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Luis Felipe Baca Arbulu y su papel en las transacciones corruptas del colombiano Alex Saab

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Un nombre que ha pasado casi desapercibido en la trama de corrupción de Alex Saab en Venezuela es el de Luis Felipe Baca Arbulu. Se trataría de un banquero de origen peruano, quien se encargaba de manejar cuentas de compañías del empresario colombiano en Emiratos Árabes, participando en operaciones con oro venezolano.

El periodista Casto Ocando ha revelado en primerinforme.com algunos detalles de la vinculación de Baca Arbulu con Alex Saab.

Según Ocando, seis meses después de la detención del empresario colombiano Alex Saab en Cabo Verde el pasado 12 de junio, acusado por Estados Unidos de actuar como operador financiero y blanqueador de fondos, las indagaciones en torno a sus redes internacionales continúan avanzando en la fiscalía federal de Miami, y el caso es ahora más sólido, de acuerdo a fuentes familiarizadas con las investigaciones.

La información recolectada hasta ahora sobre las actividades, mecanismos de lavado, instituciones financieras, cuentas bancarias y operadores utilizados en la red de Alex Saab es mucho mayor a la que existía cuando el empresario fue detenido.

Muchos de los nuevos datos han sido suministrados por el propio Saab y otros indiciados que han aceptado cooperar, aseguran fuentes cercanas a la fiscalía de Miami. La información ha dado lugar a nuevos casos actualmente en proceso, paralelos al caso contra Saab.

Las investigaciones abarcan también las conexiones de otros socios de Saab, como Álvaro Pulido, y una amplia variedad de firmas que están bajo “sospecha” por haber participado del entramado del empresario colombiano, o por haber heredado las operaciones luego de su detención.

Después de que Saab fue encarcelado en Cabo Verde, una serie de nuevos operadores se activaron para sustituir el papel crucial que el empresario colombiano jugaba para movilizar dinero en efectivo y metales preciosos, y blanquearlos a través de complejas operaciones financieras en paraísos fiscales de todo el mundo.

De acuerdo a fuentes consultadas por Primer Informe, las firmas y operadores identificados hasta ahora en las indagaciones operan desde localidades como Londres y Canvey Island (Inglaterra), Madrid (España), Ginebra (Suiza) y República Dominicana.

Una de las firmas presuntamente asociadas a Alex Saab es Blucap Consulting Group SL, con sede en Madrid, España. De acuerdo con los registros, en la firma aparece como apoderado el banquero de origen peruano Luis Felipe Baca Arbulu. La firma fue registrada el 22 de octubre de 2019, con un capital social de 3.000 euros.

La firma está asociada a Blucap Corporation Limited, con sede en Canvey Island, Inglaterra. En esta corporación aparece como directivo Paul Rudolf Bastin, un socio de Baca Arbulu en otra empresa también registrada en Inglaterra, bajo el nombre de Philops UK Limited.

Tanto Blucap Corporation como Philops UK Limited están dedicadas a la negociación de contratos de valores y productos básicos financieros, según el registro británico de empresas.

Blucap Corporation funciona bajo ese nombre desde el 12 de mayo de 2020. Antes de esa fecha llevaba el nombre de Bluebay Corporation Limited entre el 12 y 30 de mayo de 2020; y anteriormente, detentaba el nombre de Oldenbourg Capital Limited, establecida originalmente el 2 de junio de 2017, dedicada a la negociación privada de papeles de valores.

El banquero originario del norte del Perú, tiene una maestría en Manchester, Inglaterra y trabajó como broker en JP Morgan tanto en Londres como Miami, según una entrevista. Hasta abril de 2015 trabajó en la Societe Generale Private Banking (Suisse) SA, en Ginebra, Suiza.

Tanto Baca Arbulu como Bastin tienen un historial de negocios y relaciones con Venezuela.

De acuerdo a las fuentes, Blucap actúa como agente de pago para la adquisición de alimentos por parte del Gobierno de Venezuela -una tarea que antes estaba asignada a Saab-, en aparente violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su entorno.

De acuerdo a las indagaciones, Blucap utiliza como banco corresponsal para sus transacciones internacionales al Royal Bank of Scotland.

El empresario habría trabajado como intermediario en la movilización de toneladas de oro para Alex Saab y el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo las negociaciones que concluyeron en la compra, por parte de la firma emiratí Noor Capital,  de 3 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela, indicaron las fuentes.

Por su parte, Paul Bastin aparece como directivo de la firma Global Supplies & Equipment Services LLC INC LTD, controlada por el venezolano Samuel Sánchez Boada, investigado por lavado de dinero por autoridades de Estados Unidos y Ecuador, según una esta investigación publicada en 2015.

Llamativamente, uno de los directivos de Global Supplies, además de Bastin, es Pablo Federico Doig, socio de Baca Alburu en la más reciente aventura empresarial del banquero peruano: la escuela de surfing Tubos Surf School, registrada en Lima bajo la dirección de Doig.

De acuerdo a estimaciones privadas, Tubos Surf School genera ganancias de $779 mil dólares anuales.

En una entrevista el año pasado, Baca Arbulu dijo que se encuentra “semiretirado”, pese a que tiene apenas 45 años recién cumplidos.

Otra de las redes en la mira de Estados Unidos opera entre Venezuela y República Dominicana, en particular el eje turístico Punta Cana-Cap Cana, que se ha convertido en uno de los sitios privilegiados de operadores financieros venezolanos en los últimos años.

Una de las firmas bajo la lupa es el Helidosa Aviation Group, propiedad del ex ministro de Obras Públicas dominicano Gonzalo Castillo. Según registros de aviación y testigos que se encuentran bajo cooperación de la fiscalía federal de Miami, el número de vuelos entre Venezuela y República Dominicana se ha incrementado en los últimos años a un nivel sin precedentes y sin un flujo de pasajeros que lo justifique.

Según una fuente familiarizada, las indagaciones se centran en establecer si el puente aéreo venezolano-dominicano está siendo usado para transportar dinero en efectivo y minerales preciosos, violando sanciones internacionales contra Venezuela.

También tartan de establecer si las aeronaves usadas por Helidosa, que incrementó su flotilla de 11 a 36 aeronaves entre 2011 y 2020, incluyendo una docena de jets de lujo, fueron adquiridas con financiamiento de operadores venezolanos.

De acuerdo al periodista y analista Carlos Alberto Montaner, Helidosa se encuentra presuntamente bajo investigación de la OFAC, por presuntas violaciones a las sanciones del Departamento del Tesoro.

Las autoridades norteamericanas ampliaron las investigaciones en el país caribeño luego que en una operación conjunta con autoridades policiales dominicanas, allanaran varias residencias pertenecientes al empresario venezolano Samark López, considerado por Estados Unidos como testaferro del actual ministro de petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami. López habría huido de Cap Cana momentos antes de que se realizara el allanamiento, aparentemente informado por contactos dentro de la fuerza policial dominicana.

Según reportó Primer Informe en agosto pasado, autoridades federales investigaron una red de comercialización de crudo venezolano y lavado de dinero vinculada a Alex Saab, que utilizaba una firma de transporte marítimo registrada en las Islas Marshall, una empresa de comercialización recién creada en Singapur, y al menos dos cuentas bancarias en España y Suiza.

La red es manejada por un joven empresario venezolano con residencias en México y Madrid, que se encuentra en la mira de las autoridades de Estados Unidos. Fue creada en coordinación y con financiamiento provisto por Saab para ampliar los negocios manejados al principio por dos empresas que operaba desde México -Libre Abordo SA, y Schlager Business Group SRL-, y que resultaron inhabilitadas por las sanciones impuestas por Estados Unidos en junio pasado.

La firma comercializadora de petróleo venezolano es Axum Commodities PTE LTD, registrada en Singapur, y controlada por el trader venezolano Axel Capriles Hernández, de 35 años. La empresa que maneja los envíos de crudo es Monhein Shipping Limited, también controlada por Capriles pero bajo nombre de un supuesto ciudadano alemán de nombre Matthias Freitag.

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Jorge Elías Castro Fernández explicó las acusaciones de Israel contra Irán sobre entrenamiento en el Medio Oriente para el uso de drones

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El analista político y consultor en seguridad Jorge Elías Castro Fernández explico que el Ministro de Defensa de Israel, Beny Gantz, acusó a Irán de entrenar a milicianos de Siria, Irak, Yemen y Líbano en el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) con «alcance de miles de kilómetros», que después son distribuidos por la región para ampliar el poder y la influencia del país persa.

«Irán ha desarrollado un ‘terrorismo indirecto’ que es perpetrado por ‘ejércitos terroristas’ organizados que le están ayudando a lograr sus objetivos económicos, políticos y militares», dijo Gantz en un discurso en la conferencia anual del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo de la Universidad de Reichman.

Jorge Elías Castro Fernández señaló que según el titular de Defensa, los drones fabricados por Irán, «una de las herramientas más importantes que emplea» en Oriente Medio, «se distribuyen en Yemen, Irak, Siria y Líbano», donde mantiene estrechas alianzas con milicias chiíes y grupos armados satélite.

A su vez, Gantz acusó también a Teherán de «intentar trasladar los conocimientos técnicos necesarios para la producción de vehículos aéreos no tripulados a Gaza», donde mantiene vínculos con las organizaciones islamistas Hamás y Yihad Islámica.

Según Israel, Irán entrena a milicianos de Oriente Medio en la base de Kashan, situada al norte de la ciudad de Isfahán (centro del país), que «es un punto clave desde el cual se exporta el terrorismo iraní a la región».

Jorge Castro Fernández recordó que Israel, Estados Unidos y Reino Unido acusaron a Teherán de haber perpetrado a finales de julio un ataque frente a la costa de Omán contra el buque cisterna «Mercer Street», de propiedad japonesa pero operado por una empresa del multimillonario israelí Eyal Ofer.

Teherán negó estar implicado en el ataque, que se hizo con un dron y causó la muerte de dos miembros de la tripulación, un ciudadano rumano y otro británico.

Jorge Elías Castro Fernández recordó también que este año se registraron varios ataques contra buques israelíes e iraníes, en el marco de la guerra encubierta entre los dos países, que también ha incluido sabotajes a instalaciones nucleares de Irán.

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Los polémicos orígenes en Colombia del financiero Grupo Aval

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Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y a través de BAC Credomatic y Multi Financial Group es el grupo regional más grande y uno de los más rentables en Centroamérica. Grupo Aval es el líder en Colombia en el negocio de banca tradicional a través de sus cuatro bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas), líder en el negocio de banca de inversión a través de Corficolombiana y líder en el negocio de administración privada de pensiones y cesantías a través de Porvenir. Adicionalmente a través de la operación de BAC Credomatic, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras y de Multi Financial Group en Panamá. Así se define el grupo colombiano.

También es uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica, teniendo la propiedad del Grupo BAC Credomatic​ y del Banco Multibank en Panamá, además de ser el propietario de la mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías de Colombia (Porvenir).

Luis Carlos Sarmiento Angulo es conocido como el hombre que creó una fortuna en la industria de la construcción y luego la invirtió en bancos, controlando gran parte del sector financiero en Colombia. En 2012, la revista Semana, bajo el título Todo poderoso, señaló que la revista Forbes describía su fortuna con la palabra selfmade, que significa hecho por sí mismo. Sin embargo, lo cierto es que su capital no ha sido hecho a puro pulso, sino con el sudor y lágrimas de muchos colombianos, señaló Anhy Durley González Durán en 2018 en Las Dos Orillas.

Sarmiento estudió Ingeniería Civil en universidad pública y comenzó a aceptar obras públicas para la construcción de vías en zonas de violencia donde nadie se atrevía a trabajar. Empezó sus contactos con el sector público y luego con la creación de vivienda de clase media se convirtió en líder y el pionero de ese nuevo mercado, en una época en la que solo las entidades del Estado podían prestar para comprar casas.

A comienzos de la década de los 70 se implementó el UPAC, abriendo las puertas a los particulares para financiar la vivienda, ante lo cual el magnate decidió crear su propio banco, para poder otorgar créditos hipotecarios a los compradores de sus casas. El UPAC, que es un sistema originario del Brasil, fue implantado en Colombia para mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para comprar vivienda.

La realidad de este sistema a favor de los prestamistas y los problemas que soportaron los compradores de vivienda se empezaron a evidenciar. Los nuevos propietarios resultaron pagando cuotas muy altas, excediendo su capacidad de pago. En consecuencia, algunos resultaron pagando cuotas por encima de sus salarios, llevando a que muchos morosos fueran desalojados, mientras otros decidieron renunciar a su sueño de propietarios, entregando sus viviendas, luego de haber pagado hasta tres veces su valor inicial. Es decir, el alza desmesurada de las tasas de interés hizo que las obligaciones de los deudores del UPAC se disparan y muchos de ellos en medio de lágrimas perdieron sus inmuebles e incluso sus vidas al optar por el suicidio ante el fracaso.

Un poco tarde para los ciudadanos esta situación llegó hasta la Corte Constitucional, que mediante fallo intervino. Como resultado fue creada la nueva unidad con la cual se calcularían y ajustarían los créditos: la unidad de valor real constante, conocida como UVR.

Ante esta situación el gobierno actuó. En El Tiempo, del 5 de agosto 2002, bajo el título Crisis financiera y fin de UPAC, se lee: “En noviembre de 1998, y como salvamento para el sector bancario y ayuda a los morosos de la banca hipotecaria, el Gobierno decretó la emergencia económica. Entre las medidas adoptadas estaban: Se creó el impuesto bancario dos por mil, con vigencia hasta diciembre de 1999. Recursos que se destinaron a salvar la banca”. Luego se extendió y amplió, hoy es 4 por mil y lo temporal se hizo definitivo, aunque superada la crisis y su destino.

En ese orden fue creciendo la fortuna de Sarmiento Angulo. De hecho, en La Silla Vacía, en un artículo titulado con el nombre del banquero, actualizado el 4 de diciembre de 2017, se lee: “Desde Virgilio Barco, Sarmiento ha tenido buena comunicación con todos los presidentes”. Ciertamente esto le ha permitido gestionar sus propósitos ante la injerencia en asuntos del Estado, logrando —en palabras del senador Alexander López— que en Colombia se legisle solo a favor del sector financiero.

El mismo magnate ya lo había sostenido Semana en el artículo El rey Midas, del 28 de noviembre de 2009, al expresar: “En los ‘ratos libres’ también se dedica a ser interlocutor de presidentes —dice que desde Virgilio Barco hasta ahora todos han sido amigos suyos—, participa en redacción de leyes —se siente orgulloso de que en muchas de ellas hay artículos redactados por él— y en los últimos años ha dejado oír su voz crítica sobre asuntos medulares del país”.

Por otro lado, desde el 31 de octubre de 2009, antes de controlar el importante diario del país, en El Tiempo, con el título Yo también quiero uno, se denunció: “Es indignante que este país de siete millones de indigentes subvencione a una de las principales fortunas de Latinoamérica. (…) en el debate de Agro Ingreso Seguro, conocimos que Luis Carlos Sarmiento Angulo, segundo hombre más rico de Colombia, propietario de un grupo financiero y de otro industrial, fue beneficiario de auxilios estatales que podría costear con sus propios recursos. Es irritante, además, que el dueño de bancos que otorgan préstamos con intereses brutales, absurdos, recurra al Estado para recibir los suyos a precio de huevo”. Justa indignación, puesto que a los campesinos y pobres del país, los supuestos destinatarios de los subsidios, se les negó la ayuda por no cumplir requisitos.

En las Las2Orillas, el 21 de julio de 2014, bajo el título Los subsidios de Agro Ingreso Seguro: ¿cruce de favores?, se dice que en la campaña a la presidencia en el 2002: “…el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo que a través de las empresas Unipalma S.A.; Pizano S.A. y Organización Pajonales, le entregó $50 millones a la campaña presidencial y a la postre resultó beneficiado con subsidios de riego y drenaje por más de $12 mil millones de pesos”.

En Café Stéreo, en un artículo del 4 de julio de 2018, con el título El regalito de Santos al banquero más rico de Colombia: blanquear sus tierras mal habidas, un exrepresentante a la Cámara por el Valle también acusa al empresario por beneficiarse de los subsidios estatales.

Así mismo, el magnate del emporio económico llamado Grupo Aval ha creado fiduciarias, que administran el dinero para construir centros comerciales y en las que la administración pública decide invertir para los proyectos de vivienda; entonces por ejemplo, su fiduciaria Fidubogotá es la encargada de manejar el dinero mientras se desembolsan definitivamente los subsidios. Su labor consiste en recibir el capital del fondo que maneja el Ministerio de Vivienda, administrarlo y desembolsarlo a los constructores a medida que van ejecutando las obras. De esa forma, el Gobierno puede manejar la relación con un solo responsable, en vez de los cientos de constructores que harán las casas y para la fiduciaria implicará su mejor negocio en muchos años. Lo anterior, se puede evidenciar en La Silla Vacía, en el artículo Sarmiento, el primer gran beneficiado de la Ley de Vivienda para los más pobres, publicado el 4 de julio de 2012.

Pero entre los muchos negocios de Sarmiento Angulo se encuentra el más lesivo para el pueblo colombiano, el de los fondos privados de pensión. En la misma revista Semana, citada anteriormente, se analiza su brillante idea: “Él mismo fue hasta Chile, con su entonces asesor Luis Alberto Moreno, y le llevó al entonces presidente colombianoCésar Gaviria un estudio de qué estaban haciendo bien allá en esa materia. Ese aporte fue bien recibido no solo por el gobierno, sino por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, quien era el ponente de la reforma, y fue entonces cuando nacieron la amistad y la admiración que hoy los unen”. Junto con Moreno Mejía, el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a Panamá el más jugoso negocio para la banca privada, el modelo que ha arruinado a la clase trabajadora de otros países como Chile, donde es evidente que no funcionó por cuanto lo único que causó fue acrecentar la brecha entre los ricos dueños de los fondos y los cotizantes que reciben paupérrimas sumas como pensión. Con este negocio, los trabajadores no tienen futuro pensional, pero el multimillonario de Colombia logró escalonar posiciones cada vez más cerca del pódium de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes.

Este suculento negocio ha hecho que con el sudor del trabajo de los colombianos se haya enriquecido aún más el llamado rey Midas, en otra forma de esclavitud. Por ejemplo, para que un cotizante sobre un salario mínimo aspire a una pensión de igual valor tendría que laborar 120 años; así mismo, quien cotice sobre 4 salarios mínimos tendría que trabajar durante 30 años para percibir igualmente un salario mínimo. Es triste ver llorar hombres y mujeres, que luego de haber sido engañados por los fondos privados, percibirán un salario mínimo, que no cubrirá su mínimo vital establecido en 4 o más salarios mínimos, con pensiones que no les alcanzará ni para cubrir los gastos de servicios públicos y mucho menos para cubrir los impuestos prediales de los estratos 5 y 6, donde a puro pulso han conseguido sus viviendas. Lo anterior, aunado a la anuencia de los empleadores que por comisiones o ignorancia obligaron o aconsejaron a sus empleados para trasladarse del fondo público a dichos fondos privados, sin dimensionar la complicidad en el grave daño a sus economías.

Con su emporio financiero puede desarrollar sus sueños como la ciudad empresarial que lleva su nombre, como proyecto inmobiliario no residencial más grande en la historia de la ciudad capital.

Jack Ma, el segundo hombre más rico de China, según Forbes, expone la siguiente frase: «Hoy en día, la fabricación del dinero es muy simple. Pero hacer dinero sostenible, siendo responsable ante la sociedad y mejorar el mundo es muy difícil”. Ante esto se puede afirmar que lejos están los dueños de los fondos privados —como Sarmiento Angulo— de ser responsables ante la sociedad y colaborar en la construcción de una Colombia justa.

Paramilitarismo

Los herederos del paramilitarismo en Medellín mueven más o menos 40 mil millones de pesos (casi 14 millones de dólares) mensualmente. «¿Cómo están moviendo estos 40 mil millones de pesos? Ya lo sabemos: Por el sistema financiero; Bancolombia, Grupo Aval, Davivienda», señaló el investigador Yami Vallejo de Kavilando, reseñó indicó en 2017 Resumen Latinoamericano. Hoy los paramilitares no andan uniformados o armados o rayan paredes. Y el Estado y el Poder Fáctico en Medellín están felices.

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Abogado Ramsés Owens Saad enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para evadir impuestos y lavado de dinero

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El abogado panameño Ramsés Owens Saad, los alemanes H.J. (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer, y el estadounidense Richard Gaffey, fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que jugaron en un esquema criminal llevado a cabo por décadas por la firma Mossack Fonseca (MF)», anunció el martes 4 de diciembre el Departamento de Justicia estadounidense.

La investigación se derivó de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), sobre las actividades de la firma panameña.

Tres de los cuatro imputados, Brauer, Von Der Goltz y Gaffey, fueorn detenidos e Estados Unidos, según una nota de prensa del Departamento de Justicia, informó en 2018 La Prensa.

Owens -de 50 años de edad- permanece en Panamá «en libertad»; enfrenta cinco cargos, que conllevan una condena de hasta 70 años de prisión, según la acusación desclasificada que presentó la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acusación de la fiscalía menciona 11 cargos; Owens está ligado a cinco de ellos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; fraude electrónico y conspiración a través de fraude electrónico; conspiración para evadir impuestos, y lavado de dinero. Owens, en conspiración con Brauer, habría cometido los hechos entre los años 2000 y 2017. En todo ese período -17 años- Owens asesoró a sus clientes de Mossack Fonseca sobre cómo evadir el Servicio Interno de Impuestos estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés).

 

Von Der Goltz, de 81 años de edad, era cliente de Owens en Guatemala. Aunque de nacionalidad alemana, residió en Estados Unidos dado que su esposa es estadounidense. Fue detenido en Londres.

Gaffey, un contador estadounidense de 74 años de edad, fue detenido en Medfield, Massachusetts. Mientras, Brauer, que trabajó como gerente de inversiones en Mossfon Asset Management, S.A., afiliada a Mossack Fonseca, fue arrestado en París, Francia, el 15 de noviembre de 2018.

«Por décadas, los acusados, empleados y clientes de la firma Mossack Fonseca, supuestamente barajaron millones de dólares a través de cuentas offshore y crearon sociedades fantasmas para esconder fortunas. De hecho, tenían un libro de jugadas para repatriar dinero no declarado al sistema bancario estadounidense. Ahora, este esquema internacional ha desaparecido y los acusados enfrentan años de prisión por sus crímenes», informó el fiscal general de Manhattan, Geoffrey Berman, según la nota de prensa del Departamento de Justicia.

Mossack Fonseca, el bufete de abogados panameño cuyos directores fueron asesores del expresidente Juan Carlos Varela cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, volvió en 2018 a estar en el ojo público con uno de sus abogados locales que enfrenta cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que podrían conllevar una sentencia de 70 años.

El abogado panameño Ramses Owens Saad, los alemanes HJ (Harald Joachim) von der Goltz y Dirk Brauer y el estadounidense Richard Gaffey fueron acusados de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude para evadir impuestos y «otros delitos relacionados con los roles que desempeñaron en un Esquema criminal llevado a cabo durante décadas por Mossack Fonseca (MF)”, anunció el 4 de diciembre de 2018 el Departamento de Justicia.

La investigación se deriva de las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre las actividades de la firma panameña.

Proveedor de sociedades opacas

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, detenido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España en 2016 y enviado a prisión provisional el mismo año por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, viajó a Panamá en 2007 para reunirse con dirigentes del despacho de abogados Mossack Fonseca, según consta en documentos internos de ese bufete a los que tuvo acceso El Confidencial, en el marco de la investigación conjunta realizada en España con La Sexta y liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y ‘Suddeutsche Zeitung’.

La invitación de Mossack Fonseca a Pineda se produjo concretamente en diciembre de 2007. Llegó a la capital del país el día 10 de ese mes en un vuelo de la compañía Avianca procedente de Bogotá (Colombia) y se alojó hasta el día 12 en el hotel Panamá Marriott, un cinco estrellas con dos piscinas, ‘spa’ y gimnasio, situado a solo 800 metros de las oficinas del despacho especializado en la creación de sociedades ‘offshore’ y blanqueo de capitales que está ahora bajo el foco de las autoridades de las principales potencias occidentales por la publicación de los papeles de Panamá, informó en 2016 el diario español El Confidencial.

El contacto que facilitó el acceso de Luis Pineda a Mossack Fonseca fue el empleado de la firma Ramses Genaro Owens Saad, un abogado que figura en órganos directivos de al menos 178 empresas con sede en Panamá. El presidente de Ausbanc fue quien se encargó de promover la reunión con el proveedor de sociedades opacas.

Sin embargo, a pesar de los destacados clientes que tenía en nómina Mossack Fonseca, como ha desvelado esta investigación periodística, Pineda recibió durante toda su estancia el tratamiento de cliente vip. En correos cruzados en noviembre de 2007 entre la firma panameña y el empleado de Ausbanc Hermenegildo García, detenido también por la UDEF en España, este último agradece por adelantado el trato que se le iba a dispensar días después a su jefe. «Muchas gracias por la cortesía del Despacho Mossack Fonseca en atender a nuestro presidente [Luis Pineda] en su visita a Panamá. Agradezco de nuevo su cortesía y toda su amabilidad», aparece en esa comunicación.

El tratamiento vip incluyó la asignación de un chófer a Pineda que se encargó de recogerlo en el aeropuerto el día 10 de diciembre y llevarlo de vuelta el día 12 para que cogiera otro vuelo a su siguiente destino, México DF, según confirmaron también las comunicaciones que se cruzaron Mossack Fonseca y los empleados de Ausbanc encargados de gestionar ese viaje.

Mejor suerte en Panamá

Pero el abogado Ramsés Owens ha corrido mejor suerte en Panamá, donde recién el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial revocó parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific, como informó La Estrella de Panamá.

Tribunal revocó diligencias de fiscalía anticorrupción en caso contra Ramsés Owens, Gabriel Btech y Ramón Carretero

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