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Panamá

Centro Regional de Operaciones Aeronavales de Estados Unidos causa inquietud en Panamá

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Mediante un comunicado emitido el pasado miércoles, 17 de febrero, el Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales de la Universidad de Panamá, indicó que Estados Unidos «insiste en el uso de las fuerzas militares para tratar de impedir el tráfico y alto consumo de drogas en su propio territorio».

En el escrito, el instituto se centra en la instalación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), ya que «viola flagrantemente el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal y Funcionamiento del Canal de Panamá, que en su artículo V es categórico, después del año 2000, ‘solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional’. Dejemos la complacencia. Respetémonos para que nos respeten».

«Esa complacencia nos podría salir muy cara. Tengamos en cuenta que ni la invasión militar de diciembre de 1989, logró impedir el desmantelamiento de todas las bases estadounidenses y la salida de todas sus tropas, para que ahora cometamos la ingenuidad de comprometernos con un método fracasado e injustificable para activar su nueva presencia militar en Panamá», acotó el Instituto en el escrito.

El pasado 12 de febrero, Juan Pino, titular del Ministerio de Seguridad junto a Stewart Tuttle, jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, suscribieron un memorando de entendimiento dirigido a continuar con la asistencia estadounidense a los estamentos de seguridad nacionales que operan en el mar, mediante la dotación de equipos y capacitación técnica.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos dotará de equipos y entrenamiento al personal del CROAN cuyas instalaciones y manejo le pertenecen a Panamá, y el cual opera bajo la tutela del Servicio Nacional Aeronaval del Minseg.

El memorando suscrito cuenta como destinatarios a la Fuerza Marítima Conjunta de Panamá (FMCP) y el CROAN, los que operan bajo el mando del citado Ministerio.

El tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y la Constitución dejan claro que el país no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio.

Bajo ese concepto, Panamá y Estados Unidos estarían violando el tratado de neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá, en diciembe de 1999, con distintas acciones que van desde maniobras militares conjuntas hasta el nuevo Centro Regional de Operaciones Aeronovales (Croan), informa La Prensa.

Este nuevo organismo, que opera en Cocolí, consolida en un comando único el mando de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, con una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas.

El tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal y al funcionamiento del Canal de Panamá, firmado en 1977, dice en su artículo V lo siguiente: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.

Por otra parte, el artículo 310 de la Constitución de la República de Panamá dice en su primer párrafo: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.

De la lectura de ambas normas jurídicas se produce una ecuación cuya conclusión es que la República de Panamá no tiene fuerzas armadas, ni puede tener ejércitos extranjeros en su territorio. Las normas no establecen excepciones de tiempo o lugar, ni de permanencia o temporalidad. En otras palabras, Panamá y Estados Unidos han venido violando el Tratado de Neutralidad desde la reversión del Canal de Panamá.

Llegó y pasó el 31 de diciembre de 1999, y el Canal revirtió a manos panameñas, pero no se pudo establecer algún mecanismo que permitiera la presencia militar de Estados Unidos en Panamá. Si durante el siglo XX el pretexto había sido la defensa del Canal y luego la lucha contra el comunismo, en el siglo XXI la excusa parece ser la lucha contra el narcotráfico.

El 5 de febrero de 2002, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Frederick A. Becker, firmaron un “Arreglo entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos de América al Servicio Marítimo Nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia”. El arreglo se “derivaba” de la Convención de Naciones Unidas contra el Narcotráfico de 1988, y por esa razón, supuestamente no debió ser ratificado por la Asamblea Nacional.

En lo que debe ser considerado un estiramiento exagerado de un mandato del derecho internacional, los negociadores estadounidenses no se percataron que en los considerandos del “arreglo” usaban como justificación una Convención de Naciones Unidas que Estados Unidos se había negado a firmar y ratificar.

Desde el año 2003, se efectúan las maniobras navales denominadas Panamax. En su primera versión, solo Panamá, Chile y Estados Unidos participaron en un ejercicio naval en la costa pacífica del istmo. Para 2005, ya eran 15 países del hemisferio los que participaban en un ejercicio con 3,500 marinos en ambas costas, incluyendo desembarcos anfibios.

Más recientemente, las maniobras continúan en territorio estadounidense, con el mismo pretexto. “El Canal de Panamá es crucial para el comercio internacional, según señaló José Ruiz, vocero del Comando Sur”, de acuerdo con nota periodística publicada por El Comercio de Perú, el 30 de julio de 2018.

Las maniobras Panamax no son las únicas que se realizan en referencia a Panamá. Desde 1984, Estados Unidos ha realizado un ejercicio anual terrestre que fue llamado originalmente “Fuertes Caminos”, luego “Nuevos Horizontes” y, en la actualidad, “Mercurio”. Estos ejercicios se han desarrollado en todo el territorio panameño, pero en los últimos años se han concentrado en la provincia de Darién. Usualmente, hay una cierta esquizofrenia en la explicación pública de la razón de ser de estos ejercicios militares. El Comando Sur los define como “asistencia humanitaria”, mientras que el gobierno de Panamá los ha calificado con una variedad de nombres como “entrenamientos y capacitaciones”.

El Estado panameño se ha venido militarizando en las dos últimas décadas. La Ley 8 del año 2008 creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) como un cuerpo de seguridad con organización y doctrina militar, como una infantería ligera para operaciones en jungla y montañas. Por su parte, la Ley 93 de 2013 estableció el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), integrando en un cuerpo único al Servicio Marítimo Nacional y al Servicio Aéreo Nacional. Los cuerpos de seguridad existentes han recibido importantes donaciones del gobierno de Estados Unidos.

Por ejemplo, el 28 de junio de 2019 el gobierno de Estados Unidos finalizó la entrega de seis helicópteros UH 1H al Senafront, que tenían un valor de $24 millones. El gobierno de Estados Unidos se comprometió hasta el año 2023 a ofrecerles mantenimiento y entrenamientos con un costo de $30 millones adicionales. Por otra parte, el Senan ha sido el beneficiario reiterado de donaciones de lanchas rápidas, equipos de visión nocturna, incluso de robots para el manejo de situaciones de mucha peligrosidad, incluyendo amenazas biológicas, químicas o radioactivas.

El Senan se está convirtiendo en la piedra angular de la interacción militar de Estados Unidos en Panamá. Dos proyectos confirman esta perspectiva: el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan) y la Fuerza Marítima Conjunta (FMC).

El Centro Regional de Operaciones Aeronavales establecido en la comandancia general del Senan, en Cocolí, sigue el modelo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, que funciona en Cayo Hueso, Florida, según lo ha explicado el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

Esta fuerza de tarea conocida como JIATF Sur, ha sido dirigida por el contralmirante Pat DeQuattro, quien dijo a la revista militar digital Diálogo, en 2019, que: “Existe una tendencia de las redes de narcotráfico a enviar sus productos más al sur y al oeste de las islas Galápagos, al fondo de la zona de tránsito del Pacífico oriental, lo que es una señal de éxito. Nuestros socios de Centroamérica y Sudamérica tienen grandes avances en la protección de sus fronteras del sur, lo que obliga a los narcotraficantes a adentrarse en el Pacífico oriental; su tendencia es alejarse más para evadir a las fuerzas de la coalición. También observamos una tendencia similar en la cuenca del Caribe, en lo que respecta a tráfico aéreo. Las redes de narcotráfico aprovechan la situación de Venezuela –existe un aumento significativo en el tráfico aéreo que fluye hacia adentro y hacia afuera del país– y estos son oscuros objetivos que son el contrabando de drogas y de dinero dentro y fuera de Venezuela”.

El Croan replicaría este aparente éxito coordinando las acciones de interceptación y seguimiento del narcotráfico por parte de los principales cuerpos de seguridad panameños: Policía Nacional, Senan y Senafront. En el Croan habría una presencia de Estados Unidos por medio de enlaces y analistas. Cocolí está a 8.3 kilómetros de donde se suponía iba a funcionar el Centro Multilateral Antinarcóticos, negociado por la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares y que, según los críticos, sería una base militar estadounidense.

El efecto práctico del Croan es el de una comandancia unificada de hecho de las fuerzas de seguridad panameñas. Esto también produciría una desviación de recursos de seguridad de las necesidades locales, ya que, por ejemplo, si existe una pandilla de ladrones y violadores que azota Panamá este, y hay otra que está llevando droga de Colombia a Costa Rica, se preferirá por definición a la que lleva el cargamento de droga, desatendiendo la que comete actos delictivos comunes.

Por otra parte, Estados Unidos está conformando la fuerza marítima conjunta con el Senan. A partir de un memorando de entendimiento entre los dos países, se somete la soberanía y el control de los agentes del Senan que participen de las operaciones marítimas comunes, a lo que decida su contraparte estadounidense. Todo esto se pretende justificar como estrategia para derrotar al narcotráfico.

El comisionado del Senan Juan Pino es el ministro de Seguridad Pública en la actualidad. Es el primer uniformado que forma parte del gabinete desde antes de la invasión. El cambio de doctrina de los cuerpos de seguridad pública panameña, la creación del Croan y de la FMC se han hecho sin cambiar una sola ley ni consultar a la Asamblea Nacional. En un tema que bordea directamente con la naturaleza misma de un Estado desmilitarizado, ha existido un consenso de las élites políticas panameñas desde el año 2000, a ceder cada vez más poder a los cuerpos uniformados, y a la interacción directa de Estados Unidos con estos.

En un documental divulgado meses antes de la pandemia, en el canal National Geographic, sobre el trabajo de los Boinas Verdes alrededor del mundo, se presentó un segmento enfocado en la acción de estas fuerzas especiales en Darién. En pantalla aparecían migrantes extracontinentales encontrados en la selva darienita por el Senafront. Un Boina Verde entrevistaba. El narrador del documental explicaba que si no había nada irregular, el migrante podía seguir su camino. En cambio, cuando interrogaban a alguien que era sospechoso, no se dijo lo que pasaba con la persona.

Un alto oficial de Senafront me desmintió que hubiese presencia de fuerzas especiales estadounidenses interrogando migrantes en Darién. La propia revista digital Diálogo, en una publicación del 10 de septiembre de 2019, reconoce que hubo fuerzas especiales de Estados Unidos dando capacitaciones al Senafront ese año.

Mientras todas las transformaciones de los cuerpos de seguridad panameños se han dado en los últimos 20 años sin mayor control civil, queda claro que cada vez es menos lo que los ciudadanos panameños saben de sus organismos de seguridad, y mucho menos sobre cómo controlarlos, exigir rendición de cuentas y decidir como sociedad si queremos activar un ejército. Esa debe ser una decisión panameña.

La constante presencia de altos cargos del Ejército de los Estados Unidos en Panamá, unido al fantasma de las bases militares en territorio nacional es un tema que ha cobrado vida en los últimos meses con la reestructuración del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN). ¿Qué es y qué dicen las autoridades al respecto?

En diciembre de 2020, se celebró el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre Panamá y los Estados Unidos. En este encuentro salió a relucir en un perfil muy bajo de la comunicación, la estrategia para reforzar el CROAN, que opera bajo el mando del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), en conjunto con otros estamentos de seguridad, informa TVN.

Desde ese momento, el tema llamó la atención de TVN-2.com que empezó a hacer las consultas respectivas a las autoridades y no fue hasta enero del 2021, que dieron información sobre este centro regional que cuenta con apoyo logístico y de capacitación por parte de militares norteamericanos.

En su respuesta, El Ministerio de Seguridad, destacó que el CROAN “ es un proyecto que busca aumentar las capacidades de coordinación del actual Centro de Operaciones Aeronavales, el cual funciona desde hace años”.

 El SENAN siempre ha tenido su Centro de Operaciones; sin embargo, ante la altísima demanda de respuesta a toda la clase de delitos que se comenten en las aguas de nuestros mares jurisdiccionales, es necesario que nuestro país por su posición geográfica, aumente la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos para que no sean utilizados por aquellas personas al margen de la ley”, destaca la comunicación oficial.

Sin embargo, a pesar de que, según las autoridades, el CROAN ya existía, se reveló que el mismo entrará en operaciones con nuevos equipos, organización humana y tecnología a mediados del año 2021. No se dio fecha específica.

El Proyecto del nuevo CROAN se tiene proyectado para iniciar su funcionamiento a mediados del año 2021, una vez se hayan completado las fases de adecuación de los espacios físicos y la integración de la tecnología necesaria para ejercer Comando y Control y operará 24/7 y estará liderado por el SENAN, el cual ejercerá la autoridad legal para dirigir operaciones en cumplimiento a Leyes Nacionales e Internacionales, Convenios y Tratados concernientes a aspectos marítimos y aéreos; tendrá una sección de Planeamiento Conjunto (PNP, SENAN y SNF) el cual estará encargado de recibir la información de inteligencia, evaluar, planificar y asignar los medios para cumplir las misiones encomendadas”.

¿Cuál es el papel de los Estados Unidos?

El Ministerio de Seguridad (Minseg) de Panamá, dirigido por el Comisionado del Senan, Juan Pino y el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, Stewart Tuttle, han protagonizado eventos públicos de donaciones de equipos para combate al narcotráfico y también se han hecho varias operaciones de carácter humanitario.

Para, el Minseg, “ los Estados Unidos son una contraparte crucial en toda actividad de seguridad de la región y a través de los años han colaborado considerablemente en aumentar las capacidades del sector marítimo y aéreo”.

“Para el proyecto CROAN, Estados Unidos brinda apoyo en la adquisición de equipos tecnológicos para estandarizar los medios navales, además de brindar capacitación al personal panameño por supuesto, el intercambio de información, lo cual es el factor clave para el funcionamiento de todo centro de operaciones”, respondió la máxima autoridad en materia de seguridad en Panamá.

El Jefe del Comando Sur, Craig Faller, ha estado muy al pendiente de este proyecto y lo ha visitado para conocer sus avances. Lo que demuestra la gran importancia de este centro operativo, que busca copiar a la Fuerza de Tarea Conjunta Inter agencial Sur, ubicada en Cayo Hueso, Florida.

¿Volverán las bases militares a Panamá?

La influencia del Comando Sur, que es la fuerza militar de los Estados Unidos destinada para operaciones en América del Sur, Centro América y el Caribe en territorio panameño será fuerte con la presencia del CROAN, ya que podrán realizarse operaciones conjuntas con otros países del llamado triángulo sur.

Desde Panamá, aliados de Estados Unidos, como Colombia, por ejemplo, podrán lanzar operaciones, bajo del concepto de fuerza de tarea conjunta que da el CROAN.

El modelo de las Fuerzas de Tarea Conjunta es una estrategia de presencia norteamericana en América y no es algo nuevo. Con la creación del CROAN se reafirma un modelo que ya existía en Panamá antes de la salida de las tropas norteamericanas en diciembre de 1999.

Un poco de historia sobre el tema…

En el año 1993, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton reorganizó las agencias y recursos destinados a la lucha antidrogas y para 1994, la Administración para el Control de Drogas (DEA), establece tres puntos de acción en el Continente Americano para luchar contra el narcotráfico. Estos fueron:

  • Fuerza de Tarea de Oriente (JIATF – Oriente) cuya base está presente en Key West Florida y tiene como responsabilidad el Caribe y el Atlántico
  • Fuerza de Tarea Sur (JIATF – Sur), cuya base estaba en Ciudad de Panamá y su zona de responsabilidad era el pacífico
  • Fuerza de Tarea Oeste (JIATF – Oeste), que tiene como responsabilidad la zona fronteriza con México y su base queda en California.

Sin embargo, en 1999, con el fin de la presencia militar en Panamá, atendiendo lo pactado en el tratado Torrijos – Carter (1977), el gobierno de Estados Unidos decidió unificar las fuerzas de oriente y sur y mantuvieron su base en Florida.

Con la creación del CROAN, queda la incógnita, si será la recuperación de esa influencia en el Pacífico americano.

La respuesta de Panamá

Se ha dicho que estas acciones serán solo para combatir el narcotráfico en la región, brindar ayuda humanitaria, detectar la pesca ilegal y desplegar apoyo en caso de atención por desastres naturales.

 El CROAN no contempla tener fuerzas militares en nuestro país; sin embargo, se podrán ejecutar operaciones conjuntas con los países del triángulo sur y los Estados Unidos, tal como se ha venido realizando a través de los años ya que las amenazas no son solo de país, sino que impactan a todos los países de la región, siendo Panamá uno de los más afectados por nuestra posición de tránsito obligatorio”, dijo el Ministerio de Seguridad.

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Zulay Rodríguez: “FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra…»

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, cuestionó al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dr. Enrique Lau Cortés, sobre el acuerdo con la constructora española FCC, expresando que le «enoja que piensen que nosotros somos bobos o que seguimos viviendo en la era de la Patria tonta».

«Yo no sé quién es el inteligente o qué tipo de consejeros hay que dijeron: está bien FCC, devuélvenos $1.2 millones y ya queda tu contrato rescindido, no te cobramos póliza”, señaló la diputada.

“FCC cedió el contrato de construcción de una millonaria obra hospitalaria, que primero se le adjudicó por $587.5 millones después agregó adendas y los costos subieron a $769.54 millones, había una póliza para establecer que se tenía que pagar dicha póliza en caso de incumplimientos de FCC de $33.9 millones más otra póliza de $140 millones de dólares”, explicó, según Crítica.

Rodríguez sostuvo que FCC se llevó más de $800 millones más las pólizas de garantías y no ha pasado nada, y recordó que el proyecto de la diputada Mayín Correa que castiga a funcionarios que dejen perder y abandonar obras a, fue vetado.

Dijo que por eso es que el expresidente Varela en Radio Panamá dijo que a él nadie lo investiga, porque según él todo lo ha hecho bien, al igual que sus ministros.

Aquí parece que hay pactos…¿acaso hizo pacto con Javier Caraballo? Yo no quiero pensar que aquí hay pacto con Varela, yo no quiero pensar que aquí se ríen de la corrupción y no se investiga cayendo en la impunidad que todos conocemos.

“FCC se ha reído de nosotros, se robó la plata, no terminó la obra, cedió la Ciudad Hospitalaria y encima nos devuelve la miserables de $1.2 millones que era la plata del pueblo panameño, por eso que no hay dinero en el país, porque la plata se la llevan para afuera, o se la roba y aquí no ha pasado nada”, reiteró la diputada perredista.

 

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Panamá

Fiscalía panameña imputó a doce personas por delitos de corrupción en obra de la constructora española FCC

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La Fiscalía de Panamá anunció que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas naturales y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento «luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato» del proyecto de «Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II» en la capital panameña, informó EFE.

La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por «peculado» a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de estas se les suma «corrupción de servidores públicos», incluidos los dos exfuncionarios) y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.

Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos de contra la administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.

El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).

Las investigaciones arrancaron en 2017 cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecosto del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según conformó este viernes el Ministerio Público.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.

Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).

En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.

La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.

El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.

Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una «coima del 10 %», según confesiones de los ex ejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.

La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.

Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.

Nueva fase

El proceso judicial de la trama de corrupción por el pago de coimas en el proyecto del Corredor Vía Brasil Tramo II, que involucra a la constructora española Fomento de Construcción y Contratas (FCC), entra ahora en una nueva fase.

El Ministerio Público dio a conocer, a través de un comunicado, que la Fiscalía Especial Anticorrupción remitió la vista fiscal al Órgano Judicial con la petición de llamar a juicio a una persona jurídica (FCC) y 11 personas naturales, entre ellos exfuncionarios, un individuo que todavía trabaja para el Estado y particulares. Se les acusa por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (en las modalidades de peculado), corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, informó La Prensa.

Entre los imputados figuran el exministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, y Jorge Churro Ruiz, quien era el jefe de contrataciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Otro de los implicados es el abogado Mauricio Cort, a quien se le señala por el presunto delito de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, era un enlace entre funcionarios panameños y FCC, para que a la empresa se le adjudicaran proyectos de infraestructura pública, a cambio de supuestos sobornos por el 10% del valor de la obra.

De igual manera, se solicita el llamamiento a juicio para un funcionario actual del MOP por presunto peculado.

Aunque el Ministerio Público no precisó en el comunicado los nombres de la personas para las que solicita juicio, durante las pesquisas se investigó a Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que otorgó los puntajes que sirvieron de base para adjudicar el proyecto a FCC, en 2011.

En la vista fiscal, el Ministerio Público solicita llamar a juicio a la persona jurídica FCC por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de servidores públicos.

La investigación de este caso inició el 19 de mayo de 2017, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que en el contrato entre FCC y el MOP, firmado en julio de 2011, hubo un sobreprecio de 41.7 millones de dólares o 19.3%. El precio final del proyecto, impulsado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue de $216.3 millones y el precio razonable, según la Contraloría, debió ser de $174.5 millones.

La Fiscalía Especial Anticorrupción logró tomar declaraciones a Julio Casla y Eugenio Del Barrio, excolaboradores de FCC, quienes contaron que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado abonara deudas de proyectos anteriores al periodo 2009-2014, debían “pagar una coima del 10%”.

Sin embargo, estos acuerdos de colaboración fueron anulados del expediente, mediante un fallo del 30 de enero de 2020, dictado por el Segundo Tribunal de Justicia.

La ponente del fallo fue la magistrada suplente Alina Hubiedo. De acuerdo con la sentencia, la juez de la causa en ese entonces, Nixela Aizprúa, carecía de competencia, porque antes de la declaratoria de causa compleja –el 6 de diciembre de 2019– la defensa del exministro Suárez había presentado una solicitud de acumulación con otro caso relacionado con FCC, radicado en el Juzgado Decimoquinto Penal, que ya cerró sus puertas.

Según la magistrada Hubiedo, la juez Aizprúa debió resolver primero la solicitud de acumulación de Suárez, en lugar de atender la petición de causa compleja de la fiscalía.

Fuentes ligadas el proceso explicaron que los acuerdos de colaboración con los exejecutivos de FCC se pueden concretar nuevamente, antes de la audiencia preliminar o en el mismo acto de audiencia.

FCC también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro en Panamá, obra que construyó junto a Odebrecht, y de la Ciudad Hospitalaria.

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Diputada Zulay Rodríguez: El ministro de turismo de Panamá es un completo ausente en la reactivación económica

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La diputada del PRD, Zulay Rodríguez reiteró el llamado a ponerle fecha a la citación del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen para que responda un cuestionario de 30 preguntas sobre incentivos al turismo y Copa.

El pleno de la Asamblea Nacional ya aprobó la citación de Eskildsen, el 13 de abril de 2021, informó Yorlenne Morales en el diario Crítica.

La diputada sostuvo que el ministro de Turismo ha sido una persona completamente ausente en las políticas estatales que tienen que ver con la pandemia y la reactivación económica.

Como consecuencia, señaló la diputada, sectores como los hoteles, restaurantes, centros comerciales, y establecimientos han dejado de operar y hoy los empresarios están en la quiebra, que han cerrado sus negocios, porque no tienen acceso ni a créditos blandos, mientras los banqueros y los de las financieras han tenido acceso a $2 mil millones de dólares.

“Personas como los locutores, Djs, meseros, personal de hoteles, discotecas, taxistas, artesanos, vendedores al comercio, al por menor, y demás panameños que llevan el pan a su casa, hoy en día no tiene empleo, porque el ministro de Turismo ha sido una persona que ha sido un fracasado, ciego, sordo y mudo y solo le importa los grandes acuerdos que le brindan beneficios a los poderes económicos y a sus allegados”, expresó la diputada Zulay.

 

El administrador de Turismo, deberá responder preguntas como:

¿Cuánto paga Copa en dinero al Estado panameño por el uso exclusivo del Aeropuerto Internacional de Tocumen?

¿Hay realmente libre competencia y concurrencia entre líneas aéreas nacionales o internacionales en el Aeropuerto de Tocumen?

Si hay estadísticas para saber cuánto ha dejado de percibir el Estado por todos los beneficios fiscales otorgados por la Ley 80 del 8 de diciembre del 2012, entre otras.

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