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La relación de Panamá con los fondos opacos del rey emérito Juan Carlos

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A través de la fundación de interés privado en mención, cuyo único beneficiario sería Juan Carlos, se hizo una donación de 65 millones de euros a la examiga y compañera sentimental del rey emérito, la millonaria empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El dinero fue depositado en una cuenta del banco suizo Mirabaud a nombre de la fundación Lucum. La transacción está bajo investigación de la justicia suiza que descubrió la cuenta secreta del rey, producto de una supuesta comisión de 100 millones de euros (cerca de $ 113 millones) destinados al rey de su par de Arabia Saudita, el fallecido rey Abdallha, por la adjudicación a empresas españolas para la construcción de una línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudita, según reporta el diario Perfil, informó Adelita Coriat en La Estrella de Panamá.

Los suizos detectaron que Juan Carlos fue retirando, durante varios años, dinero de esa cuenta que se cerró en 2012. Según reportan medios españoles, el rey transfirió el dinero a otro banco suizo con sede en Bahamas, específicamente 65 millones de euros (unos $73 millones) a Corinna, y otro millón a una antigua amante que también residía en Ginebra.

El hecho es investigado por la Fiscalía Anticorrupción española en un nuevo capítulo de la trama Tándem, que ha remitido peticiones rogatorias a sus homólogos helvéticos que iniciaron las pesquisas por las supuestas donaciones.

La historia de la fundación en Panamá se remonta al 20 de julio de 2008 cuando Carmen de Martínez, panameña, apoderada de Aba Corporate Services Inc, constituyó la fundación de interés privado con el propósito de administrar el patrimonio de los beneficiarios de la fundación que son designados por el Consejo de la Fundación.

Dicho consejo cuenta con plenas facultades para hacer contratos y negocios y para disolver la misma. Los miembros del consejo de dicha fundación son dos testaferros suizos del rey: Arturo Fasana con domicilio en 2 Bvd Georges Favon, 1204 Ginebra, Suiza, y Dante Canonica también domiciliado en el país de los Alpes, rue Francois-Bellot, Ginebra. Acompañan a estos dos abogados el licenciado Harmodio Tejeira domiciliado en Torre ADR, Obarrio, Panamá, un testaferro que no pudo ser ubicado en la firma Aba Legal Bureau.

No obstante el escándalo que azota al rey, la fundación se disolvió el 30 de julio de 2012, tres meses después de que Corinna desvelara la desaparición de su vínculo romántico con el monarca, en abril de 2012 tras vivir seis años de relación. En ese mismo año, como se dijo antes, el rey cerró la cuenta del banco Mirabaud y abrió una nueva con la que transfirió fondos a Corinna.

Todo cambió entre ellos luego del accidentado viaje a Botsuana, África, cuando el rey publicó la foto con la que empezó su decadencia: la imagen en la que aparecía abatido un elefante que había cazado el rey. Corinna estaba presente en ese viaje como un regalo para su hijo que nunca había asistido a un safari. El dinero, según describió la mujer, formaba parte de un regalo no solicitado del rey, una donación para ella y para su hijo con quienes se había encariñado el monarca.

En la fundación Lucum no se reportaron cambios en el directorio desde su creación hasta su disolución hace ocho años, cuando estaba integrada por los mismos miembros que formaron: Aba Corporate Services, Fasana, Tejeira y Canonica.

Por su parte Aba Corporate Services, según el Registro Público de Panamá, se creó en marzo de 2001 y sus dignatarios son Carmen de Martínez y Harmodio Tejeira, estos dos últimos aparentan ser presta nombres del bufete, pues aparecen en más de 5,000 sociedades anónimas.

Este medio se comunicó en varias ocasiones con el despacho de abogados para conocer detalles sobre la disolución, creación y la investigación en curso del dinero del rey que se guardó en la cuenta a nombre de la fundación, pero nunca hubo respuesta.

Dante Canonica y Arturo Fasana fueron identificados por la princesa alemana Sayn-Wittgenstein, como dos piezas importantes en la estructura societaria y financiera del rey.

El primero es un famoso letrado especialista en derecho bancario y finanzas, asesoría legal comercial y creación de empresas y sociedades, según lo que publica el portal digital de la firma. El reputado abogado aparece en 136 sociedades anónimas según la página Opencorporates.

Corinna señaló ante el excomisario José Villarejo, quien grababa todas las conversaciones que sostenía de las cuales guardaba copias de seguridad, que poseía pruebas de quienes han hecho estructuras societarias. La princesa fungió como intermediaria en operaciones internacionales que le dieron jugosos réditos.

No obstante, los abogados del rey han negado la relación entre Corinna y la adjudicación del proyecto.

El Ministerio Público de España intenta aclarar si existe un delito de corrupción en las transacciones a raíz del caso conocido como Tándem, investigado por el excomisario José Villarejo quien efectuó grabaciones en 2015 a la alemana sin que esta se percatara, tras un encuentro entre ambos.

El año pasado se decretó el archivo de la investigación contra el rey, por 13 supuestos delitos, en una pieza del caso Tándem, llamada Carol, en la que estaba imputado Villarejo, por no existir indicios de delito y haberse producido los hechos cuando el rey estaba amparado por la inviolabilidad.

Según el portal de noticias español Okdiario, parte de la fortuna oculta del rey está a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y de Canonica.

De lo dicho por Corinna, la fiscalía ha identificado las posibles comisiones pagadas en la adjudicación de la obra mencionada. En las grabaciones, la expareja del rey habló de supuestas cuentas en Suiza a nombre del rey y de la adjudicación ferroviaria que se efectuó en octubre de 2011.

La cadena española RTVE, reportó que la amiga del rey se refirió en concreto al “pago de comisiones por empresas españolas para el tren que habrían ascendido a 80 millones de euros ($ 90 millones) abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este a su vez le habría dado todo, o parte, a Juan Carlos”.

Los datos sobre Aba Corporate Services, la sociedad que constituyó la fundación

Aba Corporate Services, sociedad que consolidó la fundación Lucum en Panamá, es una sociedad creada en marzo de 2001 cuyos dignatarios son Carmen de Martínez y Harmodio Tejeira. En noviembre de 2013 protocolizó una sesión extraordinaria en la participaron, según muestra el Registro Público de Panamá, Carmen de Martínez, Harmodio Tejeira y Eurocaribbean Services Inc. Todos domiciliados en el bufete de abogados Aba Legal Bureau, deciden que en lo sucesivo la sociedad será obligada ante terceros mediante la firma individual de cualquiera de sus directores. El 23 de octubre de 2013 se celebra sesión extraordinaria en la que se designa el nuevo agente residente de la sociedad: Aba Legal Bureau. El 17 de octubre de 2018 en otra sesión extraordinaria de Aba Corporate Services Inc, presidida por Carmen Martínez y el secretario Harmodio Tejeira, designaron como directivos a: presidenta Carmen Estela Castillero, secretario Harmodio Tejeira, tesorera Eurocaribbean Services Inc, con domicilio en torre ADR. En noviembre 14 de 2018 se aclara el contenido de la escritura 18,630 relacionada con Aba Corporate Services Inc, que por error se había omitido el nombre de un directivo, ahora queda conformado así:

Carmen Estela Castillero, presidente, Harmodio Tejeira, secretario, tesorera Eurocaribbean Services Inc, sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 25 de marzo de 1998.

Conexión panameña

La Fiscalía Anticorrupción española envió a Suiza en 2020 una comisión rogatoria para recabar datos sobre una supuesta donación de $100 millones al rey emérito Juan Carlos I a su amiga Corinna Larsen.

La Fiscalía considera que el dinero que llegó a una cuenta en Panamá de la Fundación Lucum procedían del rey saudita Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I.

En 2020 el diario suizo Tribune de Geneve, publicó que el fiscal especial de Ginebra, Yves Bertossa, encontró evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por dos gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana.

En 2012, una parte de esta suma, fue transferida por el rey a su antigua amante Corinna.

Fundación Lucum fue creada el 31 de julio de 2008 en la Ciudad de Panamá. Una semana después, según publicó Tribune de Geneve, recibió en una cuenta en Suiza 65 millones de euros procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.

En el documento registrado en la Notaría Novena del Circuito de Panamá, consta como presidente Arturo Fasana. Se trata de un empresario que ya fue investigado en la operación Gürtel por gestionar los millones del cabecilla de la trama.

El consejo de la fundación lo completa Harmodio Tejeira, quien ejerce de tesorero. La escritura pública fue elaborada por la firma forense Aba Legal Bureau.

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Imputan en España al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales y corrupción

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha admitido un recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y ha considerado «procedente» imputar al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales, informó Europa Press.

En un comunicado, la FIBGAR ha recordado que interpuso el recurso contra el auto emitido el 17 de noviembre de 2020. El emitido este martes considera que es «procedente la continuación de la causa penal por delitos de corrupción en transacciones internacionales y por blanqueo de dinero producido, delitos cometidos al menos parcialmente en España y tener por investigado en ellos, a Ricardo Martinelli».

Así, el tribunal ha concluido que «no puede ratificarse el auto del juzgado por el que se excluye la responsabilidad penal» de Martinelli en el procedimiento, «que deberá continuar también para él como investigado en el indicado sentido».

Según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción que se está investigando en España y en el marco del cual se ha imputado a Martinelli consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantalla o instrumentales, dirigidas por de directivos de las constructoras FCC y Odebrecht y de un circuito internacional de cuentas bancarias.

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Por qué Estados Unidos pide a Guatemala la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares

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Fue el próximo 8 de marzo cuando se llevaría a cabo la audiencia que habrá de decidir si Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares será entregado a las autoridades de los Estados Unidos donde se le acusa de lavado de dinero.

Aun cuando el pasado viernes 5 de marzo  se esperaba que el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala revisara la causa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño, Ricardo Martinelli, acusado junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, de delitos de lavado de dinero, habrá que seguir esperando por tal decisión, informa un reportaje de www.maibortpetit.info escrito por Maibort Petit.

Los hijos del ex mandatario de Panamá son solicitados por la Corte del Distrito Este de Nueva York para que respondan ante esa instancia judicial de los delitos de que le acusa la fiscalía de dicha jurisdicción, razón por la cual requieren a las autoridades de Guatemala donde ambos se encuentran detenidos, que sea extraditados para que se enfrenten a la justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, la audiencia se suspendió a solicitud de la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, la cual alegó necesitar más tiempo para revisar el expediente. Ahora fue el lunes 8 de marzo, cuando la audiencia tendría lugar.

El abogado de Martinelli Linares sostiene que el tribunal no es competente para dirimir el caso de su cliente, pues que se estaría violando, según él, la presunta inmunidad diplomática del hijo del exmandatario panameño. Alega Luis Enrique Martinelli Linares, al igual que su hermano, es diputado suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Pero el organismo regional informó ninguno de los dos ha sido juramentado, ni ha tomado posesión del cargo, pese a que resultaron electos en las elecciones generales panameñas, de mayo de 2019[1].

El caso

Ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Julia Nestor, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito Este de Nueva York, especialista en derecho penal relacionado con las violaciones de los estatutos de fraude financiero y corrupción, incluidos delitos relacionados con fraude electrónico, fraude postal, fraude de valores, ley de prácticas corruptas en el extranjero, blanqueo de capitales y conspiración para cometer esos delitos, presentó declaración jurada con relación al caso que en esa instancia judicial se sigue en contra de Luis Enrique Martinelli Linares.

Refirió la fiscal Nestor que se encuentra familiarizada con las pruebas presentadas por la fiscalía en el contra de Martinelli Linares, en el caso que surgió de una investigación a la empresa brasileña Odebrecht S.A, empresa la cual opera en al menos 27 países en las áreas de ingeniería, construcción, infraestructura, energía, productos químicos, servicios públicos y bienes raíces. La investigación reveló la existencia de un esquema de soborno masivo y lavado de dinero por parte de Odebrecht y otros, entre quienes se encontraba Luis Enrique Martinelli Linares, para pagar sobornos a funcionarios y servidores públicos en varios países y lavar el producto del esquema de soborno.

Los cargos

Al igual que su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares fue demandado el 27 de junio de 2020, luego de que se estableciera que había una causa probable para creer que había cometido el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (A) y 1957. Un juez del Distrito Este de Nueva York firmó y presentó la demanda y emitió una orden de arresto en su contra. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, se presentó una Demanda Enmendada acusándolo de conspiración para cometer lavado de dinero (ya referido); lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (a) (1) (B) (i) y 2; y lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1957 y 2.

A la fecha, la orden de aprehensión se mantiene vigente y ejecutable para que Martinelli Linares —igual su hermano— sea juzgado por los referidos delitos.

La fiscal Julia Nestor explica que, durante el proceso judicial, la fiscalía deberá demostrar que Luis Enrique Martinelli Linares celebró un acuerdo con una o más personas para cometer lavado de activos en cualquiera de las modalidades previstas y sancionadas en la legislación de los Estados Unidos, así como también a lo establecido en el Código Penal de Panamá. Se tendrá que determinar que el imputado, consciente y voluntariamente, se convirtió en miembro de tal conspiración.

Acota Nestor que la pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

Agrega que Martinelli Linares enfrenta también dos delitos de encubrimiento de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (1) (B) (i), por lo que a la fiscalía le tocará demostrar que el acusado realizó o intentó realizar una transacción financiera que involucra bienes que constituyen el producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; que sabía que la propiedad involucrada en la transacción financiera era producto de alguna forma de actividad ilícita; y que igualmente conocía que la transacción fue diseñada, en todo o en parte, para ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad o control del producto de un delito que involucra el soborno de un funcionario público en violación del Código Penal de Panamá. La pena máxima de prisión por este delito es de 20 años de prisión.

Martinelli Linares está acusado igualmente de dos delitos de gastos de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1957 y, por lo cual, el gobierno debe demostrar que participó o intentó realizar una transacción monetaria a sabiendas; que sabía que dicha transacción involucraba bienes de origen criminal; que la propiedad tenía un valor superior a USD 10.000; que la propiedad, en efecto, se derivó de un delito de cohecho de un funcionario público en violación del Código Penal de la República de Panamá; y que la transacción ocurrió en los Estados Unidos. La pena máxima de prisión por este delito es de 10 años.

Julia Nestor manifiesta en su declaración jurada que Estados Unidos probará su caso contra Luis Enrique Martinelli Linares a través de varios tipos de evidencia, incluida información obtenida de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de corporaciones, correos electrónicos y otras pruebas.

Advierte que ni Luis Enrique Martinelli Linares, ni su coacusado, Ricardo Alberto Martinelli Linares, han sido juzgados ni condenados por los delitos imputados en la Demanda Modificada, ni se le ha ordenado que cumpla condena alguna en relación con este caso.

Los hechos

En su declaración jurada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, julia Nestor narra los hechos que llevaron a demandar a los Martinelli Linares.

Precisó que la policía identificó evidencia de que entre 2001 y 2016, Odebrecht, a través de algunos de sus empleados y agentes, se involucró en un esquema de soborno masivo en el que los co-conspiradores acordaron con otros, pagar corruptamente más de USD 700 millones en sobornos a servidores públicos, funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para obtener y retener negocios y obtener beneficios. Entre estos funcionarios había servidores públicos en Panamá.

Explica que Odebrecht ocultó la naturaleza, origen, propiedad y control de los ingresos del esquema de soborno al canalizarlos a través de cuentas bancarias de empresas fantasma en el extranjero de los beneficiarios finales de los sobornos.

La investigación identificó a Luis Enrique Martinelli Linares como un intermediario que aceptó y blanqueó pagos de sobornos de Odebrecht en nombre del “Funcionario del Gobierno de Panamá”, un alto funcionario del gobierno en Panamá desde aproximadamente 2009 hasta aproximadamente 2014, a saber, un pariente cercano suyo.

 

Asimismo, junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, participó en el esquema de soborno de Odebrecht, actuando como intermediarios de pagos corruptos y la provisión de otras cosas de valor que la empresa brasileña ofreció y entregó al Funcionario de Gobierno de Panamá. Entre otras cosas, los hermanos Martinelli Linares establecieron cuentas bancarias a nombre de sociedades fantasma offshore que les permitieron recibir y disfrazar los sobornos.

Julia Nestor informa que desde agosto de 2009 hasta septiembre de 2015, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, junto con otros, tomaron una serie de medidas para abrir y administrar cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras, las cuales eran utilizadas para recibir y, además, transferir y entregar los pagos de sobornos que Odebrecht hizo y ordenó que se hicieran en beneficio del Funcionario de Gobierno de Panamá.

Específicamente, los hermanos Martinelli Linares establecieron sociedades pantalla en jurisdicciones extranjeras; sirvieron como signatarios de algunas de las cuentas bancarias de la empresa fantasma; y las transferencias electrónicas enviadas personalmente y provocadas a través de la estructura de las cuentas bancarias de las empresas fantasmas para ocultar y gastar las ganancias del soborno.


[1] La Prensa. “Guatemala: se suspende audiencia a Luis Enrique Martinelli, para que su abogado revise el expediente”. 5 de marzo de 2021. https://www.prensa.com/judiciales/guatemala-audiencia-para-definir-la-extradicion-de-luis-enrique-martinelli-linares/

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Fiscalía Contra la Narcoactividad incautó en Guatemala avión privado de Ricardo Martinelli

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La Fiscalía Contra la Narcoactividad de Guatemala procedió al secuestro del avión matrícula N799 RM propiedad del ex presidente Panameño, Ricardo Martinelli.

La aeronave se encontraba en el Aeropuerto Internacional La Aurora y fue detenida cuando su esposa, Marta Linares de Martinelli y su nuera descendían de la misma quienes habrian viajado a Guatemala para visitar a los hermanos Martinelli Linares, detenidos en la Cárcel de Mariscal Zavala, informó Celia Douglas en Radio Panamá.

El secuestro responde a una petición de Estados Unidos para incautar el avión privado de Martinelli.

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