Los grandes beneficiarios con el subsidio del combustible otorgado por el gobierno, son los dueños de las empresas venezolanas y colombianas que controlan miles de cupos en detrimento de los conductores de taxis panameños, denunció Cecilio Marín del Sindicato Urbano de Taxis.

En declaraciones a La Verdad Panamá indicó que por el momento, cerca del 70% de todos los transportistas a nivel nacional no son dueños ni del certificado, ni de los carros ya que hay empresas colombianas y venezolanas que tienen 3,000, 4,000, y hasta 5,000 cupos y dichas empresas si no se les da la autorización de darle al conductor el dinero se quedan con el subsidio, informó Ashley Powell en La Verdad Panamá.

Denunció que la mayoría de los cupos pertenece a políticos y que por esta razón no les conviene hacer reuniones ni mesas con las personas que conocemos la ley, el sistema y todas las situaciones irregulares que se vienen presentando.

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El dirigente del transporte selectivo afirmó que ni la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA) ni el Consejo De Transporte Del Interior (COTRADIN), que son los que están en la mesa de negociación representan al verdadero transportista, al contrario, representan los intereses de las empresas que son las prestatarias.

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Reclamó que no cuentan con un representante que esté velando por los transportistas y que dé a conocer la verdadera problemática del sector transporte.

Sostuvo que el sector transporte ha sido atacado por todos lados; mencionó que las plataformas como In Driver y Uber en Panamá se llevan casi tres millones de dólares diarios del país y no cumplen con lo establecido en la ley ni se les exige tampoco.

“Todo esto sin pagar ni un centavo de impuesto, y no hay nadie que le ponga cascabel al gato en esta situación pero en algún momento tendrán que escucharnos”, expresó Marín.

El Sindicato Urbano le entregó una iniciativa de un proyecto de ley a la diputada Zulay Rodríguez donde se plantea la creación de una plataforma gubernamental semiprivada para que los transportistas puedan pagar su seguro social, sus impuestos a la DGI, y dejen de ser una carga para el estado en un futuro.

“Podemos realizar una actividad económica a la Caja del Seguro Social para que así se pueda rescatar esa caja que está apunto de colapsar”, agregó.

Señaló que están en contra de la forma como se quiere otorgar el subsidio, ya que no le está llegando al verdadero transportista que día a día sale a las calles a brindarle el servicio al usuario.

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