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Panamá

Antes de ser corredor de bienes raíces en Panamá, el venezolano Ángel Enrique Zambrano hizo brillar en Venezuela un faro de corrupción

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El exalcalde venezolano Ángel Enrique Zambrano se ha hecho conocer en Panamá como alguien de moralidad incuestionable, logrando convertirse en un consumado corredor de bienes raíces, con el número de acreditación PN 4860.

Pero no siempre fue así. Su pasado en Venezuela desdice de la estampa de rectitud que hoy exhibe el expolítico venezolano en Panamá.

En el año 1995 el político huyó de Venezuela, luego de haber sido, desde el año 1992, alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, localizado en la región capital venezolana, donde se vio envuelto en graves hechos de corrupción.

Posterior a su etapa de alcalde, Zambrano huyó a Estados Unidos, donde años más tarde le fue supuestamente negada la visa, impidiéndole regresar a Norteamérica.

El exalcalde permaneció en Estados Unidos hasta que prescribió su causa en Venezuela, a donde regresó y logró arreglar sus problemas legales, gracias a las relaciones de su padre, quien fue gobernador del otrora poderoso partido Acción Democrática durante la conocida como Cuarta República, históricamente previa al arribo de Hugo Chávez al poder.

Una vez resueltas sus dificultades y logrado que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cerrara su caso por motivos de prescripción, debido a los años que habían transcurrido desde que fue acusado de corrupción, el político dejó sin pagar los honorarios legales de su abogado.

Tras su regreso de Estados Unidos a Venezuela, mediante diferentes patrocinios logrados, Zambrano se dedicó a moderar un programa de radio, efectuando también algunos emprendimientos, como la creación de un hoy desaparecido pequeño semanario, denominado «El Faro del Morro«, tanto impreso como en versión online. Hoy por hoy el mismo nombre del semanario sigue siendo utilizado por algunos sitios en internet, aunque no se conoce bien si Zambrano guarda alguna relación con éstos, algo que el exalcalde tampoco ha explicado, como tampoco ha aclarado por qué no ha reclamado la utilización del nombre de su antiguo semanario con el que hoy se realizan distintas publicaciones en el ciberespacio.

Corrupción en Baruta

Si se revisa minuciosamente el pasado político del exalcalde de Baruta Ángel Enrique Zambrano, se hallaría un historial realmente sorprendente. Zambrano fue escogido como el primer alcalde de Baruta por elección directa, llegando a ocupar dicho cargo llevado en hombros por un movimiento vecinal y por el partido Acción Democrática (AD), un poco influenciado por el hecho de que su padre había sido Gobernador y Ministro durante la administración del exdirigente de AD y expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.

Zambrano había creado a su alrededor grandes expectativas, para posteriormente decepcionar a muchos que confiaron en él. La Policía Municipal de Baruta resultó envuelta en los más grandes escándalos y algunos de sus funcionarios implicados en los peores delitos, como por ejemplo tráfico y consumo de drogas. El exjefe de la institución Alfredo Sáez Conde declaró entonces a los medios que el día en que asumió el mando del organismo policial, textualmente: “los funcionarios no se podían mantener en pie en el patio, donde fueron a concentrarse, de lo dopados que estaban”.

Ángel Zambrano fue investigado por presuntamente disponer de forma irregular de los dineros municipales, dilapidándolos y derrochándolos. Fueron los concejales copeyanos los que destaparon la olla y fue Ivón Attas, quien posteriormente lo sucedió en el cargo. Zambrano huyó a Miami, donde disfrutó de cierta fortuna, hasta que ésta se le acabó y no le quedó otra opción que regresar a Venezuela, no sin antes lograr la solidaridad de un Magistrado del TSJ venezolano.

En su retorno a Venezuela, escogió como destino para radicarse la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui. Desde entonces, asesoraría allí a los alcaldes locales, llegando a considerar la posibilidad de lanzar su candidatura a algún cargo público. De esta forma el ex gobernante municipal se habría convertido en una especie de “gurú” de la opinión vecinal en Lechería.

El 3 de julio de 2011, Simón, E. Lacise, en un artículo para el sitio venezolano aporrea.org, escribió:

«Ah, una joyita de cuando visité a Puerto La Cruz y escuché una voz pesada de alguien como una seudoronquera que no pronuncia las “c”, las cambia por “d”, y oyéndole barbaridades me dijeron que era Ángel Enrique Zambrano. Lo recordé como el hombre audaz y malcriado, y en Internet encontré este análisis: “Fue escogido como el primer Alcalde de Baruta por elección directa, llegando a ocupar dicho cargo llevado en hombros por un movimiento vecinal (era como un Primero Justicia) y por el partido Acción Democrática, un poco influenciado por el hecho de que su padre, Ángel Zambrano (todos los hijos varones se llaman, Ángel Zambrano, variando sólo el segundo nombre, lo que indica un culto a la personalidad), había sido Gobernador y Ministro durante la administración de Carlos Andrés Pérez. Zambrano había creado a su alrededor grandes expectativas, para posteriormente decepcionar a muchos que confiaron en él. La Policía Municipal de Baruta resultó envuelta en los más grandes escándalos y algunos de sus funcionarios implicados en los peores delitos, como por ejemplo tráfico y consumo de drogas. Ángel Zambrano fue investigado por presuntamente disponer de forma irregular de los dineros municipales, dilapidándolos y derrochándolos. Fueron los concejales copeyanos los que destaparon la olla. Ivón Attas, lo sucedió en el cargo.

Se mencionaron permisos de construcción irregulares otorgados por él, para grandes Centros Comerciales, etc. Zambrano huyó a Miami, donde disfrutó de cierta fortuna, hasta que ésta se le acabó y no le quedó otra opción que regresar a Venezuela, no sin antes lograr la solidaridad de un Magistrado del TSJ venezolano. En su retorno a Venezuela, escogió como destino Anzoátegui. Con sus habilidades comerciales se metió en los medios de comunicación: saca una revista que es pura propagandas, su programa de radio es pura propagandas, metiche de la gastronomía en cuanta inauguración. De esta forma el ex gobernante municipal se habría convertido en una especie de “gurú” de la opinión vecinal en Lechería”.

En el año 2009, en la edición digital del diario Panamá América, apareció una fotografía en la que se podía apreciar a Zambrano disfrutando y dando cátedras de “decencia” y “conocimientos editoriales”, luego de haber estado prófugo de la justicia y haber saqueado las arcas municipales de Baruta. Posteriormente y después de haber vivido algún tiempo en los Estados Unidos, tuvo que regresar a Venezuela y negociar con el entonces magistrado Alfredo Ducharne, para que el mismo sobreseyera la causa que se seguía contra Zambrano.

El abogado venezolano Ricardo Koesling fue el encargado de defender judicialmente a Zambrano y nunca logró cobrar sus honorarios profesionales por tal defensa.

 
 
 

Semanario El Venezolano – Edición Internacional, del 04 al 18 de agosto de 2022

 
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Panamá

Empresa Galmobile implicada en irregularidades en la adquisición de vehículos potabilizadores por parte del Ministerio de Salud (Minsa) en perjuicio del Estado panameño

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Transformar agua cruda en potable podría costar millones de dólares en sobrecostos debido a que el Ministerio de Salud (Minsa) está dispuesto a pagar $4.6 millones por diez unidades móviles de segunda mano, utilizadas para purificar y desalinizar agua. Es decir, pagaría unos $460 mil por vehículo, pese a que en el mercado se adquieren entre unos $53 mil y $140 mil, según las especificaciones.

En la página web del fabricante israelí Galmobile (galmobile.co.il) se indica que el precio del vehículo es de 475 mil séquel (moneda de Israel), unos $136 mil, al cambio, informó La Prensa.

La licitación para obtener estos vehículos 4×4 se realizaría el pasado lunes 26 de septiembre, en medio de reclamos de la empresa Raditex, S.A. que advirtió de posibles irregularidades en el pliego de cargos del Minsa para supuestamente favorecer a una empresa que cuenta con el equipo requerido. Tras reclamos de Raditek para que se hicieran cambios al pliego de cargos, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el acto público en mayo pasado, hasta el 22 de agosto, cuando archivó la queja y ordenó que continuara el acto público.

El titular de la DGCP, Raphael Fuentes, consideró que el Minsa “subsanó” las situaciones advertidas y modificó el pliego de cargos, aunque nada dijo del precio de referencia, uno de los puntos del que se queja Raditex. Una revisión de La Prensa a las modificaciones del pliego revela que el Minsa pagaría casi $500 mil por vehículo usado o, por lo menos, con recorrido previo, contrario a lo solicitado al principio (ver facsímil), cuando se pedían vehículos “0 kilómetros”. Ahora indica el documento que “debe tener hasta 500 kilómetros en recorrido”.

No es el único cambio para bajar el estándar de adquisición. El costo del traslado de estos vehículos, por daño o mantenimiento, ya no será por cuenta de la empresa, sino de la entidad adquiriente. Tampoco se pedirán los manuales de mantenimiento.

Sobre la obtención de agua dulce o salada para potabilizarla, se pedía que la profundidad mínima de succión de la bomba del vehículo fuera de 6 metros, pero ahora es de 2 a 6 metros. También se bajó la producción de agua. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, se indicaba que el sistema de comunicación interna y externa del vehículo sería “responsabilidad del contratista”, pero ahora ese servicio lo tendría que pagar el Minsa.

¿Quién decidió estos cambios en detrimento del Estado? El director del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado (Disapas) del Minsa, Nicolás Alvarado, se negó a responder a La Prensa. Tampoco contestó ¿cómo se obtuvo el precio de referencia de $4.6 millones? O ¿Qué institución o empresa realizó el estudio de mercado?

En violación a la Ley de Transparencia, Alvarado ignoró una solicitud de información, pese a haber informado –vía telefónica– que respondería el pasado 9 septiembre.

El artículo 21 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas indica que la DGCP podrá solicitar –cuando lo considere oportuno– el estudio de mercado y las explicaciones que sirvieron para establecer el precio de referencia en el acto de selección de contratista. Si la entidad no puede sustentar el precio de referencia, la DGCP puede suspender el acto antes de la apertura de las propuestas.

Al acto de homologación del acto público para adquirir estos vehículos se presentaron diez empresas. Entre ellas, una identificada solo como Galmobile. En el Registro Público aparecen dos sociedades con nombres similares: Galmobile América, S.A. y Galmobile, S.A. El Minsa no corroboró a La Prensa cuál es la que fue al acto público. La empresa identificada como Galmobile –a secas– se presentó a la reunión de homologación representada por Gipsy Díaz, según el acta de reunión del Minsa.

Según la red Linkedin, Díaz fue gerente de proyectos senior en la empresa Fursys, desde marzo de 2020 (esta compañía está vinculada al empresario Mike Btesh). En el correo que aportó Díaz, se identifica al Grupo Betco. Esta sociedad –Grupo Betco Zona Libre– fue inscrita en 1994 y tiene como suscriptores a miembros de la familia Btesh y Cohen Mugrabi. La Prensa envió correos a Díaz solicitando una entrevista, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Desde el 26 de julio pasado aparecen como directivos de Grupo Betco: Raymond Nahem (tesorero), Aldo Lancini (presidente) y Joann Orozco (secretaria). Estos dos últimos también aparecen en Galmobile, S.A.

A su vez, el 3 de enero de 2020 se constituyó la sociedad Galmobile América, S.A., cuyos dignatarios son Salomón Elías Btesh (presidente); Salomón Jack Btesh (vicepresidente y secretario) y Mike Btesh (tesorero). Este último aparece en una lista publicada por el Ministerio Público en 2021, acusado de blanqueo de capitales en el caso New Business.

Un año después fue inscrita Galmobile S.A., que tiene como directivos a Aldo Lancini (presidente y tesorero) y a Joann Orozco (secretaria).

El Minsa informó en agosto de 2021 que Galmobile, S.A. utilizó carros con el sistema de purificación y desalinización de agua cruda “exitosamente” en Cerro Punta y Bocas del Toro, zonas afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre de 2020.

También en la página web galmobileamerica.com se observa que la empresa confirmó meses antes –el 21 de enero de 2021–, a través de una nota de prensa, que ofreció su ayuda al Minsa –y “sin costo”– con sus vehículos para obtener agua potable durante siete días en Chiriquí, luego de que comunidades de Tierras Altas se quedaran sin suministro de agua.

En la misma nota de prensa –publicada pocos días después de que se inscribiera en el Registro Público esta sociedad–, Galmobile América, en compañía del entonces embajador de Israel en Panamá, Reda Mansour, y autoridades del Minsa, probaron el agua potabilizada por estos vehículos en la rampa marina de la Cinta Costera 3.

En agosto de 2021, el Minsa informó que Galmobile, S.A., junto a funcionarios de Disapas, “realizaron trabajos de reconocimiento y levantamiento de un sistema de acueducto rural” en Mocambo Arriba, Las Cumbres.

También a la prueba se presentó el nuevo embajador israelí en Panamá, Itai Bardov. En esa nota de prensa del Minsa se indica que los trabajos representan el “inicio de un plan piloto de producción de agua potable, mediante avanzada tecnología israelí”.

Sin identificar cuál de las dos empresas es, Galmobile –a secas– aparece como una de las diez compañías interesadas en vender al Minsa los vehículos potabilizadores.

En mayo de 2022, Galmobile, S.A. ingresó al país tres vehículos de purificación y desalinización de agua, a un costo de $53,123 cada uno, según registros de la Autoridad de Aduanas.

Previamente, la empresa trajo dos de estos carros modelo four wheel. El primero, el 21 de abril, y el segundo, el 29 de julio de 2021. El costo de cada uno fue de $76,500.

En el caso de Galmobile América, S.A., La Prensa no pudo corroborar la importación de este tipo de vehículos en los registros de la Dirección de Aduanas.

La empresa Raditex Inc. –la única que se quejó ante Contrataciones Públicas– denunció, además de irregularidades en el pliego de cargos, que el precio de los vehículos era “excesivo, y no concordante con la realidad”, ya que “el propio fabricante israelí [Galmobile] anuncia el servicio completo en cada carro en $125 mil”.

El precio de los carros “resulta injustificable y excesivo, incluso incluyendo el mantenimiento por 5 años como exige el pliego de cargos”, puntualizó Raditex en su reclamo.

 
 
 

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Panamá

Defensa de Elías Cárdenas Jordán intentó politizar acusaciones contra representante de Pedregal en juicio por homicidio

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Elías Cárdenas Jordán

Víctor Almengor, abogado de Elías Cárdenas Jordán, representante de Pedregal, intentó deslindar de responsabilidad a su cliente, en torno a las amenazas que han recibido familiares de Rigoberto Ceberino Santiago Choli, a quien Cárdenas, estando en estado de ebriedad, dio muerte, tras atropellarlo con su camioneta 4×4 el 29 de septiembre de 2019.

En una audiencia del caso, el abogado Almengor intentó desviar la atención sobre las denuncias presentadas por el fiscal del caso ante la juez, después que el fiscal se quejara de las amenazas recibidas por familiares de Santiago Choli. Para ello Almengor trató de politizar el tema, asegurando que las denuncias elevadas por familiares de la víctima a distintas instancias, eran promovidas por una diputada, que aunque no mencionó su nombre, se presume se trata de Cenobia Vargas, parlamentaria por el Circuito 8-10.

Según Almengor, las motivaciones de la diputada para promover las acciones de los familiares de Santiago Choli, se an fundamentado en aspiraciones políticas a la Representación de Pedregal. Pero el abogado fue más allá, en su intento por desviar la atención sobre la responsabilidad de su cliente en el homicidio, culpando al fiscal de no haber hecho su trabajo correctamente, al no haber investigado en mayor profundidad las amenazas recibidas por los familiares del hoy occiso.

 

Documentos revelan el amplio historial de violaciones a las normas de tránsito del representante Elías Cárdenas Jordán y sus presiones y tramas para ser exculpado por el arrollamiento de Rigoberto Santiago Choly

 
 
 

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Panamá

Critican aumento del gasto del Gobierno panameño en temas menos prioritarios, mientras se advierte sobre el posible incremento en el precio de los tanques de gas de Tropigas en casi un 400% por falta de subsidio

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La compañía Tropigas emitió recientemente un comunicado en el que indicó que por falta de pago del Gobierno nacional de Panamá, el precio del tanque de gas de 25 libras, que en la actualidad se encuentra subsidiado en $4,37, pudiera incrementar su precio a $16,63.

Adicionalmente, la compañía señaló que pudiera haber problema en la distribución de los tanques de gas de 25 libras en todo el territorio panameño.

En un video, el TikToker Gilberto Romero se preguntó por qué motivo el Gobierno de Panamá mantiene una deuda con Tropigas. Comentó que el gasto público del Gobierno se incrementó en $4.5 millones diarios, situación que se traduce en que la deuda pública del país ha aumentado el doble, desde poco antes el ascenso al poder del hoy presidente Laurentino Cortizo. Romero estimó que a ese paso, cuando culmine el Gobierno de Cortizo, en 2024, la deuda pública panameña pudiera ascender a cuatro veces, desde que el hoy jefe de Estado se posesionó del cargo.

El TikToker criticó que el Gobierno no destine suficientes fondos en ayudar al pueblo y en sacar la economía adelante, pues según Romero, el dinero está siendo utilizado para dárselo a asesores, para aumentarle el salario a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, para aumentar el presupuesto de la misma universidad, para los dobles salarios, para gastar en viajes y para que ese dinero vaya al bolsillo de los políticos actuales.

 
 
 

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En Panamá Dos Cucharas es tu destino...

"Laboratorio Fútbol” ofrecerá a los fanáticos una nueva manera de vivir el deporte rey

Envían de vacaciones a los fiscales Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas tras denuncia de exministra por simulación de hecho punible y otros delitos

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