La fiscalía anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 50 personas por presunto blanqueo de capitales relacionado con el caso Odebrecht en Panamá.

La fiscalía anticorrupción de Panamá argumenta su acusación a la entrega de sobornos por más de 100 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para la concesión y pago de obras en el país centroamericano.

También pidió juicio para una persona jurídica o institución y el sobreseimiento para otras 29 personas, al remitir finalmente el voluminoso expediente de la investigación iniciada hace más de cuatro años a las instancias judiciales.

Según un comunicado del Ministerio Público en la investigación se pudo establecer que la caja no contabilizada de Odebrecht con su compleja estructura, usó la banca nacional e internacional en Panamá para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares.

El dinero transferido que asciende a 100 millones de dólares, “impactaban directamente en la concesión y pago de obras que desarrollaba el conglomerado en nuestro país”, reza el comunicado publicado el lunes, según información de AP.

La fiscalía anticorrupción señaló que para ello los imputados utilizaron sociedades anónimas panameñas y extranjeras, testaferros o interpuestas personas, seguros, contratos ficticios y financiamiento de campañas políticas.

El comunicado del Ministerio Público no da nombres de los llamados a juicio, y algunos críticos exigieron que se revelaran las identidades de los imputados.

El Ministerio Público señaló que a lo largo de la investigación sobre el caso Odebrecht en Panamá se recuperó para el Estado 49,5 millones de dólares, de los cuales 37,8 millones corresponden a los adelantos efectuados por Odebrecht como parte de una multa acordada por 220 millones.

Agregó que otros 36,6 millones fueron aprehendidos y que incluyen bienes y dineros de los imputados.

Indicó que durante el curso de la investigación también se celebraron ocho acuerdos de colaboración eficaz y 11 acuerdos de pena con sentencia condenatoria.

Odebrecht admitió a finales de diciembre del 2016 haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para acceder a más de un centenar de obras multimillonarias, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el caso de Panamá, la gigante brasileña pagó sobornos por más de 100 millones incluido el periodo de 2009-2014 en que gobernó Ricardo Martinelli, según las investigaciones.

También habría realizado aportes a campañas electorales, como al partido del entonces candidato a vicepresidente Juan Carlos Varela en los comicios de 2009, por lo cual el exmandatario (2014-2019) está enfrentando actualmente un proceso.

Dos hijos del expresidente Martinelli fueron implicados en el caso Odebrecht, aunque ellos rechazan los señalamientos.

Odebrecht, que llegó al país durante el gobierno Martín Torrijos (2004-2009).

La empresa se convirtió en la mayor contratista del Estado y formó parte del consorcio que construyó las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, puestas en funcionamiento al final de la administración de Martinelli (2014) y de Varela (2019), respectivamente.

David y Goliat en el canal de Panamá

Por Rafael Fraguas
El País

De los numerosos géneros del periodismo, el que más se aproxima a la literatura es, sin duda, el de la crónica. Así lo demuestra su base narrativa que, unida a su despliegue descriptivo, redondea con colores, olores y sabores aquello que secuencialmente relata, ceñida a una actualidad apremiante o pretérita, pero nunca distante. La mirada que la crónica proyecta sobre los hechos incorpora un dinamismo propio que, en manos de los maestros, genera una sensación de totalidad que traslada de un tirón a quien la lee hasta el origen mismo de los hechos tratados. Ningún otro género periodístico procura tal vitalidad.

El cronista es, en este caso, Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, periodista asturiano cuya veteranía, adquirida en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, se cinceló durante cinco décadas también sobre tierras centroamericanas: allí fue destinado como redactor y delegado luego de la agencia española de noticias EFE, una de las diez grandes agencias informativas mundiales. Sobre el terreno, Zoilo Gutiérrez acuñó una experiencia irrepetible que, ahora, ofrece al lector en un libro de los que imprimen carácter: Las guerras del general Omar Torrijos, que lleva por subtítulo La reconquista del Canal de Panamá.

Dictador nacional-progresista panameño “convicto, confeso y converso”, como a sí mismo se reconocía, Torrijos descendía del general y político liberal español fusilado en 1831 en la playa de Málaga por la reacción absolutista de Fernando VII.E l futuro líder panameño había nacido en Santiago de Veraguas, agro de Panamá, en febrero de 1929, octavo de una familia con 12 hijos, compuesta por los maestros José María Torrijos y Joaquina Herrera. Infancia y adolescencia entre estrecheces, Omar, accede a una beca para la Guardia Nacional. Asciende velozmente. Casa con Raquel Pauzner, con la que tuvo dos hijos y una hija. La represión dirigida por él contra una manifestación estudiantil le deja una honda huella. Transformará la Guardia Nacional de represora en fuerza pacificadora. A finales de los años 60, ya como líder de su país, será mentor, autor y campeón de una de las mayores gestas políticas –con armas diplomáticas- de la historia contemporánea del hemisferio americano: la de recobrar para su país el canal transoceánico de Panamá, en manos estadounidenses desde 1904.

Puede leer el texto completo en El País

Por Guillermo A. Cochez

En una de las dos reuniones que sostuve con Eduardo Ulloa como Procurador, así como en los mensajes de WhatsApp que intercambié con él, planteé mi preocupación sobre el por qué los fiscales rehuían a investigar los VarelaLeaks que, por su explosivo contenido, hasta ocasionaron la renuncia de su antecesora en el puesto.

El argumento de los fiscales era que tales mensajes, que Juan Carlos Varela nunca negó eran suyos, hecho públicos quizá por alguien muy cercano a él, no podían constituir pruebas al ser publicados sin su autorización. Ni siquiera los consideraron como graves indicios, válidos para dar inicio a una investigación por los graves delitos que algunos de ellos mostraban. Archivaron las denuncias que presenté que comprobaban el modus operandi de Varela para ayudar a sus amigos, facilitándole lo necesario para sus negocios. No puedo imaginarme que esos constantes empujoncitos fueran a título gratuito.

Mis denuncias contra Varela sobre el establecimiento de relaciones con China Popular, fueron varias. La primera cuando supe que Panamá otorgaría a los chinos una valiosa área de cuatro hectáreas en Amador, en las riberas del Canal para que allí construyeran su sede diplomática. El 10 de septiembre de 2018 hice público en las redes video filmado en el Causeway en el lugar que graciosamente les darían, denunciando el injustificable hecho. Lo primero que verían los barcos al llegar al Canal sería ondeando la roja bandera de China.

Al preguntarle los medios a Varela sobre mi concreta denuncia, se enredó de tal manera que sus declaraciones fueron calificadas como un perfecto “mafá”. Desistieron de la idea, por la presión ciudadana que generó la denuncia, y tuvieron que echar para atrás los documentos del traspaso que ya tenían listos.

Igual ocurrió cuando tuitee el 26 de noviembre de 2019 que, de acuerdo a otro mensaje en VarelaLeaks, el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, le recordaba a Varela sobre los 1,000 millones de yuanes ($143 millones) que China había “donado” a Panamá para supuestos proyectos educativos. En el actual gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, reiteró que ningún monto así había sido registrado entrando a Tesoro Nacional. Esa grave denuncia tampoco encontró resonancia alguna en las Procuradurías de Kenia Porcell y Ulloa. Por supuesto que los chinos dijeron que esa noticia era falsa, pero: ¿Qué más iban a decir, los “expertos” en transparencia y en secretos de Estado? Ni siquiera llamaron a declarar a Barakat.

De repente por esos estrechos acercamientos con China que incluían detalles como la posibilidad de vender allá los productos de la familia Varela (Varelaleaks), es que despojaron de su visa a Estados Unidos al expresidente, tal como tuitee el 28 de marzo pasado, hecho no negado ni confirmado después por el representante norteamericano en Panamá Stuart Tuttle.

Pareciera que la tónica de los investigadores locales ha sido ignorar los hechos de corrupción cuando vinculan a un poderoso. A pesar de que durante el reinado de Porcell, en una de sus presentaciones públicas se mencionó como recipiente de coimas de más de $4 millones al gobierno de Martín Torrijos por la Cinta Costera 1 (Coimera, como le decían) y la ampliación de la Autopista a Colón, nunca lo llamaron a declarar. La denuncia que al respecto presenté fue archivada.

En los 12 meses que Ulloa estuvo al frente del Ministerio Público no se supo de interrogatorio alguno a la exprocuradora Porcell por lo que hizo durante su gestión, como tener como asistentes en fiscalías sensitivas a altos mandos de la Policía Nacional, algo vergonzoso nunca visto ni siquiera en los tiempos de los militares. Tampoco se supo de investigación alguna a la llamada Procuraduría paralela que dirigía el abogado Rogelio Saltarín (qepd). Se mantuvo el permanente comentario de que los cargos importantes en el despacho de Ulloa seguían respondiendo a las directrices de Porcell y, por ello, de su “amigo” Varela.

La justicia en Panamá debe ser igual para todos llámese Torrijos, Martinelli, Varela, Motta, Cortizo o Carrizo. Mientras ello no ocurra, será ilusorio pensar que los problemas del país se resolverán en diálogos sin garras y sin agallas. También es ilusorio pensar que al país vendrán muchas inversiones cuando carecemos de seguridad jurídica y de certeza del castigo. Lo que puede no ser ilusorio es que la sociedad, por el cansancio de tantas promesas incumplidas y la indolencia de los gobernantes, explote el día menos pensado.