Juan Manuel Henríquez Portuondo es un empresario de origen cubano que ha estado vinculado a diversas polémicas en Panamá, tanto por sus negocios como por su vida personal. Henríquez Portuondo era el esposo de Carolina Cortizo Colón, la hija del actual presidente de Panamá, Laurentino «Nito» Cortizo. Sin embargo, la pareja se divorció durante el mandato de Cortizo, en un proceso que ha pasado desapercibido para la opinión pública.

Carolina Cortizo Colón y Juan Manuel Henríquez

Un socio del «Clan Vallarino»

Henríquez Portuondo es socio y amigo íntimo de Diego Vallarino Lewis, hijo del empresario Alberto Vallarino, quien es el propietario actual de la Hacienda Santa Mónica, un predio que ha sido objeto de disputas legales, entre otros motivos, por la sustracción de arena natural en el área de Juan Hombrón. Henríquez Portuondo fue gerente general de la Hacienda Santa Mónica y también tiene negocios con Diego Vallarino Lewis en el rubro de las piedras preciosas. Algunos afirman que Henríquez Portuondo debe mucho de su crecimiento social y económico a su exsuegro Laurentino Cortizo, quien lo habría apadrinado en sus actividades comerciales.

Juan Manuel Henríquez, quien al momento de cierre de esta publicación aún figuraba como gerente del Grupo VerdeAzul en su web, es el promotor del crédito millonario para el hotel Ritz en Pearl Island. | Foto: Grupo VerdeAzul.

Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español, acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica que permite la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil y la Dictadura. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por su otrora ministro «Nito» Cortizo, entonces suegro de Henríquez Portuondo.

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Tráfico de influencias y abuso de poder

Años atrás, antes que Laurentino Cortizo fuese electo presidente de Panamá, Henríquez Portuondo denunció a un ciudadano extranjero por extorsión y amenazas contra su integridad familiar. El denunciado fue detenido y trasladado encadenado a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde se le intentó imputar delitos sin pruebas suficientes. Las únicas evidencias presentadas fueron supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero. Los mensajes estaban al parecer alterados y editados y nunca se pudo demostrar técnicamente la implicación del acusado. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a «negociar» la libertad con la Fiscalía y la DIJ. El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado.

Juan Manuel Henríquez Portuondo, junto al presidente Laurentino Cortizo

Luego de ser detenido, antes que Laurentino Cortizo fuese electo presidente de Panamá, en un reclusorio policial de manera temporal, el ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, dirigida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración.

Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho.

El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría en prisión. Por el mismo caso fue presentada una denuncia en la CIDH que vinculó a Juan Manuel Henríquez Portuondo con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas.

Un pasado diplomático y unas preferencias cuestionadas

Henríquez Portuondo tiene también experiencia diplomática, pues fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC entre los años 2006 y 2007. Sin embargo, su reputación no es muy favorable entre algunos sectores sociales, que lo acusan de tener rencores, complejos y resentimientos por ser pobre en un colegio de ricos y por ser objeto de burlas sobre su virilidad. Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordaría muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, «yeyesón», donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos.

Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial años atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas telefónicas, nunca permitió que le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el «Clan Vallarino» y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol.

La herencia de Lucom y el yerno de Cortizo, bajo la lupa del FBI

Un caso de corrupción judicial que involucra a la viuda, los herederos y los administradores de la fortuna del difunto multimillonario estadounidense Wilson Charles Lucom despertó el interés del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). La agencia policial estadounidense ha investigado las posibles coimas que se pagaron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para que fallaran a favor de la esposa de Lucom, Hilda Piza, en contra del testamento que dejaba sus bienes «a los niños pobres del país». Entre los implicados en este escándalo se encuentran el ex-ministro Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo, exyerno del presidente Laurentino Cortizo.

Un testamento polémico

Wilson Charles Lucom fue un empresario estadounidense que se radicó en Panamá y se casó con Hilda Piza, su tercera esposa. Al morir en 2006, dejó una fortuna estimada en unos $100 millones, que incluía la Hacienda Santa Mónica, una extensa propiedad ubicada en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Según el testamento que firmó ante un notario en 1999, Lucom quería que sus bienes fueran destinados a una fundación que beneficiara a los niños pobres de Panamá. Sin embargo, su viuda impugnó el testamento y reclamó la herencia como su legítima cónyuge.

El caso llegó hasta la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en 2010 falló por unanimidad a favor de Hilda Piza. Los magistrados Oydén Ortega, Alberto Cigarruista y Harley Mitchell fueron los encargados de emitir la sentencia, que nunca fue validada por el pleno de la Corte. El fallo fue cuestionado por Richard Lehman, abogado y albacea de Lucom, quien denunció irregularidades y presiones en el proceso. Lehman tuvo que usar sus propios recursos para defender el testamento de su cliente, pues la Corte le suspendió el acceso a las cuentas de Lucom. Además, informes de peritos indican que la firma de Piza pudo haber sido falsificada para que un tercero se apropiara de los bienes.

La investigación del FBI

El FBI se enteró del caso debido a que los dueños de la empresa GPI (Grand Panama International), que habían acordado comprarle a Lucom parte de la tierra en disputa, tienen nacionalidad estadounidense. La agencia policial abrió una investigación hace unos años, para determinar las «actividades fraudulentas» relacionadas con el testamento de Lucom. Se dijo entonces que podían ser imputados delitos como conspiración y blanqueo de capitales a los involucrados.

Según un reporte de Wren Greaney, investigadora asociada a la organización Consejo de Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, el FBI escarbaba en las supuestas coimas que se pagaron a los magistrados de la Corte Suprema para que fallaran a favor de Hilda Piza. También indagaba sobre la forma «ilícita» en que se traspasaron las acciones de la Hacienda Santa Mónica a una fundación cuyos tenedores son desconocidos. Asimismo, investigaba el trato aparentemente abusivo al que fue sometido Lehman por parte de las autoridades panameñas.

Entre los nombres que han aparecido en el radar del FBI se encontraban Alberto Vallarino y Juan Manuel Henríquez Portuondo. Vallarino es un ex-ministro panameño que se adueñó de la Hacienda Santa Mónica y designó a Henríquez Portuondo como administrador. Henríquez Portuondo es un panameño hijo de cubanos que estaba casado con Carolina Cortizo, la hija del presidente Laurentino Cortizo, mientras dirigía la hacienda.

Cómo les robaron Santa Mónica a los niños pobres de Panamá, la hacienda gerenciada por el yerno de Laurentino Cortizo

El culto secreto del exyerno de Cortizo

Juan Manuel Henríquez Portuondo no solo es conocido por su relación con la Hacienda Santa Mónica y su cercanía con Alberto Vallarino, sino también por sus encuentros licenciosos con otros caballeros, donde, en ausencia de damas, se entregan a sus fantasías. Según se ha revelado, Henríquez Portuondo lidera una especie de logia espartana, con rasgos de misoginia, que rinde culto a la naturaleza masculina y su simbolismo. Para formar parte de este grupo selecto, en el que predominan algunos amaneramientos, se requiere participar en rituales obligatorios que exaltarían la virilidad y el poder.

Juan Manuel Henríquez junto a su exsuegro Laurentino Cortizo

Los negocios de los hermanos Henríquez Portuondo y sus vínculos con el gobierno de Cortizo

El gobierno de Laurentino Cortizo ha otorgado incentivos millonarios a proyectos turísticos impulsados por grupos empresariales que tienen nexos familiares y laborales con el exyerno del presidente, Juan Manuel Henríquez Portuondo. Este es el caso del consorcio formado por el Grupo VerdeAzul y el Grupo Eleta, que desarrollan el megaproyecto Pearl Island en la isla Pedro González, en el Pacífico panameño. El ministro de Turismo, Iván Eskildsen, quien fue empleado de ambos grupos antes de asumir el cargo, firmó una ley que le dio al hotel Don Bernardo, ubicado en la playa del mismo nombre, un beneficio de 232 millones de dólares. El principal gestor de esta medida fue Juan Manuel Henríquez, quien hasta el año 2020 fue gerente de una hacienda del Grupo VerdeAzul y quien también participó en el diseño de las políticas de turismo del país como representante de la Cámara de Turismo de Pedasí.

Captura del acta con los debates de los días 3 y 4 de diciembre de 2019 en la Asamblea Nacional.

Juan Manuel Henríquez también fue clave en el armado que ha beneficiado a un grupo de empresas para convertir a la isla Pedro González en el nuevo enclave de lujo Pearl Island. Fue quien promovió la ley que le dio al hotel Don Bernardo cientos de millones, con el sombrero de representante de la Cámara de Turismo de Pedasí y asistió a los debates en la Asamblea Nacional durante 2019, mientras trabajaba con los Vallarino, para apoyarla tras bastidores, cuidándose de no hablar en público. Con perfil bajo, Henríquez fogoneó en las sombras hasta marcar su nombre en el proyecto: “Esa ley es de Juanma”, dijo un ministro superpoderoso en los pasillos del palacio de Las Garzas.

Grupo VerdeAzul de los Vallarino y Grupo Eleta recibieron incentivos del Gobierno de Cortizo para sus proyectos turísticos en el archipiélago Las Perlas gracias al fenómeno político de las “puertas giratorias”

Un hermano con negocios con el Estado

Otro miembro de la familia Henríquez Portuondo que ha tenido tratos con el gobierno de Cortizo es Luis Felipe Henríquez Portuondo, hermano de Juan Manuel. Luis Felipe es socio de Brainpower Group, una consultora que se dedica a desarrollar planes de negocios y estudios de viabilidad para oportunidades de inversión. También es gerente de operaciones en la fiduciaria Capital & Assets Fiduciary Services y fue gerente general del Grupo Manolo desde 2013 hasta 2020, donde fue responsable de la operación de la cadena de restaurantes Churrería Manolo y su centro de producción y distribución.

Luis Felipe Henríquez Portuondo firmó en enero de 2020 un convenio de cooperación cultural con el Ministerio de Cultura de Panamá para la realización del Barro Fest 2020, un evento que buscaba rescatar la “Junta de Embarra”, una tradición popular del interior del país. El convenio fue firmado por el ministro Carlos Aguilar y Luis Felipe Henríquez Portuondo, por parte de la empresa Desarrollos Dobó, S.A., y tuvo vigencia durante el año 2020. El Barro Fest 2020 se realizó el 7 y 8 de febrero en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.

Llamó la atención que Luis Felipe Henríquez Portuondo, representando a Desarrollos Dobó, S.A., firmase un convenio con un órgano de Gobierno de Panamá, especialmente cuando se trata del hermano de Juan Manuel Henríquez Portuondo, exyerno del presidente panameño Laurentino Cortizo. Queda en el aire la interrogante de si los hermanos han suscrito otros acuerdos con el Gobierno de Laurentino Cortizo, por cuáles cifras y cuál ha sido el alcance de esos convenios.

Hermano del yerno de Laurentino Cortizo suscribió convenio con el Ministerio de Cultura de Panamá en posible violación de la ley

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