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Panamá

Abogado Justino González denunció muerte de capitán del Servicio de Protección Institucional debido a negligencia y advirtió de medidas intimidatorias del SPI

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El abogado Justino González denunció que el traslado «arbitrario» e «ilegal» de 36 unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) causó la muerte por «negligencia» de un capitán de la institución por covid-19.

González, a nombre de la viuda del capitán y de los agentes del SPI trasladados, dijo que en la acción hubo «arbitrariedades, persecución, desviación de poder y posibles conductas penales».

Acusa de esta acción al director del SPI, Julio César Garrido, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García.

El viceministro García, según González, dio el visto bueno el pasado 27 de mayo de 2020 para que se trasladaran a unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional, informó Panamá América.

Agregó que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro García.

Como consecuencia de esa acción «ilegal», denunció el jurista, falleció de covid-19 el capitán Miguel Elías Quintero, quien fue trasladado a la Policía Nacional en agosto de 2019.

Sostiene que el capitán estaba próximo a jubilarse en mayo próximo.

Su viuda, Elizabeth Navarro de Quintero, afirmó que fue un acto negligente y de persecución y sostuvo que la mortalidad en el SPI es del 0%, a diferencia de los casos de fallecimientos registrados en las filas de la Policía Nacional.

La viuda, a través de su abogado, reveló que ni el SPI, ni la Policía Nacional, pagaron el sepelio alegando que su esposo no pertenecía a ninguna de las dos instituciones.

González reiteró que los oficiales clases y tropas fueron trasladados ilegalmente y que en la actualidad se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos como agentes del SPI ni de la Policía Nacional.

Aseguró que ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la Fuerza Pública.

El abogado González sentenció que acreditará en los diversos procesos legales la desviación de poder con apariencia de legalidad y las «conductas dolosas» con el fin de perseguir a los enemigos de la cúpula del SPI.

SPI niega acusaciones

El Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrito al Ministerio de la Presidencia calificó de falsas las acusaciones hechas por el abogado Justino González, en los medios de comunicación social y en las redes sociales, en la cual, asegura la entidad, ha expresado señalamientos con calificativos que rayan en lo calumnioso e injurioso.

En un comunicado emitido por el SPI, a través del Ministerio de la Presidencia se señala que estos señalamientos «calumniosos e injuriosos», de Gonz´ález se dan al este afirmar que el señor Director General del SPI, el Comisionado Julio César Jean Louis, ha ejecutado actos con “Desviación de Poder”, al emitir el traslado de treinta y seis (36) unidades a la Policía Nacional, con el visto bueno del señor Vice Ministro Carlos García Molino, sin contar éste con facultad para ello.

Esta afirmación asegura la entidad, constituye una «total infamia», toda vez que mediante Resolución No. 171 de 16 de septiembre de 2019, el señor Presidente de la República, delega en el señor Viceministro y al Director Administrativo del Ministerio de la Presidencia, la firma de todos los actos administrativos de personal y de apoyo socioeconómicos del Servicio de Protección Institucional, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

Otro precepto legal, según el SPI, y que según plantean echa por tierra, las afirmaciones del abogado González, lo constituye el Decreto Ejecutivo No. 172 de 10 de junio de 2019, en la Sección 5ta., específicamente en el artículo 93, el cual, establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del Servicio de Protección Institucional a otra institución de seguridad pública, por solicitud de directores de turnos en el ejercicio del cargo, manteniendo el mismo rango o su equivalente, con todos los derechos establecidos por ley.

La institución negó la afirmación hecha por el abogado González que, dentro de los trasladados, se encontraba el Capitán Miguel Elías Quintero, quien falleciera de covid-19 y que tanto, ni el Servicio de Protección Institucional, ni la Policía Nacional pagaron el sepelio de la mencionada unidad.

Frente a estos señalamientos el SPI indicó que, a través de la entidad, se le tramitó el pago del seguro de vida por la suma de $35,000.00, hecho a los familiares (esposa, madre e hijos) del Capitán Quintero (q.e.p.d.). Este monto, detalla el ente, incluía el pago de los servicios funerarios correspondientes.

«Inclusive su temeridad va más allá de la sana crítica y la lógica común, al imputarle por negligencia, la responsabilidad del fallecimiento de dicha unidad, al Director General del SPI y al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia», advierte el organismo adscrito al Ministerio de la Presidencia.

«Igual falacia, es lo señalado por el precitado abogado, consistente en que las unidades trasladadas, se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos, ni como agentes del SPI, ni de la Policía Nacional!.

Estos afirma el SPI, constituye una «afirmación temeraria», ya que asegura el organismo policial que, todas las unidades trasladadas a la Policía Nacional, o viceversa al SPI, se mantienen con todos sus derechos adquiridos, salario, sobre sueldos, rango, ascensos y jubilaciones que han sido mantenidos y respetados hasta la fecha.

Plantea además el SPI que las afirmaciones efectuadas por el abogado Justino González, constituyen afirmaciones que contienen presuntos «calificativos calumniosos e injuriosos» al imputarle actuaciones punibles en grado de negligencia y la ejecución de actos abusivos revestidos de ilegalidad, tanto al Director General del SPI, como al señor Vice Ministro del Ministerio de la Presidencia.

«Esto devenga una conducta totalmente contraria a derecho y a lo establecido en la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley No. 8 de 16 de abril de 1993, que regula el Ejercicio Profesional de la Abogacía», concluyó este organismo de seguridad del Estado.

González: «No desistiremos de nuestras acciones legales».

Frente a lo planteado por el SPI, el abogado González sostuvo que el comunicado emitido por esta entidad, lejos de hacer aclaraciones «se constituye en un acto para meternos terror y miedo, a fin de que desistamos de las acciones legales en favor de oficiales, clases y tropas que han denunciado en esa entidad arbitrariedades, desviación de poder y traslados ilegales».

Asegura además que en el comunicado se hace mención de una resolución en la que se faculta al viceministro de la Presidencia a hacer los traslados. «Dicen que fue firmada por el Presidente… la gran mentira, fue firmada por el ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo», afirmó.

Explicó que para que haya un traslado de las unidades del SPI debe haber un acto administrativo que contenga el traspaso de las partidas del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad, para que mantengan su salario y sus derechos adquiridos. «Esto no se dio, por lo tanto los traslados son ilegales», aseguró.

«Este comunicado sencillamente es una proclama amenazante. El lunes interpondremos las acciones penales y contenciosas; ojalá no haya más proclamas amenazantes y menos contra abogados, jueces y magistrados, como en los tiempos de la dictadura militar», precisó González.

 

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Panamá

El desplante del representante de CUCO al presidente Laurentino Cortizo al negarse a firmar documento en los términos propuestos por el Gobierno panameño para poner fin a la huelga en Colón

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La dirigencia de la Coalición por Unidad de Colón (CUCO) no firmó un documento para poner fin a la huelga general en la provincia.

CUCO se reunió con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la sede de la presidencia de la República.

La agrupación reclama que se ejecuten proyectos para priorizar empleos.

El Ejecutivo firmó un acuerdo con los gremios docentes para poner fin a la huelga.

Durante la reunión en el Palacio Presidencial, la Comisión del Gobierno Nacional, liderada por el mandatario Cortizo Cohen, informó a los dirigentes de Colón que se lleva a cabo un Plan de Capacitación para el Empleo, donde más de 1,700 han presentado solicitudes para recibir adiestramiento con el propósito de obtener una plaza de trabajo, informó Ismael Gordón Guerrel en La Estrella de Panamá.

El presidente Cortizo Cohen reiteró que hay más de 25 proyectos en ejecución en Colón, cuya inversión supera los $900 millones.

Edgardo Voitier, dirigente de Cuco, explicó que no se podía firmar el fin de la huelga porque deben llevar las propuesta a una asamblea general. En las redes sociales se viralizó un video de Voitier desplantando a Cortizo, al  negarse a firmar el documento y señalando:

«…Aquí nosotros no venimos a adquirir un compromiso y levantar ningún paro. Esa no es potestad, ni poder que tenemos. No fuimos empoderados para eso. Por tanto, nosotros no nos comprometemos a firmar este documento en los términos que están».

 

«No vemos un compromiso de parte del Gobierno», manifestó Voitier, quien dice que el problema de Colón es «asfixiante, nunca habíamos tenido este desempleo». En la provincia de Colón hay un 30%, según datos oficiales.

Entre las pautas mencionadas por el gobierno se estableció congelar el precio de combustible a nivel nacional en $3.95, y asignar una partida de $100 millones para contrarrestar el efecto de la falta de ingreso, pero a Cuco no le convence porque el precio será congelado solo para el sistema de transporte y no para el resto de los panameños.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado (Mitradel) Roger Tejada; la gobernadora de Colón, Irasema de Dale; el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordoñez; y la directora del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Mariela Salgado.

 

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El video viral de una residente de la provincia exigiendo respeto por parte del Gobierno de Panamá a los habitantes de Colón

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El video de una residente de Colón se ha viralizado en las redes sociales, luego que la mujer tomara la palabra en una reunión con representantes del Gobierno panameño, para quejarse de las acciones del Banco Hipotecario, tendientes a incluir a muchos colonenses en los registros de la APC Panamá, entidad encargada de brindar el servicio de información relacionado a las referencias de crédito a los consumidores, pese al desempleo qué afecta a la población de la provincia.

La indignada mujer también reclamó la instalación de paradas dignas, pues aseguró que debido a que carecen de tales paradas en la época lluviosa, la gente se moja.

Igualmente denunció un alto desempleo y el hambre que padece la población colonense, por culpa «de ustedes los millonarios que se están llenando el bolsillo a costilla de la gente de Colón».

La colonense manifestó también que Panamá es una nación que por medio del Canal, cada una de las personas que viven en el país deberían de estar comiendo bien.

«… ¡O porque ustedes me ven chacalita, yo no puedo tener un diploma de Licenciada en derecho. Yo quiero que ustedes respeten, respeten a la gente de Colón, porque no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. La gente de colon se está cabreando y esto va a ser muerte y eso es lo que no se quiere. Respeten a Colón…!», exclamó la enfurecida mujer.

 

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