El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin que nadie lo esperara, reveló que la empresa Odebrecht se declaró culpable de pagar sobornos a autoridades de once países de América Latina –incluido Panamá– y de África. Odebrecht había conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Es decir, Estados Unidos (EU) había iniciado su propia investigación sobre el caso Odebrecht. Y una de sus revelaciones más importantes para Panamá fue que “en o alrededor de y entre 2009 y 2012, Odebrecht acordó pagar $6 millones a dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno panameño en relación con proyectos de infraestructura del gobierno, en el entendimiento de que, a cambio de los pagos, el gobierno garantizaría la participación y el pago de Odebrecht en los contratos”.

“Odebrecht utilizó la División de Operaciones Estructuradas para realizar pagos de fondos no registrados a empresas extraterritoriales designadas por el funcionario del gobierno panameño e intermediarios”, añadía. El caso –a cargo de una fuerza de tarea federal– eventualmente descubrió que no fueron $6 millones, sino –al menos– cerca de $30 millones , informaron Leonardo Grinspan y Rolando Rodríguez en La Prensa.

La Prensa ha tenido acceso a un memorándum interno de la firma Black Srebnick Kornspan Stumpf (BSKS), que representó a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2017, en las oficinas del Departamento de Justicia en Washington D.C., con ocho fiscales federales y agentes del FBI, “sentados uno al lado del otro en un extremo de la mesa”, incluidos dos que se sumaron por teléfono, según la descripción que hizo de la cita la abogada María Neyra.

El encabezado del detallado memorándum revela que se trató de una reunión con el asistente del procurador Christopher Cestaro sobre la “investigación RML – Pre acusación”, en la que participaron, además de los federales, la ya mencionada socia de la firma BSKS, María Neyra –redactora del memorándum de la reunión–, así como los abogados defensores Jeff Neiman, Jeff Marcus y Paul Sauferis.

Neyra precisó que Cestaro “se supone es el fiscal jefe del caso Odebrecht, y David Last, asistente del Procurador, quien trabaja en el caso de Mossack Fonseca”. También “estaba James Knapp, del Distrito Este de Nueva York, al igual que un fiscal de secciones especiales dentro de la Unidad de Fraude, como las vinculadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Cumplimiento Anti Lavado de Dinero. La mayoría de los fiscales y agentes del FBI que estuvieron presentes son miembros de la fuerza de tarea asignada al caso Odebrecht, S.A.”, describió Neyra.

Fiscales y abogados habían conversado previamente por teléfono y como resultado se acordó esa reunión, según Neyra, en la que los federales esperaban mucho más que conocerlos a ellos.

Para entonces, Ricardo Alberto y Luis Enrique experimentaban problemas en EU. Luego de que Odebrecht se declarara culpable de haber pagado coimas, en enero de 2017 trascendió que a los hermanos –y su madre, Marta de Martinelli– les cancelaron su visa de EU, según fuentes del Gobierno norteamericano. Para entonces, ambos residían en EU. Su madre fue la que no volvió a entrar, a pesar de que públicamente desmintió a La Prensa cuando dio la noticia.

Tanto el padre como sus hijos llevaban una vida relajada en EU. Ricardo Martinelli padre había viajado a ese país a principios de 2015, y tras vivir entre la diversión y el lujo, fue detenido con fines de extradición a Panamá por alguaciles federales el 12 de junio de 2017, por el caso conocido como “pinchazos”. Para entonces, el ex presidente había adquirido una mansión de tres pisos, valorada en $8 millones, en Miami.

Y en solo 10 meses compró al contado tres carros: una Lexus, un convertible Bentley Continental y un Mercedes Benz GL. Sus hijos también se sumaron al autoexilio, aparentemente con intención de quedarse en EU. Durante meses, su paradero fue desconocido, aunque de vez en cuando dejaban rastro de sus andanzas en las redes sociales.

Luis Enrique Martinelli compró un apartamento –de más de $1.3 millones al contado–, de 187 metros cuadrados: tres recámaras y una espectacular vista a la bahía de Biscayne y Miami Beach. También se le podía ubicar en Harbor Drive, Key Biscayne, donde pagaba un alquiler de $5 mil al mes por una casa que costaba $4.2 millones. Su hermano era residente en un complejo de apartamentos de alquiler de lujo en Fremont Street, San Francisco, California.

Para la fecha de la cita de sus abogados y los fiscales federales en Washington –el 3 de mayo de 2017–, los hermanos Martinelli Linares tenían otro problema: la fiscal panameña Tania Sterling había solicitado a la Interpol –en febrero de 2017– la captura de ambos, acusados de lavado de activos en el caso Odebrecht en Panamá. Estas razones habrían conminado a los hermanos a buscar una solución con los federales. Solución que necesariamente implicaba delatar a su padre para poder salvarse ellos.

Neyra explicó que “comenzamos por asegurarle al Gobierno de que estábamos interesados en una solución y que esta era la razón por la que habíamos viajado para reunirnos con ellos en persona”. Los abogados habían acudido al encuentro en busca de información del caso contra sus clientes con el fin de poder aconsejarlos de la mejor manera posible.

Cestaro, al centro de la mesa, tomó la palabra: “El gobierno no está preparado, en este momento, para compartir su teoría de investigación’”, describió Neyra, quien percibió que algo no estaba bien. Escribió que Cestaro notó una desconexión “entre nuestra visión sobre la reunión y la de ellos”.

“El gobierno esperaba que proporcionáramos información detallada, por ejemplo: datos específicos de las transacciones, entidades y las personas involucradas”, relató Neyra. “Jeff N. y yo respondimos que definitivamente estábamos preparados para darles algún tipo de antecedentes, pero que sabíamos muy poco sobre cuál era su teoría. Cestaro, de forma sarcástica, sugirió que le preguntáramos a nuestros clientes. Luego repitió que su investigación guardaba relación con lavado de dinero y las leyes relacionadas con Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

Al parecer, los hermanos Martinelli Linares no le habían dicho todo a sus abogados, salvo el discurso que habían repetido desde el principio de la salida del gobierno: “somos víctimas de una persecución política en Panamá”.

Neyra relató en su memo que le explicaron a los fiscales “cómo [el expresidente] Juan Carlos Varela se había convertido en enemigo político de [el expresidente] Martinelli y cómo la procuradora panameña Kenia Porcell trabajaba para Varela”; que “la familia Martinelli es una familia muy prominente en Panamá”. También le hablaron de la “educación, logros, y los antecedentes políticos” de sus clientes.

“Nos tomamos tiempo –explicó Neyra– para explicar la persecución a la que habían estado sometidos, tanto Ricardo como Luis, particularmente por parte de la actual administración [por entonces, presidida por Varela]”… “Cualquier información que hayan obtenido de Panamá debe ser puesta en contexto”, advirtieron a los fiscales.

Los federales escucharon atentamente, y le hicieron saber a Neyra que habían “sido abiertamente críticos de la administración de Varela, pero no del tiempo en que Martinelli [padre], había ocupado el cargo”.

En todo caso, los fiscales estaban interesados en cosas más concretas. “Están investigando los pagos de sobornos recibidos por nuestros clientes”, escribió la abogada. “Cestaro dijo que los hermanos eran hijos de un funcionario extranjero a quien por lo general identificaban como ‘el otro co conspirador’”, escribió Neyra.

Los abogados argumentaron lo complejo que sería el desarrollo del caso y que el litigio podría tomar años, pues había en el proceso otras jurisdicciones aparte de EU, que los complicarían, pero los fiscales, según Neyra, tenían “una interpretación diferente de la ley”.

En el memorándum de Neyra, bajo el ítem identificado como “Oferta táctica” los abogados comenzaron a usar la palabra “cooperación”. “En ningún momento –reseñó Neyra– identificamos por nombre a ningún empleado de Odebrecht, otros individuos, compañías o proyectos que pudiesen ser objeto de alguna cooperación por parte de Ricardo y Luis. Fuimos claros en decirles que no queríamos sobrevalorar la cooperación de nuestros clientes. Nunca prometeríamos más de lo que los clientes pueden entregar”.

Es decir, los fiscales esperaban en esa reunión información para seguir armando su caso con la cooperación de los hermanos Martinelli Linares. Este era el propósito del encuentro. Y el abogado Jeff N. tocó el tema de la negociación: “Un delito como el lavado de dinero conlleva una condena máxima de 20 años. Así que es importante que, como abogados, midamos la exposición de nuestros clientes de manera correcta”.

La respuesta a esa inquietud vino del agente del FBI Trombley: “El primero en traer información obtendrá el beneficio. Aunque el gobierno no puede hacer promesas o garantías, dijo que había precedentes en los cuales los cooperadores pueden tener la opción de acordar una declaración de culpabilidad por un cargo de conspiración que tiene una condena de 5 años de prisión, como máximo”, escribió Neyra.

“Cestaro y algunos otros reafirmaron lo dicho moviendo sus cabezas. El equipo del Gobierno, en particular el asistente del Procurador Knapp, reconocieron que la cooperación, es decir, la reducción de la sentencia, depende de la localidad” [donde estén]. Uno de los fiscales agregó: “Sus clientes solo tienen que hacer lo correcto”, describió Neyra.

La manera en la que podían cooperar los hermanos fue tomando forma. En el ítem que Neyra llamó “Cooperación buscada”, relató que “el equipo del Gobierno dejó muy claro que necesitarían datos específicos de parte de nuestros clientes”. ¿De qué cooperación hablaban los fiscales?

Neyra lo dejó claro: “Cestaro especificó que la aceptación de responsabilidad [de los hermanos Martinelli Linares] necesariamente incluiría la cooperación en contra del padre. Nuevamente, todos los del equipo del Gobierno asintieron en acuerdo y se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Al parecer están muy interesados en [el expresidente] Martinelli”.

Pero las versiones que han ofrecido los hermanos Martinelli a las autoridades norteamericanas son contradictorias respecto a otras de testigos, actores directos de la trama de sobornos y de los hechos que narró Neyra en su memorándum.

El ejemplo más reciente es el contenido de las cartas que la semana pasada enviaron los actuales abogados de los hermanos Martinelli Linares al juez de Nueva York que en tres semanas dictará sentencia contra sus clientes, tras su declaración de culpabilidad.

En ellas, los abogados de cada hermano apelan a la benevolencia del juez en base a una lista de atenuantes, sugiriendo –en forma nada sutil– que sus clientes también fueron víctimas. Una de ellas es haber desconocido que durante el gobierno de su padre, los pagos que recibían de Odebrecht y que eran dirigidos a un “familiar cercano” [y que ellos colaboraron en su blanqueo] era producto del pago de sobornos. Ese hecho, afirmaron en sus respectivas cartas, solo lo vinieron a saber un año después, en 2010.

Según lo plasmado por el actual abogado de Luis Enrique Martinelli, “él creyó lo que le dijo aquella persona en la que él confiaba y cuyas órdenes siguió toda su vida: que esas transacciones eran negocios legítimos que ese oficial del Gobierno de Panamá tenía con Odebrecht”. Él no tenía idea –asegura su abogado– de que había algo ilegal y su conducta tuvo como base haber estado mal informado y en confiar en la persona equivocada dentro de una dinámica familiar “extremadamente complicada”.

Pero un testimonio en Brasil de Luiz Antonio Mameri, líder empresarial para América Latina de Odebrecht, relata una historia diferente. Él confesó en 2017 a los fiscales federales brasileños que André Rabello, el superintendente de Odebrecht en Panamá, le pidió autorización para pagarle a los hermanos Martinelli Linares $35 millones a cambio de favores del gobierno de su padre.

Rabello le contó detalladamente a Mameri de un encuentro con los hermanos Martinelli Linares, que habría tenido lugar a principios del gobierno de Ricardo Martinelli. En esa reunión, Rabello y los hijos del entonces presidente acordaron una “remuneración” –de $35 millones– a favor de los ofertantes por actuar a beneficio de los intereses de la compañía, relató Mameri.

Los hermanos ofrecieron a cambio de ese “pago” ayuda a la empresa para ganar nuevos proyectos de obras estatales; agilizar los engorrosos trámites burocráticos del pago de sus obras y acelerar los desembolsos a medida que avanzaran sus obras. Mameri no lo dudó: autorizó de inmediato el pago del soborno.

En noviembre de 2018, Luis Enrique y su hermano fueron detenidos por problemas migratorios –pues carecían de visa para permanecer en EU– y aceptan que ambos están preocupados de ser extraditados a Panamá –también por el caso Odebrecht–, aunque los hechos apuntan –una vez más– en dirección opuesta, pues tras fugarse de EU en julio de 2020, intentaron llegar a Panamá –donde los nacionales no pueden ser extraditados– en un supuesto vuelo humanitario, cuyo aterrizaje no fue permitido, tras lo cual viajaron a Guatemala, donde fueron detenidos para su extradición a EU.

Los hermanos sabían que estaban en problemas legales en EU, sin contar con múltiples casos de corrupción abiertos en Panamá desde 2015 –públicos todos– y que por estos decidieron abandonar el país.

El memorándum de Neyra deja ver que los federales buscaban acusar al expresidente panameño en EU. Y lo que pedían no era poco. La “solución” al problema era delatarlo. Neyra reportó que Cestaro y el agente del FBI Trombley advirtieron que “saben todo sobre Odebrecht”, que el FBI conoce todos los hechos.

A su turno, el fiscal Knapp, “quien se mostró como el más sincero del grupo, fue un poco más mesurado. ‘Ya sabemos mucho’ [dijo]. El agente del FBI Trombley advirtió que Ricardo y Luis tendrían que traer algo ‘nuevo’”, reportó Neyra, pero ella recomendó a los federales “tomar las cosas con calma. La cooperación lleva tiempo…”.

Pero Cestaro fue contundente: “Dijo directamente que querían que los hermanos entraran y respondieran las preguntas primero. Quieren preguntar a nuestros clientes quién, qué, qué entidades y qué se puede o no hacer. Nadie en el equipo de gobierno dio más detalles”, narró Neyra.

Knapp, admitió que podría ser “‘una decisión difícil para nuestros clientes’”, escribió Neyra, pero también les recordó que “‘los primeros actores obtienen más’”.

El agente del FBI Trombley “nos preguntó sin muchas vueltas cuál era nuestra lista de deseos: [la respuesta fue] no presentar cargos y la protección de permanecer en los EU y poder llevar una vida normal”, les informó Neyra.

La reunión terminó y los abogados se reunieron aparte para comparar su visión de la cita. Su conclusión fue que los federales “están investigando y continuarán haciéndolo, lo que significa que podrían surgir testigos u otros problemas. No pretenden que haya límites [en la cooperación]. A sus ojos, los clientes deben traer algo nuevo. La cooperación, por supuesto, incluirá a otros”.

El reporte terminó informando que “inmediatamente establecimos una conferencia telefónica con Ricardo y Luis”, de la que no se dio detalle alguno.

Pero otras fuentes –y como quedó plasmado en las cartas de los abogados de los hermanos al juez apelando a su indulgencia al momento de dictar sentencia– revelaron a La Prensa que ambos decidieron cooperar plenamente con el FBI desde 2018 y que, como dijo Neyra, involucró llevar al FBI “algo nuevo”, así como entregar a otros actores partícipes del esquema de sobornos de Odebrecht.

Es así que los actuales abogados de Ricardo Martinelli Linares afirmaron al juez de la causa en EU que él y su hermano Luis Enrique empezaron en 2018 a reunirse “voluntariamente” con agentes federales, debido a que tenían conocimiento de las investigaciones de corrupción relacionadas con Odebrecht que se adelantaban en EU.

La cooperación de los hermanos Martinelli Linares contendría la revelación de otros actores en la trama, cuyas identidades aún se desconocen, aunque, como ha quedado evidenciado, ya se sabe quién es ese “familiar cercano, un funcionario de alto rango del Gobierno de Panamá” para el que los hermanos actuaron de intermediarios con el fin de recibir las coimas de Odebrecht.

Este medio contactó por correo electrónico y por teléfono a la firma Black Srebnick Kornspan Stumpf para indagar más sobre lo indicado en el memorándum objeto de esta publicación y para conocer por qué dejaron de representar a los hermanos Martinelli Linares, pero no respondieron los correos y, tras una llamada ayer de este medio, declinaron contestar

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin que nadie lo esperara, reveló que la empresa Odebrecht se declaró culpable de pagar sobornos a autoridades de once países de América Latina –incluido Panamá– y de África. Odebrecht había conspirado para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Es decir, Estados Unidos (EU) había iniciado su propia investigación sobre el caso Odebrecht. Y una de sus revelaciones más importantes para Panamá fue que “en o alrededor de y entre 2009 y 2012, Odebrecht acordó pagar $6 millones a dos familiares cercanos de un alto funcionario del gobierno panameño en relación con proyectos de infraestructura del gobierno, en el entendimiento de que, a cambio de los pagos, el gobierno garantizaría la participación y el pago de Odebrecht en los contratos”.

“Odebrecht utilizó la División de Operaciones Estructuradas para realizar pagos de fondos no registrados a empresas extraterritoriales designadas por el funcionario del gobierno panameño e intermediarios”, añadía. El caso –a cargo de una fuerza de tarea federal– eventualmente descubrió que no fueron $6 millones, sino –al menos– cerca de $30 millones , informaron Leonardo Grinspan y Rolando Rodríguez en La Prensa.

La Prensa ha tenido acceso a un memorándum interno de la firma Black Srebnick Kornspan Stumpf (BSKS), que representó a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una reunión celebrada el 3 de mayo de 2017, en las oficinas del Departamento de Justicia en Washington D.C., con ocho fiscales federales y agentes del FBI, “sentados uno al lado del otro en un extremo de la mesa”, incluidos dos que se sumaron por teléfono, según la descripción que hizo de la cita la abogada María Neyra.

El encabezado del detallado memorándum revela que se trató de una reunión con el asistente del procurador Christopher Cestaro sobre la “investigación RML – Pre acusación”, en la que participaron, además de los federales, la ya mencionada socia de la firma BSKS, María Neyra –redactora del memorándum de la reunión–, así como los abogados defensores Jeff Neiman, Jeff Marcus y Paul Sauferis.

Neyra precisó que Cestaro “se supone es el fiscal jefe del caso Odebrecht, y David Last, asistente del Procurador, quien trabaja en el caso de Mossack Fonseca”. También “estaba James Knapp, del Distrito Este de Nueva York, al igual que un fiscal de secciones especiales dentro de la Unidad de Fraude, como las vinculadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Cumplimiento Anti Lavado de Dinero. La mayoría de los fiscales y agentes del FBI que estuvieron presentes son miembros de la fuerza de tarea asignada al caso Odebrecht, S.A.”, describió Neyra.

Fiscales y abogados habían conversado previamente por teléfono y como resultado se acordó esa reunión, según Neyra, en la que los federales esperaban mucho más que conocerlos a ellos.

Para entonces, Ricardo Alberto y Luis Enrique experimentaban problemas en EU. Luego de que Odebrecht se declarara culpable de haber pagado coimas, en enero de 2017 trascendió que a los hermanos –y su madre, Marta de Martinelli– les cancelaron su visa de EU, según fuentes del Gobierno norteamericano. Para entonces, ambos residían en EU. Su madre fue la que no volvió a entrar, a pesar de que públicamente desmintió a este diario cuando dio la noticia.

Tanto el padre como sus hijos llevaban una vida relajada en EU. Ricardo Martinelli padre había viajado a ese país a principios de 2015, y tras vivir entre la diversión y el lujo, fue detenido con fines de extradición a Panamá por alguaciles federales el 12 de junio de 2017, por el caso conocido como “pinchazos”. Para entonces, el ex presidente había adquirido una mansión de tres pisos, valorada en $8 millones, en Miami.

Y en solo 10 meses compró al contado tres carros: una Lexus, un convertible Bentley Continental y un Mercedes Benz GL. Sus hijos también se sumaron al autoexilio, aparentemente con intención de quedarse en EU. Durante meses, su paradero fue desconocido, aunque de vez en cuando dejaban rastro de sus andanzas en las redes sociales.

Luis Enrique Martinelli compró un apartamento –de más de $1.3 millones al contado–, de 187 metros cuadrados: tres recámaras y una espectacular vista a la bahía de Biscayne y Miami Beach. También se le podía ubicar en Harbor Drive, Key Biscayne, donde pagaba un alquiler de $5 mil al mes por una casa que costaba $4.2 millones. Su hermano era residente en un complejo de apartamentos de alquiler de lujo en Fremont Street, San Francisco, California.

Para la fecha de la cita de sus abogados y los fiscales federales en Washington –el 3 de mayo de 2017–, los hermanos Martinelli Linares tenían otro problema: la fiscal panameña Tania Sterling había solicitado a la Interpol –en febrero de 2017– la captura de ambos, acusados de lavado de activos en el caso Odebrecht en Panamá. Estas razones habrían conminado a los hermanos a buscar una solución con los federales. Solución que necesariamente implicaba delatar a su padre para poder salvarse ellos.

Neyra explicó que “comenzamos por asegurarle al Gobierno de que estábamos interesados en una solución y que esta era la razón por la que habíamos viajado para reunirnos con ellos en persona”. Los abogados habían acudido al encuentro en busca de información del caso contra sus clientes con el fin de poder aconsejarlos de la mejor manera posible.

Cestaro, al centro de la mesa, tomó la palabra: “El gobierno no está preparado, en este momento, para compartir su teoría de investigación’”, describió Neyra, quien percibió que algo no estaba bien. Escribió que Cestaro notó una desconexión “entre nuestra visión sobre la reunión y la de ellos”.

“El gobierno esperaba que proporcionáramos información detallada, por ejemplo: datos específicos de las transacciones, entidades y las personas involucradas”, relató Neyra. “Jeff N. y yo respondimos que definitivamente estábamos preparados para darles algún tipo de antecedentes, pero que sabíamos muy poco sobre cuál era su teoría. Cestaro, de forma sarcástica, sugirió que le preguntáramos a nuestros clientes. Luego repitió que su investigación guardaba relación con lavado de dinero y las leyes relacionadas con Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

Al parecer, los hermanos Martinelli Linares no le habían dicho todo a sus abogados, salvo el discurso que habían repetido desde el principio de la salida del gobierno: “somos víctimas de una persecución política en Panamá”.

Neyra relató en su memo que le explicaron a los fiscales “cómo [el expresidente] Juan Carlos Varela se había convertido en enemigo político de [el expresidente] Martinelli y cómo la procuradora panameña Kenia Porcell trabajaba para Varela”; que “la familia Martinelli es una familia muy prominente en Panamá”. También le hablaron de la “educación, logros, y los antecedentes políticos” de sus clientes.

“Nos tomamos tiempo –explicó Neyra– para explicar la persecución a la que habían estado sometidos, tanto Ricardo como Luis, particularmente por parte de la actual administración [por entonces, presidida por Varela]”… “Cualquier información que hayan obtenido de Panamá debe ser puesta en contexto”, advirtieron a los fiscales.

Los federales escucharon atentamente, y le hicieron saber a Neyra que habían “sido abiertamente críticos de la administración de Varela, pero no del tiempo en que Martinelli [padre], había ocupado el cargo”.

En todo caso, los fiscales estaban interesados en cosas más concretas. “Están investigando los pagos de sobornos recibidos por nuestros clientes”, escribió la abogada. “Cestaro dijo que los hermanos eran hijos de un funcionario extranjero a quien por lo general identificaban como ‘el otro co conspirador’”, escribió Neyra.

Los abogados argumentaron lo complejo que sería el desarrollo del caso y que el litigio podría tomar años, pues había en el proceso otras jurisdicciones aparte de EU, que los complicarían, pero los fiscales, según Neyra, tenían “una interpretación diferente de la ley”.

En el memorándum de Neyra, bajo el ítem identificado como “Oferta táctica” los abogados comenzaron a usar la palabra “cooperación”. “En ningún momento –reseñó Neyra– identificamos por nombre a ningún empleado de Odebrecht, otros individuos, compañías o proyectos que pudiesen ser objeto de alguna cooperación por parte de Ricardo y Luis. Fuimos claros en decirles que no queríamos sobrevalorar la cooperación de nuestros clientes. Nunca prometeríamos más de lo que los clientes pueden entregar”.

Es decir, los fiscales esperaban en esa reunión información para seguir armando su caso con la cooperación de los hermanos Martinelli Linares. Este era el propósito del encuentro. Y el abogado Jeff N. tocó el tema de la negociación: “Un delito como el lavado de dinero conlleva una condena máxima de 20 años. Así que es importante que, como abogados, midamos la exposición de nuestros clientes de manera correcta”.

La respuesta a esa inquietud vino del agente del FBI Trombley: “El primero en traer información obtendrá el beneficio. Aunque el gobierno no puede hacer promesas o garantías, dijo que había precedentes en los cuales los cooperadores pueden tener la opción de acordar una declaración de culpabilidad por un cargo de conspiración que tiene una condena de 5 años de prisión, como máximo”, escribió Neyra.

“Cestaro y algunos otros reafirmaron lo dicho moviendo sus cabezas. El equipo del Gobierno, en particular el asistente del Procurador Knapp, reconocieron que la cooperación, es decir, la reducción de la sentencia, depende de la localidad” [donde estén]. Uno de los fiscales agregó: “Sus clientes solo tienen que hacer lo correcto”, describió Neyra.

La manera en la que podían cooperar los hermanos fue tomando forma. En el ítem que Neyra llamó “Cooperación buscada”, relató que “el equipo del Gobierno dejó muy claro que necesitarían datos específicos de parte de nuestros clientes”. ¿De qué cooperación hablaban los fiscales?

Neyra lo dejó claro: “Cestaro especificó que la aceptación de responsabilidad [de los hermanos Martinelli Linares] necesariamente incluiría la cooperación en contra del padre. Nuevamente, todos los del equipo del Gobierno asintieron en acuerdo y se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Al parecer están muy interesados en [el expresidente] Martinelli”.

Pero las versiones que han ofrecido los hermanos Martinelli a las autoridades norteamericanas son contradictorias respecto a otras de testigos, actores directos de la trama de sobornos y de los hechos que narró Neyra en su memorándum.

El ejemplo más reciente es el contenido de las cartas que la semana pasada enviaron los actuales abogados de los hermanos Martinelli Linares al juez de Nueva York que en tres semanas dictará sentencia contra sus clientes, tras su declaración de culpabilidad.

En ellas, los abogados de cada hermano apelan a la benevolencia del juez en base a una lista de atenuantes, sugiriendo –en forma nada sutil– que sus clientes también fueron víctimas. Una de ellas es haber desconocido que durante el gobierno de su padre, los pagos que recibían de Odebrecht y que eran dirigidos a un “familiar cercano” [y que ellos colaboraron en su blanqueo] era producto del pago de sobornos. Ese hecho, afirmaron en sus respectivas cartas, solo lo vinieron a saber un año después, en 2010.

Según lo plasmado por el actual abogado de Luis Enrique Martinelli, “él creyó lo que le dijo aquella persona en la que él confiaba y cuyas órdenes siguió toda su vida: que esas transacciones eran negocios legítimos que ese oficial del Gobierno de Panamá tenía con Odebrecht”. Él no tenía idea –asegura su abogado– de que había algo ilegal y su conducta tuvo como base haber estado mal informado y en confiar en la persona equivocada dentro de una dinámica familiar “extremadamente complicada”.

Pero un testimonio en Brasil de Luiz Antonio Mameri, líder empresarial para América Latina de Odebrecht, relata una historia diferente. Él confesó en 2017 a los fiscales federales brasileños que André Rabello, el superintendente de Odebrecht en Panamá, le pidió autorización para pagarle a los hermanos Martinelli Linares $35 millones a cambio de favores del gobierno de su padre.

Rabello le contó detalladamente a Mameri de un encuentro con los hermanos Martinelli Linares, que habría tenido lugar a principios del gobierno de Ricardo Martinelli. En esa reunión, Rabello y los hijos del entonces presidente acordaron una “remuneración” –de $35 millones– a favor de los ofertantes por actuar a beneficio de los intereses de la compañía, relató Mameri.

Los hermanos ofrecieron a cambio de ese “pago” ayuda a la empresa para ganar nuevos proyectos de obras estatales; agilizar los engorrosos trámites burocráticos del pago de sus obras y acelerar los desembolsos a medida que avanzaran sus obras. Mameri no lo dudó: autorizó de inmediato el pago del soborno.

En noviembre de 2018, Luis Enrique y su hermano fueron detenidos por problemas migratorios –pues carecían de visa para permanecer en EU– y aceptan que ambos están preocupados de ser extraditados a Panamá –también por el caso Odebrecht–, aunque los hechos apuntan –una vez más– en dirección opuesta, pues tras fugarse de EU en julio de 2020, intentaron llegar a Panamá –donde los nacionales no pueden ser extraditados– en un supuesto vuelo humanitario, cuyo aterrizaje no fue permitido, tras lo cual viajaron a Guatemala, donde fueron detenidos para su extradición a EU.

Los hermanos sabían que estaban en problemas legales en EU, sin contar con múltiples casos de corrupción abiertos en Panamá desde 2015 –públicos todos– y que por estos decidieron abandonar el país.

El memorándum de Neyra deja ver que los federales buscaban acusar al expresidente panameño en EU. Y lo que pedían no era poco. La “solución” al problema era delatarlo. Neyra reportó que Cestaro y el agente del FBI Trombley advirtieron que “saben todo sobre Odebrecht”, que el FBI conoce todos los hechos.

A su turno, el fiscal Knapp, “quien se mostró como el más sincero del grupo, fue un poco más mesurado. ‘Ya sabemos mucho’ [dijo]. El agente del FBI Trombley advirtió que Ricardo y Luis tendrían que traer algo ‘nuevo’”, reportó Neyra, pero ella recomendó a los federales “tomar las cosas con calma. La cooperación lleva tiempo…”.

Pero Cestaro fue contundente: “Dijo directamente que querían que los hermanos entraran y respondieran las preguntas primero. Quieren preguntar a nuestros clientes quién, qué, qué entidades y qué se puede o no hacer. Nadie en el equipo de gobierno dio más detalles”, narró Neyra.

Knapp, admitió que podría ser “‘una decisión difícil para nuestros clientes’”, escribió Neyra, pero también les recordó que “‘los primeros actores obtienen más’”.

El agente del FBI Trombley “nos preguntó sin muchas vueltas cuál era nuestra lista de deseos: [la respuesta fue] no presentar cargos y la protección de permanecer en los EU y poder llevar una vida normal”, les informó Neyra.

La reunión terminó y los abogados se reunieron aparte para comparar su visión de la cita. Su conclusión fue que los federales “están investigando y continuarán haciéndolo, lo que significa que podrían surgir testigos u otros problemas. No pretenden que haya límites [en la cooperación]. A sus ojos, los clientes deben traer algo nuevo. La cooperación, por supuesto, incluirá a otros”.

El reporte terminó informando que “inmediatamente establecimos una conferencia telefónica con Ricardo y Luis”, de la que no se dio detalle alguno.

Pero otras fuentes –y como quedó plasmado en las cartas de los abogados de los hermanos al juez apelando a su indulgencia al momento de dictar sentencia– revelaron a La Prensa que ambos decidieron cooperar plenamente con el FBI desde 2018 y que, como dijo Neyra, involucró llevar al FBI “algo nuevo”, así como entregar a otros actores partícipes del esquema de sobornos de Odebrecht.

Es así que los actuales abogados de Ricardo Martinelli Linares afirmaron al juez de la causa en EU que él y su hermano Luis Enrique empezaron en 2018 a reunirse “voluntariamente” con agentes federales, debido a que tenían conocimiento de las investigaciones de corrupción relacionadas con Odebrecht que se adelantaban en EU.

La cooperación de los hermanos Martinelli Linares contendría la revelación de otros actores en la trama, cuyas identidades aún se desconocen, aunque, como ha quedado evidenciado, ya se sabe quién es ese “familiar cercano, un funcionario de alto rango del Gobierno de Panamá” para el que los hermanos actuaron de intermediarios con el fin de recibir las coimas de Odebrecht.

Este medio contactó por correo electrónico y por teléfono a la firma Black Srebnick Kornspan Stumpf para indagar más sobre lo indicado en el memorándum objeto de esta publicación y para conocer por qué dejaron de representar a los hermanos Martinelli Linares, pero no respondieron los correos y, tras una llamada ayer de este medio, declinaron contestar.

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