también fueron enjuiciados en el caso de soborno en contra de Odebrecht, una compañía constructora brasileña»

Para el gobierno de Joe Biden la corrupción y falta de transparencia en los estamentos de seguridad panameños es preocupante, sin embargo, son muchas las donaciones y colaboraciones que mantienen con Panamá a través de sus estamentos de seguridad con el objetivo de combatir el narcotráfico.

En el tema de abusos por parte de estamentos de seguridad, señalaron la impunidad de las instituciones que solo se regulan por mecanismos de control internos y dónde prevalece una cultura de corrupción.

“La corrupción y la falta de rendición de cuentas en los estamentos de seguridad continuaron. Los estamentos de seguridad pública no tuvieron un ente investigativo imparcial para investigaciones internas. La ausencia de claros procedimientos operativos estandarizados permitió discreción a los agentes en cada caso. La falta de auditorías a las operaciones resultó en vacíos en cuanto a la rendición de cuentas y la transparencia, lo cual contribuyó al problema de corrupción”, dicen en el informe, donde también recuerdan que tres directores de asuntos de seguridad jurídica les fueron desestimadas las acusaciones por un caso de supuesto tráfico de armas.

Cuando de corrupción se habla, Panamá nunca sale bien parada. El Índice de Percepción de la Corrupción para el año 2022 dejó al país mal parado. El istmo centroamericano obtuvo una calificación media. Panamá se ubica en la posición 101 de 180 con calificación de 36/100.

Desde que Panamá ingresó a esta medición en el año 2012, no ha mejorado su calificación. Pocos han sido los esfuerzos desde el gobierno central y desde el Órgano Legislativo en combatir la corrupción.

Millones de dólares se pierden debido a la corrupción. Odebrecht, Blue Apple, New Business, son algunos de los casos que han sonado en los últimos años.

Más de 903 millones de dólares fueron supuestamente robados al Estado panameño, según cifras del Ministerio Público que se desprenden de investigaciones realizadas entre el 2014 al 2019 y que fueron registradas por una publicación de TVN-2.com en julio del 2020.

De los 65 casos que son investigados donde más dinero se ha sustraído de las arcas del Estado están:

· Casos relacionados a Constructora Odebrecht: 220 millones de dólares

· Planillas en la Asamblea Nacional: 113 millones de dólares

· Caso Blue Apple: 78 millones de dólares

· Caso de compra de comida deshidratada en el PAN: 44 millones de dólares

· Caso de compra de bolsas de comida en el PAN: 33 millones de dólares

· Investigación por caso de Juntas Comunales: 25 millones de dólares

· Caso de compensación a “Diablos Rojos”: 24 millones de dólares.

Martinelli y la corrupción significativa
Fue el pasado 26 de enero de 2022, cuando el Departamento de Estado se pronunció sobre la corrupción en Panamá y su relación con el expresidente Martinelli.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal participó en «actos de corrupción significativa».

Blinken señaló textualmente: «hoy, anuncio la designación del expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (2009 – 2014) por su participación en actos de corrupción significativa».

El funcionario de más alta jerarquía dentro de la administración del presidente Joe Biden, también aseveró que: «Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Estas designaciones de la sección 7031 (c) hacen a Martinelli y a miembros de su familia inmediata, inelegibles para entrar a los Estados Unidos».

En las cárceles, señalaron problemas serios de hacinamientos, falta de seguridad interna, falta de agua potable, servicios médicos inadecuados y condiciones sanitarias pobres.

Sobre la libertad de expresión, destacaron acciones judiciales contra medios de comunicación, intimidación y acoso a los periodistas. También señalaron el caso en que agentes del SPI forzaron a activistas a retirar una bandera del Orgullo LGBTQ de un parque público.

“La ley no prohíbe la discriminación con base en la orientación sexual. Sí existió discriminación social relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, lo cual a menudo llevó a que se negaran oportunidades de empleo. Los matrimonios del mismo sexo seguían siendo prohibidos por ley. A las parejas del mismo sexo que se casaron en el exterior no se les permitió registrar su matrimonio legalmente”, asevera la publicación.

En el tema migratorio, uno de los puntos resaltados fue la falta de presencia de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados en ninguna de las estaciones de recepción de migrantes, ni en aeropuertos.

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