La Fiscalía Anticorrupción logró la condena para el empresario Roberto Carretero y para el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburelli Lettieri  por el delito de peculado, relacionado a la compra de manera irregular de instrumentos musicales a través del PAN, según informó el Ministerio Público.

El delito se cometió a través de la adquisición irregular de instrumentos musicales destinados al Ministerio de Educación (MEDUCA), a través de la desaparecida entidad, informó Gustavo A. Aparicio O. en La Estrella de Panamá.

La Fiscalía de Descarga Anticorrupción, logró mediante sentencia No.91 de 16 de diciembre de 2021, que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, se declarara responsables a ambos señalados y se les sancionara a la pena de 4 años de prisión.

Como pena accesoria se les impuso la prohibición para el ejercicio de funciones públicas por el término de dos años.

El fallo además ordena el levantamiento de la fianza y las medidas cautelares, personales y aplicadas a los sentenciados, durante el desenvolvimiento del proceso.

Los hechos datan del 2009-2014, cuando se emitieron órdenes de compra, para la adquisición de instrumentos musicales y su distribución; sin embargo, no se evidenció en los expedientes ubicados en el Meduca, documentación que certificara la distribución de los bienes a los distintos centros educativos; así como el faltante de instrumentos musicales que, según indican las actas, fueron recibidos en los centros educativos, no obstante al realizar la verificación física, no fueron encontrados.

Tampoco se hizo un estudio de factibilidad, para establecer la necesidad de cada centro educativo, ni se establecieron los controles para la distribución de los activos por parte de los proveedores.

En este caso, mediante Auto Vario No.3 de 14 de enero de 2019, proferido por el Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá, se había sobreseído provisionalmente, entre otros, a Tamburelli, con el fundamento de que los mismos no se encontraban incluidos en el Informe de Auditoría No.035-003-2016-DINAG-DESAEDS del 12 de agosto de 2016, como personas relacionadas o vinculadas con el hecho irregular, que trajo como consecuencia un perjuicio económico al erario por el orden aproximado de B/.4,033,506.69.

No obstante, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, apelara dicha decisión, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante Auto 2da. No.141 de 20 de noviembre de 2019, reformó el auto impugnado, y dispuso abrir causa criminal contra ambos señalados.

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022