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Panamá

Abogado Justino González denunció muerte de capitán del Servicio de Protección Institucional debido a negligencia y advirtió de medidas intimidatorias del SPI

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El abogado Justino González denunció que el traslado «arbitrario» e «ilegal» de 36 unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) causó la muerte por «negligencia» de un capitán de la institución por covid-19.

González, a nombre de la viuda del capitán y de los agentes del SPI trasladados, dijo que en la acción hubo «arbitrariedades, persecución, desviación de poder y posibles conductas penales».

Acusa de esta acción al director del SPI, Julio César Garrido, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García.

El viceministro García, según González, dio el visto bueno el pasado 27 de mayo de 2020 para que se trasladaran a unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional, informó Panamá América.

Agregó que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro García.

Como consecuencia de esa acción «ilegal», denunció el jurista, falleció de covid-19 el capitán Miguel Elías Quintero, quien fue trasladado a la Policía Nacional en agosto de 2019.

Sostiene que el capitán estaba próximo a jubilarse en mayo próximo.

Su viuda, Elizabeth Navarro de Quintero, afirmó que fue un acto negligente y de persecución y sostuvo que la mortalidad en el SPI es del 0%, a diferencia de los casos de fallecimientos registrados en las filas de la Policía Nacional.

La viuda, a través de su abogado, reveló que ni el SPI, ni la Policía Nacional, pagaron el sepelio alegando que su esposo no pertenecía a ninguna de las dos instituciones.

González reiteró que los oficiales clases y tropas fueron trasladados ilegalmente y que en la actualidad se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos como agentes del SPI ni de la Policía Nacional.

Aseguró que ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la Fuerza Pública.

El abogado González sentenció que acreditará en los diversos procesos legales la desviación de poder con apariencia de legalidad y las «conductas dolosas» con el fin de perseguir a los enemigos de la cúpula del SPI.

SPI niega acusaciones

El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrito al Ministerio de la Presidencia calificó de falsas las acusaciones hechas por el abogado Justino González, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, en la cual, asegura la entidad, ha expresado señalamientos con calificativos que rayan en lo calumnioso e injurioso.

En un comunicado emitido por el SPI, a través del Ministerio de la Presidencia se señala que estos señalamientos «calumniosos e injuriosos», de Gonz´ález se dan al este afirmar que el señor Director General del SPI, el Comisionado Julio César Jean Louis, ha ejecutado actos con “Desviación de Poder”, al emitir el traslado de treinta y seis (36) unidades a la Policía Nacional, con el visto bueno del señor Vice Ministro Carlos García Molino, sin contar éste con facultad para ello.

Esta afirmación asegura la entidad, constituye una «total infamia», toda vez que mediante Resolución No. 171 de 16 de septiembre de 2019, el señor Presidente de la República, delega en el señor Viceministro y al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de todos los actos administrativos de personal y de apoyo socioeconómicos del Servicio de Protección Institucional, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

Otro precepto legal, según el SPI, y que según plantean echa por tierra, las afirmaciones del abogado González, lo constituye el Decreto Ejecutivo No. 172 de 10 de junio de 2019, en la Sección 5ta., específicamente en el artículo 93, el cual, establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del Servicio de Protección Institucional a otra institución de seguridad pública, por solicitud de directores de turnos en el ejercicio del cargo, manteniendo el mismo rango o su equivalente, con todos los derechos establecidos por ley.

La institución negó la afirmación hecha por el abogado González que, dentro de los trasladados, se encontraba el Capitán Miguel Elías Quintero, quien falleciera de covid-19 y que tanto, ni el Servicio de Protección Institucional, ni la Policía Nacional pagaron el sepelio de la mencionada unidad.

Frente a estos señalamientos el SPI indicó que, a través de la entidad, se le tramitó el pago del seguro de vida por la suma de $35,000.00, hecho a los familiares (esposa, madre e hijos) del Capitán Quintero (q.e.p.d.). Este monto, detalla el ente, incluía el pago de los servicios funerarios correspondientes.

«Inclusive su temeridad va más allá de la sana crítica y la lógica común, al imputarle por negligencia, la responsabilidad del fallecimiento de dicha unidad, al Director General del SPI y al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia», advierte el organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.

«Igual falacia, es lo señalado por el precitado abogado, consistente en que las unidades trasladadas, se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos, ni como agentes del SPI, ni de la Policía Nacional!.

Estos afirma el SPI, constituye una «afirmación temeraria», ya que asegura el organismo policial que, todas las unidades trasladadas a la Policía Nacional, o viceversa al SPI, se mantienen con todos sus derechos adquiridos, salario, sobre sueldos, rango, ascensos y jubilaciones que han sido mantenidos y respetados hasta la fecha.

Plantea además el SPI que las afirmaciones efectuadas por el abogado Justino González, constituyen afirmaciones que contienen presuntos «calificativos calumniosos e injuriosos» al imputarle actuaciones punibles en grado de negligencia y la ejecución de actos abusivos revestidos de ilegalidad, tanto al Director General del SPI, como al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia.

«Esto devenga una conducta totalmente contraria a derecho y a lo establecido en la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, que regula el Ejercicio Profesional de la Abogacía», concluyó este organismo de seguridad del Estado.

González: «No desistiremos de nuestras acciones legales».

Frente a lo planteado por el SPI, el abogado González sostuvo que el comunicado emitido por esta entidad, lejos de hacer aclaraciones «se constituye en un acto para meternos terror y miedo, a fin de que desistamos de las acciones legales en favor de oficiales, clases y tropas que han denunciado en esa entidad arbitrariedades, desviación de poder y traslados ilegales».

Asegura además que en el comunicado se hace mención de una resolución en la que se faculta al viceministro de la Presidencia a hacer los traslados. «Dicen que fue firmada por el Presidente… la gran mentira, fue firmada por el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo», afirmó.

Explicó que para que haya un traslado de las unidades del SPI debe haber un acto administrativo que contenga el traspaso de las partidas del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad, para que mantengan su salario y sus derechos adquiridos. «Esto no se dio, por lo tanto los traslados son ilegales», aseguró.

«Este comunicado sencillamente es una proclama amenazante. El lunes interpondremos las acciones penales y contenciosas; ojalá no haya más proclamas amenazantes y menos contra abogados, jueces y magistrados, como en los tiempos de la dictadura militar», precisó González.

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Panamá

Gracias a presunta treta política el representante Elías Cárdenas logró que su condena por el arrollamiento de Rigoberto Santiago fuera postergada hasta 2024

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Decepcionados de la justicia se encuentran los familiares de Rigoberto Ceberiano Santiago Choli, quien murió atropellado el 29 de septiempre de 2019 en la vía principal de Pacora, embestido por un auto conducido por el representante de Pedregal, Elías Cárdenas.

Elías enfrentó audiencia intermedia el pasado 20 de octubre, donde el juez de garantías, decidió cambiar la fecha de audiencia de juicio oral para el 17 de abril de 2024, un mes antes de las elecciones.

Adimael Franco Cortés, abogado querellante, dijo que las causas para resolver los casos por lo general se establecen por un período de seis meses y en casos complejos a dos años, pero que en este suceso hay algo’raro’.

‘En el código procesal hay normas que establecen un tiempo razonable y así no se recibe justicia, el tema de una investigación es de 6 meses’, dijo el jurista.

Se preguntó por qué los familiares de Rigoberto ahora tienen que esperar tres años para recibir justicia, después que se investigó todo el caso.

‘Hay algo raro detrás de todo esto’, dijo el abogado.

Añadió que los parientes del joven atropellado lo que piden es justicia y que no se dilate tanto el juicio oral donde se debe determinar si Cárdenas es inocente o culpable. Según él, la excusa que dieron en los tribunales es que la agenda está muy saturada.

‘El código penal habla de justicia en tiempo razonable y para mí es una violación a ese proceso’, dijo el jurista.

El abogado dijo que Cárdenas tiene medida cautelar de firmar, prohibición de salida del país y acercarse a los familiares de la víctima.

En las audiencias se han presentado todas las pruebas contundentes, 14 testigos, 8 peritos, 8 informes judiciales.

‘Para qué dilatar tanto ese juicio’, se preguntó Cortés.

El atropello ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2019 cuando Rigoberto, tras salir de su trabajo, se dirigía a su casa cuando fue atropellado por un auto Fortuner oscuro, cuyo conductor se dio a la fuga. Al día siguiente el vehículo fue ubicado abandonado en un solar en Las Mañanitas y resultó ser de la Junta Comunal de Pedregal.

 

Apoyo gubernamental

En las redes sociales algunos ciudadanos han asegurado que Cárdenas ha recibido apoyo de funcionarios del Gobierno panameño para prorrogar la fecha en la que será dictada su condena. Asimismo se ha afirmado que a escasas horas de la audiencia más reciente el representante había realizado una visita a la sede de la Presidencia de Panamá, luego de lo cual repentinamente fue cambiado el juez del caso, postergándose la sentencia, por decisión del nuevo juez, hasta 2024.

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Panamá

Las fortunas de algunos políticos que han prosperado en los últimos años más que Panamá

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En las redes sociales se viraliza una grabación, que se presume data de algunos meses o quizás años atrás, pues se cita el nombre de al menos una persona ya fallecida, en la que son enumeradas las supuestas fortunas de varios políticos, funcionarios, exfuncionarios públicos y empresarios panameños:

En la lista figuran, en este orden:

1- Nicolás González Revilla: 1900 millones $

2- Ernesto Pérez Balladares (expresidente de Panamá): 950 millones $

3- Emanuel González-Revilla: 870 millones $

4-Martín Torrijos Espino (expresidente de Panamá): 743 millones $

5- Haralambos Tzanetatos: 1200 millones $

6- Arturo Melo (fallecido en 2020): 670 millones $

7- Samuel Lewis (exvicepresidente de Panamá): 520 millones $

8- Alfredo Alemán: 480 millones $

9- Laurentino Cortizo (presidente de Panamá): 137 millones $

10- Benicio Robinson (diputado): 110 millones $

En la grabación se acota que Martín Torrijos Espino, cuándo llegó a la presidencia de Panamá en 2004, no contaba ni siquiera con medio millón de dólares, como lo declaró en aquel entonces. y solo poseía dos barquitos de pesca. Asimismo se recuerda que Benicio Robinson tiene más de tres décadas siendo reelecto como diputado desde que llegó por primera vez a la Asamblea Nacional de Panamá, sin que su provincia, Bocas del Toro, haya logrado prosperar gracias a su gestión.

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Panamá

El techo raso de los camerinos de un estadio que está como el deporte en Panamá

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A través de las redes sociales se han difundido fotografías del mal estado del área de camerinos, que algunos internautas aseguran pertenece al estadio Armando Dely Valdés en Colón. No obstante, otros han señalado que correspondería al estadio Rommel Fernández en la ciudad de Panamá.

En las fotografías se aprecia el grave deterioro de un techo raso que estaría prácticamente a punto de caerse.

Hasta el momento ninguna autoridad de Pandeportes se ha pronunciado acerca del tema.

 

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