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Panamá

Cómo les robaron Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, la hacienda gerenciada por el yerno de Laurentino Cortizo

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La Hacienda Santa Mónica fue adquirida por Hamodio Arias en 1930. Se trata de una finca de unas 2,800 hectárea, Se extienden desde la Carretera Interamericana hasta el Océano Pacífico. Se desarrollan actividades agropecuarias como la cría de ganado vacuno y la producción de cultivos como la piña, arroz, limón, maíz y sorgo.

Esta finca fue vendida al estadounidense Wilson Lucom, por la familia Arias en unos 30 millones. Lucom se casó con Hilda Piza quien fuera esposa de uno de los herederos directos de Harmodio Arias Madrid, Gilberto Arias Guardia. Al parecer el dinero de la venta se utilizó para pagar a los bancos la hipoteca de la finca a punto de perderse.

Tras su muerte en 2006, se conoció el testamento de Lucom que dejaba a los niños pobres de Panamá 50 millones de dólares producto de la venta que se haría de dicha finca. Comenzó un litigio por la herencia de la familia Arias con el albacea de Lucom, otro gringo, Richard Lehman.

En agosto de 2010, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acusados de recibir sobornos e investigados en Estados Unidos, en fecha que ya era embajador en Londres Gilberto Arias Piza, cedieron la finca a la viuda de Lucom, Hilda Piza, y a los hijos de su primer matrimonio con Gilberto Arias Guardia.

Cuatro meses después se cerraba la venta de EPASA y posteriormente la Hacienda Santa Mónica es cedida a la empresa Verdeazul del exministro de Martinelli y ex vicepresidente del Panameñismo, Alberto Vallarino, por un monto de 50 millones, una transacción dudosa porque según expertos dicha propiedad supera los 175 millones de dólares.

En otras palabras, la familia Arias, muy influyente en los distintos gobiernos a lo largo de la historia del país, vendía dos de las propiedades más emblemáticas de Harmodio Arias Madrid: EPASA y la Hacienda Santa Mónica, y esta última la vendieron dos veces, primero a Lucom y después a Alberto Vallarino, negocio redondo.

Lucom había dejado además una herencia de por vida a su viuda de 20 mil dólares mensuales y repartió a Gilberto Arias Piza y sus dos hermanos 450 mil dólares a cada uno.

Alberto Vallarino, el mismo de la estafa de Banistmo, el que según el propio Martinelli declaraba junto a Stanley Motta solo un balboa de ingreso mensual, el que siendo miembro de la Junta Directiva del Canal estaba detrás también del Puerto de Corozal, el señor de los diamantes, ex ministro del MEF con Martinelli, ex Vicepresidente del Partido Panameñista junto a Ramón Fonseca Mora (Odebrecht y Panama Papers), el que trajo de Colombia a Luis Cucalón para la Dirección General de Ingresos (DGI), el que asesoró a Cristóbal Salerno para que creara Cobranzas del Istmo, adquiría esta valiosa propiedad con la cual cerraba la franja turística y hotelera de Farallón, Playa Blanca, Juan Hombrón y Santa Mónica.

Precisamente se despojó a humildes pescadores de Juan Hombrón de sus tierras. Siendo ambos ministros, Alberto Vallarino y Jimmy Papadimitriu, comenzaron una disputa pública por esos terrenos. En aquel entonces el Ministro del MEF (Vallarino) pretendía crear un viceministerio de tierras y el de la Presidencia (Papadimitriu) la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Se impuso Papadimitriu, en ese momento el “Rasputín” de Martinelli, y tituló para sus padres las tierras de Juan Hombrón.

Reclamo de la herencia

Wilson Lucom murió en 2006. En su testamento dejó unos 50 millones de dólares para los pobres. El regalo del millonario se lo disputaron su viuda y el albacea del testamento.

Lucom era un millonario agrio que al morir sorprendió a propios y extraños: en su testamento entregó su fortuna a los niños pobres de Panamá. ¿La cifra del regalo? Unos 50 millones de dólares.

Pero el dinero de Lucom, quien falleció a los 88 años el 2 de junio de 2006, no alimentó a ningún niño con hambre. Una batalla legal congeló el testamento. La viuda de Lucom, Hilda Piza (de 84 años y con una grave enfermedad), reclamó ante la justicia la anulación de la herencia. “Es mentira que Lucom le haya querido dar 50 millones a los pobres”, aseguró Melinda de Morrice, hija de Hilda con su primer esposo, Gilberto Arias.

Según los hijos de la viuda -quien no tuvo descendencia con Lucom-, la ofrenda a los pobres fue un invento de un grupo de amigos que busca quedarse con el dinero. Y, para ellos, el “cabecilla” de la banda es Richard Lehman, amigo y abogado de Lucom.

Los dardos contra Lehman -quien ejercía en Florida (Estados Unidos)- no fueron casuales: él fue designado albacea del testamento. “Desde el momento en que asumí esa responsabilidad, soy el único que ha tenido el poder para defender esta fortuna para los niños necesitados de Panamá”, dijo.

“La familia Arias está tratando de anular el testamento para que todo el regalo hermoso para Panamá quede en manos de la familia”, agregó.

El dinero para financiar la ayuda social, según el testamento, saldría de la venta de varias propiedades que tenía Lucom en Panamá y Estados Unidos. La más valiosa esconde parte de la historia de Panamá: hacienda Santa Mónica, de 2 mil 800 hectáreas.

La finca se extiende por la carretera Interamericana desde Río Hato hasta Juan Hombrón, en el distrito de Antón (Coclé). Lucom le compró la tierra a los Arias cuando se radicó en Panamá.

Según sus amigos, la familia Arias entregó la propiedad en hipoteca y el dinero de Lucom permitió que los bancos acreedores no se quedaran con la tierra.

En el testamento, Lucom no identificó las entidades benéficas que debían encargarse de distribuir el dinero de la herencia. Solo pidió que se buscara “un área donde existan escuelas de niños que no tienen alimentos para su almuerzo y que carezcan de las necesidades usuales”. La fortuna, por otro lado, debía ser administrada por la Fundación Wilson Lucom Trust Fund.

Aparte de la hacienda Santa Mónica, fueron parte del fideicomiso las tierras que Lucom tenía en Palm Desert (California), Okkechobee (Florida) y otro apartamento en Panamá.

Lucom sabía dar golpes de efecto. Trabajó varios años en el Departamento de Estado estadounidense como asesor de Edward Stettinius, secretario de Estado de Franklin Roosevelt y su sucesor, Harry Truman. “Él participó en la conferencia de San Francisco de 1945 que creó Naciones Unidas”, comentó un amigo, que prefirió el anonimato.

Por aquella época, la obsesión de Lucom no eran los niños pobres, sino el avance del comunismo en el mundo. “Era republicano, bien tirado hacia la derecha”, reconoció otro amigo. Su desprecio hacia las ideas que lanzó al mundo Karl Marx lo llevó a financiar una publicación en español -Chile La Verdad- contra el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Y, en 1967, a organizar en Estados Unidos el Congreso Anticomunista.

Según uno de sus compañeros, Lucom le confesó que trabajó para la CIA.

Chuck, como le decían sus conocidos, no nació millonario. Pero sabía moverse entre las personas de clase alta. “Él decía que para hacer dinero había que estar con gente de dinero”, contó un viejo amigo. Y, para cumplir con su máxima, Lucom dejó en 1954 la fría burocracia de Washington y se trasladó a Palm Beach.

Entre dólares, se casó con Virginia Willys, hija del fundador de la marca Jeep. Locum no tuvo hijos con ella, pero adoptó como propia a una hija de su esposa: Isabel María Clark.

Tras la muerte de Virginia, Lucom conoció y luego se casó con Hilda Piza en 1982.

En 1995 Lucom dejó Palm Beach y se mudó al istmo, del que nunca más se fue. “Era un enamorado de Panamá”, contó un conocido. Su semana la dividía entre comidas con sus amistades en el hotel Continental y las “panzadas” de guacho en el Mercado del Marisco.

Su único “pecado”, quizá, haya sido promover la permanencia de Estados Unidos en Panamá: quería que se queden para controlar la seguridad del Canal. “Era un canalla, pero uno de los buenos”, dijo un incondicional.

Lucom, según sus amigos, no se llevaba bien con los hijos de Hilda. Y por eso no le dejó la fortuna a su esposa. Gilberto Arias lo negó: “Nosotros queríamos a Chuck [Lucom]“, dijo. Arias insiste en que detrás de la herencia a los pobres está la mano negra de Lehman. Dijo, entre otras cosas, que él se juramentó como albacea sin notificar a nadie.

El abogado de los Arias, Héctor Infante, presentó cinco denuncias en su contra. Según la familia de la viuda, Lehman gastó un millón de dólares de la herencia de Lucom sin autorización. Además, lo acusan de firmar un pagaré a su favor por 350 mil dólares y otros desfalcos más, todos relacionados con el legado.

En otros terrenos, aparte del judicial, se enfrentó la familia de Hilda con Lehman. Según Gilberto Arias, el albacea y administrador del legado de Lucom le ofreció 10 millones de dólares para que desistiera de la demanda judicial contra el testamento. Incluso, Infante tiene en su poder una carta en la que Lehman se refería a la fortuna como “un pastel tan grande que puede tomar en consideración el sentimiento y los derechos de todos”.

Del otro lado del mostrador, el cuento es diferente. Lehman aseguró que le ofrecieron un soborno de 3 millones de dólares para que “vendiera” su obligación fiduciaria.

Casi un año antes de morir, Lucom compró su pasaje al paraíso sin pensar en la sordidez de la tierra. En junio de 2005 redactó su testamento y le entregó la mayor parte de su fortuna a los niños pobres. “Tengo una cuenta pendiente con Dios”, le dijo por esa época a un amigo.

Lucom incluyó en el testamento a amigos, empleados y familiares. Aparte de la herencia millonaria para “alimentar a los niños con necesidades en Panamá”, Wilson Lucom repartió su herencia entre su viuda, hijastros, amigos y empleados.

A su esposa le dejó una pensión de por vida de 240 mil dólares por año, aparte del apartamento que compartían en Punta Paitilla.

A María Clark (hija de su primera esposa, Virginia Willys, de quien recibió gran parte de su fortuna) le dejó 200 mil dólares anuales. Otro millón de dólares repartió por única vez entre los otros hijos de la heredera de la fortuna Jeep.

La Clínica Mayo -ubicada en Minnessota, Estados Unidos- también ingresó a su testamento: le dejó un millón de dólares para contribuir a las investigaciones urológicas.

A los hijos de Hilda con Gilberto Arias les regaló 450 mil dólares por única vez.

Su herencia incluyó, además, a sus empleados: a su chofer Israel Tejada le dejó una casa en San Miguelito y un carro. A su secretaria, Andrea Ospina, le reservó 10 mil dólares.

Al albacea estadounidense del testamento, Richard Lehamn, le entregó un sueldo anual de 60 mil dólares. Aparte de recibir al ejecutar el testamento 50 mil dólares. “Si Lehman llega a las 300 horas de trabajo en la ejecución de este testamento, entonces deberá recibir el pago por la tarifa de sus honorarios regulares”, aclaraba el escrito.

El testamento de Lucom no es complicado. Queda muy claro que Lucom quería asegurarse de que los hijos de la Sra. Lucom no recibieran nada, aparte de los legados relativamente pequeños que les dejó en su Testamento. El patrón de su Testamento aseguraba que todo bien de su propiedad al morir, se les diera a los niños pobres de Panamá, con excepción de aquellos bienes necesarios para satisfacer los legados específicos que mencionó en su Testamento.

La finca raíz principal, la Hacienda Santa Mónica, era propiedad de una sociedad panameña denominada Hacienda Santa Mónica, S.A. Esta sociedad era 100% propiedad de Wilson Charles Lucom y estaba avaluada en más de US $40.000.000,00. Lucom identificó esta propiedad para que pasara directamente a beneficio de los niños pobres de Panamá.

Era tal la intención de Lucom de dejar su fortuna a los niños pobres de Panamá, que también les dejó sus bienes personales. Hilda sólo tenía el derecho a usar los muebles de su casa mientras viviese.

Lucom, diplomático e inversionista norteamericano, se radicó en Panamá en 1991 después de ganar una batalla contra el cáncer. Era muy rico, pero había nacido pobre y sus gustos eran sencillos. Prefería el interior a la capital. Compró una finca en Antón, y con Chinchorro Carles y otras amistades coclesanas llegó a conocer rincones como Toabré y La Pintada.

Lucom se casó dos veces, pero nunca tuvo hijos propios. Le preocupaba la falta de oportunidades para los jóvenes del campo, y el juega vivo de la política criolla. Se preocupaba por Panamá. Cuando murió, en junio de 2006, a los 88 años, dejó un condominio y un cuarto de millón anual a su viuda, sumas menores a varios otros, y el grueso de su fortuna -hablan de 50 millones- a una fundación cuyo propósito era “alimentar a niños con necesidades en Panamá”.

Lucom habla en el testamento de habilitar a las escuelas de lugares necesitados para dar almuerzos a los alumnos. Así era que el legado iba también a ayudar a la economía interiorana. La Corte de Sucesión aceptó el testamento de Lucom el 5 de julio de 2006, declarando que la fundación era el heredero principal. Poco tiempo después, la viuda de Lucom presentó un incidente para anular el testamento y para que ella fuera nombrada heredera universal -es decir, única- de Wilson Lucom.

El 4 de mayo de 2007, el Tribunal Superior de Panamá confirmó la validez del testamento de Lucom. La viuda apeló e interpuso un recurso formal de casación. El caso fue a la Corte Suprema. La Corte falló el 6 de agosto. Señaló en el fallo que Lucom, en su testamento, se refirió a quien hoy es su viuda como su “amada esposa”. Estas palabras, decidió la Corte, indican “que aún después de la muerte del causante [es decir, Lucom], éste se preocupara por el bienestar y la posición socioeconómica de quien al momento de su muerte tenía la condición de cónyuge, situación que no puede inferirse pueda tener una fundación”. Por esto, la Corte declaró a la viuda heredera universal.

Venció la codicia de la esposa, y la de unos magistrados que no pudieron resistir la tentación que sin duda existió para lograr su fallo.

Exnotario presentó querella contra nuevos accionistas y directores

Mario Velásquez Chizmar, exnotario Segundo, interpuso en 2015 una querella ante la Fiscalía Auxiliar contra los accionistas de Hacienda Santa Mónica en la que solicitó el secuestro penal de las acciones de la sociedad anónima. Además pidió investigar lo actuado por los querellados que entramaron —según Velásquez Chizmar— una acción por etapas para adquirir las acciones de la Hacienda Santa Mónica burlando la voluntad de Wilson Charles Lucom.

El exnotario solicitó a la Fiscalía que fuesen citados el señor Alberto Vallarino y los directores y dignatarios de la sociedad Hacienda Santa Mónica (que era propiedad de Lucom): Fernando Duque, Diego Vallarino, Juan Carlos Fábrega, Samuel Urrutia y el abogado Héctor Infante para que rindieran declaración jurada. Sus declaraciones según Velásquez Chizmar, eran relevantes para encontrar la verdad respecto a quiénes son los accionistas de la sociedad anónima.

La última voluntad de Lucom ante Velásquez Chizmar cuando estaba a cargo de la Notaría Segunda, fue que se vendieran las acciones de la hacienda y que el producto de la venta, $50 millones, fuera para los ‘niños pobres de Panamá’. Sin embargo, la señora Hilda Piza (ya fallecida), viuda del testador, solicitó la nulidad del testamento de su difunto esposo, y formuló cargos contra el notario. El juez falló a favor del notario y la decisión fue ratificada por el Segundo Tribunal.

Velásquez denunció que los querellados entramaron una acción que requería de varias etapas, que podían tomar años, que tenían como propósito adquirir las acciones de la hacienda sin importar el costo o la forma, para lo que fue indispensable una mentalidad y un esfuerzo colectivo que hiciera posible la meta; por tanto, todos los señalados tendrían responsabilidad penal y deben responder por los hechos punibles cometidos que produjeron daños contra Velásquez Chizmar por haber sido él, como notario público, quien recibió el testamento de Lucom.

‘La voracidad por apropiarse de Hacienda Santa Mónica se realizó atropellando mi credibilidad como notario, provocando que la Corte Suprema de Justicia desconociera mi actuación’, señaló.

Demanda en 2004

Una demanda de B/. 10 millones por daños y perjuicios había interpuesto en el año 2004 la Hacienda Santa Mónica, propiedad entonces del Wilson Lucom, en contra de la finca Buena Ventura del banquero Alberto Vallarino, quien ordenó la destrucción de una cerca que, según Hacienda Santa Mónica, permanecía entre ambas propiedades desde hacía 70 años y colocó una nueva, sin que aun se haya definido un nuevo lindero por los tribunales.

Según Santa Mónica, la cerca fue destruida por parte de Buena Ventura para construir otra para beneficio de éstos últimos, situación que generó el conflicto.

Pleito entre exministros

Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, retó a su excompañero de gestión, el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, para que devuelva los terrenos de Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, tal como era el deseo de su dueño original, Wilson Lucom.

Según Papadimitriu, “todos tenemos un compromiso con nuestra sociedad y el deber de ayudar a los niños más humildes de Panamá”. El exfuncionario explicó: “Le propongo al señor Vallarino lo siguiente: yo dono a una fundación el monto de la indemnización por la demanda que me interpuso por llamarlo ladrón si él le devuelve la finca de Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, como así lo dejó plasmado en su testamento el dueño de las tierras, el señor Lucom”.

Papadimitriu respondió así a una demanda civil por 250 mil dólares presentada por Vallarino ante el Juzgado Undécimo Civil, por vincularlo de “manera falsa, calumniosa e injuriosa con supuestos actos irregulares y delictivos”.

La demanda de Vallarino tiene su génesis en una entrevista dada por Papadimitriu al diario La Prensa el 27 de noviembre de 2013 en donde señaló: “Ahora nadie habla de los que están buscando quedarse con los terrenos que son de Hacienda Santo Mónica y Vallarino”. En la demanda también se citan tres mensajes de Twitter publicados por Papadimitriu.

Yerno presidencial

Un empresario muy criticado en Panamá es Alberto Vallarino, a quien acusan de apropiarse, junto con varios socios que apoyan el matrimonio entre personas del mismo género, de una serie de propiedades mil millonarias, entre ellas la famosa y codiciada Hacienda Santa Mónica.

Vallarino y sus socios tienen como gerente al frente de la hacienda al no menos polémico Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

Y como evidencia de lo aquí expuesto hay un artículo del exfiscal adjunto de Estados Unidos Wesley W. Hoyt, publicado el 13 de septiembre de 2015, en el cual arroja más luces sobre cómo “Se robaron la Hacienda Santa Mónica”, después de fallecer Wilson Charles Lucom.

Se robaron la Hacienda Santa Mónica

Me llamo Wesley W. Hoyt, fui fiscal adjunto de EE.UU. Me reuní personalmente con el Sr. Lucom en más de una ocasión para negociar a nombre de Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’), en septiembre de 2005.

La saga de la herencia de Wilson Lucom lleva 10 años. Hay una controversia en cuanto a quién pertenece la Hacienda Santa Mónica, S.A., hacienda patrimonial de Panamá en la provincia de Coclé. Hay un acuerdo de larga data entre el Sr. Lucom y Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’, una empresa urbanizadora de bienes raíces) para comprar la hacienda; en 2005 se firmó un contrato que incluyó un depósito.

Es interesante que dos miembros del más alto tribunal acudieran a los medios para argumentar sus posiciones. ¿Será que al fin los alcanza el escándalo para engañar a los niños pobres de Panamá?

Qué arrogancia de estos dos magistrados al decir que a Wilson Charles Lucom no le importaban los niños pobres de Panamá, únicamente por la manera en que malinterpretaron su testamento. ¿Podrían haber obtenido información privilegiada de la Herencia de Hilda Piza Lucom que les permitió malinterpretar el testamento del Sr. Lucom? ¿Podrían haber hablado con uno de los representantes respecto de su decisión de colocar la HSM en la Herencia de Hilda Lucom? ¿No entendieron que el 40 % del impuesto sucesorio de EE.UU. se aplicaba a la herencia de Hilda? ¿Crearon una carga tributaria de $60 millones porque ella era ciudadana estadounidense? Ahora, esta misma semana, nos enteramos que todos los bienes de Hilda fueron trasladados fraudulentamente a una fundación anónima panameña en un intento por eludir los impuestos, posiblemente con documentos antedatados que falsificaron con las firmas de Hilda después de su muerte. ¿Dónde termina la corrupción en el caso Lucom?

Gilberto Arias, hijo de Hilda y abogado panameño, me ayudó a elaborar este contrato. Hizo su aportación, porque quería estar seguro de que ‘se pudiera hacer valer legalmente’. Luego peleó contra el mismo contrato que me ayudó a elaborar. GPI hizo un pago inicial muy grande como depósito en garantía al Sr. Lucom, a tenor de las condiciones del contrato. GPI haría el cierre de la transacción.

Al ayudarme a redactar el contrato y luego impugnarlo, Gilberto Arias básicamente decía: ‘Ustedes, americanos estúpidos, pueden dar un depósito, pero el secreto es que no les permitiremos obtener una ganancia sobre su inversión en Panamá’.

Wilson Charles Lucom no tuvo hijos; adoptó a la hija de su primera esposa, Isabelle Lucom Clark, y ella es su única hija. Ella estaba muy al tanto y habló de la compra de HSM de GPI. Ha firmado una declaración jurada en la cual confirma su conocimiento de la validez de la compra de GPI.

El plan original de GPI incluía $4,5 mil millones en casas, parques, alojamiento con pensiones residenciales, hoteles, condominios, puertos deportivos y otros negocios. De no haber sido interrumpido por la avaricia de la familia-herederos Arias, y su abogado y otros ‘tras bambalinas’, el proyecto de la ‘Ciudad de Marca’ ya estaría terminado, con un impacto enorme para la economía de Panamá.

A cada magistrado de la Corte Suprema le pagaron para que reinterpretara el testamento del Sr. Lucom, y causara que todos sus bienes pasaran a Hilda Arias versus los niños pobres designados. Se verificó mediante un informe de la UAF, la policía financiera de Panamá. Uno de los abogados de la Asamblea de Panamá firmó una declaración jurada autenticando su observación de este informe del ‘rastro de dinero’, con otros testigos.

Hubo un momento en que el apellido Arias se conocía como campeón de la gente del común, pero ya no. Es realmente astuto como la familia Arias se ha beneficiado dos veces, puesto que obtuvieron todo el dinero del Sr. Lucom, cuando le compró la HSM a Hilda hace muchos años, y luego nuevamente obtuvieron mucho más dinero, cuando Hilda y su pandilla se robaron la hacienda de la herencia del Sr. Lucom para poder venderla barato.

¿Realmente quiere Panamá desincentivar la inversión de extranjeros que llegan con una gran esperanza y capital fresco para construir lo que podría ser ganancia para todos?

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Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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