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Panamá

Clientes venezolanos de la firma de abogados panameña Alfaro, Ferrer & Ramírez encienden las alarmas de autoridades financieras de Estados Unidos

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Fundado en 1982, el Banco Caroní es una pequeña entidad en Venezuela de vocación regional. En el ranking bancario venezolano de abril de 2021, ocupa la posición 20 entre las instituciones con mayores activos, y la 22 en términos de su cartera crediticia, entre los 30 bancos universales que la Superintendencia Nacional del Sector Bancario (Sudeban) vigila.

Sin embargo, la influencia gremial del Banco Caroní siempre ha excedido su volumen de negocios. El presidente desde 1986 del banco, Arístides Maza Tirado, ha presidido en tres períodos la Asociación Bancaria de Venezuela, y también dirigió algunas cámaras empresariales, como el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio). Uno de sus hijos, Octavio, también fue director de Consecomercio.

En la actual junta directiva del banco figuran cuatro personas con su apellido: además del propio Arístides Maza, están Octavio Maza Duerto, Fredy Maza Tirado y Gonzalo Maza Anduze.

El otro apellido que se repite tanto como el de los Maza es Kabchi, una familia de origen cristiano libanés que asentó sus reales en Guayana: Edmundo Kabchi Murgus es el vicepresidente del banco, quien tiene por suplente a su hijo, Edmundo Kabchi Zakia. Gamal Kabchi, Georges Kabchi Zakia, Mounir Kabche El Douaihi y George Kabche Dzoubaun también aparecen entre la directiva del banco.

Amén de ser un apellido común en el Medio Oriente, la confusión entre Kabchi-Kabche es siempre probable por cuenta de la transcripción de la grafía árabe al alfabeto latino. No en balde, el propio SAR de JP Morgan Chase Bank parece dar por equivalentes o por alias los nombres de padre e hijo: “Edmundo Kabchi”, se lee en el reporte, “fue identificado como Edmundo Jreige Kabchi Murgus (‘Murgus’), localizado en Venezuela, y como Edmundo Jorge Kabchi Zakia (‘Zakia’)”. Otro ejemplo de esta dificultad en la traducción de nombres árabes se encuentra en una versión que corre por Internet y atañe a los Kabchi de Guayana: Sayari, un reputado servicio de inteligencia financiera con sede en Washington DC, publicó en marzo pasado un reporte en el que señala que los Edmundo Kabchi, padre e hijo, son socios en un par de empresas registradas en Líbano de los hermanos Khalil, Majed y Khaled, unos de los empresarios más favorecidos con contratos del Estado venezolano a lo largo del régimen chavista. Pero un vistazo a los expedientes del Registro Mercantil de Líbano muestra que entre los diez directores de la compañía Airport Mall Holding SAL se cuenta un tal Edmond George Qebshi, que no ha podido comprobarse si se trata del mismo banquero venezolano.

En un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) dirigido a FinCEN, los ejecutivos de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank comprueban que, si bien las más de 500 operaciones reseñadas conectan a muchas personas jurídicas y naturales, incluyendo once empresas del grupo del Banco Caroní, las 19 transacciones más voluminosas incumben a Edmundo Kabchi Zakia, Arístides Maza Duerto, Juliana Maza Sanvicente, todos ellos como receptores de transferencias; y las empresas Continental Bank Corp de Barbados, Seguros Caroní, Global Risk Solutions de Venezuela e Intersecurities International Inc de Panamá. De estas últimas, todas excepto Intersecurities, son empresas adscritas al grupo de empresas del Banco Caroní, reveló Ewald Scharfenberg en el medio de investigación periodística Armando.info.

Es importante que este SAR, como cualquier otro de los cerca de dos millones que FinCEN recibe cada año, no constituye prueba de delito alguno, sino que es un primer recurso del que el sistema bancario de Estados Unidos dispone para llamar la atención de las autoridades sobre una situación que podría considerarse como sospechosa.

A Juliana Maza Sanvicente, hija de Arístides Maza Tirado, el SAR solo la identifica como directora de una empresa en Miami, de nombre 1200 Brickell 14th Floor LLC, donde también figuran sus hermanos y su propio padre. Idéntico grupo familiar es el que configura el directorio de al menos otras cuatro empresas en el sur de Florida, la mayoría constituidas para detentar la propiedad de inmuebles, y que también incluyen a Arístides Maza Duerto, hermano de Juliana, pero a quien el reporte de JP Morgan Chase Bank falla en identificar.

Maza Duerto es presidente de una universidad privada en Miami, la Millennia Atlantic University, diseñada sobre el troquel de otro negocio de la familia en Venezuela, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. En Millennia Atlantic, Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, en Venezuela, actual diputado por la Acción Democrática (AD) de Bernabé Gutiérrez, y desde hace unas semanas candidato a la gobernación del estado Aragua, hace las veces de chancellor. Monagas, en el oriente de Venezuela, es la tierra natal de Arístides Maza Tirado, el patriarca familiar.

En el informe, Maza Duerto aparece recibiendo pagos por algo más de 99.000 dólares desde el Continental Bank, el banco en Barbados de los accionistas del Banco Caroní. Las transferencias fueron hechas con una referencia a “RFB/ Altaro Holdings Corp ALT402”. En el Registro Mercantil de Panamá se halla una Altaro Holdings Corp, en la que funcionarios del bufete local, Alfaro, Ferrer & Ramírez, aparecen como directores.

En cambio, JP Morgan Chase acierta en mencionar a Edmundo Kabchi como vicepresidente del Banco Caroní. De hecho, singulariza a Edmundo Kabchi Zakia, hijo, vicepresidente suplente del Caroní, con presunta residencia en una quinta de la urbanización Los Altos de Puerto Ordaz, como receptor de tres transferencias, que totalizaron 4,44 millones de dólares, llegadas desde el Continental Bank de Barbados a cuentas de Kabchi Zakia en los bancos suizos Julius Bär, Barclays Bank (Schweiz) y Credit Agricole Suisse. En todos los casos, el remitente dirigió las transferencias a “Edmundo Jorge Kabchi Z KAB486”.

Bufete panameño

El bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez ha sido uno de los preferidos de controversiales grupos empresariales venezolanos, algunos de ellos de origen libanés, para crear sociedades anónimas y ocultar su patrimonio y operaciones financieras.

Según la investigación periodística Chavismoinc, los venezolanos Eudoro González Dellán y Luis Ramón Francis Moreno, asociados ambos directa o indirectamente a casos de corrupción en Venezuela, acudieron al bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez.

Otros clientes

Eudoro González Dellán

De acuerdo al portal Dateas, Eudoro Antonio González Dellán, nació el 25 de septiembre de 1974 y se le ubica en la parroquia Baruta del municipio homónimo del estado Miranda en Venezuela. Es hijo del dirigente y exsenador venezolano por el partido socialcristiano Copei, Eudoro González. Fue diputado suplente a la Asamblea Nacional de Venezuela en representación del estado Anzoátegui, electo en las listas de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, por el partido Primero Justicia.

Igualmente, integró por Venezuela el Parlamento del Mercosur desde el 15 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En su página web, refiere que es abogado egresado en octubre de 1996 de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en las Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tiene un diplomado en Estudios Avanzados en Derecho de Familia, de la Universidad de Zaragoza, España. Dicta la cátedra de Teoría Política, en la Universidad Monteávila de Caracas. Es miembro del Partido Primero Justicia, donde es asesor del Comité Político Nacional. Se define como “centro humanista”.

Eduardo González es hermano del expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), Leonardo González Dellán, quien aparece en los Papeles de Panamá. Leonardo González fue designado por el finado expresidente Hugo Chávez como presidente del BIV en 2002, permaneciendo en el cargo hasta 2004, cuando fue sustituido por Arné Chacón. El paso del hermano del diputado por la citada entidad financiera coincide con el surgimiento del control de cambios en Venezuela bajo la administración chavista. “En el libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre se identifica a Leonardo González Dellán como uno de los ‘operadores’ financieros que durante el Gobierno de Chávez se benefició a través de negociaciones de títulos valores y transacciones que permitían aprovechar el ‘diferencial cambiario’.

Entretanto en el sitio web Axesor, informa que Eudoro Antonio González Dellán ha ejercido dos cargos en compañías españolas, a saber, como “administrador único en una empresa situada en Madrid. El último anuncio en BORME de esta empresa ha sido publicado el 17/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 200, Referencia 415003. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 08/10/2018, Tomo 32776, Folio 201, Sección 8, Hoja 589965, Inscripción 5. El tiempo máximo que Eudoro Antonio González Dellán ha permanecido en un cargo es 4 años y 17 días, mientras que el tiempo mínimo ha sido 4 años y 15 días”
A su vez, la página Administradores El Economista dice que estas empresas se dedican a la “compraventa y adquisición, posesión y disfrute de inmuebles, terrenos, la urbanización de los mismos, su transformación y explotación por cualquier título, su promoción, parcelación, reventa —al contado o a plazos—, directamente o por mediación de terceros, y posterior administración en su caso”.

Luis Ramón Francis Moreno

Luis Ramón Francis Moreno es la cara visible de un clan que se fue formando con los años y que reunió en varias propiedades y compañías en República Dominicana a un puñado de empresarios que durante años amasaron fortunas a través de contratos con la industria petrolera venezolana. Junto a él, y de bajo perfil, están los hermanos Urbano Fermín, cuya empresa, Cuferca, también prestó servicios por años a Pdvsa e incluso formó una empresa mixta con la estatal petrolera, hasta que cayeron en desgracia en el año 2017.

Hoy los negocios en Venezuela de los Urbano Fermín están bajo la lupa del poder judicial de ese país, pero en República Dominicana siguen activos. Los hermanos Carlos Eduardo, Carlos Enrique y Carlos Esteban fueron acusados en 2017 por la fiscalía venezolana por haber cometido un presunto desfalco a través de los contratos que obtuvieron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la enorme reserva de crudo al oriente venezolano. Carlos Esteban está detenido desde septiembre de ese año en Venezuela, luego de que la fiscalía lo imputara por presuntos delitos de peculado doloso, asociación para delinquir, lavado de dinero y concierto de funcionario con contratista, a través de la Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca). Sobre sus hermanos Carlos Eduardo y Carlos Esteban también pesan órdenes de detención desde entonces, pero eso no ha roto los lazos empresariales que mantienen con el Caribe dominicano.

Mientras tanto, Francis Moreno y sus hijos dan la cara por el millonario proyecto turístico Downtown Punta Cana y por los negocios que comparten con los Urbano Fermín desde hace una década, cuando aterrizaron en el este de República Dominicana.

 

Perfil de Alfaro, Ferrer & Ramírez

Alfaro, Ferrer & Ramírez (AFRA) es una de las firmas de abogados más conocidas de Panamá. Los servicios de la firma se extienden a la negociación de contratos con el gobierno, representando a los clientes a través del proceso de licitación y estructurando el financiamiento de las operaciones. La mayoría de las adquisiciones públicas en las que ha participado la firma se referían a la construcción y operación de infraestructura como carreteras, puertos, zonas libres de petróleo, sistemas de transmisión de energía, infraestructura de alcantarillado, concesiones de telecomunicaciones e infraestructura de transporte público.

La firma ha sido contratada en varias ocasiones para realizar complejos estudios y análisis de debida diligencia en relación con posibles adquisiciones y fusiones que involucren empresas en Panamá. La firma ha tenido experiencia en transacciones de fusiones y adquisiciones que involucran industrias minoristas, compañías de fabricación, bancos y compañías de seguros, desarrolladores inmobiliarios, compañías farmacéuticas y de TI.

La firma brinda asesoramiento sobre la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales administrativos y judiciales,

La firma es líder en brindar asistencia a clientes internacionales que realizan actividades comerciales en Panamá en relación con la regulación de la presencia de ejecutivos expatriados reubicados en Panamá por empresas multinacionales.

La firma ha participado en sofisticados acuerdos de financiamiento de proyectos, principalmente representando a bancos, inversionistas institucionales e instituciones financieras internacionales. La firma generalmente participa en la redacción y negociación de los términos legales de los acuerdos financieros, y en el establecimiento de complejas garantías y garantías para proteger a los tenedores de crédito, así como en la emisión de opiniones legales en relación con la transacción.

La participación de AFRA en los mercados de capitales y el sector de la regulación de valores abarca desde los clientes que acompañan a los clientes a través del proceso de concesión de licencias hasta el asesoramiento sobre sus necesidades legales y reglamentarias diarias, hasta la participación en transacciones complejas de los mercados de capitales. Además, la firma tiene experiencia en el registro de ofertas de valores y el establecimiento de fondos mutuos. La firma ha estado involucrada en una amplia variedad de acuerdos de financiamiento garantizado y no garantizado, desde deuda y capital hasta servicios estructurados, habiendo documentado una amplia gama de ofertas de deuda y capital, así como bonos, incluida la deuda relacionada con el capital.

Algunos de los clientes de la firma son: Telefónica Móviles Panamá, SA, Banesco, SA, Banco Aliado, SA, Arcos Dorados, Global Bank Corporation, Credicorp Bank, Safra National Bank of New York, L’Oreal, BP Products, Hilton Hotels, Riu Hoteles, Autoridad del Puerto de Singapur (PSA), Western Union Company, Organización Terpel, Grand Bay Paper & Care Products, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Interamericana de Inversiones, Deutsche Investititions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), Corporación Andina de Fomento (CAF), JVCKenwood Latin America, SA, adidas Latin America, SA, Red Bull GmbH / Red Bull de Panamá, SA, Grupo Agrisal, Hilti Latin America, AbbVie, Abbott Laboratories, Stanley Black & Decker, Vopak, PEPSICO, Accenture, Prada, Ricoh Latin America, Kingsland Holdings, Cinemark y Microsoft de Panamá, SA.

Según Opencorporates, en la junta directiva de AFRA figuran los siguientes nombres:

 

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 

Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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