La firma costarricense Constructora Meco se ha expandido por varios países y, aún después de que la justicia de Costa Rica abriera una investigación y pusiera en prisión preventiva, por varios meses, a su presidente Carlos Cerdas, la empresa siguió ganando contratos multimillonarios en otros países, descubrió una alianza periodística de CRHoy (Costa Rica), Foco Panamá (Panamá) y El Espectador (Colombia), junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.

La historia de la Constructora Meco inició como un pequeño negocio familiar en Costa Rica, pero en menos de 50 años logró convertirse en una gran multinacional latinoamericana con operaciones en Panamá, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice. Sin embargo, el crecimiento vertiginoso de la constructora costarricense no ha sido ajeno a cuestionamientos, principalmente por las investigaciones judiciales en las que ha estado -y está- involucrada, informó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística.

La empresa fue fundada en Costa Rica en 1977 por Carlos Cerdas y su padre Ángel Américo Cerdas, apodado “Meco”. El negocio familiar empezó como un proyecto modesto, liderado por un patriarca con experiencia en producción de agregados, pero sin formación académica, y su pariente, que juntos alquilaban maquinaria para participar en pequeñas obras locales.

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En quince años habían crecido de tal forma que el mercado costarricense se tornó pequeño y empezaron a cruzar fronteras. En 1992, la constructora dio su primer paso hacia el exterior y abrió una sede en Nicaragua, donde desde inicios de los 2000 ganó algunos contratos, aunque el grueso de las obras las consiguió a partir de 2006, cuando inició el gobierno de Daniel Ortega. Las mayores obras suman al menos US$224 millones, según cálculos de esta investigación periodística basados en los registros públicos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que han financiado casi todas las obras. La mayoría de los contratos fueron para mejorar accesos rurales y urbanos.

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En El Salvador, la empresa tica ha obtenido contratos para construir al menos seis obras estatales de envergadura, que suman alrededor de 74,9 millones de dólares, hasta donde pudo verificar esta investigación en el Portal de Transparencia de ese país, pues el acceso a registros públicos se ha restringido desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele.

Meco cruzó a Panamá para participar en la construcción de la ampliación del Canal Interoceánico, pero su época dorada en ese país empezó cuando llegaron los gobiernos de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela. En una década (2009-2019) consiguió ganar al menos 19 licitaciones de grandes obras públicas que sumaron más de US$1.500 millones, según cálculos realizados por esta alianza investigativa basados en los datos extraídos de las bases Panamá Compra y Contratista visible.

Desde el país istmeño, el salto a los países de más al sur fue menos complicado. La costarricense aterrizó en Colombia en 2010 con pequeños contratos de obra en Bogotá, que obtuvo bajo la administración de Samuel Moreno Rojas, un alcalde que terminó condenado por pagos de sobornos y otros actos ilegales.

Meco brincó de ahí a la escena nacional al integrarse en consorcios que ganaron tres enormes contratos en 2014 para construir carreteras de la Cuarta Generación (4G), un ambicioso proyecto del gobierno de Juan Manuel Santos que buscaba sacar del atraso vial al país, estructurando las costosas obras con el sector privado y dándole mayor transparencia a las licitaciones. En ese mismo año, Meco ganó contratos para remodelar o ampliar cuatro aeropuertos de ciudades colombianas medianas y algunas vías exclusivas del sistema de transporte masivo de Cali.

En diciembre de 2016, mientras que en el mundo se hablaba del caso “Odebrecht”, Meco seguía prosperando de forma sobresaliente. Así como avanzaban sus obras en Colombia y recibía aplausos por su celeridad, en Panamá ganó nuevos contratos. En este último país, entre enero y junio de  2017, obtuvo al menos otros tres contratos que sumaban US$487 millones. Parecía que no podía irle mejor.

Sin embargo, en abril de 2016, el nombre de Meco volvió al escenario público tras la filtración de los Panama Papers, aunque pronto la duda sobre la compañía se disipó. La prensa costarricense, aliada del ICIJ en esa investigación, descubrió que Meco manejaba diversas sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Meco se defendió alegando que, debido al gran volumen de operaciones que realizaba en el extranjero, requería de una estructura externa en esta jurisdicción y el suceso quedó en el olvido popular. Sin embargo, años más tarde, la Fiscalía de Costa Rica encontró en estos papeles de Panamá un posible “indicio de evasión fiscal”.

A finales de 2017, los fiscales panameños descubrieron que más de 60 empresas habían pagado sobornos a altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, bien fuera para obtener los contratos o para adelantar los anticipos de obra que el Estado daba a las firmas privadas, a través de una empresa de factoring llamada Blue Apple Services. Meco estaba entre las señaladas. Un día después de que la procuradora general Kenia Porcell confirmó que estaba investigando el caso, Cerdas -quien actuaba como representante legal de Meco en el país- llegó a un acuerdo confidencial de colaboración con las autoridades panameñas por el cual confesó haber pagado 9,4 millones de dólares en dádivas ilegales, por medio del Ministro del Interior. En marzo de 2018, La Prensa publicó la noticia  de la confesión de Cerdas, y un mes más tarde, La Nación reveló la existencia del acuerdo, aunque  hasta hoy no se conocen sus detalles. En la práctica significó que ni Cerdas ni sus funcionarios en Panamá fueran procesados por la justicia, y que Meco siguiera obteniendo nuevos contratos en ese país sin mayor problema.

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