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Cómo les robaron Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, la hacienda gerenciada por el yerno de Laurentino Cortizo

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La Hacienda Santa Mónica fue adquirida por Hamodio Arias en 1930. Se trata de una finca de unas 2,800 hectárea, Se extienden desde la Carretera Interamericana hasta el Océano Pacífico. Se desarrollan actividades agropecuarias como la cría de ganado vacuno y la producción de cultivos como la piña, arroz, limón, maíz y sorgo.

Esta finca fue vendida al estadounidense Wilson Lucom, por la familia Arias en unos 30 millones. Lucom se casó con Hilda Piza quien fuera esposa de uno de los herederos directos de Harmodio Arias Madrid, Gilberto Arias Guardia. Al parecer el dinero de la venta se utilizó para pagar a los bancos la hipoteca de la finca a punto de perderse.

Tras su muerte en 2006, se conoció el testamento de Lucom que dejaba a los niños pobres de Panamá 50 millones de dólares producto de la venta que se haría de dicha finca. Comenzó un litigio por la herencia de la familia Arias con el albacea de Lucom, otro gringo, Richard Lehman.

En agosto de 2010, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acusados de recibir sobornos e investigados en Estados Unidos, en fecha que ya era embajador en Londres Gilberto Arias Piza, cedieron la finca a la viuda de Lucom, Hilda Piza, y a los hijos de su primer matrimonio con Gilberto Arias Guardia.

Cuatro meses después se cerraba la venta de EPASA y posteriormente la Hacienda Santa Mónica es cedida a la empresa Verdeazul del exministro de Martinelli y ex vicepresidente del Panameñismo, Alberto Vallarino, por un monto de 50 millones, una transacción dudosa porque según expertos dicha propiedad supera los 175 millones de dólares.

En otras palabras, la familia Arias, muy influyente en los distintos gobiernos a lo largo de la historia del país, vendía dos de las propiedades más emblemáticas de Harmodio Arias Madrid: EPASA y la Hacienda Santa Mónica, y esta última la vendieron dos veces, primero a Lucom y después a Alberto Vallarino, negocio redondo.

Lucom había dejado además una herencia de por vida a su viuda de 20 mil dólares mensuales y repartió a Gilberto Arias Piza y sus dos hermanos 450 mil dólares a cada uno.

Alberto Vallarino, el mismo de la estafa de Banistmo, el que según el propio Martinelli declaraba junto a Stanley Motta solo un balboa de ingreso mensual, el que siendo miembro de la Junta Directiva del Canal estaba detrás también del Puerto de Corozal, el señor de los diamantes, ex ministro del MEF con Martinelli, ex Vicepresidente del Partido Panameñista junto a Ramón Fonseca Mora (Odebrecht y Panama Papers), el que trajo de Colombia a Luis Cucalón para la Dirección General de Ingresos (DGI), el que asesoró a Cristóbal Salerno para que creara Cobranzas del Istmo, adquiría esta valiosa propiedad con la cual cerraba la franja turística y hotelera de Farallón, Playa Blanca, Juan Hombrón y Santa Mónica.

Precisamente se despojó a humildes pescadores de Juan Hombrón de sus tierras. Siendo ambos ministros, Alberto Vallarino y Jimmy Papadimitriu, comenzaron una disputa pública por esos terrenos. En aquel entonces el Ministro del MEF (Vallarino) pretendía crear un viceministerio de tierras y el de la Presidencia (Papadimitriu) la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Se impuso Papadimitriu, en ese momento el “Rasputín” de Martinelli, y tituló para sus padres las tierras de Juan Hombrón.

Reclamo de la herencia

Wilson Lucom murió en 2006. En su testamento dejó unos 50 millones de dólares para los pobres. El regalo del millonario se lo disputaron su viuda y el albacea del testamento.

Lucom era un millonario agrio que al morir sorprendió a propios y extraños: en su testamento entregó su fortuna a los niños pobres de Panamá. ¿La cifra del regalo? Unos 50 millones de dólares.

Pero el dinero de Lucom, quien falleció a los 88 años el 2 de junio de 2006, no alimentó a ningún niño con hambre. Una batalla legal congeló el testamento. La viuda de Lucom, Hilda Piza (de 84 años y con una grave enfermedad), reclamó ante la justicia la anulación de la herencia. “Es mentira que Lucom le haya querido dar 50 millones a los pobres”, aseguró Melinda de Morrice, hija de Hilda con su primer esposo, Gilberto Arias.

Según los hijos de la viuda -quien no tuvo descendencia con Lucom-, la ofrenda a los pobres fue un invento de un grupo de amigos que busca quedarse con el dinero. Y, para ellos, el “cabecilla” de la banda es Richard Lehman, amigo y abogado de Lucom.

Los dardos contra Lehman -quien ejercía en Florida (Estados Unidos)- no fueron casuales: él fue designado albacea del testamento. “Desde el momento en que asumí esa responsabilidad, soy el único que ha tenido el poder para defender esta fortuna para los niños necesitados de Panamá”, dijo.

“La familia Arias está tratando de anular el testamento para que todo el regalo hermoso para Panamá quede en manos de la familia”, agregó.

El dinero para financiar la ayuda social, según el testamento, saldría de la venta de varias propiedades que tenía Lucom en Panamá y Estados Unidos. La más valiosa esconde parte de la historia de Panamá: hacienda Santa Mónica, de 2 mil 800 hectáreas.

La finca se extiende por la carretera Interamericana desde Río Hato hasta Juan Hombrón, en el distrito de Antón (Coclé). Lucom le compró la tierra a los Arias cuando se radicó en Panamá.

Según sus amigos, la familia Arias entregó la propiedad en hipoteca y el dinero de Lucom permitió que los bancos acreedores no se quedaran con la tierra.

En el testamento, Lucom no identificó las entidades benéficas que debían encargarse de distribuir el dinero de la herencia. Solo pidió que se buscara “un área donde existan escuelas de niños que no tienen alimentos para su almuerzo y que carezcan de las necesidades usuales”. La fortuna, por otro lado, debía ser administrada por la Fundación Wilson Lucom Trust Fund.

Aparte de la hacienda Santa Mónica, fueron parte del fideicomiso las tierras que Lucom tenía en Palm Desert (California), Okkechobee (Florida) y otro apartamento en Panamá.

Lucom sabía dar golpes de efecto. Trabajó varios años en el Departamento de Estado estadounidense como asesor de Edward Stettinius, secretario de Estado de Franklin Roosevelt y su sucesor, Harry Truman. “Él participó en la conferencia de San Francisco de 1945 que creó Naciones Unidas”, comentó un amigo, que prefirió el anonimato.

Por aquella época, la obsesión de Lucom no eran los niños pobres, sino el avance del comunismo en el mundo. “Era republicano, bien tirado hacia la derecha”, reconoció otro amigo. Su desprecio hacia las ideas que lanzó al mundo Karl Marx lo llevó a financiar una publicación en español -Chile La Verdad- contra el presidente socialista de Chile, Salvador Allende. Y, en 1967, a organizar en Estados Unidos el Congreso Anticomunista.

Según uno de sus compañeros, Lucom le confesó que trabajó para la CIA.

Chuck, como le decían sus conocidos, no nació millonario. Pero sabía moverse entre las personas de clase alta. “Él decía que para hacer dinero había que estar con gente de dinero”, contó un viejo amigo. Y, para cumplir con su máxima, Lucom dejó en 1954 la fría burocracia de Washington y se trasladó a Palm Beach.

Entre dólares, se casó con Virginia Willys, hija del fundador de la marca Jeep. Locum no tuvo hijos con ella, pero adoptó como propia a una hija de su esposa: Isabel María Clark.

Tras la muerte de Virginia, Lucom conoció y luego se casó con Hilda Piza en 1982.

En 1995 Lucom dejó Palm Beach y se mudó al istmo, del que nunca más se fue. “Era un enamorado de Panamá”, contó un conocido. Su semana la dividía entre comidas con sus amistades en el hotel Continental y las “panzadas” de guacho en el Mercado del Marisco.

Su único “pecado”, quizá, haya sido promover la permanencia de Estados Unidos en Panamá: quería que se queden para controlar la seguridad del Canal. “Era un canalla, pero uno de los buenos”, dijo un incondicional.

Lucom, según sus amigos, no se llevaba bien con los hijos de Hilda. Y por eso no le dejó la fortuna a su esposa. Gilberto Arias lo negó: “Nosotros queríamos a Chuck [Lucom]“, dijo. Arias insiste en que detrás de la herencia a los pobres está la mano negra de Lehman. Dijo, entre otras cosas, que él se juramentó como albacea sin notificar a nadie.

El abogado de los Arias, Héctor Infante, presentó cinco denuncias en su contra. Según la familia de la viuda, Lehman gastó un millón de dólares de la herencia de Lucom sin autorización. Además, lo acusan de firmar un pagaré a su favor por 350 mil dólares y otros desfalcos más, todos relacionados con el legado.

En otros terrenos, aparte del judicial, se enfrentó la familia de Hilda con Lehman. Según Gilberto Arias, el albacea y administrador del legado de Lucom le ofreció 10 millones de dólares para que desistiera de la demanda judicial contra el testamento. Incluso, Infante tiene en su poder una carta en la que Lehman se refería a la fortuna como “un pastel tan grande que puede tomar en consideración el sentimiento y los derechos de todos”.

Del otro lado del mostrador, el cuento es diferente. Lehman aseguró que le ofrecieron un soborno de 3 millones de dólares para que “vendiera” su obligación fiduciaria.

Casi un año antes de morir, Lucom compró su pasaje al paraíso sin pensar en la sordidez de la tierra. En junio de 2005 redactó su testamento y le entregó la mayor parte de su fortuna a los niños pobres. “Tengo una cuenta pendiente con Dios”, le dijo por esa época a un amigo.

Lucom incluyó en el testamento a amigos, empleados y familiares. Aparte de la herencia millonaria para “alimentar a los niños con necesidades en Panamá”, Wilson Lucom repartió su herencia entre su viuda, hijastros, amigos y empleados.

A su esposa le dejó una pensión de por vida de 240 mil dólares por año, aparte del apartamento que compartían en Punta Paitilla.

A María Clark (hija de su primera esposa, Virginia Willys, de quien recibió gran parte de su fortuna) le dejó 200 mil dólares anuales. Otro millón de dólares repartió por única vez entre los otros hijos de la heredera de la fortuna Jeep.

La Clínica Mayo -ubicada en Minnessota, Estados Unidos- también ingresó a su testamento: le dejó un millón de dólares para contribuir a las investigaciones urológicas.

A los hijos de Hilda con Gilberto Arias les regaló 450 mil dólares por única vez.

Su herencia incluyó, además, a sus empleados: a su chofer Israel Tejada le dejó una casa en San Miguelito y un carro. A su secretaria, Andrea Ospina, le reservó 10 mil dólares.

Al albacea estadounidense del testamento, Richard Lehamn, le entregó un sueldo anual de 60 mil dólares. Aparte de recibir al ejecutar el testamento 50 mil dólares. “Si Lehman llega a las 300 horas de trabajo en la ejecución de este testamento, entonces deberá recibir el pago por la tarifa de sus honorarios regulares”, aclaraba el escrito.

El testamento de Lucom no es complicado. Queda muy claro que Lucom quería asegurarse de que los hijos de la Sra. Lucom no recibieran nada, aparte de los legados relativamente pequeños que les dejó en su Testamento. El patrón de su Testamento aseguraba que todo bien de su propiedad al morir, se les diera a los niños pobres de Panamá, con excepción de aquellos bienes necesarios para satisfacer los legados específicos que mencionó en su Testamento.

La finca raíz principal, la Hacienda Santa Mónica, era propiedad de una sociedad panameña denominada Hacienda Santa Mónica, S.A. Esta sociedad era 100% propiedad de Wilson Charles Lucom y estaba avaluada en más de US $40.000.000,00. Lucom identificó esta propiedad para que pasara directamente a beneficio de los niños pobres de Panamá.

Era tal la intención de Lucom de dejar su fortuna a los niños pobres de Panamá, que también les dejó sus bienes personales. Hilda sólo tenía el derecho a usar los muebles de su casa mientras viviese.

Lucom, diplomático e inversionista norteamericano, se radicó en Panamá en 1991 después de ganar una batalla contra el cáncer. Era muy rico, pero había nacido pobre y sus gustos eran sencillos. Prefería el interior a la capital. Compró una finca en Antón, y con Chinchorro Carles y otras amistades coclesanas llegó a conocer rincones como Toabré y La Pintada.

Lucom se casó dos veces, pero nunca tuvo hijos propios. Le preocupaba la falta de oportunidades para los jóvenes del campo, y el juega vivo de la política criolla. Se preocupaba por Panamá. Cuando murió, en junio de 2006, a los 88 años, dejó un condominio y un cuarto de millón anual a su viuda, sumas menores a varios otros, y el grueso de su fortuna -hablan de 50 millones- a una fundación cuyo propósito era “alimentar a niños con necesidades en Panamá”.

Lucom habla en el testamento de habilitar a las escuelas de lugares necesitados para dar almuerzos a los alumnos. Así era que el legado iba también a ayudar a la economía interiorana. La Corte de Sucesión aceptó el testamento de Lucom el 5 de julio de 2006, declarando que la fundación era el heredero principal. Poco tiempo después, la viuda de Lucom presentó un incidente para anular el testamento y para que ella fuera nombrada heredera universal -es decir, única- de Wilson Lucom.

El 4 de mayo de 2007, el Tribunal Superior de Panamá confirmó la validez del testamento de Lucom. La viuda apeló e interpuso un recurso formal de casación. El caso fue a la Corte Suprema. La Corte falló el 6 de agosto. Señaló en el fallo que Lucom, en su testamento, se refirió a quien hoy es su viuda como su “amada esposa”. Estas palabras, decidió la Corte, indican “que aún después de la muerte del causante [es decir, Lucom], éste se preocupara por el bienestar y la posición socioeconómica de quien al momento de su muerte tenía la condición de cónyuge, situación que no puede inferirse pueda tener una fundación”. Por esto, la Corte declaró a la viuda heredera universal.

Venció la codicia de la esposa, y la de unos magistrados que no pudieron resistir la tentación que sin duda existió para lograr su fallo.

Exnotario presentó querella contra nuevos accionistas y directores

Mario Velásquez Chizmar, exnotario Segundo, interpuso en 2015 una querella ante la Fiscalía Auxiliar contra los accionistas de Hacienda Santa Mónica en la que solicitó el secuestro penal de las acciones de la sociedad anónima. Además pidió investigar lo actuado por los querellados que entramaron —según Velásquez Chizmar— una acción por etapas para adquirir las acciones de la Hacienda Santa Mónica burlando la voluntad de Wilson Charles Lucom.

El exnotario solicitó a la Fiscalía que fuesen citados el señor Alberto Vallarino y los directores y dignatarios de la sociedad Hacienda Santa Mónica (que era propiedad de Lucom): Fernando Duque, Diego Vallarino, Juan Carlos Fábrega, Samuel Urrutia y el abogado Héctor Infante para que rindieran declaración jurada. Sus declaraciones según Velásquez Chizmar, eran relevantes para encontrar la verdad respecto a quiénes son los accionistas de la sociedad anónima.

La última voluntad de Lucom ante Velásquez Chizmar cuando estaba a cargo de la Notaría Segunda, fue que se vendieran las acciones de la hacienda y que el producto de la venta, $50 millones, fuera para los ‘niños pobres de Panamá’. Sin embargo, la señora Hilda Piza (ya fallecida), viuda del testador, solicitó la nulidad del testamento de su difunto esposo, y formuló cargos contra el notario. El juez falló a favor del notario y la decisión fue ratificada por el Segundo Tribunal.

Velásquez denunció que los querellados entramaron una acción que requería de varias etapas, que podían tomar años, que tenían como propósito adquirir las acciones de la hacienda sin importar el costo o la forma, para lo que fue indispensable una mentalidad y un esfuerzo colectivo que hiciera posible la meta; por tanto, todos los señalados tendrían responsabilidad penal y deben responder por los hechos punibles cometidos que produjeron daños contra Velásquez Chizmar por haber sido él, como notario público, quien recibió el testamento de Lucom.

‘La voracidad por apropiarse de Hacienda Santa Mónica se realizó atropellando mi credibilidad como notario, provocando que la Corte Suprema de Justicia desconociera mi actuación’, señaló.

Demanda en 2004

Una demanda de B/. 10 millones por daños y perjuicios había interpuesto en el año 2004 la Hacienda Santa Mónica, propiedad entonces del Wilson Lucom, en contra de la finca Buena Ventura del banquero Alberto Vallarino, quien ordenó la destrucción de una cerca que, según Hacienda Santa Mónica, permanecía entre ambas propiedades desde hacía 70 años y colocó una nueva, sin que aun se haya definido un nuevo lindero por los tribunales.

Según Santa Mónica, la cerca fue destruida por parte de Buena Ventura para construir otra para beneficio de éstos últimos, situación que generó el conflicto.

Pleito entre exministros

Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, retó a su excompañero de gestión, el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, para que devuelva los terrenos de Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, tal como era el deseo de su dueño original, Wilson Lucom.

Según Papadimitriu, “todos tenemos un compromiso con nuestra sociedad y el deber de ayudar a los niños más humildes de Panamá”. El exfuncionario explicó: “Le propongo al señor Vallarino lo siguiente: yo dono a una fundación el monto de la indemnización por la demanda que me interpuso por llamarlo ladrón si él le devuelve la finca de Hacienda Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, como así lo dejó plasmado en su testamento el dueño de las tierras, el señor Lucom”.

Papadimitriu respondió así a una demanda civil por 250 mil dólares presentada por Vallarino ante el Juzgado Undécimo Civil, por vincularlo de “manera falsa, calumniosa e injuriosa con supuestos actos irregulares y delictivos”.

La demanda de Vallarino tiene su génesis en una entrevista dada por Papadimitriu al diario La Prensa el 27 de noviembre de 2013 en donde señaló: “Ahora nadie habla de los que están buscando quedarse con los terrenos que son de Hacienda Santo Mónica y Vallarino”. En la demanda también se citan tres mensajes de Twitter publicados por Papadimitriu.

Yerno presidencial

Un empresario muy criticado en Panamá es Alberto Vallarino, a quien acusan de apropiarse, junto con varios socios que apoyan el matrimonio entre personas del mismo género, de una serie de propiedades mil millonarias, entre ellas la famosa y codiciada Hacienda Santa Mónica.

Vallarino y sus socios tienen como gerente al frente de la hacienda al no menos polémico Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

Y como evidencia de lo aquí expuesto hay un artículo del exfiscal adjunto de Estados Unidos Wesley W. Hoyt, publicado el 13 de septiembre de 2015, en el cual arroja más luces sobre cómo “Se robaron la Hacienda Santa Mónica”, después de fallecer Wilson Charles Lucom.

Se robaron la Hacienda Santa Mónica

Me llamo Wesley W. Hoyt, fui fiscal adjunto de EE.UU. Me reuní personalmente con el Sr. Lucom en más de una ocasión para negociar a nombre de Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’), en septiembre de 2005.

La saga de la herencia de Wilson Lucom lleva 10 años. Hay una controversia en cuanto a quién pertenece la Hacienda Santa Mónica, S.A., hacienda patrimonial de Panamá en la provincia de Coclé. Hay un acuerdo de larga data entre el Sr. Lucom y Grand Panama International, Ltd. (‘GPI’, una empresa urbanizadora de bienes raíces) para comprar la hacienda; en 2005 se firmó un contrato que incluyó un depósito.

Es interesante que dos miembros del más alto tribunal acudieran a los medios para argumentar sus posiciones. ¿Será que al fin los alcanza el escándalo para engañar a los niños pobres de Panamá?

Qué arrogancia de estos dos magistrados al decir que a Wilson Charles Lucom no le importaban los niños pobres de Panamá, únicamente por la manera en que malinterpretaron su testamento. ¿Podrían haber obtenido información privilegiada de la Herencia de Hilda Piza Lucom que les permitió malinterpretar el testamento del Sr. Lucom? ¿Podrían haber hablado con uno de los representantes respecto de su decisión de colocar la HSM en la Herencia de Hilda Lucom? ¿No entendieron que el 40 % del impuesto sucesorio de EE.UU. se aplicaba a la herencia de Hilda? ¿Crearon una carga tributaria de $60 millones porque ella era ciudadana estadounidense? Ahora, esta misma semana, nos enteramos que todos los bienes de Hilda fueron trasladados fraudulentamente a una fundación anónima panameña en un intento por eludir los impuestos, posiblemente con documentos antedatados que falsificaron con las firmas de Hilda después de su muerte. ¿Dónde termina la corrupción en el caso Lucom?

Gilberto Arias, hijo de Hilda y abogado panameño, me ayudó a elaborar este contrato. Hizo su aportación, porque quería estar seguro de que ‘se pudiera hacer valer legalmente’. Luego peleó contra el mismo contrato que me ayudó a elaborar. GPI hizo un pago inicial muy grande como depósito en garantía al Sr. Lucom, a tenor de las condiciones del contrato. GPI haría el cierre de la transacción.

Al ayudarme a redactar el contrato y luego impugnarlo, Gilberto Arias básicamente decía: ‘Ustedes, americanos estúpidos, pueden dar un depósito, pero el secreto es que no les permitiremos obtener una ganancia sobre su inversión en Panamá’.

Wilson Charles Lucom no tuvo hijos; adoptó a la hija de su primera esposa, Isabelle Lucom Clark, y ella es su única hija. Ella estaba muy al tanto y habló de la compra de HSM de GPI. Ha firmado una declaración jurada en la cual confirma su conocimiento de la validez de la compra de GPI.

El plan original de GPI incluía $4,5 mil millones en casas, parques, alojamiento con pensiones residenciales, hoteles, condominios, puertos deportivos y otros negocios. De no haber sido interrumpido por la avaricia de la familia-herederos Arias, y su abogado y otros ‘tras bambalinas’, el proyecto de la ‘Ciudad de Marca’ ya estaría terminado, con un impacto enorme para la economía de Panamá.

A cada magistrado de la Corte Suprema le pagaron para que reinterpretara el testamento del Sr. Lucom, y causara que todos sus bienes pasaran a Hilda Arias versus los niños pobres designados. Se verificó mediante un informe de la UAF, la policía financiera de Panamá. Uno de los abogados de la Asamblea de Panamá firmó una declaración jurada autenticando su observación de este informe del ‘rastro de dinero’, con otros testigos.

Hubo un momento en que el apellido Arias se conocía como campeón de la gente del común, pero ya no. Es realmente astuto como la familia Arias se ha beneficiado dos veces, puesto que obtuvieron todo el dinero del Sr. Lucom, cuando le compró la HSM a Hilda hace muchos años, y luego nuevamente obtuvieron mucho más dinero, cuando Hilda y su pandilla se robaron la hacienda de la herencia del Sr. Lucom para poder venderla barato.

¿Realmente quiere Panamá desincentivar la inversión de extranjeros que llegan con una gran esperanza y capital fresco para construir lo que podría ser ganancia para todos?

Panamá

Los orígenes del caso que llevó a la liquidación del AllBank en Panamá

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El nuevo fraude bancario que golpea a Panamá tiene sus orígenes en octubre de 2011 cuando el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín estableció su propio banco en la nación centroamericana con el que completó una estructura financiera que hoy es señalada de fraudulenta.

Entidades del grupo rotaban el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos, burlando los sistemas de supervisión de cinco países, entre ellos el panameño.

En el 2019 estalló el escándalo por el nuevo fraude bancario, dando inicio a un proceso de liquidación forzada por insolvencia donde hay más de 182 millones en activos en riesgos, de los cuales 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market. Incluso el banco compró los derechos de un edificio para llamarlo Torre AllBank para dar prestigio a sus operaciones como los grandes jugadores de este mercado.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquin se coordinaban para jugar con las reservas, tal como se desprende de un reporte de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El diario Panamá América explicó que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

En Panamá, de los 175 millones de dólares, 100.7 millones de dólares son de particulares que tenían 38.1 millones de dólares en depósitos a la vista y 51.7 millones de dólares en plazos fijos.

El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., afirmando que la operación ponía en riesgo la seguridad de las acreencias confinadas por los clientes en el banco.

El principal riesgo que identificó la Superintendencia de Bancos era que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual estaba intervenido desde septiembre de 2019. Ya estaba claro el nuevo fraude bancario de Vargas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá también encontró que el AllBank refleja una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión de Gobierno Corporativo, establecen un modelo de gestión que se torna inviable.

El 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa de AllBank debido a que la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del banco no procedía reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

El liquidador designado para AllBank fue Rafael Moscarella Valladares quien en su informe de intervención había determinado la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha.

Moscarella Valladares alegaba la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos, abriendo una duda razonable sobre la solvencia y liquidez del banco.

Durante el proceso de corrección, «AllBank no logró proponer soluciones a corto plazo, sino reiteradas evasivas y plazos, y condiciones inviables que le permitirían seguir con su riesgoso actuar, incluyendo las evasivas de los bancos del Grupo».

Otro elemento que obligó a la Superintendencia a forzar esta liquidación, es que desde octubre de 2018 se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes de AllBank.

Las denuncias eran por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, por no concesión de financiamientos con garantías de depósitos del mismo banco, pero sobre todo por instrucciones no atendidas de clientes, sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

«Este hecho sugiere una inadecuada gestión de liquidez por parte de AllBank», advirtió el liquidador.

También se identificaron órdenes de pago desatendidas por importes significativos lo cual constituye un grave indicio de iliquidez.

La liquidación del AllBank ahora conduce a importantes bienes de lujos que Vargas Irausquin posee, entre ellas una mansión en la reconocida zona de playa La Romana en República Dominicana, entre otras excentricidades que conducen a la realeza española, según Primer Informe.

Según Carlos Tablante, quien fuera ministro del expresidente Rafael Caldera, Vargas Irausquín es “el banquero rojo” que operó en la compra de la Cadena Capriles para ponerla al servicio del chavismo.

También lo responsabiliza de haber escondido la fortuna de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, hoy preso en Estados Unidos.

Asimismo, estuvo involucrado en los llamados Bonos del Sur con los que Hugo Chávez financió el Gobierno de los Kirchner en Argentina.

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Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

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La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

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Panamá

Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

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David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

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