El gobierno panameño anunció que ha establecido una “hoja de ruta” para concluir, a más tardar este 14 de diciembre, la negociación del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals LTD.

Las negociaciones de este nuevo contrato supuestamente habían concluido el pasado mes de enero, sin embargo, 10 meses después de una serie de discusiones sobre la redacción no se ha firmado el documento, que posteriormente debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, sin que las autoridades informen qué está pendiente.

El anuncio de la conclusión del acuerdo surge tras una reunión entre el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y representantes de la empresa extractiva que explota cobre, oro, plata y molibdeno, a cielo abierto, en la caribeña provincia de Colón, en una concesión de 13 mil 600 hectáreas, informó un comunicado de este ministerio.

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Durante el encuentro, el gobierno panameño estuvo acompañado por abogados de las firmas Squire Patton Boggs y Allen & Overy, “líderes a nivel mundial, así como prominentes firmas de abogados locales”, según la nota oficial, informó Mary Triny Zea en Bloomberg Línea.

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Este contrato, que nació en 1997 mediante la llamada Ley Petaquilla – nombre de la montaña donde se encuentra el yacimiento cuprífero- o Ley 9, se está renegociando entre las partes desde septiembre 2021 y en enero del año en curso Minera Panamá confirmó que la propuesta era “razonable”.

Entre los puntos considerados está el incremento de regalías, Minera Panamá pagará a Panamá una tasa de regalía variable de 12 % a 16 % sobre la ganancia bruta; cuando el contrato original indicaba una regalía de 2% de las ventas brutas, hasta aspectos laborales y ambientales.

La explotación no se ha detenido, a pesar de que el contrato fue declarado “inconstitucional” el 21 de diciembre de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, ante una demanda interpuesta por la oenegé ecologista Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

“Esperamos este sea el anuncio definitivo de la conclusión de la negociación con Minera Panamá. Es inaceptable que las autoridades hayan permitido la postergación de este resultado hasta un momento como las fiestas de fin de año, donde la atención ciudadana naturalmente se encuentra centrada en el entorno familiar y menos en el acontecer nacional”, indicó Joana Abrego, directora legal del CIAM.

La organización informó a Bloomberg Línea que se mantienen en alerta a la consulta pública a la que se comprometió el gobierno panameño atendiendo a compromisos internacionales de participación ciudadana en temas ambientales contenidos en el Acuerdo de Escazú, adoptado por Panamá.

El CIAM recordó al Legislativo que la Corte Suprema de Justicia dictaminó la inconstitucionalidad de un contrato “sin licitación pública para esta concesión, fallo en el que además encontraba que los diputados no habían realizado un análisis del rigor constitucional necesario en presencia de los graves impactos que supone la minería metálica en los derechos fundamentales”.

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