Connect with us

Panamá

Centro Regional de Operaciones Aeronavales de Estados Unidos causa inquietud en Panamá

Published

on

Mediante un comunicado emitido el pasado miércoles, 17 de febrero, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá, indicó que Estados Unidos «insiste en el uso de las fuerzas militares para tratar de impedir el tráfico y alto consumo de drogas en su propio territorio».

En el escrito, el instituto se centra en la instalación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), ya que «viola flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y Funcionamiento del Canal de Panamá, que en su artículo V es categórico, después del año 2000, ‘solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional’. Dejemos la complacencia. Respetémonos para que nos respeten».

«Esa complacencia nos podría salir muy cara. Tengamos en cuenta que ni la invasión militar de diciembre de 1989, logró impedir el desmantelamiento de todas las bases estadounidenses y la salida de todas sus tropas, para que ahora cometamos la ingenuidad de comprometernos con un método fracasado e injustificable para activar su nueva presencia militar en Panamá», acotó el Instituto en el escrito.

El pasado 12 de febrero, Juan Pino, titular del Ministerio de Seguridad junto a Stewart Tuttle, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, suscribieron un memorando de entendimiento dirigido a continuar con la asistencia estadounidense a los estamentos de seguridad nacionales que operan en el mar, mediante la dotación de equipos y capacitación técnica.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos dotará de equipos y entrenamiento al personal del CROAN cuyas instalaciones y manejo le pertenecen a Panamá, y el cual opera bajo la tutela del Servicio Nacional Aeronaval del Minseg.

El memorando suscrito cuenta como destinatarios a la Fuerza Marítima Conjunta de Panamá (FMCP) y el CROAN, los que operan bajo el mando del citado Ministerio.

El tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y la Constitución dejan claro que el país no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio.

Bajo ese concepto, Panamá y Estados Unidos estarían violando el tratado de neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá, en diciembe de 1999, con distintas acciones que van desde maniobras militares conjuntas hasta el nuevo Centro Regional de Operaciones Aeronovales (Croan), informa La Prensa.

Este nuevo organismo, que opera en Cocolí, consolida en un comando único el mando de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, con una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas.

El tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977, dice en su artículo V lo siguiente: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Por otra parte, el artículo 310 de la Constitución de la República de Panamá dice en su primer párrafo: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.

De la lectura de ambas normas jurídicas se produce una ecuación cuya conclusión es que la República de Panamá no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio. Las normas no establecen excepciones de tiempo o lugar, ni de permanencia o temporalidad. En otras palabras, Panamá y Estados Unidos han venido violando el Tratado de Neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá.

Llegó y pasó el 31 de diciembre de 1999, y el Canal revirtió a manos panameñas, pero no se pudo establecer algún mecanismo que permitiera la presencia militar de Estados Unidos en Panamá. Si durante el siglo XX el pretexto había sido la defensa del Canal y luego la lucha contra el comunismo, en el siglo XXI la excusa parece ser la lucha contra el narcotráfico.

El 5 de febrero de 2002, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick A. Becker, firmaron un “Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de América al Servicio Marítimo Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia”. El arreglo se “derivaba” de la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico de 1988, y por esa razón, supuestamente no debió ser ratificado por la Asamblea Nacional.

En lo que debe ser considerado un estiramiento exagerado de un mandato del derecho internacional, los negociadores estadounidenses no se percataron que en los considerandos del “arreglo” usaban como justificación una Convención de Naciones Unidas que Estados Unidos se había negado a firmar y ratificar.

Desde el año 2003, se efectúan las maniobras navales denominadas Panamax. En su primera versión, solo Panamá, Chile y Estados Unidos participaron en un ejercicio naval en la costa pacífica del istmo. Para 2005, ya eran 15 países del hemisferio los que participaban en un ejercicio con 3,500 marinos en ambas costas, incluyendo desembarcos anfibios.

Más recientemente, las maniobras continúan en territorio estadounidense, con el mismo pretexto. “El Canal de Panamá es crucial para el comercio internacional, según señaló José Ruiz, vocero del Comando Sur”, de acuerdo con nota periodística publicada por El Comercio de Perú, el 30 de julio de 2018.

Las maniobras Panamax no son las únicas que se realizan en referencia a Panamá. Desde 1984, Estados Unidos ha realizado un ejercicio anual terrestre que fue llamado originalmente “Fuertes Caminos”, luego “Nuevos Horizontes” y, en la actualidad, “Mercurio”. Estos ejercicios se han desarrollado en todo el territorio panameño, pero en los últimos años se han concentrado en la provincia de Darién. Usualmente, hay una cierta esquizofrenia en la explicación pública de la razón de ser de estos ejercicios militares. El Comando Sur los define como “asistencia humanitaria”, mientras que el gobierno de Panamá los ha calificado con una variedad de nombres como “entrenamientos y capacitaciones”.

El Estado panameño se ha venido militarizando en las dos últimas décadas. La Ley 8 del año 2008 creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como un cuerpo de seguridad con organización y doctrina militar, como una infantería ligera para operaciones en jungla y montañas. Por su parte, la Ley 93 de 2013 estableció el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), integrando en un cuerpo único al Servicio Marítimo Nacional y al Servicio Aéreo Nacional. Los cuerpos de seguridad existentes han recibido importantes donaciones del gobierno de Estados Unidos.

Por ejemplo, el 28 de junio de 2019 el gobierno de Estados Unidos finalizó la entrega de seis helicópteros UH 1H al Senafront, que tenían un valor de $24 millones. El gobierno de Estados Unidos se comprometió hasta el año 2023 a ofrecerles mantenimiento y entrenamientos con un costo de $30 millones adicionales. Por otra parte, el Senan ha sido el beneficiario reiterado de donaciones de lanchas rápidas, equipos de visión nocturna, incluso de robots para el manejo de situaciones de mucha peligrosidad, incluyendo amenazas biológicas, químicas o radioactivas.

El Senan se está convirtiendo en la piedra angular de la interacción militar de Estados Unidos en Panamá. Dos proyectos confirman esta perspectiva: el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta (FMC).

El Centro Regional de Operaciones Aeronavales establecido en la comandancia general del Senan, en Cocolí, sigue el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que funciona en Cayo Hueso, Florida, según lo ha explicado el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

Esta fuerza de tarea conocida como JIATF Sur, ha sido dirigida por el contralmirante Pat DeQuattro, quien dijo a la revista militar digital Diálogo, en 2019, que: “Existe una tendencia de las redes de narcotráfico a enviar sus productos más al sur y al oeste de las islas Galápagos, al fondo de la zona de tránsito del Pacífico oriental, lo que es una señal de éxito. Nuestros socios de Centroamérica y Sudamérica tienen grandes avances en la protección de sus fronteras del sur, lo que obliga a los narcotraficantes a adentrarse en el Pacífico oriental; su tendencia es alejarse más para evadir a las fuerzas de la coalición. También observamos una tendencia similar en la cuenca del Caribe, en lo que respecta a tráfico aéreo. Las redes de narcotráfico aprovechan la situación de Venezuela –existe un aumento significativo en el tráfico aéreo que fluye hacia adentro y hacia afuera del país– y estos son oscuros objetivos que son el contrabando de drogas y de dinero dentro y fuera de Venezuela”.

El Croan replicaría este aparente éxito coordinando las acciones de interceptación y seguimiento del narcotráfico por parte de los principales cuerpos de seguridad panameños: Policía Nacional, Senan y Senafront. En el Croan habría una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas. Cocolí está a 8.3 kilómetros de donde se suponía iba a funcionar el Centro Multilateral Antinarcóticos, negociado por la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares y que, según los críticos, sería una base militar estadounidense.

El efecto práctico del Croan es el de una comandancia unificada de hecho de las fuerzas de seguridad panameñas. Esto también produciría una desviación de recursos de seguridad de las necesidades locales, ya que, por ejemplo, si existe una pandilla de ladrones y violadores que azota Panamá este, y hay otra que está llevando droga de Colombia a Costa Rica, se preferirá por definición a la que lleva el cargamento de droga, desatendiendo la que comete actos delictivos comunes.

Por otra parte, Estados Unidos está conformando la fuerza marítima conjunta con el Senan. A partir de un memorando de entendimiento entre los dos países, se somete la soberanía y el control de los agentes del Senan que participen de las operaciones marítimas comunes, a lo que decida su contraparte estadounidense. Todo esto se pretende justificar como estrategia para derrotar al narcotráfico.

El comisionado del Senan Juan Pino es el ministro de Seguridad Pública en la actualidad. Es el primer uniformado que forma parte del gabinete desde antes de la invasión. El cambio de doctrina de los cuerpos de seguridad pública panameña, la creación del Croan y de la FMC se han hecho sin cambiar una sola ley ni consultar a la Asamblea Nacional. En un tema que bordea directamente con la naturaleza misma de un Estado desmilitarizado, ha existido un consenso de las élites políticas panameñas desde el año 2000, a ceder cada vez más poder a los cuerpos uniformados, y a la interacción directa de Estados Unidos con estos.

En un documental divulgado meses antes de la pandemia, en el canal National Geographic, sobre el trabajo de los Boinas Verdes alrededor del mundo, se presentó un segmento enfocado en la acción de estas fuerzas especiales en Darién. En pantalla aparecían migrantes extracontinentales encontrados en la selva darienita por el Senafront. Un Boina Verde entrevistaba. El narrador del documental explicaba que si no había nada irregular, el migrante podía seguir su camino. En cambio, cuando interrogaban a alguien que era sospechoso, no se dijo lo que pasaba con la persona.

Un alto oficial de Senafront me desmintió que hubiese presencia de fuerzas especiales estadounidenses interrogando migrantes en Darién. La propia revista digital Diálogo, en una publicación del 10 de septiembre de 2019, reconoce que hubo fuerzas especiales de Estados Unidos dando capacitaciones al Senafront ese año.

Mientras todas las transformaciones de los cuerpos de seguridad panameños se han dado en los últimos 20 años sin mayor control civil, queda claro que cada vez es menos lo que los ciudadanos panameños saben de sus organismos de seguridad, y mucho menos sobre cómo controlarlos, exigir rendición de cuentas y decidir como sociedad si queremos activar un ejército. Esa debe ser una decisión panameña.

La constante presencia de altos cargos del Ejército de los Estados Unidos en Panamá, unido al fantasma de las bases militares en territorio nacional es un tema que ha cobrado vida en los últimos meses con la reestructuración del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN). ¿Qué es y qué dicen las autoridades al respecto?

En diciembre de 2020, se celebró el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre Panamá y los Estados Unidos. En este encuentro salió a relucir en un perfil muy bajo de la comunicación, la estrategia para reforzar el CROAN, que opera bajo el mando del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en conjunto con otros estamentos de seguridad, informa TVN.

Desde ese momento, el tema llamó la atención de TVN-2.com que empezó a hacer las consultas respectivas a las autoridades y no fue hasta enero del 2021, que dieron información sobre este centro regional que cuenta con apoyo logístico y de capacitación por parte de militares norteamericanos.

En su respuesta, El Ministerio de Seguridad, destacó que el CROAN “ es un proyecto que busca aumentar las capacidades de coordinación del actual Centro de Operaciones Aeronavales, el cual funciona desde hace años”.

 El SENAN siempre ha tenido su Centro de Operaciones; sin embargo, ante la altísima demanda de respuesta a toda la clase de delitos que se comenten en las aguas de nuestros mares jurisdiccionales, es necesario que nuestro país por su posición geográfica, aumente la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos para que no sean utilizados por aquellas personas al margen de la ley”, destaca la comunicación oficial.

Sin embargo, a pesar de que, según las autoridades, el CROAN ya existía, se reveló que el mismo entrará en operaciones con nuevos equipos, organización humana y tecnología a mediados del año 2021. No se dio fecha específica.

El Proyecto del nuevo CROAN se tiene proyectado para iniciar su funcionamiento a mediados del año 2021, una vez se hayan completado las fases de adecuación de los espacios físicos y la integración de la tecnología necesaria para ejercer Comando y Control y operará 24/7 y estará liderado por el SENAN, el cual ejercerá la autoridad legal para dirigir operaciones en cumplimiento a Leyes Nacionales e Internacionales, Convenios y Tratados concernientes a aspectos marítimos y aéreos; tendrá una sección de Planeamiento Conjunto (PNP, SENAN y SNF) el cual estará encargado de recibir la información de inteligencia, evaluar, planificar y asignar los medios para cumplir las misiones encomendadas”.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos?

El Ministerio de Seguridad (Minseg) de Panamá, dirigido por el Comisionado del Senan, Juan Pino y el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, Stewart Tuttle, han protagonizado eventos públicos de donaciones de equipos para combate al narcotráfico y también se han hecho varias operaciones de carácter humanitario.

Para, el Minseg, “ los Estados Unidos son una contraparte crucial en toda actividad de seguridad de la región y a través de los años han colaborado considerablemente en aumentar las capacidades del sector marítimo y aéreo”.

“Para el proyecto CROAN, Estados Unidos brinda apoyo en la adquisición de equipos tecnológicos para estandarizar los medios navales, además de brindar capacitación al personal panameño por supuesto, el intercambio de información, lo cual es el factor clave para el funcionamiento de todo centro de operaciones”, respondió la máxima autoridad en materia de seguridad en Panamá.

El Jefe del Comando Sur, Craig Faller, ha estado muy al pendiente de este proyecto y lo ha visitado para conocer sus avances. Lo que demuestra la gran importancia de este centro operativo, que busca copiar a la Fuerza de Tarea Conjunta Inter agencial Sur, ubicada en Cayo Hueso, Florida.

¿Volverán las bases militares a Panamá?

La influencia del Comando Sur, que es la fuerza militar de los Estados Unidos destinada para operaciones en América del Sur, Centro América y el Caribe en territorio panameño será fuerte con la presencia del CROAN, ya que podrán realizarse operaciones conjuntas con otros países del llamado triángulo sur.

Desde Panamá, aliados de Estados Unidos, como Colombia, por ejemplo, podrán lanzar operaciones, bajo del concepto de fuerza de tarea conjunta que da el CROAN.

El modelo de las Fuerzas de Tarea Conjunta es una estrategia de presencia norteamericana en América y no es algo nuevo. Con la creación del CROAN se reafirma un modelo que ya existía en Panamá antes de la salida de las tropas norteamericanas en diciembre de 1999.

Un poco de historia sobre el tema…

En el año 1993, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton reorganizó las agencias y recursos destinados a la lucha antidrogas y para 1994, la Administración para el Control de Drogas (DEA), establece tres puntos de acción en el Continente Americano para luchar contra el narcotráfico. Estos fueron:

  • Fuerza de Tarea de Oriente (JIATF – Oriente) cuya base está presente en Key West Florida y tiene como responsabilidad el Caribe y el Atlántico
  • Fuerza de Tarea Sur (JIATF – Sur), cuya base estaba en Ciudad de Panamá y su zona de responsabilidad era el pacífico
  • Fuerza de Tarea Oeste (JIATF – Oeste), que tiene como responsabilidad la zona fronteriza con México y su base queda en California.

Sin embargo, en 1999, con el fin de la presencia militar en Panamá, atendiendo lo pactado en el tratado Torrijos – Carter (1977), el gobierno de Estados Unidos decidió unificar las fuerzas de oriente y sur y mantuvieron su base en Florida.

Con la creación del CROAN, queda la incógnita, si será la recuperación de esa influencia en el Pacífico americano.

La respuesta de Panamá

Se ha dicho que estas acciones serán solo para combatir el narcotráfico en la región, brindar ayuda humanitaria, detectar la pesca ilegal y desplegar apoyo en caso de atención por desastres naturales.

 El CROAN no contempla tener fuerzas militares en nuestro país; sin embargo, se podrán ejecutar operaciones conjuntas con los países del triángulo sur y los Estados Unidos, tal como se ha venido realizando a través de los años ya que las amenazas no son solo de país, sino que impactan a todos los países de la región, siendo Panamá uno de los más afectados por nuestra posición de tránsito obligatorio”, dijo el Ministerio de Seguridad.

Panamá

Los orígenes del caso que llevó a la liquidación del AllBank en Panamá

Published

on

By

El nuevo fraude bancario que golpea a Panamá tiene sus orígenes en octubre de 2011 cuando el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín estableció su propio banco en la nación centroamericana con el que completó una estructura financiera que hoy es señalada de fraudulenta.

Entidades del grupo rotaban el mismo dinero para respaldar las reservas y depósitos, burlando los sistemas de supervisión de cinco países, entre ellos el panameño.

En el 2019 estalló el escándalo por el nuevo fraude bancario, dando inicio a un proceso de liquidación forzada por insolvencia donde hay más de 182 millones en activos en riesgos, de los cuales 175 millones de dólares son depósitos de clientes o cuentahabientes.

En Panamá, Vargas Irausquín abrió operaciones bajo el nombre de AllBank y la casa de valores Plus Capital Market. Incluso el banco compró los derechos de un edificio para llamarlo Torre AllBank para dar prestigio a sus operaciones como los grandes jugadores de este mercado.

Todas las operaciones del grupo de Vargas Irausquin se coordinaban para jugar con las reservas, tal como se desprende de un reporte de intervención de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El diario Panamá América explicó que parte de los activos líquidos que respaldaban la operación de Panamá estaban en el Banco Orinoco de Curazao, el primero en ser intervenido y declarado en quiebra.

La otra parte de la estructura del banquero venezolano estaba en Antigua & Barbuda con el Boi Bank, República Dominicana con el Banco América (bajo intervención) y el Banco Occidental de Descuento en Venezuela (también bajo intervención).

En Panamá, de los 175 millones de dólares, 100.7 millones de dólares son de particulares que tenían 38.1 millones de dólares en depósitos a la vista y 51.7 millones de dólares en plazos fijos.

El 9 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., afirmando que la operación ponía en riesgo la seguridad de las acreencias confinadas por los clientes en el banco.

El principal riesgo que identificó la Superintendencia de Bancos era que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores de AllBank estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual estaba intervenido desde septiembre de 2019. Ya estaba claro el nuevo fraude bancario de Vargas.

La Superintendencia de Bancos de Panamá también encontró que el AllBank refleja una fuerte debilidad de la salud de la cartera de préstamos, lo que sumado a una frágil gestión de Gobierno Corporativo, establecen un modelo de gestión que se torna inviable.

El 8 de noviembre de 2019, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la liquidación forzosa de AllBank debido a que la situación financiera, operacional y de gobierno corporativo del banco no procedía reorganizarlo o intentar su venta a otro banco.

El liquidador designado para AllBank fue Rafael Moscarella Valladares quien en su informe de intervención había determinado la insostenibilidad del banco como un negocio en marcha.

Moscarella Valladares alegaba la incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos, abriendo una duda razonable sobre la solvencia y liquidez del banco.

Durante el proceso de corrección, «AllBank no logró proponer soluciones a corto plazo, sino reiteradas evasivas y plazos, y condiciones inviables que le permitirían seguir con su riesgoso actuar, incluyendo las evasivas de los bancos del Grupo».

Otro elemento que obligó a la Superintendencia a forzar esta liquidación, es que desde octubre de 2018 se presentaban reportes de recurrentes reclamaciones de ciertos clientes de AllBank.

Las denuncias eran por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, por no concesión de financiamientos con garantías de depósitos del mismo banco, pero sobre todo por instrucciones no atendidas de clientes, sobre transferencias de fondos depositados en el banco.

«Este hecho sugiere una inadecuada gestión de liquidez por parte de AllBank», advirtió el liquidador.

También se identificaron órdenes de pago desatendidas por importes significativos lo cual constituye un grave indicio de iliquidez.

La liquidación del AllBank ahora conduce a importantes bienes de lujos que Vargas Irausquin posee, entre ellas una mansión en la reconocida zona de playa La Romana en República Dominicana, entre otras excentricidades que conducen a la realeza española, según Primer Informe.

Según Carlos Tablante, quien fuera ministro del expresidente Rafael Caldera, Vargas Irausquín es “el banquero rojo” que operó en la compra de la Cadena Capriles para ponerla al servicio del chavismo.

También lo responsabiliza de haber escondido la fortuna de Alejandro Andrade, ex guardaespaldas de Hugo Chávez, hoy preso en Estados Unidos.

Asimismo, estuvo involucrado en los llamados Bonos del Sur con los que Hugo Chávez financió el Gobierno de los Kirchner en Argentina.

Continue Reading

Panamá

Las evidencias halladas por la fiscalía panameña para pedir el llamamiento a juicio de 50 implicados en el caso Odebrecht

Published

on

By

La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

Continue Reading

Panamá

Cronista evoca la vida y obra del exdictador panameño Omar Torrijos

Published

on

By

David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.