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Panamá

Centro Regional de Operaciones Aeronavales de Estados Unidos causa inquietud en Panamá

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Mediante un comunicado emitido el pasado miércoles, 17 de febrero, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá, indicó que Estados Unidos «insiste en el uso de las fuerzas militares para tratar de impedir el tráfico y alto consumo de drogas en su propio territorio».

En el escrito, el instituto se centra en la instalación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), ya que «viola flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y Funcionamiento del Canal de Panamá, que en su artículo V es categórico, después del año 2000, ‘solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional’. Dejemos la complacencia. Respetémonos para que nos respeten».

«Esa complacencia nos podría salir muy cara. Tengamos en cuenta que ni la invasión militar de diciembre de 1989, logró impedir el desmantelamiento de todas las bases estadounidenses y la salida de todas sus tropas, para que ahora cometamos la ingenuidad de comprometernos con un método fracasado e injustificable para activar su nueva presencia militar en Panamá», acotó el Instituto en el escrito.

El pasado 12 de febrero, Juan Pino, titular del Ministerio de Seguridad junto a Stewart Tuttle, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, suscribieron un memorando de entendimiento dirigido a continuar con la asistencia estadounidense a los estamentos de seguridad nacionales que operan en el mar, mediante la dotación de equipos y capacitación técnica.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos dotará de equipos y entrenamiento al personal del CROAN cuyas instalaciones y manejo le pertenecen a Panamá, y el cual opera bajo la tutela del Servicio Nacional Aeronaval del Minseg.

El memorando suscrito cuenta como destinatarios a la Fuerza Marítima Conjunta de Panamá (FMCP) y el CROAN, los que operan bajo el mando del citado Ministerio.

El tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y la Constitución dejan claro que el país no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio.

Bajo ese concepto, Panamá y Estados Unidos estarían violando el tratado de neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá, en diciembe de 1999, con distintas acciones que van desde maniobras militares conjuntas hasta el nuevo Centro Regional de Operaciones Aeronovales (Croan), informa La Prensa.

Este nuevo organismo, que opera en Cocolí, consolida en un comando único el mando de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, con una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas.

El tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977, dice en su artículo V lo siguiente: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Por otra parte, el artículo 310 de la Constitución de la República de Panamá dice en su primer párrafo: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.

De la lectura de ambas normas jurídicas se produce una ecuación cuya conclusión es que la República de Panamá no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio. Las normas no establecen excepciones de tiempo o lugar, ni de permanencia o temporalidad. En otras palabras, Panamá y Estados Unidos han venido violando el Tratado de Neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá.

Llegó y pasó el 31 de diciembre de 1999, y el Canal revirtió a manos panameñas, pero no se pudo establecer algún mecanismo que permitiera la presencia militar de Estados Unidos en Panamá. Si durante el siglo XX el pretexto había sido la defensa del Canal y luego la lucha contra el comunismo, en el siglo XXI la excusa parece ser la lucha contra el narcotráfico.

El 5 de febrero de 2002, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick A. Becker, firmaron un “Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de América al Servicio Marítimo Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia”. El arreglo se “derivaba” de la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico de 1988, y por esa razón, supuestamente no debió ser ratificado por la Asamblea Nacional.

En lo que debe ser considerado un estiramiento exagerado de un mandato del derecho internacional, los negociadores estadounidenses no se percataron que en los considerandos del “arreglo” usaban como justificación una Convención de Naciones Unidas que Estados Unidos se había negado a firmar y ratificar.

Desde el año 2003, se efectúan las maniobras navales denominadas Panamax. En su primera versión, solo Panamá, Chile y Estados Unidos participaron en un ejercicio naval en la costa pacífica del istmo. Para 2005, ya eran 15 países del hemisferio los que participaban en un ejercicio con 3,500 marinos en ambas costas, incluyendo desembarcos anfibios.

Más recientemente, las maniobras continúan en territorio estadounidense, con el mismo pretexto. “El Canal de Panamá es crucial para el comercio internacional, según señaló José Ruiz, vocero del Comando Sur”, de acuerdo con nota periodística publicada por El Comercio de Perú, el 30 de julio de 2018.

Las maniobras Panamax no son las únicas que se realizan en referencia a Panamá. Desde 1984, Estados Unidos ha realizado un ejercicio anual terrestre que fue llamado originalmente “Fuertes Caminos”, luego “Nuevos Horizontes” y, en la actualidad, “Mercurio”. Estos ejercicios se han desarrollado en todo el territorio panameño, pero en los últimos años se han concentrado en la provincia de Darién. Usualmente, hay una cierta esquizofrenia en la explicación pública de la razón de ser de estos ejercicios militares. El Comando Sur los define como “asistencia humanitaria”, mientras que el gobierno de Panamá los ha calificado con una variedad de nombres como “entrenamientos y capacitaciones”.

El Estado panameño se ha venido militarizando en las dos últimas décadas. La Ley 8 del año 2008 creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como un cuerpo de seguridad con organización y doctrina militar, como una infantería ligera para operaciones en jungla y montañas. Por su parte, la Ley 93 de 2013 estableció el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), integrando en un cuerpo único al Servicio Marítimo Nacional y al Servicio Aéreo Nacional. Los cuerpos de seguridad existentes han recibido importantes donaciones del gobierno de Estados Unidos.

Por ejemplo, el 28 de junio de 2019 el gobierno de Estados Unidos finalizó la entrega de seis helicópteros UH 1H al Senafront, que tenían un valor de $24 millones. El gobierno de Estados Unidos se comprometió hasta el año 2023 a ofrecerles mantenimiento y entrenamientos con un costo de $30 millones adicionales. Por otra parte, el Senan ha sido el beneficiario reiterado de donaciones de lanchas rápidas, equipos de visión nocturna, incluso de robots para el manejo de situaciones de mucha peligrosidad, incluyendo amenazas biológicas, químicas o radioactivas.

El Senan se está convirtiendo en la piedra angular de la interacción militar de Estados Unidos en Panamá. Dos proyectos confirman esta perspectiva: el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta (FMC).

El Centro Regional de Operaciones Aeronavales establecido en la comandancia general del Senan, en Cocolí, sigue el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que funciona en Cayo Hueso, Florida, según lo ha explicado el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

Esta fuerza de tarea conocida como JIATF Sur, ha sido dirigida por el contralmirante Pat DeQuattro, quien dijo a la revista militar digital Diálogo, en 2019, que: “Existe una tendencia de las redes de narcotráfico a enviar sus productos más al sur y al oeste de las islas Galápagos, al fondo de la zona de tránsito del Pacífico oriental, lo que es una señal de éxito. Nuestros socios de Centroamérica y Sudamérica tienen grandes avances en la protección de sus fronteras del sur, lo que obliga a los narcotraficantes a adentrarse en el Pacífico oriental; su tendencia es alejarse más para evadir a las fuerzas de la coalición. También observamos una tendencia similar en la cuenca del Caribe, en lo que respecta a tráfico aéreo. Las redes de narcotráfico aprovechan la situación de Venezuela –existe un aumento significativo en el tráfico aéreo que fluye hacia adentro y hacia afuera del país– y estos son oscuros objetivos que son el contrabando de drogas y de dinero dentro y fuera de Venezuela”.

El Croan replicaría este aparente éxito coordinando las acciones de interceptación y seguimiento del narcotráfico por parte de los principales cuerpos de seguridad panameños: Policía Nacional, Senan y Senafront. En el Croan habría una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas. Cocolí está a 8.3 kilómetros de donde se suponía iba a funcionar el Centro Multilateral Antinarcóticos, negociado por la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares y que, según los críticos, sería una base militar estadounidense.

El efecto práctico del Croan es el de una comandancia unificada de hecho de las fuerzas de seguridad panameñas. Esto también produciría una desviación de recursos de seguridad de las necesidades locales, ya que, por ejemplo, si existe una pandilla de ladrones y violadores que azota Panamá este, y hay otra que está llevando droga de Colombia a Costa Rica, se preferirá por definición a la que lleva el cargamento de droga, desatendiendo la que comete actos delictivos comunes.

Por otra parte, Estados Unidos está conformando la fuerza marítima conjunta con el Senan. A partir de un memorando de entendimiento entre los dos países, se somete la soberanía y el control de los agentes del Senan que participen de las operaciones marítimas comunes, a lo que decida su contraparte estadounidense. Todo esto se pretende justificar como estrategia para derrotar al narcotráfico.

El comisionado del Senan Juan Pino es el ministro de Seguridad Pública en la actualidad. Es el primer uniformado que forma parte del gabinete desde antes de la invasión. El cambio de doctrina de los cuerpos de seguridad pública panameña, la creación del Croan y de la FMC se han hecho sin cambiar una sola ley ni consultar a la Asamblea Nacional. En un tema que bordea directamente con la naturaleza misma de un Estado desmilitarizado, ha existido un consenso de las élites políticas panameñas desde el año 2000, a ceder cada vez más poder a los cuerpos uniformados, y a la interacción directa de Estados Unidos con estos.

En un documental divulgado meses antes de la pandemia, en el canal National Geographic, sobre el trabajo de los Boinas Verdes alrededor del mundo, se presentó un segmento enfocado en la acción de estas fuerzas especiales en Darién. En pantalla aparecían migrantes extracontinentales encontrados en la selva darienita por el Senafront. Un Boina Verde entrevistaba. El narrador del documental explicaba que si no había nada irregular, el migrante podía seguir su camino. En cambio, cuando interrogaban a alguien que era sospechoso, no se dijo lo que pasaba con la persona.

Un alto oficial de Senafront me desmintió que hubiese presencia de fuerzas especiales estadounidenses interrogando migrantes en Darién. La propia revista digital Diálogo, en una publicación del 10 de septiembre de 2019, reconoce que hubo fuerzas especiales de Estados Unidos dando capacitaciones al Senafront ese año.

Mientras todas las transformaciones de los cuerpos de seguridad panameños se han dado en los últimos 20 años sin mayor control civil, queda claro que cada vez es menos lo que los ciudadanos panameños saben de sus organismos de seguridad, y mucho menos sobre cómo controlarlos, exigir rendición de cuentas y decidir como sociedad si queremos activar un ejército. Esa debe ser una decisión panameña.

La constante presencia de altos cargos del Ejército de los Estados Unidos en Panamá, unido al fantasma de las bases militares en territorio nacional es un tema que ha cobrado vida en los últimos meses con la reestructuración del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN). ¿Qué es y qué dicen las autoridades al respecto?

En diciembre de 2020, se celebró el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre Panamá y los Estados Unidos. En este encuentro salió a relucir en un perfil muy bajo de la comunicación, la estrategia para reforzar el CROAN, que opera bajo el mando del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en conjunto con otros estamentos de seguridad, informa TVN.

Desde ese momento, el tema llamó la atención de TVN-2.com que empezó a hacer las consultas respectivas a las autoridades y no fue hasta enero del 2021, que dieron información sobre este centro regional que cuenta con apoyo logístico y de capacitación por parte de militares norteamericanos.

En su respuesta, El Ministerio de Seguridad, destacó que el CROAN “ es un proyecto que busca aumentar las capacidades de coordinación del actual Centro de Operaciones Aeronavales, el cual funciona desde hace años”.

 El SENAN siempre ha tenido su Centro de Operaciones; sin embargo, ante la altísima demanda de respuesta a toda la clase de delitos que se comenten en las aguas de nuestros mares jurisdiccionales, es necesario que nuestro país por su posición geográfica, aumente la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos para que no sean utilizados por aquellas personas al margen de la ley”, destaca la comunicación oficial.

Sin embargo, a pesar de que, según las autoridades, el CROAN ya existía, se reveló que el mismo entrará en operaciones con nuevos equipos, organización humana y tecnología a mediados del año 2021. No se dio fecha específica.

El Proyecto del nuevo CROAN se tiene proyectado para iniciar su funcionamiento a mediados del año 2021, una vez se hayan completado las fases de adecuación de los espacios físicos y la integración de la tecnología necesaria para ejercer Comando y Control y operará 24/7 y estará liderado por el SENAN, el cual ejercerá la autoridad legal para dirigir operaciones en cumplimiento a Leyes Nacionales e Internacionales, Convenios y Tratados concernientes a aspectos marítimos y aéreos; tendrá una sección de Planeamiento Conjunto (PNP, SENAN y SNF) el cual estará encargado de recibir la información de inteligencia, evaluar, planificar y asignar los medios para cumplir las misiones encomendadas”.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos?

El Ministerio de Seguridad (Minseg) de Panamá, dirigido por el Comisionado del Senan, Juan Pino y el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, Stewart Tuttle, han protagonizado eventos públicos de donaciones de equipos para combate al narcotráfico y también se han hecho varias operaciones de carácter humanitario.

Para, el Minseg, “ los Estados Unidos son una contraparte crucial en toda actividad de seguridad de la región y a través de los años han colaborado considerablemente en aumentar las capacidades del sector marítimo y aéreo”.

“Para el proyecto CROAN, Estados Unidos brinda apoyo en la adquisición de equipos tecnológicos para estandarizar los medios navales, además de brindar capacitación al personal panameño por supuesto, el intercambio de información, lo cual es el factor clave para el funcionamiento de todo centro de operaciones”, respondió la máxima autoridad en materia de seguridad en Panamá.

El Jefe del Comando Sur, Craig Faller, ha estado muy al pendiente de este proyecto y lo ha visitado para conocer sus avances. Lo que demuestra la gran importancia de este centro operativo, que busca copiar a la Fuerza de Tarea Conjunta Inter agencial Sur, ubicada en Cayo Hueso, Florida.

¿Volverán las bases militares a Panamá?

La influencia del Comando Sur, que es la fuerza militar de los Estados Unidos destinada para operaciones en América del Sur, Centro América y el Caribe en territorio panameño será fuerte con la presencia del CROAN, ya que podrán realizarse operaciones conjuntas con otros países del llamado triángulo sur.

Desde Panamá, aliados de Estados Unidos, como Colombia, por ejemplo, podrán lanzar operaciones, bajo del concepto de fuerza de tarea conjunta que da el CROAN.

El modelo de las Fuerzas de Tarea Conjunta es una estrategia de presencia norteamericana en América y no es algo nuevo. Con la creación del CROAN se reafirma un modelo que ya existía en Panamá antes de la salida de las tropas norteamericanas en diciembre de 1999.

Un poco de historia sobre el tema…

En el año 1993, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton reorganizó las agencias y recursos destinados a la lucha antidrogas y para 1994, la Administración para el Control de Drogas (DEA), establece tres puntos de acción en el Continente Americano para luchar contra el narcotráfico. Estos fueron:

  • Fuerza de Tarea de Oriente (JIATF – Oriente) cuya base está presente en Key West Florida y tiene como responsabilidad el Caribe y el Atlántico
  • Fuerza de Tarea Sur (JIATF – Sur), cuya base estaba en Ciudad de Panamá y su zona de responsabilidad era el pacífico
  • Fuerza de Tarea Oeste (JIATF – Oeste), que tiene como responsabilidad la zona fronteriza con México y su base queda en California.

Sin embargo, en 1999, con el fin de la presencia militar en Panamá, atendiendo lo pactado en el tratado Torrijos – Carter (1977), el gobierno de Estados Unidos decidió unificar las fuerzas de oriente y sur y mantuvieron su base en Florida.

Con la creación del CROAN, queda la incógnita, si será la recuperación de esa influencia en el Pacífico americano.

La respuesta de Panamá

Se ha dicho que estas acciones serán solo para combatir el narcotráfico en la región, brindar ayuda humanitaria, detectar la pesca ilegal y desplegar apoyo en caso de atención por desastres naturales.

 El CROAN no contempla tener fuerzas militares en nuestro país; sin embargo, se podrán ejecutar operaciones conjuntas con los países del triángulo sur y los Estados Unidos, tal como se ha venido realizando a través de los años ya que las amenazas no son solo de país, sino que impactan a todos los países de la región, siendo Panamá uno de los más afectados por nuestra posición de tránsito obligatorio”, dijo el Ministerio de Seguridad.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 

Panamá

Los “capos” del turismo en Panamá favorecidos con el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística sancionado por el presidente Laurentino Cortizo

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Presidente sanciona Ley de incentivos a inversión turística

De poco sirvió que se revelaran los nombres detrás de las empresas que se verán beneficiadas.

 

Inversiones Chiricanas de Hotelería, S.A. y Fideicomiso de Fomento Turístico, vinculadas a

Alfonso Naranjo

$14 millones.

Cuñado de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo. Naranjo figura en 2 de las empresas que serán beneficiadas, y es director de Chagres Capital, una firma de asesoría financiera especializada en inversiones inmobiliarias y finanzas corporativas.

 

Inmobiliaria Palma Bonita, propiedad de

José Manuel Bern

$155 millones

Los Bern son asiduos donantes del PRD y dueños de unos 9 hoteles, además de cientos de proyectos inmobiliarios en Panamá. José Manuel Bern es actualmente investigado por venta ilegal de electricidad a inquilinos de Casa Bonita. Su abogado en este caso es Armando Fuentes, director de la ASEP.

 

DB Hotel & Residence y Ocean Hills Pearl Island

Guillermo Saint Malo Eleta

$258 millones

Miembro del Frente Empresarial del PRD y ex jefe de Iván Eskildsen, actual director de la Autoridad de Turismo, en Grupo Eleta. Hijo de Baty “Agua del Río» Eleta. Los Eleta fueron de las familias ricas que se beneficiaron de su relación con la dictadura militar: les regalaron la isla Pedro González, donde desde 2008 han arrasado con la comunidad de El Cocal para hacer un desarrollo turístico-inmobiliario para ricos.

 

Playa Escondida Beach Front, S.A., propiedad de

Juan Carlos Tapia

$39 millones

Hacía relaciones públicas de sus amigos y socios en Lo Mejor del Boxeo, además de despotricar contra las luchas populares. Hizo una fortuna con jugosos contratos de publicidad de varios gobiernos. Compró 11 hectáreas y media de terrenos del Estado frente al mar a 25€/m2, por medios dudosos, en el gobierno de Mireya. Ha sido acusado de evasión fiscal en varias ocasiones y es socio del empresario Mello Alemán, vinculado al PRD, dueño de Grupo Los Pueblos y de la constructora CMG.

 

Datos de @antonima_org

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Compañía del empresario Ricaurte Grajales obtuvo contrato del Ministerio de Seguridad de Panamá pese a haber sido investigado y haber presentado la oferta más alta en proceso de licitación

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El Ministerio de Seguridad (Minseg) convocó una licitación pública con el fin de comprar uniformes tácticos para el personal del Servicio Nacional de Migración.

El precio de referencia para los uniformes era de $1 millón 459 mil, se trata de 19 mil 630 piezas entre las que se incluyen camisas, pantalones, cinturones, gorras y chalecos antibalas.

Cuatro empresas presentaron propuestas, tres de ellas muy por debajo del precio de referencia, informó FOCO.

Confecciones Comodoro ofertó por $544 mil; Enercom, por $848 mil; Fiori Internazionale, por $889 mil; y Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

La comisión verificadora decidió otorgarle el contrato a la propuesta más costosa para el Estado: Soluciones de Seguridad Nacional, por $1 millón 380 mil.

Según el informe de la comisión, la decisión se tomó ya que las otras tres empresas presentaron chalecos antibalas que no serían antipuñal.

El CEO de la empresa seleccionada es Ricaurte Grajales, estuvo imputado por tráfico de armas y peculado por la supuesta “comercialización” irregular de armas en perjuicio del SPI. Fue absuelto de los cargos este año.

La investigación en 2014, tras la importación de pistolas a través de la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), propiedad de Grajales, adquiridas por personal del SPI para uso privado en plena veda de armas.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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Panamá

Diputada Zulay Rodríguez no descarta postularse como independiente a la presidencia de Panamá y denuncia aprobación de leyes en beneficio de empresas que han sido donantes de campaña

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La diputada Zulay Rodríguez señaló en una entrevista que evalúa postularse como candidata independiente a la Presidencia de Panamá, anuncio que, según dijo, pudiera realizar muy pronto.

¿Qué es exactamente lo que padece el presidente de Panamá Laurentino Cortizo y qué preguntas se hacen los panameños sobre su enfermedad?

La asambleísta comentó que el presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, promovería la candidatura de dos figuras contra la hipotética postulación presidencial del actual vicepresidente de Panamá, José Gabriel "Gaby" Carrizo.

Adicionalmente la diputada indicó que en el Gobierno de Laurentino Cortizo siempre se habla de Renta Sustitutiva, pero afirmó no haber visto que haya habido Renta Sustitutiva cuando el Ejecutivo panameño otorgó apoyo a los bancos y a las compañías financieras, así como tampoco para el Fondo de Vivienda, para el que fueron transferidos 85 millones de dólares provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá. Agregó que a través de la Ley de Incentivos Turísticos se han destinado más de $1.700 millones, que han sido entregados a cuatro agencias inmobiliarias que, según señaló, se ha tratado de donantes de campaña.

 

La diputada también aseguró que en el parlamento panameño son aprobadas leyes en beneficio de un puñado de empresas que han sido donantes de campaña de las actuales autoridades de Gobierno, mientras que otros proyectos legales no son tomados en cuenta.

 

Semanario El Venezolano – Edición Miami, del 23 al 29 de junio de 2022

 
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