Un amparo de garantías presentado por un grupo de venezolanos contra el aumento del costo del carné migratorio en Panamá, incremento que lo equipara a los poco más de los 1000 dólares cobrados a los demás extranjeros, es a juicio de expertos legales, un recurso improcedente y una estrategia legal mal planteada.

El amparo busca descarrilar el acto administrativo que aumenta el costo de los permisos de residencia permanente, pero no se trata de una decisión administrativa que reposa en un decreto o ley.

Un artículo que le brindaba beneficios a los venezolanos fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, decisión aplaudida por la diputada Zulay Rodríguez, dejando como única alternativa a Migración, incluir a los venezolanos en otra categoría migratoria donde el precio del trámite es superior a los 1.000 dólares.

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Ante tal situación queda claro que el recurso de amparo no tendría sustento, pues según expertos legales, no hay nada sobre que ampararse, toda vez que los fallos de la CSJ son inapelables y son también de estricto cumplimiento.

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